INTRODUCCION AL TEMA Y PRESENTACION DEL ESTUDIO

1 Introducción

¿Es factible el desarrollo económico con una amplia participación del campesinado? La mayoría de los economistas y dirigentes políticos parecen negar incluso la posibilidad. En su opinión, desarrollo económico es desarrollo industrial y la transformación estructural de la economía, es decir se refiere a la reducción de la importancia relativa del sector primario en la economía y a la disminución relativa, y eventualmente absoluta, de los campesinos en la población económicamente activa [Johnston y Kilby, 1975]. Desarrollo económico es, desde esta perspectiva, sinónimo de la desaparición del campesinado, o su proletarización como dicen los socialistas.¹Quedará finalmente un pequeño estrato de empresarios agropecuarios o funcionarios estatales, directores de las corporaciones con sus asalariados. Evidencia de eso nos presenta la historia económica de los países desarrollados como, por ejemplo Holanda, un país de fama agropecuaria, o los Estados Unidos, en que finalmente menos del 3% de la PEA se desempeña en el sector primario. A la luz de esta perspectiva ni existiría mayor necesidad de preocuparse por la participación de los campesinos en el desarrollo económico.

Existe una corriente populista o campesinita que se opone a este pensamiento dominante y anticipa una 'vía campesina al desarrollo'. Visualiza una sociedad en la cual los campesinos siguen siendo un estrato mayoritario o significativo, participantes activo en el desarrollo económico. En esta corriente en su sentido muy amplio se destaca A.V. Chayanov, quien ha influenciado, a través de sus trabajos, la discusión sobre el desarrollo rural en los años setenta. En organismos tan prestigiosos como la FAO, OIT y el Banco Mundial uno podía encontrar partidarios y defensores de conceptos populistas o campesinitas. Existe un vasto cuerpo de literatura sobre la mayor eficiencia del pequeño productor en comparación con otras formas productivas. Se trata de ilustrar que el pequeño productor hace un mejor uso de los escasos recursos nacionales y que los Gobiernos deberían optar por lo tanto por potenciar ese sector de la pequeña y mediana producción [Centro de Investigaciones Agrarias, 1974]².

Pero, los Gobiernos, al parecer, no se dejan convencer. En la práctica observamos que los patrones de desarrollo y las políticas impulsadas se ajustan en grandes líneas a un modelo de desarrollo, en el cual el eje es la industria moderna, intensiva en capital, concentrada y urbana, combinada con la gran producción agropecuaria, modernizada vía la introducción de los avances de la industria. Gran parte de la población rural queda prácticamente excluida del desarrollo, del acceso a mercados, crédito, mejores precios, insumos y participación en las decisiones económicas. Según esta corriente dominante, la perspectiva futura de este sector social es ser absorbido en la industria o el sector terciario de la economía y mientras tanto se realice esta transformación, ser fuente de capital para financiar el desarrollo de la industrial suministrar alimentos baratos y mano de obra barata.

En relación a esta perspectiva, no había grandes diferencias entre sistemas capitalistas y socialistas. Incluso se puede observar una coincidencia básica entre pensadores liberales y socialistas sobre la forma en que se produciría el desarrollo económico [Williams 1976,1978,1981; Heyer et al., 1981]. Es mas, entre socialistas existe una preocupación especial por mostrar que se está produciendo esa proletarización y al momento de implementar políticas de desarrollo se esmeran por fomentarla. La proletarización del campesinado es apreciada por ellos porque fortalece el proyecto proletario, el socialismo.

De todas maneras, esa coincidencia en relación al camino de desarrollo, se debe, a nuestro parecer, a dos factores. Primero, los autores de orientación populistas no han logrado hacer plausible que existe un camino alternativo de desarrollo. La crítica populista constituye en términos de Kitching 'buena crítica social y moral, (..) pero produce en general teoría económica bastante chueca" [1982: 140]³. Es decir, en esta óptica, “la debilidad central en teoría y práctica del pensamiento populista radica en la imposibilidad de proporcionar una visión coherente sobre como el continuo proceso de aumento de la productividad material y las condiciones de vida es compatible con la conservación de una economía en la cual los campesinos son la fuerza dominante” (lbid: 180). De esa manera, la mayoría de los economistas y dirigentes políticos han llegado a convencerse de que únicamente la industrialización y modernización de la agricultura en la forma referida será capaz de cumplir con estos objetivos. Encima de esto, y esto es más importante, hasta la fecha en ningún país los campesinos han logrado incidir de tal modo en el modelo de desarrollo, que se lo ha identificado como una vía campesina al desarrollo.

Estos antecedentes nos obligan a ser cautelosos en hacer nuestro planteamiento orientado a demostrar la factibilidad de la vía campesina al desarrollo económico y de un camino de transición al socialismo con plena participación del campesinado. Sin embargo, dos factores nos han inducido a retomar esta cuestión.

Primero, nos hemos convencido de que es imposible que a corto plazo el desarrollo económico vía la industrialización y la modernización de la agricultura a gran escala, resulte en la transformación estructural de la economía mundial y de las economías de la mayoría de los países del Tercer Mundo. Es decir, es imposible lograr a corto plazo en un proceso de desarrollo la reducción substancial de la población económicamente activa en la agricultura o como dicen los socialistas la proletarización del campesinado y su absorción en otros sectores.

La permanencia de un estrato social de campesinos en su mayoría empobrecidos, cuyo número sigue aumentando, crea un factor de preocupación para cualquier Gobierno y representa a la vez un reto para aquellos Gobiernos que aducen buscar el desarrollo económico para las grandes mayorías. Obviamente, la existencia de grandes contingentes de campesinos empobrecidos no es razón, ni condición suficiente para que el desarrollo económico sea con la plena participación de ellos, a pesar de la retórica de muchos gobiernos que dicen buscar el progreso económico para todos.

Segundo, creemos entonces que la posibilidad de participar depende de la presión social que los mismos campesinos puedan ejercer y de su éxito en influir la dirección en que se desarrolla la economía, quitando parte del poder de dirección a la burocracia estatal o a la gran propiedad privada internacional o nacional.

Nos fortalecimos en esta convicción por una experiencia de organización campesina, de lucha gremial, de desarrollo económico iniciado por los campesinos, en la cual efectivamente el campesinado empezó a quitar ese poder a la burocracia estatal. La experiencia hace ver como los campesinos eventualmente lograrán constituirse como plenos participantes del desarrollo económico, dando pautas para definir las condiciones básicas para tal participación. A la vez, la misma experiencia nos entrega elementos para pensar que efectivamente existe un modelo de desarrollo, que es una alternativa al modelo capitalistas y al modelo socialista ortodoxo. Es la alternativa que es propugnada por los campesinos en esa experiencia. Esa experiencia entonces es el otro factor y además el factor principal que nos induce a retomar la cuestión de la vía campesina.

2 Tema del estudio

Análisis de la lucha gremial de la UNAG

Este estudio presenta el surgimiento y desarrollo de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) de Nicaragua, en los primeros once años de su existencia desde su fundación en 1981⁴, con especial referencia al período que termina con las elecciones generales de 1990. De 1979 a 1990 se encuentra en el poder el movimiento revolucionario encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).⁵ Este partido impulsa un proyecto de transición al socialismo. La UNAG es parte del movimiento Sandinista. Es fundada por productores, militantes Sandinistas en su mayoría. La Organización llegó a aglutinar a 125,000 productores, un número muy superior al del segundo gremio de importancia, la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), que a mediados de los años ochenta agrupa a once mil empresarios. La afiliación de la UNAG constituye el 19% de los trabajadores del campo. Mayormente, son cooperados organizados en diferentes modalidades impulsadas por la UNAG en conjunto con las dependencias del Estado y el FSLN. Nuestros cálculos indican que la incidencia del gremio en el campo llegaba a 65% de la población campesina en 1987.

La UNAG constituye, en el escenario de la transición nicaragüense al socialismo, un elemento dinámico, renovador. Esto no se debe únicamente a la misma UNAG, o a los Sandinistas que militan en ella, ya que es un “proyecto de la Revolución”. La constitución de la UNAG por cierto respondió a la necesidad del campesinado de contar con una organización defensora de sus intereses. Sin embargo, dilató hasta 1981 para que se pudiese fundar la UNAG, antes de 1979 debido a la represión somocista y después de ese año debido a la falta de consentimiento por parte del Frente Sandinista. Esto, a su vez, se debía a la inicial incomprensión de la realidad social del campo en el Gobierno y el Partido. Una vez comprobada la necesidad política de tal organización, ésta fue constituida como organismos de masas, mediante la cual ese partido buscó influenciar a los campesinos. No obstante esta intención de convertirla en un instrumento de patronaje político, la UNAG probó ser mas que un simple vocero del Partido en el campo. Con el tiempo logró una gran autonomía del Estado y el Partido, reforzando con ello su calidad de representante del campesinado.

A lo largo del período estudiado, la UNAG mantuvo una alianza crítica con el Estado. Juntos llevaron a cabo una Reforma Agraria que resultó en una transformación importante de la tenencia de la tierra. Sin embargo, surgieron también diferencias importantes entre el Estado, sobre todo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA), y la UNAG. La actitud gremial adoptada por la UNAG en defensa de sus afiliados fue objeto de muchas críticas de las otras partes del poder revolucionario. Se le acusó de apoyar cambios que significaban un retroceso respecto a los objetivos socialistas.

Hacemos un análisis del actuar de la UNAG y Io que observamos es una lucha social, en que la UNAG se resiste al modelo económico impulsado por el Gobierno Sandinista. La crítica de la UNAG se dirige a las ventajas otorgadas al Estado y a la competencia desleal hacia la pequeña y mediana producción, lo que llamamos mas adelante el sesgo estatal en la acumulación. Las diferencias entre el Estado y la UNAG se manifiestan, además, en diferencias de interpretación de las premisas básicas del desarrollo y la forma en que estas deben ser concretadas.

La ortodoxia socialista

Planteamos que la ortodoxia socialista influyó en el Estado. Para aclarar esta apreciación tenemos que abordar las premisas de desarrollo existentes en Nicaragua. Los principios básicos del proyecto de transformación iniciado por el FSLN eran el no alineamiento, pluralismo político, economía mixta y democracia popular. Los mismos eran compartidos ampliamente por los nicaragüenses y fueron el resultado de la alianza popular que llevó al Frente Sandinista al poder en 1979. El proyecto económico esta basado en la necesidad de modernización, autodeterminación, progreso económico y justicia social. Para el sector agrario, este proyecto económico se resumía en tres líneas concretas principales, que dicen que en Nicaragua se necesita realizar una Reforma Agraria, impulsar la agro industrialización y tecnificar la agricultura. Sobre estas premisas existe un amplio consenso, pero sobre su concretización surgieron entonces diferencias importantes en el período estudiado.

Esas diferencias surgen, en nuestra opinión, porque la burocracia estatal se dejó influenciar por la interpretación ortodoxa del socialismo, a la hora de implementar políticas de desarrollo rural. Más adelante nos referiremos a aquella interpretación. Ahora enfatizamos que ella condicionó la forma en que el Estado procedió en la Reforma Agraria, que enfatizaba el establecimiento de fincas colectivos de producción (estatales y cooperativizados), la agro industrialización, que se expresó en la inversión en los llamados proyectos estratégicos, 'elefantes blancos' de alta concentración de capital, y, la tecnificación de la agricultura que potenciaba la gran producción y la dotaba de insumos y maquinaria importada.

Cada experiencia de transición al socialismo parte de los postulados teóricos de los clásicos, incorpora las lecciones de los países que le precedieron y adapta esos antecedentes a la situación particular encontrada en el país hasta llegar a la “nacionalización” del proyecto. El término es de Baumeister y Neira [1987:303]. En la práctica observamos esas adaptaciones [White et al., 1983:12]. Pero, también observamos en Nicaragua, igual como en otros países, que esa nacionalización, la búsqueda de la especificidad histórica del proyecto de transición ha sido difícil por el “monopolio que la Rusia posterior a 1917 ha tenido sobre la imaginación revolucionaria” [Shanin, 1989: 18, Marchetti, 1989:35]. El mismo Frente Sandinista en una evaluación de su derrota electoral de febrero 1990, concluyó que el modelo socialista que se comenzó ejecutar reprodujo prácticas de los países del llamado ‘socialismo real existente’ y se contradijo en la práctica con el programa de reconstrucción y unidad nacional. Menciona por ejemplo, estilos de partido único para la dirección política de la sociedad, un excesivo énfasis en el control y la centralización de la gestión pública y la implementación de esas políticas de manera coercitiva y burocrática [Barricada. 26.06.1990].

Esa influencia de la ortodoxia socialista se observa claramente en la caracterización de la realidad socioeconómica del campo al momento de iniciar el proyecto de transformación. Sin duda, la economía de ese momento se deja caracterizar, en términos de De Janvry [1981], como una economía social y sectorialmente desarticulada. Un aspecto sobresaliente de tal economía es la relación de dualismo funcional entre la agricultura para el consumo interno y el resto de la economía. Este dualismo implica el suministro de alimentos baratos y mano de obra barata del sector campesino al sector empresarial agro exportador y la industria. Ahora, un mecanismo que puede garantizar esa condición básica de la economía desarticulada es la semi-proletarización del campesinado. En la interpretación dominante en círculos Sandinistas de fines de los setenta y principios de los ochenta, se creía que la semi-proletarización estaba presente en el 64% de la población rural [FIDA, 1980:28]. Esa interpretación de la realidad socioeconómica, sustentada con datos estadísticos por cierto, concordaba con lo que se podría esperar al avanzar el desarrollo económico, o sea con la esperada proletarización del campesinado. Esta, de acuerdo a este análisis oficial, ya estaba muy adelantada, lo que creaba condiciones propicias para la socialización de la economía.

Ese análisis posteriormente fue rectificado, al reconocer un peso mucho mayor del campesinado no semi-proletarizado. No obstante esta rectificación, tuvo un efecto importante, ya que inicialmente condicionó la interpretación de la economía mixta y el papel de los campesinos en ella. Asimismo, se habló de la dicotomía entre la gran producción estatal y privada, y de la lucha entre el proyecto proletario y el proyecto burgués o capitalista, sin visualizar el papel o el proyecto propio del campesinado. Condicionó también la organización social que se consideraba idónea para el campo, que podría ser una organización de tipo sindical. Se asignó la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), fundada en 1978, la tarea de representar a obreros y campesinos por igual. La Reforma Agraria fortalecería el carácter proletario de los campesinos semi-proletarios, porque los integrantes de las cooperativas de producción en la óptica estatal eran obreros.

Esa influencia de la ortodoxia socialista que se notaba en la concretización del proyecto económico, creaba también dudas sobre el compromiso del Gobierno del FSLN con los principios básicos del proyecto de transformación. Muchos temían que significara que el país, a la larga, se alineara al bloque socialista y que se estableciera un sistema de partido único. Igualmente se temía que la democracia popular fuera del tipo vigente en ese momento en los países socialistas de Europa del este, y que el Estado dominara la economía centralmente planificada, siendo los últimos dos elementos particularmente importantes para nuestro tema.

Consideramos que se logró dar a estos principios el contenido anhelado en la insurrección. Es decir, no obstante los obstáculos puestos en el camino hacia la nacionalización del socialismo en Nicaragua, consideramos que se avanzó en este sentido. Hubo un avance hacia la resolución de la contradicción entre el proyecto socialista ortodoxo y otro más nicaragüense. El aporte del campesinado organizado en UNAG ha sido un factor esencial al respecto, mucho más importante que la estrategia violenta del campesinado de la contrarrevolución, ya que los productores de la UNAG enrumbaron su proyecto de resistencia al proyecto estatal hacia la formulación de otro proyecto propio.

La dinámica de los ochenta: nacionalización del proyecto

La lucha de la UNAG no se dirige a cuestionar la interpretación ortodoxa del socialismo que obviamente reinó en el Estado. Se dirige a la solución de los problemas sentidos entre el campesinado. Se dirige en contra del sesgo estatal en la acumulación. Coincide en gran medida con el Estado sobre el ritmo de afectación de los latifundistas y la distribución de sus tierras entre el campesinado, pero se opone a la forma condicionada de entrega. Propaga una cooperativización que sea económica y que otorga autonomía a los cooperativistas; una tecnificación de la agricultura que potencia las miles de campesinos de la montada y se basa en los conocimientos productivos existentes; una agro industrialización de mediana envergadura que procesa los productos de los miles de campesinos regados por el país; y, una economía mixta que acredita al campesinado como fuerza dominante en el campo y les da acceso a condiciones iguales a crédito, insumos, precios mejores, maquinaria y decisiones de política económica. En resumen, propugna realizar el proyecto económico de otra forma, resumida en la doctrina de la democratización de la economía. Esa lucha gremial de la UNAG a partir de su fundación en 1981, implica que se introduce una dinámica compleja en la experiencia de transición nicaragüense al socialismo, que se puede resumir en las siguientes siete tendencias.

En primer lugar, un mayor acercamiento a la forma en que la UNAG propone que se realice el proyecto económico, en cuanto a la cooperativización, la tecnificación y la agro industrialización se refiere. A mediados de la década del ochenta se avanzó mucho en este sentido. Cuando el FSLN cambia su interpretación de la realidad social, reconociendo el peso campesino. Por Io tanto, el partido orientó un giro en las políticas de atención al campesinado. Efectivamente una parte de los funcionarios estatales se sumaba también a apoyar la concretización del proyecto propugnado por la UNAG, aunque, finalmente, la burocracia estatal optó por su propia sobrevivencia a costa del campesinado en medio de la crisis económica, producto de la guerra y del impacto negativo del programa de inversiones. La ganancia del bloque opositor al FSLN en las elecciones de 1990 renueva el interés partidario por el campesinado y fortalece la convicción que la inversión debería haberse dirigido en mayor medida a proyectos campesinos.

Además se observa, una tendencia hacia la articulación de la economía, que es a la vez la esencia del proceso de transición en el caso nicaragüense. En base a la definición de los mayores determinantes de desarticulación que hace De Janvry, consideramos que ese proceso de articulación pasa por tres momentos: La toma del poder político y la subsecuente afectación de la clase que hasta entonces fue dominante, con el objetivo de establecer un régimen democrático con base popular; un cambio en la tenencia de la tierra, afectando seriamente al latifundismo; y, sobre todo, la terminación de la política de alimentos baratos, que es el principal determinante de una economía desarticulada [De Janvry, 1981: 204]. En la experiencia documentada en este libro, se avanza sobre ese camino hacia la articulación, sin lograrla en el tiempo estudiado.

Tercero, una reinterpretación del concepto ‘economía mixta’, el que obtiene con el tiempo un contenido mas estratégico, pasando de la simple coexistencia de diferentes formas organizativas hacia la incidencia de sectores sociales en las decisiones económicas. Esa incidencia se institucionaliza en las Comisiones par rubro, órganos de Concertación. Es la institucionalización del nivel intermedio de la economía, escenario propio de dialogo entre el Gobierno y organizaciones sociales, el que da contenido real al principio de la democracia popular en el aspecto económico.

Cuarto, una flexibilización de las formas organizativas. Observamos a Io largo del periodo que se dan formas organizativas que concuerdan con los objetivos de lucha del momento. Por ejemplo, encontramos la funcionalidad de la cooperativa de producción en un primer momento de transición y de enfrentamiento con la clase que fue dominante hasta ese momento. Pero, en momentos posteriores, esa forma mas bien sirve al Estado para impulsar el modelo de acumulación centralizada y estatal. Esto planteaba, desde la perspectiva campesina, la necesidad de revisar las formas organizativas económicas, haciéndose más importante la cooperativa de servicios, cambio que surge de los mismos ajustes hechos a nivel de base. Allí, se observa también una creciente individualización de la producción agropecuaria, que va en contra de convicciones inicialmente compartidas entre dirigentes de la UNAG y funcionarios del Estado sobre la superioridad económica de las cooperativas de producción.

Quinto, todo el proceso muestra una consolidación del gremio y las organizaciones económicas de base, encaminada hacia su unidad. Es la forma mediante la cual el campesinado organizado se enlista para dar el último paso hacia la articulación de la economía, el enfrentamiento con la política de alimentos baratos y el mejoramiento de la distribución de ingresos a favor de las mayorías, de tal manera que eventualmente el ingreso de esas mayorías se constituye en el factor dinamizador del desarrollo económico. El enfrentamiento es acompañado par la formación de un grupo estratégico del campesinado y la construcción de clase.

Sexto, una tendencia hacia la pacificación se observa a partir de 1986, momento de cambio en la atención gubernamental al campo con un enfoque mas favorable para el campesinado; y con mas fuerza a partir de 1988, después del acuerdo de Sapoá entre el Gobierno de Nicaragua, por un lado, y la Resistencia Nicaragüense a contrarrevolución, por el otro. El resultado de las elecciones de 1990 crea las condiciones políticas para la pacificación. Hasta el momento no hemos mencionado la guerra, la que constituye el marco de referencia obligado para el análisis de la experiencia nicaragüense de los años ochenta. Ella produjo la mayor crisis económica de la historia nacional y un trauma enorme en el campesinado que fue enfrentado en un fratricidio. Esta provocó además una psicosis en el seno de los dirigentes políticos y estatales, que hicieron prevalecer objetivos militantes sobre cualquier otro. Consideramos que desde un principio fortaleció la identificación gubernamental con la potencia mundial que podría garantizar la sobrevivencia del proyecto Sandinista, que fue la URSS.

Séptimo, una tendencia hacia una interpretación no ortodoxa del socialismo. Es decir, esta interpretación que siempre ha existido y ha sido objeto de debates entre socialistas, par ejemplo durante la década del veinte, en el periodo hacia la ‘Nacionalización’ del socialismo en la URSS. Es a la vez, la interpretación que gana apoyo a partir de las experiencias de transición en el Tercer Mundo, precisamente porque concuerda o incluso parte de la participación del campesinado, fuerza significativa en esos países. Con respecto a esta última tendencia, esa alternativa teórica, cuyo contenido vamos a tratar mas adelante, no es formulada por la UNAG mas bien los resultados efectivos y los aspirados en su lucha, conjuntamente, se prestan para realizar esas reinterpretaciones y anticipar en base a ellos un socialismo agrario no ortodoxo. Por lo tanto, esa reinterpretación es parte de la nacionalización del proyecto Sandinista, que seria el común denominador bajo el cual resumimos la dinámica de la década del ochenta y las tendencias mencionadas.

Reinterpretación de conceptos del socialismo

Los conceptos básicos del socialismo a los cuales nos referimos y cuya interpretación ortodoxa, a nuestro juicio, determinó la vía escogida por el Gobierno del FSLN, son los siguientes: participación, acumulación, colectivización, planificación.⁶ Alternativamente, es posible resumir el modelo propugnado por la UNAG en interpretaciones no ortodoxas, las que en gran medida han sido anticipadas en la literatura, por ejemplo, con respecto a la planificación, participación y acumulación. Otros resultados de la lucha de los campesinos sirven además para aportar nuevas interpretaciones, especialmente en relación a la colectivización.

La base de las diferencias de interpretación referidas, se encuentra en la interpretación del concepto de la participación de sectores sociales en el proyecto de transformación. La participación del campesinado ha causado en anteriores experiencias de transición muchos problemas a los socialistas, y nuevamente los causa a los Sandinistas del Gobierno. La proletarización que esperaban como resultado del desarrollo económico, era apreciada como el avance hacia la ‘proletarización del proyecto de transición' en su totalidad. Es decir, la proletarización de los campesinos garantizaría que la dirección en que se desarrollaran la sociedad y la economía, correspondía cada vez mejor con los intereses obreros. Responder a los intereses campesinos era considerado como peligroso, ya que podría sellar al proyecto con un tinte capitalista y de atraso. La interpretación no ortodoxa parte de la justeza de las demandas campesinas o incluso de la primacía de los intereses campesinos. Asimismo, la actuación de la UNAG rompe los análisis de clase para constituirse como proyecto de construcción de la clase campesina en el sentido amplio, la auto creación del sujeto histórico de la revolución y las condiciones económicas necesarias para su desarrollo [cf. Núñez Soto, 1987b: 54].

En la interpretación gubernamental la acumulación tiene lugar en el Estado, de acuerdo a lo que prescribe la ortodoxia. Implica una transferencia de ingreso del sector campesino al sector estatal. La tasa de inversión es elevada incluso mas allá de lo que prescribe la ortodoxia, para impulsar una industrialización altamente concentrada e intensiva en capital. La lucha de la UNAG se dirige fundamentalmente en contra de ese sesgo estatal en la acumulación y busca lograr una acumulación auto controlada por el campesinado. Está a favor de un desarrollo equilibrado entre agricultura e industria. Introduce en las discusiones el tema del carácter de la industrialización y la selección de la tecnología en la industria. Su crítica se resume en su planteamiento de una agroindustria de mediana envergadura.

La colectivización en la óptica del Estado es, en primer lugar, el establecimiento de empresas colectivas estatales y cooperativas de producción. Contempla adicionalmente una colectivización indirecta, a fin de subordinar también las unidades no colectivas al plan vía el hábil manejo de las palancas tales como crédito, comercio y precios. La UNAG es menos dramática sobre los colectivos de producción. Para ella predomina el objetivo de lograr un desarrollo económico.

Relacionamos ese objetivo con una discusión sobre formas de producción y organización del trabajo productivo. Es importante para el desarrollo económico que los campesinos conserven o adopten formas intensivas de organización del trabajo productivo. Utilizamos el concepto intensivo de acuerdo a la definición por Bolhuis y Van der Ploeg [1985]. Estos autores sugieren que la organización campesina es un factor determinante para lograr la organización intensiva del trabajo productivo. Pero, el análisis del comportamiento productivo de las cooperativas de producción enseña que se producen allí las mismas variantes que entre productores individuales: marginación, intensificación y extensificación. Investigamos por Io tanto la relación entre intensificación y organización campesina a raíz de dos fenómenos observados en la práctica de la UNAG. El primero se refiere a la acogida que tiene el Programa Campesino a Campesino de intercambio tecnológico entre los campesinos de Nicaragua. El otro fenómeno se refiere a adaptaciones internas en las cooperativas de producción que reflejan una creciente intensificación de la producción. Los dos fenómenos nos inducen a plantear la colectivización campesina, la cual se refiere a la unificación de criterios sobre la tecnología, encaminada hacia la intensificación de la producción. La implementación de la decisión, es decir la producción misma puede ser perfectamente individual. Se refiere también a lucha gremial, representación y capacitación colectiva. La concretización de esta colectivización campesina depende de factores culturales (el sentir. anti-oligárquico del campesinado nicaragüense) y sociales (la práctica organizativa de la UNAG). Planteamos que la contradicción entre la producción individual y la producción colectiva, se ha sobrepuesto demasiado a otros aspectos y particularmente a la contradicción entre producción extensiva e intensiva, partiendo del objetivo de desarrollo económico.

Igualmente, al revisar otros objetivos también generalmente compartidos entre socialistas, como son: igualdad socioeconómica y control popular sobre la economía, se encuentra poco sustento para la absoluta necesidad del colectivo de producción. De esta manera, la colectivización de la agricultura que en la ortodoxia socialista se reducía al establecimiento de colectivos de producción, se divide en varios elementos: la recuperación de la base económica de los viejos poderosos; la redistribución de la tierra al grupo social a beneficiar; la conservación de la tierra en manos de ese grupo; las acciones organizativas de los beneficiarios con el fin de prosperar en común; y, otro aspecto que identificarnos como la colectivización campesina.

La planificación centralizada en base a balances materiales se hizo extensiva a las empresas del Estado. Como se dijo, en los otros sectores el Estado buscó una dirección indirecta. La UNAG, por su parte, aportó una experiencia de planificación participativa a nivel de un municipio, El Rama. Posteriormente, se visualizó a los órganos de concertación establecidos por el Gobierno, como vehículos para lograr una incidencia de los productores en las políticas económicas, o sea en las palancas de planificación indirecta, así como en la asignación de divisas que era el objeto principal de Planificación. Esa concertación es la esencia de la planificación desarrollada por FitzGerald como la reconciliación de estrategias heterogéneas [1988a]. Su forma específica, en órganos de concertación, enfatiza la importancia de la organización del nivel intermedio de la economía, aspecto descuidado hasta ahora en la teoría de institucionalización del socialismo. El autor mencionado hace sin embargo hincapié en el hecho que cualquier economía planificada tendría un 'modo socialista de apropiación' del excedente. Puesto que la lucha de la UNAG apunta a que sean los campesinos mismos los que obtengan el control sobre el excedente, tenemos que identificar en ese caso el modo de apropiación. Identificamos la unidad campesina, la integración de la parte gremial y las formas económicas en una sola organización, como la base fundamental del modo de apropiación campesino.

Condiciones básicas para la participación campesina

¿Cuáles han sido los factores que contribuyeron a que en la experiencia nicaragüense surgiera una Organización campesina como la UNAG? Como es sabido, en todos los países en transición al socialismo el Partido impulsó la creación de organismos de masas, pero en ninguno se conocen organizaciones tan independientes, eficaces y beligerantes como la UNAG. Ni en Nicaragua, los otros organismos de masas han logrado una autonomía similar a la UNAG. Consideramos que es propio del movimiento campesino de Nicaragua y se deduce de sus características, entre las cuales sobresale el sentir antioligárquico, producto de la marginación a que estaba sometido el campesinado. Mientras otros organismos de masas se dejaran atribuir las orientaciones partidarias y las políticos estatales aunque no correspondieran a sus intereses, la UNAG se rebeló en contra de la imposición estatal y partidaria, reclamando incluso que fueran Sandinistas mas auténticos, “Sandinistas de Sandino”, como dijo el Presidente de la UNAG en octubre de 1991. Mientras en otras experiencias de transición, la centralización de recursos llevó al fortalecimiento de un estrato burócrata, en la experiencia nicaragüense el campesinado logró oponerse exitosamente al ascenso de ese grupo estratégico burócrata, por tres factores: por el respaldo que obtuvo de importantes sectores al interior del Partido; por contar con la ayuda internacional, que introduce una primera cuña entre la acumulación en el Estado y la extracción de recursos del sector campesino; y, por la institucionalización de la democracia representativa, que dio un medio para expresar la inconformidad con la exclusión oligárquica y para expresar su esperanza puesta en la democratización de la economía.

Habría que preguntarse finalmente: ¿Cuáles son las posibilidades de que se concretice ese modelo de socialismo agrario no ortodoxo? Algunos tal vez piensen que ninguna, puesta la derrota electoral del FSLN en 1990. Sin embargo, esa concretización no depende únicamente de que un partido popular está en el poder, sino también de las acciones del campesinado organizado. Y, a dos años del cambio de Gobierno podemos constatar que la UNAG se ha fortalecido más. Además, la conclusión de la dinámica que estudiamos no se impondrá automáticamente.

Existe el peligro de no lograr la concretización de lo que se propugna, porque para eso la unidad de amplios sectores del campesinado es un requisito primordial. Sin embargo, la UNAG está muy identificada con la opción política del FSLN, tal y como se expresó otra vez claramente durante la campaña proselitista de 1989-1990. Esta identificación política exclusiva puede restar a la capacidad de convocatoria de la UNAG. También existe siempre el peligro que la Organización sea neutralizada en el futuro por uno u otro Gobierno, como ha ocurrido en otros casos [Huizer, 1976: 248-2491]. Por otro lado, si la UNAG asumiera en los años noventa una posición de gremio de tendencia política opuesta al Gobierno, esto restaría también a sus posibilidades de tener acceso a fondos de apoyo al desarrollo. Esos flulos se dirigen a los Gobiernos y en cuanto se dirigen a organizaciones sociales, los donantes prefieren aquellas no antagónicas con el Gobierno, a fin de evitar conflictos políticos.

En caso de que la UNAG lograra un perfil más independiente, para el cual la UNAG efectivamente se definió en octubre de 1991, todavía es difícil que se concretice lo que propugna, porque factores como el centralismo, la falta de democracia interna y los problemas que demuestran tener los negociadores de la UNAG para ser voceros de la opinión de las bases de la Organización, pueden socavar las posibilidades de la efectiva unidad del gremio en los noventa. Son aspectos que restan a la atracción de la UNAG y sus posibilidades de forjar la necesaria unidad. Pero, de repente otros factores sí constituyen la base en que la UNAG construye la unidad, como es su habilidad de aprovechar las políticas gubernamentales, su terquedad en señalar errores, sus iniciativas propias y su priorización del proyecto económico sobre un proyecto político.

Somos optimistas con respecto al desenvolvimiento futuro de la UNAG, puesto que al momento de terminar este estudio, la UNAG celebraba su II Congreso, en que definió su estrategia como lucha por la democratización de la economía. Reafirmó en esta ocasión la unidad campesina como principio básico, estando presente una delegación importante de la Coordinadora Nacional Campesina, en la cual la UNAG está organizada con la Resistencia Nicaragüense. En esta oportunidad describió su papel como un rol fundamentalmente gremial-económico. En el proceso de discusión hacia el II Congreso se habían celebrado elecciones de dirigentes a todos los niveles, igual como en el Congreso mismo se celebraron elecciones de junta Directiva, Presidente y Vice-Presidente [UNAG, 1992].

De todas maneras, cualquiera que sea el futuro de la UNAG, resulta aleccionador estudiar el desarrollo de la UNAG y deducir de ella, los aportes a la creciente flexibilización de los principios socialistas y las pautas para un modelo de desarrollo económico con participación campesina.

¿Que factores determinan entonces que se produzca un desarrollo económico con la plena participación del campesinado? La experiencia de la UNAG sugiere tres condiciones básicas: la participación organizada desde la base hasta nivel nacional; La institucionalización del nivel intermedio de la economía, escenario de reconciliación de estrategias económicas. El cuestionamiento efectivo del Estado o del gran capital privado nacional e internacional como ‘lugar de ubicación’ donde se concentra la acumulación y la concretización de una acumulación auto controlada en el sector campesino. Las tres condiciones tienen su punto de convergencia en la unidad campesina. Los esfuerzos por forjar la unidad campesina tienen su expresión política en la construcción de clase.

3 Método de investigación

En 1981 y 1982 investigué aspectos de la discusión entre campesinitas y descampesinistas en América Latina para determinar con esas visiones en mente, el carácter de la política gubernamental nicaragüense. Mi conclusión fue en aquel entonces que se iniciaba una vía campesina al desarrollo [Blokland, 1983]. Efectivamente se ejecutaron políticas dirigidas al campesinado que dieron lugar a tal calificación. Hubo, por ejemplo, a partir de 1979 un importante incremento de la atención mediante el PROCAMPO, la DGTA y posteriormente la DGRA, dependencias del MIDINRA que asistieron directamente al campesinado con nuevas técnicas y apoyo a la cooperativización. El BND amplió significativamente su atención a la pequeña y mediana producción. ENABAS lanzó un importante proyecto de acopio en áreas productoras de granos. ATC propugnaba el mejoramiento de las condiciones de vida de los semiproletarios. En 1981 se promulgaron las Leyes de Cooperativas y de Reforma Agraria.⁷ A pesar de notar aspectos campesinistas en la política gubernamental también concluí que “mucho dependerá de la influencia que los mismos campesinos logren ganar en los procesos socioeconómicos mediante sus cooperativas y su representación gremial a establecerse” para que a la larga se concretice una vía campesina al desarrollo [Ibid: 123]. Esto se convirtió incluso en mi hipótesis de trabajo durante los años en Nicaragua (1982-1990) y específicamente en el período con la UNAG (1984-1990). La validez de la conclusión se demostraba al encontrar, una vez en Nicaragua, que la política Sandinista en aspectos importantes mas bien respondía a una imagen descampesinista (ortodoxia socialista), es decir, que buscaba la proletarización del campesinado y que no preveía la participación del campesinado como fuerza económica de importancia. Ese aspecto descampesinista se observaba nítidamente en el sesgo en la acumulación hacia el Estado.

Tuve la oportunidad de conocer las opiniones, planes y proyectos estatales, formulados a alto nivel en la burocracia estatal en el tiempo en que me desempeñaba como Oficial de Programas en la Representación de la FAO (1982-1984). Posteriormente, se me ofreció la oportunidad de conocer más de cerca los planes y acciones de la UNAG, y particularmente de conocer cómo los campesinos organizados buscan ganar influencia. Esa oportunidad se dió en el Programa de Participación Popular (PPP) que la UNAG ejecutó con la FAO, al cual fui asignado como Asesor Técnico Principal. En los años posteriores trabajé en un equipo de la UNAG, adscrito a la Sección de Capacitación y Propaganda, desempeñándome en tareas de apoyo a los productores y dirigentes de base de El Rama y Teustepe, en la capacitación y en la elaboración y sistematización de la metodología de promoción campesina. He vivido la experiencia de organización campesina y participación popular en esas zonas durante los años 1985-1987, realizando de esa manera una investigación acción, que arrojó los casos correspondientes documentados en este estudio [Blokland et al., 1987, 1988,1989].

Al finalizar el Programa en referencia, el equipo coordinador se dirigió a tres áreas estratégicas, que dieron continuidad a la experiencia. El coordinador nacional, Justo Pastor Mairena, se puso al frente del Programa de Capacitación Campesina (PCC) para divulgar la metodología de promoción campesina entre los profesionales y dirigentes de base de la UNAG. El capacitador, Roberto Vega, se puso al frente del Programa Campesino a Campesino, primero en Nicaragua y posteriormente desde México, atendiendo el Programa Centroamericano de Campesino a Campesino. Personalmente, asistí en la organización y promoción de la participación de los productores en la elaboración de alternativas económicas, lo que arrojó otra experiencia documentada para este estudio [Blokland, 1989a].

En los años que estuve en la UNAG, colaboré con todas sus secciones y me desempeñé a nivel nacional y a nivel de los municipios de El Rama y Teustepe, ambos pertenecientes a la quinta Región (Boaco-Chontales). En 1987, atendí como parte de un equipo, la capacitación en algunas regiones, entre las cuales estaba la sexta región, Matagalpa y Jinotega. Participé en la formación de la Comisión Nacional de Educación y Capacitación al Campo. Estuve presente en eventos nacionales y regionales de la UNAG, el movimiento cooperativo, las mujeres campesinas, ECODEPA y la CCC-CA. Como ‘consultor de Nicaragua’ he participado en la formulación del Programa de apoyo a la industria centroamericana y la promoción de la comercializadora regional [UNAG, 1988f]. Participé como organizador en el Primer Congreso Campesino (1986) y era delegado a la Primera Asamblea del Movimiento Cooperativo (1989). La UNAG me delegó al equipo metodológico del Proceso de Fortalecimiento de Base del Movimiento Cooperativo. Elaboré con apoyo de la Sección de Organización de la UNAG la síntesis nacional de la parte estadística del Autodiagnóstico Cooperativo [UNAG, 1989n]. Sigo vinculado a la UNAG, al ser nombrado representante en Holanda.

Es decir, el estudio es resultado de una participación comprometida con la lucha iniciada por la UNAG, misma que proporcionó la información. Desde un primer momento me exhortaron a aprovechar mi estadía en Nicaragua para realizar un trabajo de campo para una tesis de doctorado. Tenía el tema formulado, que se resumía en las preguntas: ¿Cuáles factores obstaculizan o favorecen una participación plena en el desarrollo económico? ¿Cómo eventualmente logren los campesinos tal participación? Por haber estado asignado a proyectos de la UNAG, mi investigación de campo difiere de muchas investigaciones por utilizar otros métodos de recolección de datos. Se realizaron algunas entrevistas en los años 1983 y 1984, pero principalmente se recolectó información por mi participación activa como profesional en apoyo a los campesinos que buscan dar forma a su participación en el desarrollo económico. Se da la casualidad que la UNAG me dio la oportunidad de apoyar esa búsqueda en un programa a nivel municipal y en otro de alcance nacional, así como en un programa que la UNAG ejecutó con el Estado y el FSLN, el que fue el mas importante proyecto partidario a favor de esa opción de participación campesina, llamado el Programa de Fortalecimiento de Base del Movimiento Cooperativo.

El presente estudio, sin embargo, es a la vez el resultado de un distanciamiento del quehacer diario en Nicaragua, tratando de asumir la posición de un observador crítico que analiza toda la información que le arrojaron los años en Nicaragua y en la UNAG. Me he sometido a la supervisión de académicos prestigiados, como Benno Galjart y Valpy FitzGerald⁸, para imponerme rigidez académica y con miras a que el resultado final cumpliera con las normas académicas para un doctorado. He tratado de incorporar a los elementos teóricos que aportan al entendimiento de la dinámica a describir, así como para detectar los aportes de la misma a la teoría. Este distanciamiento implica a la vez que las opiniones vertidas en este estudio son responsabilidad del autor y no necesariamente corresponden con las opiniones de la UNAG.

El resultado de esa participación recogida en relatos de las experiencias, materiales recolectados, minutas de reuniones, grabaciones y fotos, es complementado con fuentes escritas de diferente índole. Nombraré algunas de esas fuentes para que el lector conozca los antecedentes de algunas fuentes utilizadas. El Centro de Investigación y Estudios de la Reforma Agraria (CIERA) era el instituto de mayor importancia en estudios agrarios en Nicaragua y estaba durante mucho tiempo adscrito al MIDINRA. Su director, Orlando Núñez Soto, tuvo una influencia ideológica en el MIDINRA. El CIERA fue además el punto de convergencia de muchos académicos extranjeros que realizaban estudios sobre temas agrarios, tales como Carmen Diana Deere, Michael Zalkin, Michel Merlet y Christophe Maldidier, y la misión FIDA, que proporcionó un primer estudio extensivo sobre el sector agropecuario y los planes de Gobierno. El vínculo de este centro con el ministerio no restó a la objetividad de los estudios. Ademas, muchos investigadores del CIERA se establecieron con el tiempo como investigadores independientes o empleados por institutos con mas independencia. Nos referimos a Marvin Ortega, Eduardo Baumeister, Peter Marchetti, Rodrigo lbarra. Marchetti, Sacerdote jesuita, regresó a la Universidad Centroamericana (UCA). llevando la dirección de la Revista Encuentro y participando en el equipo de redacción de Envío. La UCA y los institutos vinculados como el Instituto Histórico Centroamericano y Nitlapan, se constituyeron como centros de análisis crítico de la coyuntura, dedicando espacios importantes de sus investigaciones y publicaciones a temas agrarios. Johan Bastiaensen estaba vinculado al Nitlapan. A la Escuela de Sociología de la UCA estaba vinculado el argentino Luis Serra, quien se desempeñó también en la capacitación y propaganda de la UNAG.

Otros centros de investigación importantes en el tiempo estudiado fueron el Instituto Nicaragüense de Estudios Económicos y Sociales (INIES) y el Departamento de Economía Agrícola (DEA) de la UNAN, fundado en 1982 dentro del marco de un Programa lnteruniversitario con la Universidad Libre de Amsterdam (Holanda). Investigadores como Jan de Groot, Ruerd Ruben, Jan Plantinga, Max Spoor y Ton de Wit estaban vinculados a este programa. Geske Dijkstra y Arie Laenen vinieron a Nicaragua específicamente para hacer su trabajo de campo. Sus estudios han resultado en tesis de doctorado. También cabe mencionar a Nanno Kleiterp, quien estaba empleado por el FNI y Bert Beekman, con trabajos en el MIDINRA.

Tuvimos acceso a algunos documentos internos de la FAO, como también del FSLN y de algunos ministerios. Además recolectamos libros, artículos, declaraciones públicas de figuras importantes como los integrantes de la Dirección Nacional (DN) del Partido, Cmdte. Jaime Wheelock, Ministro de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria; Cmdte. Víctor Tirado, quien atendió a la UNAG y otros Organismos de Masas; y dirigentes de la UNAG.⁹ Las fuentes mas importantes son sin duda la que proporcionó la misma UNAG, de la cual una selección ha sido mencionada en la bibliografía. A esa información propia de la Organización se suman los informes de consultoría con evaluaciones de ECODEPA y las Tiendas [Bynke et al., 198ó; Kjeller, 198ó; Ortega, 1988; Jackson et al., 1989; Bye et al., 1990]. El material estadístico que no se refiere a la UNAG, está basado en una recopilación de datos de fuentes oficiales editado por Spoor [1987]; CIERA [1989i]; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y del Banco Nacional de Desarrollo (BND) y el CEPAL, principalmente.

4 Estructura del estudio

El presente estudio se encuentra influenciado por los principales Corrientes de teoretización sobre desarrollo y subdesarrollo en América Latina, como son el estructuralismo y la teoría de dependencia. Al mismo tiempo, se inscribe en las críticas sobre esas Corrientes, como las resumidas por Kay [1989,1990]: primero, en vez de enfatizar las relaciones de dependencia e intercambio desigual como determinantes de desarrollo y subdesarrollo, el estudio enfoca la dinámica interna de Nicaragua y las posibilidades de generar y retener valor agregado. Reconocemos el impacto de la dimensión internacional, enfocándola desde el ángulo del respaldo que la ayuda internacional brinda a las diferentes vías de desarrollo propugnadas por diferentes sectores de la sociedad, es decir, enfocándola del punto de vista de su papel en la lucha social interna. Segundo, buscamos las condiciones para desarrollo en el marco institucional económico, social y político interno del país. Tercero, somos críticos sobre el papel del Estado, reconociendo sus limitaciones en promover desarrollo, también en este caso de un Estado de tendencia socialista. Cuarto, el estudio enfoca el carácter de la transición al socialismo e ilustra los costos de la revolución. Quinto, realzamos el papel de la sociedad civil y un nuevo movimiento social (NMS), que es la UNAG, aunque sea un NMS con una misión histórica. Sexto, el estudio, mas que ofrecer una visión global o macro-económico, trata de vincular microprocesos en su contexto nacional. Séptimo, se inscribe en la búsqueda de vías alternativas de desarrollo.

Para presentar el sustento a las consideraciones teóricas previamente mencionadas (las reinterpretaciones de conceptos del socialismo), y a la vez presentar la lucha gremial de la UNAG y el desarrollo dialéctico en Nicaragua durante la década del ochenta, iniciamos la primera parte de nuestra exposición con aspectos teóricos de la transición al socialismo y el campesinado. Es el marco de referencia para la experiencia que posteriormente relataremos. Introducimos el capítulo Segundo, resumiendo algunas características de la experiencia soviética de transición.

La concretización del pensamiento socialista en la URSS es definida como la ortodoxia socialista. Allí mismo abordamos el concepto de economía mixta, al hacer referencia al período de la NEP, y mencionamos las Corrientes que se opusieron a la interpretación ortodoxa dominante. Son los aportes de estas Corrientes que con el tiempo se hicieron mas importantes ante la realidad de los países del Tercer Mundo que iniciaron su transición al socialismo.

La cuestión de la desaparición o la permanencia del campesinado, la enfocamos como un debate que fue iniciado por los clásicos del socialismo, el cual se desarrolló en la URSS y que ha sido retomado por los llamados campesinistas y descampesinistas en América Latina. Es propio de la ortodoxia socialista esperar la rápida proletarización del campesinado en el capitalismo. Sin embargo, crece el consenso respecto a la idea de que los campesinos por mucho tiempo seguirán formando parte de la realidad social en los países del Tercer Mundo. Ilustramos la permanencia del campesinado con el modelo de Saith [1985], cuyo valor a mas de servir de ilustración, radica en ofrecer dos conceptos, el equilibrio alimentario y el equilibrio de empleo, que son importantes para indicar los problemas y perspectivas de los caminos escogidos en Nicaragua. La permanencia del campesinado en las próximas décadas o siglos hará mas relevantes las interpretaciones que toman su punto de partida en esa permanencia y priorizan la participación campesina en el desarrollo económico. Esas interpretaciones difieren de la ortodoxia, tal como Io ilustraremos en lo que se refiere a la participación, la acumulación, la colectivización y la planificación.

Con respecto a la participación, la perspectiva de proletarización del campesinado tuvo su expresión política en la proletarización del proyecto socialista. Observamos que la ortodoxia socialista definió al proletariado como el portador del progreso y otorgó la primacía a los intereses de este sector en el proyecto de futuro. Ya que el Partido pretendía conocer de antemano adonde la vía de desarrollo condujera, el protagonismo obrero era mínimo. Identificamos una desconfianza propia de la ortodoxia socialista para con los campesinos que tienen asignado un papel secundario en la construcción del socialismo. En los países del Tercer Mundo en transición, en ausencia de un proletariado claramente identificable, se ha dedicado un enorme esfuerzo a buscar al ‘proletariado’, el estrato social que debería encarnar la transformación. La presencia dominante de campesinos dificultó esa búsqueda.

Los populistas y campesinistas por otra parte, incluso aquellos de orientación marxista, muestran una confianza enorme en el campesinado, partiendo en sus análisis del punto de vista de los productores, para recomendar medidas de alivio para la situación de pobreza y restando al papel exclusivo encomendado al Estado para la solución de los problemas de desarrollo. Versando sobre la relación Estado - campesinado, analizamos problemas en la interpretación ortodoxa de la misma, pero igualmente en las interpretaciones populistas. La participación protagónica del campesinado, implica un proceso de construcción de clase. Tomando nota de estas diferencias de interpretación en el caso de la participación campesina, se entienden las diferentes interpretaciones sobre los tres otros conceptos mencionados.

Junto al consenso sobre la permanencia del campesinado, también se está llegando a un consenso sobre el aporte específico a la acumulación, que les es exigido a los campesinos en la práctica común de los países en desarrollo: aportar el capital para la industrialización en el sector estatal. Los análisis giran alrededor de las formas de extracción del ingreso. En el socialismo ortodoxo se justifica e institucionaliza esa función del campesinado. Interpretaciones menos ortodoxas restan importancia a la primacía absoluta dada a la industrialización y critican la tendencia de elevar la tasa de acumulación al máximo. Esta crítica, a su vez, está ligada a reconsideraciones sobre la absoluta necesidad que se ha otorgado a la ubicación de la acumulación en el Estado. Ese principio ortodoxo es socavado por una nueva fuente de acumulación, la ayuda del exterior que en forma aún incipiente se dirige a las organizaciones sociales del Tercer Mundo. La preferencia de la acumulación en el sector público a esa en el privado se relaciona con la supuesta superioridad del colectivo de producción. Pero, Como esta superioridad no está probada, tal y como argumentaremos, recobra vigencia la propiedad privada en la transición al socialismo.

El tema de la superioridad del colectivo será tratado en los párrafos sobre la colectivización. Abordamos los argumentos de los clásicos del socialismo para propagar y esperar la abolición de la propiedad privada, tanto en su forma precapitalista, como capitalista. En los países que iniciaron la transición al socialismo sobresale la falta de concentración de la tierra, debido a la existencia de un numeroso campesinado parcelario. La colectivización no logró abarcar toda la tierra agrícola, razón por la cual se buscaba implementar una colectivización con métodos indirectos. Sin embargo, en el pensamiento socialista las formas colectivas de producción mantuvieron una connotación de superioridad en comparación con la explotación familiar. Se suponía que el colectivo garantizaría el crecimiento acelerado, la igualdad socioeconómica y el control popular sobre la producción. La superioridad con respecto a estos objetivos no se comprueba. Sin embargo, nos quedamos con tres interrogantes con respecto al papel positivo que pudiera tener la cooperativa de producción en función de estos objetivos. Los mismos son objeto de análisis a partir de la experiencia nicaragüense.

En el tema de la planificación tratamos la descentralización que se ha introducido en la planificación centralizada en base a balances materiales, la que, según la ortodoxia socialista, debería regir la economía. Gobiernos pueden optar por formas descentralizadas de planificación, porque la incompleta colectivización resta al control directo sobre la economía. En esta situación, se ha llegado a abogar por una participación popular en la planificación, pero pocas veces se llega a contemplar esa participación en el diseño de las políticas macro-económicas. Revisando consideraciones sobre la existencia de distintos sujetos económicos, llegamos a identificar la esencia de la planificación como la reconciliación de estrategias heterogéneas y la existencia de un modo de apropiación socialista. Argumentaremos que las intervenciones en la economía no tienen que ser desmedidas, porque las direcciones en que puede desarrollarse de todas maneras son limitadas, y porque existen otras formas de obtener un control social sobre la producción.

Consideramos que estos conceptos constituyen un marco de referencia para la experiencia nicaragüense. Es mas, las críticas formuladas en contra de las interpretaciones ortodoxas, y las interpretaciones alternativas, tema de nuestro segundo capítulo, se reflejan en la dinámica de desarrollo de Nicaragua. A partir del tercer capítulo profundizamos sobre Nicaragua. La economía de ese país antes de la toma del poder por los Sandinistas, definimos como sectorial y socialmente desarticulada. Para llegar a esta conclusión recordamos la marginación de la producción granera, provocada por una política de precios balos y de modernización agrícola sustitutiva, la que se expresaba además en la falta de tecnificación de la producción campesina (maíz, frijol y café). El desarrollo industrial no era capaz de absorber los campesinos expulsados del sector primario, lo que resultó en la expansión del sector terciario, urbano e informal. La industrialización, así como la modernización de la agricultura empresarial, creó una dependencia creciente del exterior. El modelo de desarrollo era asociado con una mala distribución de ingresos, particularmente en el Campo. El Gobierno de ese momento no se enfrentó con el factor que determinó en gran medida esa desigual distribución de ingresos, la concentración de la tierra, sino a través de una política de colonización.

Se inicia, a partir de la toma del poder por el FSLN y vía la Reforma Agraria, un proceso hacia la articulación social de la economía. A partir de las ideas de consenso sobre la transformación deseada, vemos cómo la particular interpretación oficial de la realidad social y las ideas de la ortodoxia socialista condicionaron la forma en que se realizó esa transformación. Es particular, porque, por ejemplo, la UNAG propuso otras formas para realizar el proyecto económico, abogando por una industrialización rural, por la autogestión campesina de los servicios a la producción, por la tecnificación participativa del campesinado y por la creación de las condiciones para el desarrollo económico de la gran mayoría de los productores.

Profundizamos en este mismo tercer capítulo sobre tres áreas de acción transformadora: la Reforma Agraria o mas específicamente el reordenamiento de la tenencia de la tierra, la cooperativización, y la política de crédito, contemplándose esta última en el Gobierno como una palanca de colectivización indirecta y un estímulo a la producción agropecuaria. En estas tres áreas había mas consenso sobre el ‘¿qué hacer?’ y se puede detectar una alianza entre la UNAG y el Estado (MIDINRA, BND) en su implementación. Cabe enfatizar ya desde ahora, que en las tres áreas, el accionar gubernamental, en combinación con otras partes del poder revolucionario, produjo importantes éxitos. La efectividad aumentaba porque se combinaba con organización campesina de base. Pero al mismo tiempo, el análisis se presta para detectar las primeras fisuras en esta alianza, cuyo eje principal es tratado en el siguiente capítulo.

En el cuarto capítulo enfocamos aspectos del desarrollo macro-económico en los años ochenta. Esbozamos a grandes rasgos la desastrosa situación económica, cual es originada por la guerra, pero se ve aumentada por una crisis económica regional y la implementación del Programa de inversiones. Queremos dar pruebas de que se produjo el sesgo en la acumulación hacia el Estado. Se expresa en la preferencia por las inversiones en el sector estatal, de tal manera que la política oficial apuntaba a lograr crecimiento económico en las empresas estatales y a la reproducción simple en el resto de la economía. Profundizamos sobre los proyectos estratégicos de Seguridad Alimentaria y de Agroindustrialización.

Con respecto a la pequeña y mediana producción agropecuaria, existe la creencia que este sector ha sido fuertemente favorecido a través del subsidio implícito en la política de crédito. Las tasas de interés negativas habrían significado un subsidio al usuario de crédito y la influencia beneficial fue aumentada por condonaciones de deuda. Investigamos la distribución del crédito, así como las posibilidades de los campesinos para retener el subsidio y convertirlo en un ingreso positivo. Concluimos que la pequeña y mediana producción individual y cooperativizada en realidad tenía importantes desventajas al respecto en comparación con las empresas estatales o la gran producción privada. Llegamos a plantear una situación de ahorro forzado, una transferencia de capital del sector campesino al sector estatal. El sesgo mencionado ha sido el factor principal que desató la resistencia creativa de la UNAG y, de esa manera, la dinámica de los ochenta encaminada a la nacionalización del proyecto.

Continuamos el capítulo cuarto, tratando un importante giro en la atención gubernamental al campo, a raíz de una reflexión partidaria sobre la cuestión agraria. Se expresó en la liberación del mercado de granos campesinos, que permitió al campesinado aprovechar el mejoramiento de los términos de intercambio. El giro es producto de una creciente apreciación del peso del campesinado. La reflexión desemboca en dos proyectos estatales, de los cuales la Organización Territorial de la Producción y el Intercambio impacta mas en términos económicos. Abordamos también los efectos sobre los precios de granos, a consecuencia del Programa de Estabilización y Ajuste que se implementó a partir de 1988. En nuestra opinión, el giro a mediados de los años ochenta, no significa un cambio en el contenido de la economía mixta, ni tampoco un cambio sustancial en la concepción existente sobre el campesinado y su supuesta incapacidad de socializar la economía.

Concluimos que el Gobierno Sandinista no logró dar el último paso hacia la articulación de la economía. Tocando brevemente la política de industrialización y de creación de empleo, argumentamos que la economía continúa siendo socialmente desarticulada. Retomando el modelo de Saith, ilustramos las dificultades de la concretización del proyecto económico por el Gobierno Sandinista, el que intenta construir un sector moderno que se sobrepuja al sector campesino atrasado.

Esas conclusiones no restan a los importantes avances en el tiempo estudiado en cuanto a redistribución de la tierra, cooperativización y masificación del crédito se refieren. Además, se dieron significativos cambios en las ideas y acciones de algunos segmentos del aparato estatal, y en el Partido, particularmente en sus ideas sobre la organización social requerida para el campo y la reforma agraria. Consideramos que la consolidación del movimiento campesino ha incidido mucho en esos cambios. El campesinado organizado en UNAG además desarrolla una cantidad de iniciativas propias y a diferentes niveles, que marcan un importante avance en la creación de las condiciones para su plena participación, la articulación de la economía y la concretización del proyecto de transformación en una forma que satisface de mejor forma a aspiraciones propias de los nicaragüenses.

Esos son los aspectos que se tratan en mas detalle en la segunda parte del estudio. En el capítulo quinto analizamos aspectos del movimiento campesino. Vemos una identificación cultural forjada en la marginación que se expresa en un sentir antioligárquico. Apreciamos la importancia de una capa de productores acomodados entre los campesinos, que forman el eje de articulación del movimiento y constatamos el vacío organizativo en el campo al triunfar la Revolución. Presentamos una cuantificación del campesinado para el año 1980, dato base que nos permite valorar posteriormente la incidencia de la UNAG, así como permite en las partes correspondientes del estudio, valorar la importancia de las políticas de Reforma Agraria y del crédito agropecuario. Tratamos el surgimiento de la UNAG y aspectos generales que caracterizan a dicha Organización. Finalizamos ese capítulo con una exposición sobre la estrategia organizativa, a partir de un análisis sobre cómo la UNAG logró atraer al campesinado. Enfocamos el papel de ECODEPA como imán importante en el período estudiado y marco de referencia para definir con más claridad los principios organizativos.

La estrategia organizativa propia de la UNAG está basada en principios que han surgido de su mismo actuar. Adicionalmente, en el período 1985-1987 se hizo un intento especial para sistematizarlos y elaborar en base de éstos una metodología de participación campesina. El escenario para ese esfuerzo fueron los municipios Teustepe, El Rama y La Concordia, en los cuales junto con los productores se desarrollaron instrumentos, técnicas y procedimientos que permitieron que ellos lograran la iniciativa en la formulación y ejecución de las actividades de desarrollo. Consideramos que sea, por lo tanto, un importante estudio de caso, que desarrollamos en el sexto capítulo.

Nos referimos allí al PPP en la quinta región, e ilustramos la forma en que la UNAG promueve la participación campesina, las perspectivas y dificultades de participación campesina a nivel local y las implicaciones para la relación con el Estado. La evaluación de la experiencia muestra Io exitoso de la organización campesina de base en este caso y subraya la efectividad de una relación amplia entre Estado y campesinado. La relación tensionada entre el campesinado y el Estado, en el caso de Teustepe, se analiza en términos del centralismo democrático, el principio socialista que rige las relaciones entre las partes del poder revolucionario. Después se analiza el mismo tema y la ausencia de estas tensiones en el caso de El Rama dentro del marco de referencia obligado de la guerra. Al respecto hacemos ver que el Estado en sus relaciones con el campesinado priorizaba la defensa.

Finalmente, hacemos una evaluación a partir de los aportes metodológicos del PPP: la transferencia de la iniciativa a los campesinos, en tempranos momentos del proceso organizativo; la formación de grupos de interés para dar un marco organizativo para las acciones preparativas, investigativas, de organización, planificación e intercambio de ideas, capacitación y apoyo por parte del gremio, así como, el carácter de la planificación participativa.

La experiencia revaloriza la relación con el Estado, la que ha sido despreciada en los análisis campesinistas, pero concluye que las políticas del Estado deben ser objeto de adaptaciones a lograrse mediante la lucha gremial.

Este nos lleva al capítulo séptimo, en el cual investigamos la relación entre organización campesina e intensificación del trabajo productivo. La flexibilización de las cooperativas significa una opción en favor de la producción individual. Es un aspecto que entre socialistas ha sido observado con preocupación, innecesaria a nuestro juicio, tomando en cuenta investigaciones que muestran que en Ias cooperativas de producción se producen las mismas formas de organización del trabajo productivo, también encontradas entre productores individuales, así que la cooperativa de producción no es suficiente condición para que se realice una forma intensiva de organización del trabajo productivo, en los términos de Bolhuis y Van der Ploeg [1985]. En este caso de las cooperativas de producción la relación con el Estado parece ser determinante para la forma que se adopta.

Posteriormente, tratamos la introducción de la técnica en la agricultura, la que fue impulsada mediante la tasa de cambio sobrevaluada y el crédito agrícola. Este esquema entra en crisis, al momento que cambian los factores que han propiciado la introducción de la química y la maquinaria importada. Entre productores individuales y cooperativistas observamos entonces la acogida que tiene el Programa de Campesino a Campesino, que apunta a una intensificación de la producción en combinación con variantes tecnológicas que representan mayor intensidad de trabajo. Observamos en las cooperativas CAS adaptaciones que podrían indicar una tendencia hacia la intensificación. Esos aspectos nos inducen a formular la colectivización campesina de una manera que resta importancia al establecimiento de fincas colectivas, y que ubica el aspecto colectivo en el intercambio tecnológico y la acción gremial.

En el mismo capítulo revisamos otro aspecto de la cooperativización. Observamos una ampliación de actividades de servicios en las cooperativas de producción, así como una creciente preocupación por establecer cooperativas de servicios como las Tiendas Campesinas. Analizamos este aspecto a partir de la preocupación estatal sobre este fenómeno, para concluir que es parte del crecimiento natural de las cooperativas. Complementamos estas observaciones con algunos aspectos teóricos para relacionar las diferentes formas de cooperativas con diferentes etapas de transición. Con este capítulo terminamos el análisis de los aspectos micro-sociológicos y micro-económicos de la búsqueda de una participación campesina mayor en el desarrollo económico.

En los capítulos siguientes abordamos la dimensión macro del actuar de la UNAG que se prepara para incidir en las políticas económicas. En el capítulo octavo presentamos la UNAG oponiéndose a las consecuencias del Programa de Estabilización y Ajuste Económico iniciado por el Gobierno en 1988. Resulta en una movilización campesina y reuniones de consulta y análisis, en las cuales se generan también propuestas de política económica alternativa. Se desprende de la misma movilización otra del movimiento cooperativo, la que resulta en otro importante planteamiento sobre el papel de la UNAG en la economía. Comentamos cómo se organizaba la discusión al interior de la UNAG, y argumentamos que respondía a los mismos principios organizativos también encontrados en el trabajo de base. Después, identificamos los ejes de preocupación de los productores: la política de alimentos baratos y la desigual distribución de ingresos. Esto nos permite calificar la movilización documentada como un enfrentamiento con el principal factor que determine la desarticulación de la economía y con el sesgo en la acumulación hacia el Estado.

Por otro lado, la experiencia reconfirma la planificación como esencialmente un proceso de diálogo, la reconciliación de estrategias heterogéneas, igual como vimos a nivel de base. Esta se realiza en el nivel intermedio de la economía. Subrayamos la importancia del mismo y las condiciones para su institucionalización. Falta aclarar, ¿Cuál es el modo de apropiación campesino? Este es el otro elemento esencial de la planificación. Se lo determina a partir de un análisis de las controversias que surgieron sobre la Organización Territorial de la Producción y el Intercambio y los Centros de Desarrollo Cooperativo. El movimiento cooperativo formula algunos elementos de una estrategia de desarrollo, que muestra cómo el campesinado organizado en UNAG se propone conservar el valor agregado. Surge la ‘multisectorialidad’ como concepto que toca el fondo de la estrategia de la UNAG a nivel de la cooperativa y la unidad campesina es definida como la base de su modo de apropiación.

En el capítulo noveno abordamos aspectos organizativos del desenvolvimiento de la UNAG. Partimos de la UNAG como proyecto partidario y observamos que hubo otros interesados en el proyecto, como las agencias de ayuda internacional y los mismos campesinos. Referimos a los cambios en la concepción partidaria con respecto a la UNAG y a algunas ideas de avanzada en el FSLN sobre el papel estratégico de la Organización. El desarrollo de la UNAG analizamos, siguiendo algunas importantes temáticas, como son la organización de los pobres rurales y la conducción del movimiento cooperativo. Comentamos las tensiones entre UNAG y el MIDINRA durante la Primera Asamblea Nacional del Movimiento Cooperativo. Esas discusiones, las que son parte del enfrentamiento mayor que llevaba la UNAG con el proyecto estatizante, condicionaron la organización interna. FENACOOP podría constituirse como una solución organizativa.

La UNAG es un nuevo movimiento social (NMS) en el sentido que se desenvuelve en un contexto que produce nuevas formas de sumisión, de las cuales a la vez deduce nuevos contenidos de liberación. A la vez, interpreta su misión de manera que construye unidad entre sectores diferentes y proyectos diferentes. Difiere de los otros NMS por considerar que tiene una misión histórica: la democratización de la economía en el campo. Resumimos ese proyecto e ilustramos sus implicaciones con el modelo de Saith. Las perspectivas del proyecto no se ven afectadas por el cambio de Gobierno de 1990. Es mas, la UNAG ha logrado importantes avances después de 1990, que el Gobierno Sandinista no le quiso conceder. Consideramos que el modelo propugnado por UNAG aún puede ser caracterizado como socialista. Identificamos los elementos que contribuyeron en el contexto de la transición al socialismo a la constitución y al desarrollo de esta organización campesina tan independiente y beligerante.

El capítulo décimo resume los aspectos principales tratados en este estudio y plantea las conclusiones a que llegamos. La experiencia nicaragüense aportó a confirmar la falta de superioridad del colectivo de producción, realzando la factibilidad de la propiedad privada, tanto cooperativa, como individual, en un proyecto socialista. Definimos las condiciones básicas de la participación campesina en el desarrollo económico, en otras palabras la factibilidad de la vía campesina.

EL CAMPESINADO Y LA TRANSICION AL SOCIALISMO

1 Introducción

La primera experiencia de transición al socialismo en la URSS concretizó una interpretación particular de los conceptos socialistas. Siempre han existido interpretaciones y sugerencias teóricas alternativas sobre aspectos importantes, por ejemplo, de los populistas rusos o las vigentes en el período de la Nueva Política Económica (NEP). Identificamos como ortodoxia socialista, el proyecto que finalmente se impulsó en la URSS y culminó en la colectivización estalinista. La ortodoxia tuvo una influencia importante en el proyecto de transición de Nicaragua. La teoría reflejaba mas la interpretación ortodoxa e influyó en las primeras acciones del Gobierno revolucionario, como Io hizo en otras ocasiones de transición al socialismo.

Sin embargo, la realidad de los países del Tercer Mundo que iniciaron después de la URSS su transición, muchas veces no concordaba con la realidad soviética, lo que les obligó a adaptaciones a las condiciones locales. Por ejemplo, algunos países socialistas de Europa del Este y otros del Tercer Mundo han recurrido con mas facilidad al mecanismo del mercado, ya que la completa colectivización, es decir el establecimiento de una agricultura de empresas estatales y colectivos de producción, era difícil por el gran peso del campesinado parcelario. De allí se han producido algunas reinterpretaciones teóricas presentadas, por ejemplo, en la Conferencia RAPE en Leeds, 1982¹ y en otras ocasiones [White y White, 1982; Coraggio y Deere, 1987, Sutcliffe, 1988].

Poco se han incorporado esas nuevas experiencias de transición en la teoría, la cual se encuentra influenciada por la ortodoxia. Para nuestro tema son importantes las reconsideraciones que se han producido a la luz de la imposibilidad de que se proletarizara al campesinado a corto plazo y fuera absorbido en otros sectores, así como consideraciones de los populistas de Rusia que apoyaban la causa campesina desde un principio. Son importantes esas interpretaciones alternativas, porque nos permiten ubicar la experiencia de los años ochenta en Nicaragua e interpretar las aspiraciones de la UNAG.

Como argumentaremos en este capítulo, apoyamos la tesis de que esa proletarización rápida no tendrá lugar en la mayoría de los países del Tercer Mundo, por lo que esas reinterpretaciones adquieren mas relevancia para eventuales futuras experiencias de transición al socialismo. Cabe preguntarse si habrá futuras experiencias de transición al socialismo, en vista del fracaso político y económico del ‘socialismo real existente’ de Europa. El fracaso de la ortodoxia no excluye la posibilidad de que sean factibles modelos menos ortodoxos, y posiblemente más promisorios en las circunstancias actuales de los países del Tercer Mundo, con un gran peso del campesinado y con tendencias hacia el pluralismo político y la economía mixta. Queremos explorar esas posibilidades a la luz de la experiencia nicaragüense. La relevancia se deduce de la permanencia prolongada del campesinado y la marginación a que comúnmente está sometido. Es mas, las reconsideraciones con respecto a la ortodoxia socialista son relevantes porque sirven también de crítica a la práctica liberal de desarrollo, ya que existe una marcada coincidencia entre liberales y socialistas del tipo ortodoxo, respecto al rol del campesinado en el proceso de desarrollo.

2 Antecedentes de la transición en el tercer mundo

Ortodoxia socialista, influencia y críticas

En Rusia los revolucionarios conquistaron el poder en un momento en que la agricultura todavía era la base de la economía. Al conquistar el poder buscaron cómo lograr un desarrollo rápido de la economía, ‘copiando’ los fenómenos sobresalientes de Inglaterra. En el pensamiento socialista sobre desarrollo económico el caso de Inglaterra, primer país en industrializarse, ha tenido una influencia enorme: en el capítulo sobre la acumulación originaria, en el tomo I de El Capital, Marx deducía su modelo del desarrollo apropiado para la agricultura capitalista, de la descripción que hacía Adam Smith de este proceso en Inglaterra. Stalin a su vez deduce de esta descripción históricamente casual, la ‘necesidad histórica’ de la colectivización forzada, Ignatieff, quien es citado por Saith y subraya esa particularidad del pensamiento socialista, concluye: ‘Es decir, ya en 1775² la viabilidad teórica de la vía campesina hacia la modernidad queda clausurada...’ [Ignatieff³ citado en Saith, 1985: 29].

En el ejemplo de Inglaterra fue así que, al quebrarse el sistema feudal de tenencia y uso de la tierra, los campesinos fueron desalojados con violencia y sus tierras usurpadas, restringiendo su acceso a las tierras comunales (enclosure movement). Durante la Reforma, las tierras de la Iglesia fueron expropiadas desalojando a los campesinos y compactando sus parcelas, de tal manera que se desarrollaba una agricultura a gran escala. Los campesinos fueron expulsados hacia las ciudades en búsqueda de empleo en la naciente industria. Los productos industriales a su vez elevaron la productividad de la agricultura e hicieron posible el mantenimiento de una fuerza laboral creciente fuera de la agricultura, o sea, la transformación estructural de la economía. La base original del desarrollo económico es el capital extraído de las colonias. A esa extracción y los procesos acompañantes, se les denomina ‘acumulación originaria capitalista’. A partir de ese primer momento la acumulación capitalista continúa en base de la explotación de la clase trabajadora y se expresa en la industrialización y la modernización de la agricultura.

Conforme este ejemplo también en la URSS, la industria debería constituirse en el sector dinamizador del desarrollo, productora de bienes de capital. La agricultura productora de bienes de consumo, tendría un papel de apoyo. La industria no sólo era vista como el sector dinámico, sino también como el sector socialista, por ser estatal. Así, con la industrialización, avanzaría la transición al socialismo. A fin de garantizar la eficiencia y rapidez de la transformación se consideró además imprescindible la planificación centralizada, que a la vez afectó el funcionamiento del mercado, esfera mediante la cual un sector de productores y comerciantes acomodados fortalecía su posición económica. Esos ‘kulaks’ y ‘pequeña burguesía comercial’, fueron considerados como los enemigos de la clase trabajadora, bajo cuya bandera el Estado dirigió la lucha para lograr que el excedente económico se concentrara en sus empresas.⁴ La agricultura debería generar el excedente a disposición del Estado y producir los alimentos baratos, a fin de acelerar de esa manera la industrialización.

El ideólogo de esta opción, Preobrazhensky, opinaba que, en ausencia de colonias, la acumulación originaria socialista debería darse a costa del campesinado [Preobrazhensky en: Shanin, 1971a]. Legitimaba esa posición, aduciendo que el sector campesino era no-socialista. El aumento de la acumulación solamente sería posible a través de la colectivización y el establecimiento de la gran producción agrícola, según la tesis de ese momento.

Estos elementos, acumulación a costa de la agricultura, planificación centralizada y colectivización, eran vistos como requisitos para la exitosa industrialización y conjuntamente necesarios para la consolidación del socialismo. Con el tiempo, se convertirían en sinónimos del socialismo y, sumados a la desconfianza hacia el campesinado y la promoción de su rápida proletarización, constituyen la ortodoxia socialista [White et al., 1983: 1,11; Nove, 1983: 115; Dijkstra, 1988:25-50].

La ortodoxia socialista tuvo una implementación más flexible en el período denominado como la Nueva Política Económica (NEP). Fue la época de transición en que existía una economía mixta con producción privada y con funcionamiento del mercado. El Estado ocuparía los ‘altos de comando’⁵ de la economía (la banca, el comercio exterior, transporte y la industria pesada). Cobraba importancia la cooperativa, que era rescatada como un elemento socialista en esta fase. Lenin pensaba controlar mediante las cooperativas a la pequeña burguesía, de la misma manera en que controlaba otras empresas capitalistas del llamado "Capitalismo del Estado" [Cox, 1986: 21-23]. Este orden económico es la referencia específica para la llamada economía mixta en países en transición al socialismo, como Nicaragua. El carácter mixto en estos casos no se refiere al potencial de los diferentes sectores sociales de la producción para incidir en las decisiones económicas y la dirección en que se desarrolla la economía. Precisamente, el control de los ‘altos de comando’ facilitaría al Estado monopolizar esa incidencia [Dijkstra, 1988: 5, 29].

La ortodoxia ha sido cuestionada en la URSS por tendencias opositoras que identificamos como populistas, las que cuestionaron la prioridad absoluta que se dio a la industrialización. Con anterioridad al triunfo de 1917 propalaron la ‘ida al pueblo’, una convivencia con los campesinos, para divulgar el mensaje del socialismo. Se esmeraron por constituir una organización de masas campesinas y propusieron esta organización socio-política, como sustituto del Estado. La Mir o la Obshchina, la comunidad en el campo, iba ser el eje de esta organización y haría posible la transición al socialismo sin pasar por el capitalismo. Consideraban la responsabilidad colectiva, el carácter común de ciertos trabajos y la costumbre de ayuda mutua prevalecientes en la comunidad como óptimas premisas para la colectivización. Las posiciones originales bajo la influencia de Bakunin, se caracterizaron por un rechazo total a la organización política, posición que posteriormente fue relajada en la corriente identificada como los Narodovoltsy, o partidarios de Narodnaia Volia (Voluntad del Pueblo) [Tvardovskaia, 1978].

La influencia de los populistas estrictamente dichos y los grupos anarquistas que ideológicamente estaban cerca de ellos, no ha sido muy grande en Rusia. Ni siquiera supieron aprovechar las asonadas campesinas de principio del siglo, por su vacilación en dar organización y dirección a la población rural insurgente, aunque los brotes de violencia campesina fueron saludados por ellos como el cumplimiento de la profecía de Bakunin sobre la organización espontánea del pueblo [Woodcock, 1979]. Sin embargo, dentro de la tradición populista se ubica también al economista agrario, A.V. Chayanov, quien fundó la escuela de Organización y Producción. Esta, en base de amplios y profundos estudios de las estadísticas de la Zemstvo (consejo rural local) Ilegaba a formular una teoria micro-económica sobre la disposición de la familia rural al trabajo, resumida en el famoso “Balance Trabajo-Consumo” [Chayanov, 1966]. La escuela se opuso a la tendencia leninista, enfatizando la sobrevivencia de la finca familiar en el capitalismo. En 1925 el grupo del economista L.N. Kritsman asumió la tarea de desarrollar una crítica a los conceptos de Chayanov. La escuela se hizo vocero de la interpretación menos ortodoxa, pero estrictamente leninista, que se implementa durante la NEP [Cox, 1986:70].

No obstante la poca influencia de los populistas en la URSS, sus ideas son reencontradas posteriormente en las posiciones campesinistas en América Latina. Kitching observa que esto no significa que haya una influencia directa de una corriente a la otra. Esta coincidencia se debe mas que todo a las condiciones similares de una masa campesina marginalizada y el fracaso de modelos de desarrollo basados en la industrialización [1982:60]. Asimismo, en América Latina diferenciamos dos vertientes que se ubican en una discusión sobre la cuestión agraria, la que es muy similar a la discusión durante la NEP: los “campesinistas” y los “descampesinistas” [Feder, 1981; Blokland, 1983; Hewitt de Alcántara, 1984]. En ambas vertientes se encuentran representantes del pensamiento socialista, igual como en ambas se encuentran representantes del pensamiento liberal. La última se ajusta mas a la ortodoxia socialista y al pensamiento dominante liberal, mientras que la primera, igual que los populistas y Chayanov, busca otro camino de desarrollo con mas participación campesina. El pensamiento campesinista influenció a Schumacher (Small is beautiful, lo pequeño es bello) y Michael Lipton (¿Porqué los pobres permanecen pobres?). Ha influenciado también a los organismos internacionales como la OIT, el Banco Mundial y la FAO, en el último caso especialmente al Programa de Participación Popular (véase capítulo VI).

Aún así, la influencia campesinista o populista es limitada. Los países socialistas, incluyendo aquellos del Tercer Mundo, copiaron en cambio hasta donde fue posible la trayectoria de la Unión Soviética, como si el modelo realizado en aquel país, en aquellas circunstancias históricas fuera la guía hacia el verdadero socialismo [Shanin, 1971b: 263]. Shanin se refiere por Io tanto al “monopolio que la Rusia posterior a 1917 ha tenido sobre la imaginación revolucionaria” [Shanin, 1989: 18; cf.Marchetti, 1989: 35]. White y White plantean al respecto que el modelo soviético impidió “la exploración y legitimación de definiciones alternativas de ‘transición socialista’ en la agricultura” [1982:2]. Otros tal vez no acepten la fuerza ideológica como explicación de las semejanzas en las transiciones [Nove,1983:113-116]. Pero, evidentemente está presente en el transcurso de la transición hacia la nacionalización del proyecto, con efectos duraderos en el modelo. White et al. se refieren a la “impresión de matices de conducta y actitud del tipo soviético en los años genéticamente cruciales de los nuevos regímenes socialistas” [1983:17].

Lo anterior desemboca en una perspectiva de desarrollo económico que es similar a aquella de los liberales.⁶ Asimismo, la industrialización, la mecanización de la agricultura, así como la proletarización resultante, producen una transformación estructural de la economía. Es decir, cambia la composición porcentual de la población económicamente activa sobre los sectores, así como eventualmente descende el número absoluto de trabajadores (propietarios y asalariados) en la agricultura [Johnston y Kilby, 1975]. Gavin Williams [1976,1978.1981 y en: Heyer et al., 1981] ha llamado la atención sobre esa coincidencia entre socialistas y liberales, que impulsan un solo modelo de desarrollo en los países del Tercer Mundo. Sin éxito, obviamente. Observamos el impulso a la industria moderna y a la agricultura modernizante, pero este desarrollo excluye a gran parte de la población del acceso a mejores precios, mercados, crédito, insumos, la mesa negociadora, a mas de desalojar otros incluso de la tierra. Es un modelo que llamamos desarrollo excluyente. Excluye al numeroso campesinado de la posibilidad de tener influencia sobre la dirección en que se desarrolla la economía. No quiere decir que no existen relaciones funcionales entre el sector excluido y el sector privilegiado. Realzando ésto, nos inscribimos en las teorías de marginalización para describir la realidad social [Kay, 1989].⁷

El futuro del campesinado en el capitalismo

Un elemento de la cuestión agraria que ha sido bastante debatido y que posee mucha importancia para nuestro estudio, es la composición social de la fuerza de trabajo en el transcurso del desarrollo capitalista. En la tesis leninista se produce inevitablemente la proletarización del campesinado. La misma es apreciada por los socialistas, porque los proletarios encarnan el proyecto socialista. La proletarización implica la separación del campesino de sus medios de producción, especialmente la tierra, lo que le hace dependiente de la venta de su fuerza de trabajo para subsistir. La proletarización en el medio rural ha sido vista, en analogía con el ejemplo clásico de Inglaterra, como el pórtico de la absorción de los campesinos desposeídos fuera de la agricultura, proceso que se demostraría en la migración campo-ciudad.

Waterman observa que Lenin presenta pruebas de una rápida concentración de tierras y la consecuente proletarización en el campo ruso, al comparar algunos de sus trabajos, tales como El Desarrollo del capitalismo en Rusia [1899] y A los pobres del Campo [1903]. Además, señala la forma casual en que el dirigente soviético usa términos de clase (burguesía, proletariado) o de diferenciación económica (rico, medio a pobre) al referirse a la misma categoría del campesinado. Concluye entonces que Lenin trató de demostrar un proceso de diferenciación económica, la que en su óptica se equipara con el surgimiento de clases en el campo al avanzar el capitalismo en Rusia [Waterman, 1981]. Es decir, Lenin esperaba que la diferenciación económica en el campo ruso, conduciría a la concentración de la tierra y la proletarización del campesinado, igual como en Inglaterra. Se le llegó a identificar como la Vía Junker al desarrollo, nombre que refiere a los terratenientes prusianos.

Chayanov opinaba que la diferenciación existente en el campo ruso era causada por factores demográficos [1966: 254]. Sin embargo, la polarización económica que Lenin quería demostrar, era real, según Waterman. Sin embargo, él exageraba la magnitud y manipulaba los datos para probar su tesis [Waterman, 1981:3-6]. De esta manera lograba hacer desaparecer la categoría que en todos estos trabajos es identificado como “campesinado medio”. Para Lenin no había futuro para esta categoría, constituyendo una suerte de residuo feudal que desaparecería al avanzar el capitalismo, proletarizándose en su gran mayoría. Waterman argumenta que sería mas adecuado definirle como “campesinado en transición de categoría feudal a categoría capitalista" [lbid: 5].

Lenin observaba también la existencia de la producción parcelaria y esto no constituyó para él motivo para suponer que el capitalismo no avanzara en el campo [Ennew et al., 1977:306]. Por su parte, Marx había descrito a ese tipo de campesinado en Francia como ejemplo de una forma particular de transición al capitalismo en ese país [‘El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte’, en: Marx Engels obras escogidas: 93-180]. Pero, Lenin no compartía la visión del otro clásico, Karl Kautsky, quien aportaba sobre la cuestión agraria la idea de la coexistencia de la gran y la pequeña producción en el campo. Esto se produce, según Kautsky, no porque la pequeña producción pudiera sostener la competencia, sino por la relación de dependencia funcional entre ambos, en que la producción campesina suministra fuerza de trabajo a la gran producción. Esta relación funcional entre formas pre-capitalistas y capitalistas implica que “en el modo de producción capitalista no debemos esperar ni el fin de la gran producción agrícola, ni de la pequeña” [1974:172].

Plantea Lenin, siguiendo a Marx, que la posesión parcelaria tendrá que destruirse como una necesidad histórica en un proceso de concentración de la tierra. En caso contrario, los parceleros estarán condenados a sobrevivir “al borde del abismo” [Marx en: Marx Engels obras escogidas. 174]. Pero, al observar el potencial revolucionario del campesinado en las asonadas campesinas de principios del siglo 20, el mismo Lenin se inclinaba por apoyar la lucha en contra de los terratenientes y a favor de la recuperación de la tierra por el campesinado, aunque esto pareciera dirigirse en contra de las leyes de la historia. Así la lucha por el establecimiento de fincas familiares, llamada la Vía Farmer en alusión al productor norteamericano, se constituyó como la vía revolucionaria, ya que promovería una diferenciación económica mayor y un aumento de la expulsión de campesinos del sector y su proletarización mas rápida en comparación con la Vía Junker [Ennew et al., 1977: 300-301].

Campesinistas versus descampesinistas

Ante la realidad de una gran masa campesina marginal, se renueva en la década del setenta en América Latina el debate sobre el futuro del campesinado. Los contrincantes principales se dividen en “campesinistas” y “descampesinistas” [Feder, 1981]. Este debate se concentra en México principalmente. Sobresale el uso del concepto "modo de producción campesino", por ambas ‘bandas’ [Hewitt de Alcántara, 1984]. Gustavo Esteva, el mas conocido campesinista, se opone a la tesis de proletarización. Argumenta que la economía campesina podría coexistir con el capitalismo por mucho tiempo. Sugiere incluso la eventual posibilidad ‘en última instancia’ de la coexistencia de ambos [Redclift, 1979:492]. Al analizar los fracasos de la política agraria mexicana, llega a la conclusión que el funcionamiento de la economía campesina da pautas para otras opciones de política [Esteva, 1976].

Algunos campesinistas (Palerm, Stavenhagen, Warman) interpretan la permanencia del campesinado desde la estabilidad del modo de producción campesino [Hewitt de Alcántara, 1984:162]. Otros, como Kostas Vergopoulos, Armando Bartra y Luisa Paré refieren cómo la producción campesina, dominada por el modo capitalista, sobrevive en una relación funcional como proveedor de trabajo, alimentos baratos y en general de excedente económico [Ibid: 146-154]. En ocasiones argumentan (Stavenhagen, Palerm) que la permanencia se debe a la necesidad del sistema capitalista de esferas pre-capitalistas para realizar el excedente [Palerm, 1980: 183-, Lucas, 1982: 378; Feder, 1981: 203-205]. Es la tesis de las crisis del subconsumo de Rosa Luxemburgo, la que, a nuestro juicio, difícilmente se puede seguir sosteniendo después del trabajo de Baran y Sweezy [1977]. Existe también una interpretación política de la necesidad del capitalismo para conservar al campesinado, a fin de contar con su apoyo, ya que el campesinado es considerado conservador y políticamente estable [Feder, 1981: 208, Hewitt de Alcántara, 1984:141-142]. HUIZER [1976] refuta convincentemente a la tesis del campesino conservador.

Otro análisis campesinista plantea que la acumulación de capital muestra una tendencia a excluir al grueso de la población. 0 sea que la acumulación no alcanza para crear suficiente empleo fuera de la agricultura razón por la cual no se materializa, a incluso se revierte, la transformación estructural de la economía [Díaz, 1977:1429-1430,1438]. Esta reversión puede darse en la distribución de empleo, mientras si cambia que el aporte relativo de los sectores al PIB. Pero, entonces no ilustra una acumulación deficiente, tal y como suponían también Bettelheim, Brenner y Weeks y Dore [de Janvry, 1981:37]. Solamente ilustra la disminución de la elasticidad del empleo con respecto a la producción en el sector industrial al avanzar la acumulación, lo que es a nuestro juicio uno de los aspectos mas importantes del desarrollo excluyente [Díaz, 1977:1429].

Otros subrayan que la producción parcelaria a veces es simplemente el patrón del capitalismo en el campo, sin relacionarlo con la extracción de excedente como tal [González Rodríguez, 1977:1447-1456; Parié,1977:37]. Warman señala otro elemento, a saber la resistencia a la proletarización y la lucha del campesinado por 'Ser lo que son en mejores condiciones' [Warman, 1980:10]. Se enfatizan procesos de recampesinización como muestra de esa resistencia campesina y el anhelo del campo manifestado por los jóvenes campesinos. Indican, además, que los gobiernos a veces promueven la recampesinización como mecanismo oficial para revertir la migración campo-ciudad. Las muestras mas claras de resistencia son las luchas campesinas libradas en muchas partes para reconquistar los derechos históricos de los campesinos sobre la tierra perdida ante el avance del capitalismo, como por ejemplo las luchas campesinas en León y Chinandega (Nicaragua) durante el auge algodonero [Gianotten et al., 1987].

Los descampesinistas plantean que la proletarización será el futuro del campesinado de acuerdo a la ortodoxia socialista inspirada por Marx, Lenin, Preobrazhensky [De janvry, 1981:96-100]. El mas conocido descampesinista en el debate mexicano es Roger Bartra, quien desarrolla el concepto 'modo de producción campesino'. No para subrayar su estabilidad, sino para diferenciarlo de la producción capitalista, enfatizar su ineficiencia y la transformación y desintegración que experimentaría [Hewitt de Alcántara, 1984]. Refiriéndose al tema del futuro del campesinado, Feder dibuja una perspectiva descampesinista extrema, en la que el desarrollo de la agricultura resulta en "la eliminación, gradual, pero rápida, de todo el proletariado rural (en sentido amplio)⁸ [Feder, 1981: 209-210]. La modernización de la agricultura en el Tercer Mundo se caracteriza por gigantescas transferencias de capital y tecnología desde el exterior. Esa expansión capitalista en la agricultura conducirá en la óptica de Feder inevitablemente al desplazamiento del campesinado y los asalariados. De esa manera se crean las agriculturas sin gente, según la imagen de los países desarrollados. Solo dos factores pueden cambiar este proceso que, según Feder, esta adquiriendo "un carácter especialmente brutal” [Feder, 1981:240]. Primero, cuando aquellos que iniciaron y continúan el proceso inversionista se muestren preocupados por el destino de sus 'victimas y, segundo, el triunfo de la revolución socialista [Ibid: 213,240].

Luisa Paré [1977] observaba en el agro de México las mismas tendencias, las que ella resumió bajo el concepto de “descampesinización”. Pero esto, en su opinión, no puede equipararse a la proletarización, ya que la industria no tiene suficiente capacidad de absorción de la mano de obra desalojada de la agricultura precisamente porque la modernización es excluyente, lo que se expresa en la referida disminución de la elasticidad del empleo con respecto a la producción. Se produce un ejército industrial de reserva que incluso sobrepasa las necesidades de los otros sectores de la economía. En el capitalismo se resuelve esa 'ecuación' entonces por dejar sobrevivir a la mano de obra no-absorbida en las formas no-capitalistas de producción, como la campesina.

De Janvry también analiza la proletarización como un fenómeno a largo plazo, como tendencia actual, que se completara al terminar la fase del dualismo funcional del capitalismo [De Janvry, 1981: 37]. Este concepto también se refiere a la extracción de excedente de la agricultura tradicional. Dicho autor ve la proletarización como tendencia, en esta fase en que la agricultura de subsistencia suministra mano de obra y alimentos baratos a la agricultura capitalista y la industrial Esto seguirá así hasta que la producción campesina se desintegre, producto de la explosión demográfica, la migración, destrucción ecológica, expropiación de la tierra y sumisión creciente en los mercados de trabajo, productos e insumos. Parte de los campesinos pasa de esa manera a formar parte de la reserva laboral en las ciudades [Ibid: 39,175].

La permanencia de los campesinos

El debate surgió cuando los populistas cuestionaron la idea leninista de que el desarrollo económico se repetiría en todos los países de la misma manera que en los primeros países en industrializarse. El debate se concentró en las tendencias sociales en el campo, sobre todo en el eventual surgimiento de un proletariado rural y la proletarización del campesinado, concepto que debe ser entendido en este sentido más amplio relacionado con la transformación estructural de la economía. El debate ganó empuje porque la realidad social en el campo, ya en Rusia, Pero aún más en los países del Tercer Mundo muestra la presencia y permanencia de un gran número de campesinos con un importante estrato de productores parcelarios, a más de que se observan procesos que no necesariamente conducen a su desaparición: resistencia campesina, presión por Reforma Agraria y reformas implementadas.

Es más, la misma marginación y la diferenciación económica no pueden ser equiparadas con el surgimiento de clase en el sentido que conduce a la inevitable separación del trabajador de sus medios de producción [Stavenhagen citado en Astori. 1981: 1365-1366]. El que sigue sosteniendo que esto sea el camino, por ejemplo para América Latina, lo hace porque se preocupa solamente con el desenlace del sistema hacienda [Kay, 1980]. Pero, al referirse a la hacienda, toma en cuenta, según datos proporcionados por el autor, un fenómeno que abarca a la mitad de la tierra, pero únicamente al 16% de la fuerza laboral, o sea deja el 84% de esa fuerza fuera del análisis [Ibid: 5].

Hasta el mismo Lenin admitía que había exagerado la diferenciación capitalista [Cox, 1986: 19]. Afirmó que el proletario absoluto en la agricultura es una rareza, más cuando se toma en cuenta las conexiones familiares. De esa manera muchos obreros agrícolas tienen acceso a tierra. Cuando la pequeña producción desaparece demasiado, los terratenientes la revivan, prestando tierras [Lenin citado en: Ennew et al., 1977:306].

No hay una inequivocada prueba de que una (proletarización) u otra (campesinización) fuera la tendencia dominante. Más bien domina la idea que solo se puede determinar una u otra tendencia en ciertas regiones, pero no a nivel de países o del sistema mundial. Ha ganado una visión de las múltiples vías de subordinación del campesinado al capital y los análisis se centran en las vías de extracción del excedente campesino [Goodman y Redclift, 1981].

El debate pierde ahora su agudeza, pues se encuentra más aceptación de que no se produce la proletarización en el sentido amplio de expulsión hacia otros sectores y la absorción definitiva en ellos. Es decir, la transformación estructural en cuanto a la distribución sectorial del empleo se refiere, es un fenómeno a largo plazo [Cubbit, 1988:117-121]. Mas en general, se está admitiendo la inevitable permanencia durante muchas décadas del campesinado, productores parcelarios y proletarios rurales, en los países del Tercer Mundo. No porque haya disminuido el significado de los procesos mencionados por Feder. Tampoco han disminuido la diferenciación económica, la migración campo-ciudad, el desalojo de campesinos de sus tierras, la concentración de la tierra, la usurpación de tierras por terratenientes nacionales y empresas transnacionales, ni la marginación determinada en gran parte por la falta de acceso a la tierra [FAO. 1987b]. Mucho menos que se hayan arrepentidos los iniciadores de la penetración capitalista en el Tercer Mundo.

La razón de su permanencia es otra: simples comparaciones de tasas de crecimiento de la población, distribución sectorial de empleo y tasas de industrialización entre países como Inglaterra, Unión Soviética, Japón y China, al momento de su respectiva industrialización, conllevan a concluir que el campesinado en los países del Tercer Mundo está para quedarse [Saith, 1985:16].⁹ La industria o el sector de servicios actual, precisamente por la disminución de la elasticidad de empleo con respecto a la producción al avanzar la acumulación, no es capaz de absorber los campesinos. La transformación estructural de la economía mundial es tal que en la actualidad todavía más del 40% de la PEA mundial está en el sector primario. El número de campesinos aumenta en más del 2% anual.

Por lo tanto, el otro elemento que dio empuje al debate adquiere nuevas dimensiones. Nos referimos al esquema unilineal de desarrollo económico, el cual era criticado precisamente por aquellos que pensaron que el campesinado ofreciera la salida a otro camino de desarrollo socialista, sin pasar por el capitalismo. Incluso Marx revisó su esquema unilineal, de acuerdo a observaciones en una carta dirigida a Vera Zasulich en 1877, es decir después de publicar El Capital. Refiriéndose específicamente a Rusia, asumía la posición de que el socialismo podría establecerse en base a la comuna campesina [Howard y King, 1975: 246, Deere, 1987: 219; Shanin, 1989]. La permanencia de un importante estrato de población vinculada a las actividades agropecuarias en los países del Tercer Mundo, implica que el desarrollo de estos países tendría que ser diferente, al menos que se opte por su exclusión permanente.

El caso de Nicaragua

Queremos profundizar sobre la tesis de Saith, ya que su análisis está aplicado a un país hipotético en que el 80% de la PEA trabaja en la agricultura alimenticia y la misma aporta el 40% del PIB. Retomamos un modelo matemático desarrollado Saith [1985] para aplicarlo a la economía nicaragüense a finales de los años setenta. Nicaragua es un ejemplo de una economía de un país tercermundista que ya conoció una transformación estructural importante, comparable con el avance de esa transformación a nivel mundial. En 1980 el 46% de la PEA está en la agricultura y el 25% de la PEA en la agricultura alimenticia. La producción de alimentos en el sector primario aporta el 10% al PIB. El crecimiento general alcanzó un 5.6% anual en el periodo 1970-1977 y la tasa de inversión, el 22%.

La aplicación del modelo al caso de Nicaragua, sirve para apoyar la tesis de Saith. En capítulos posteriores, lo retomamos, porque nos ayuda además a visualizar los problemas de la operacionalización inicial del proyecto Sandinista e ilustrar la consistencia de la propuesta económica de la UNAG.

De acuerdo a Saith [1985] tenemos que resolver las siguientes ecuaciones, de las cuales la primera representa la condición para el equilibrio de empleo y la tercera, el equilibrio alimentario, determinando de esa manera a p*_a’ p*_n y p*:

t* = e_a.P*_a.T_a+ e_n.p*_n.T_n (1)

p* = p*_a.Pa + p*_n.P_n (2)

p*a = c + g.(p* - c) (3)

En las ecuaciones del modelo de Saith, los subíndices a y n se refieren al sector alimentario y no-alimentario respectivamente. El asterisco se refiere a un valor deseado, no actual. T es el empleo y t la tasa de crecimiento del empleo; P la producción real y p la tasa de crecimiento de la producción real; c la tasa de crecimiento poblacional; e la elasticidad del empleo con respecto a la producción; g la elasticidad de la demanda de alimentos con respecto al ingreso. Tomando el periodo 1970-1977 como referencia para nuestros cálculos, llegamos a los siguientes valores para los parámetros:

c = 3.4 [BCN,1979:cuadros I.2 y I.3]

g = 0.3 [estimación]

T_a = 0.25 [cálculo propio]¹⁰

T_n = 0.75 [1-T_a]

P_a = 0.1 [Sopor,1987:cuadros 3 y 9]

P_n = 0.9 [Sopor,1987:cuadros 3 y 9]

p_a = 2.1 [Sopor.1987:cuadro 9]

p_n = 7.3 [Ibid]

e_a = 0.7 (crecimiento PEA Agrícola/p_a(1970-1977); [BCN,op.cit])

e_n = 0.5 (crecimiento PEA Total/p_n(1970-1977);[Ibid])

Introduciendo estos datos en el modelo, se requieren las siguientes tasas de crecimiento para mantener los equilibrios, las que, dicho sea de paso, son mas elevadas de las que efectivamente fueron alcanzadas en Nicaragua:

p*_a= 4.7 p*_n=8.1 p* =7.8

Las tasas implícitas de crecimiento de la población económicamente activa (PEA) en el sector alimentario y fuera de este sector se calculan al multiplicar la elasticidad e sectorial por p* sectorial. Esto implica para el sector alimentario una tasa de 3.3% y en el resto de la economía, 4%. Esto a su vez significa una expulsión anual de (0.5% del sector alimentario. De esa manera requiere un período de 275 años para transformar substancialmente la economía en el sentido de que 5% de la PEA encuentra trabajo en el sector alimentario y 9,5% en el resto de la economía. Por el papel específico de la agricultura en Nicaragua, como fuente de alimentos y de capital vía la agro exportación, parte del crecimiento en el sector no-alimentario se da en el sector agro exportación. La transformación por lo tanto no significa que la agricultura como tal disminuye tanto en importancia, ni que los trabajadores en la agricultura se habrán reducido a un 5% de la PEA, ni siquiera después de ‘275 años’.

Esta indicación del lapso es muy tentativa, porque estamos dando un carácter dinámico a un modelo estático. El modelo no incorpora futuras innovaciones tecnológicas, ni tampoco cambios en el crecimiento poblacional, que sin duda deben darse investigaciones en las cuales se comparan países con diferentes niveles de ingreso per cápita (cross section), muestran dos particularidades no captadas en este modelo. Primero, la relación desfavorable de las productividades promedias entre la agricultura y el resto de la economía se reduce con el tiempo. Segundo, la cantidad de personas empleadas en la agricultura después de determinado momento no solo se reduce en términos relativos, sino también en términos absolutos, a partir de la introducción de las mencionadas innovaciones tecnológicas [Johnston y Kilby. 1975]. Las investigaciones de referencia, sin embargo, sufren de la premisa que el desarrollo económico se dará por un camino similar y eso es precisamente la tesis que es socavada por la permanencia del campesinado.

El modelo de Saith ilustra que los campesinos son y serán por mucho tiempo fuerza mayoritaria en muchos de los países del Tercer Mundo. Simplemente son tantos campesinos, que no existe modelo de industrialización que facilite su absorción a mediano plazo, bajo las tasas de crecimiento poblacional vigentes en los países en desarrollo. Este hecho es la esencia del desarrollo diferenciado que tendrán estos países implica mas responsabilidad por parte de los gobernantes y la obligación de someter las vías de desarrollo propuestas a una constante revaluación.

El socialismo y el campesinado

La ortodoxia socialista esta fundada en una particular interpretación de los postulados clásicos de Marx y Engels. En ella la influencia de Lenin, Preobrazhensky y Stalin, es tan importante como la de Marx o Engels. Dicho de otro modo, el proyecto socialista encontró su nacionalización específica en la URSS. La ortodoxia socialista es una adaptación a esa realidad social de un campesinado numeroso, pero una que no aceptaba esa realidad y buscó forzosamente repetir el modelo desarrollo capitalista de Inglaterra en un país campesino, que fue la URSS en ese momento. La dirigencia planteaba que podría realizar el desarrollo de manera mas acelerada, mostrando en breve las ventajas naturales de una economía socializada sobre la economía capitalista. Adicionalmente, aducía que el desarrollo seria mas humano, evitando la explotación de los trabajadores. Promesas, que lo que se llamaba el 'socialismo real existente' de Europa, no pudo cumplir.

Para lograr esos dos objetivos era necesario, según la ortodoxia, que el Partido como representante del pueblo dirigiera el proceso. Al Estado fue encomendado con la planificación de las actividades económicas, reduciendo el papel del mercado como regulador de la oferta y la demanda. A través del control administrativo sobre la producción y circulación de bienes, se cumpliría el doble objetivo de centralizar la producción en monopolios estatales que presentarían las economías de escala, así como se evitaría el enriquecimiento individual de los poseedores privados de los medios de producción. El fin de la explotación llevaba la promesa de la sociedad mas igualitaria, en que finalmente cada quién recibiría según sus necesidades y contribuiría según sus posibilidades. Mientras se lograba esa fase, se debería establecer un sistema de valoración del aporte productivo y se buscaría garantizar la igualdad vía un sistema de servicios sociales libremente accesibles para todos.

En vista del enorme peso del campesinado, estas perspectivas tropezarían con ciertas dificultades: primera, el establecimiento del monopolio estatal sobre la actividad económica se complicó. Resultó en la promoción de un modelo cooperativo de producción, que se esperaba que contribuyera a la realización de los tres objetivos de crecimiento acelerado, distribución equitativa y control central. La cooperativización era vista como la forma de proletarización del campesinado, y porque se esperaba acelerar la acumulación, era vista siempre como el pórtico a la transformación estructural. Segunda, la preferencia por controles administrativos por encima del funcionamiento del mercado, condujo a una planificación de la actividad económica que pasó a ignorar aspectos tan vitales como las necesidades de consumo de la población en general. Resultó en un problema de incentivos, aún mas por la resistencia estatal a la acumulación privada. Este problema era especialmente agudo en el ámbito rural, por los términos de intercambio que favorecían a la industria. Tercera, el monopolio del Partido sobre el poder político suponía la mediación de todos los intereses de la sociedad a través del Estado, pero en realidad se presentaban problemas de representación política por ejemplo en el caso del campesinado.

La vía al socialismo que finalmente triunfó y que hemos identificado como la ortodoxia, posteriormente seria interpretada como el camino más viable al socialismo y aplicada a países con una predominancia del campesinado aún mas pronunciada. Sin embargo, la realidad social de esos países conllevó a considerar nuevamente a las interpretaciones también debatidas en la URSS en la primera década de su Revolución y las mismas nos acercan a una interpretación no ortodoxa del socialismo, que en nuestra opinión, es mas relevante para los países del Tercer Mundo que buscan una transformación radical. Revisaremos algunos aspectos de esas reflexiones teóricas, refiriéndonos a los cuatro temas mencionados en la introducción: participación, acumulación, colectivización y planificación, con especial referencia al campesinado. Los aportes de los contrincantes en el debate entre 'campesinistas' y 'descampesinistas' son mínimos, ya que su discusión se refiere sobre todo al campesinado en el capitalismo. Sin embargo, la distinción entre ambas tendencias sigue siendo valida y relevante, ya que solamente la primera considera el campesino parcelario, o la economía campesina o el 'modo de producción campesino' compatible con el socialismo. 'Los campesinistas (…) están francamente a favor de los campesinos. Los campesinos existen. Seguirán existiendo. (...) Su papel en el desarrollo de una nueva sociedad se denomina en ocasiones 'la vía campesina' ' [Lucas, 1982: 372; cf.Redclift, 1979].

3 Participación Campesina

Sujeto histórico, producto de análisis de clase.

El tema de la participación campesina en la transición se vincula antes que nada con la definición del sujeto histórico de la transformación. En la ortodoxia socialista, se define al proletariado como el sujeto histórico, el sujeto que encarna el proyecto de transformación. La participación protagónica eventualmente sólo la podrán tener los obreros. La relación con otros sectores de la sociedad será de alianza (en el caso de los campesinos) o antagónica (en el caso de los burgueses). El desarrollo económico presentaba no sólo la perspectiva de proletarización del campesinado, sino en la interpretación ortodoxa del socialismo también la proletarización del proyecto de transición en términos de la primacía de los intereses de los obreros, por lo menos en teoría. Se define la participación como "los esfuerzos organizados por aumentar el control sobre recursos e instituciones reguladoras por parte de grupos y movimientos de obreros y campesinos que hayan estado excluidos de tal control” [Pearse y steife¹¹ citados en Marchetti, 1987:102]. Al definir a los obreros como el sujeto histórico del cambio, esto implica que habrá de impulsarle o simplemente permitirle que disponga de los recursos y la iniciativa en las instancias reguladoras, por ejemplo, de planificación. En la práctica, por ejemplo de la URSS, incluso el papel protagonista de los obreros era limitado por la primacía del proyecto histórico de los trabajadores como tal, cuya interpretación conocía el Partido.

Al no poder probar una proletarización en la realidad social, la proletarización del proyecto pierde su justificación, aunque los descampesinistas no lo quieren aceptar. Mediante un análisis de clase se intenta identificar la clase proletaria. Ilustramos las dificultades que se presentan al querer aplicar tal análisis a un país tercermundista. Hacemos la ilustración a partir del trabajo de Orlando Núñez Soto, uno de los ideólogos de la revolución Sandinista y director del Centro de Investigación y Estudios de la Reforma Agraria (CIERA) durante la gestión Sandinista. La no convencional estructura de clases en Nicaragua le dificultaba precisar quiénes deberían ser los protagonistas de los cambios posteriores al triunfo Sandinista de 1979. Explica que la clase mayoritaria son los trabajadores por cuenta propia, los campesinos, artesanos y comerciantes [Núñez Soto, 1987a: 115]. Concluye posteriormente que la clase del campesino semi-proletarizado es mayoritaria en el campo [lbid: 116]. En otra parte dice que incluso es mayoritaria en la sociedad [Ibid: 43]. Utilizando las categorías leninistas, afirma que los campesinos pobres son mayoría en el campo [Ibid: 117]. Afirma en otra parte del trabajo que Nicaragua es un país de campesinos y capas medias urbanas [lbid: 77] y posteriormente, “la mayoría de la población es pequeño burguesa” [lbid: 78]. Afirma también que Nicaragua no ha conocido la disociación del trabajador de sus medios de producción [lbid: 43]. Hablando de la transición se refiere a la construcción del poder popular, siendo el pueblo la alianza de los sectores mayoritarios de la sociedad [lbid: 105]. Seria mas lógico hablar en este caso de hegemonía popular y en vista de que el campesinado es mayoritario podría abogar por un papel pronunciado de los mismos. Pero, entonces no sigue su razonamiento, sino se deja influenciar por la ortodoxia socialista que define el proyecto en términos de la primacía de los intereses obreros. El sujeto histórico, mirado el según Núñez Soto, debe ser: “...la clase que encarna en un momento determinado el movimiento en su conjunto” [1987b: 67]. Argumenta que el sujeto histórico de referencia es y solamente puede ser el proletariado, porque es la única clase que es capaz de dirigir la socialización de la producción. Además, es la clase donde mas coinciden los intereses inmediatos con los intereses estratégicos de proletarizarse y de proletarizar toda la sociedad, así como de socializar la economía [lbid: 62]. Obviamente, la búsqueda del sujeto histórico se dificulta porque la calidad de propietario ubica al campesino en el campo opuesto del proletario. Otra metodología, tal y como por ejemplo aquella sugerida por el grupo de Kritsman podría dar una solución parcial [Cox, 1983,1986]. Por un lado, permitiría diferenciar clases, o por lo menos relaciones explotativas entre el campesinado parcelario, pero no resolvería que a pesar de la diferenciación, los campesinos ricos y pobres o trabajadores rurales muchas veces no actúan políticamente como facciones separadas [Shanin, 1972].

Desconfianza descampesinista

Los descampesinistas definen, corno vimos, al proletariado como la clase, cuyos intereses coinciden con el proyecto socialista. Los intereses y las reivindicaciones campesinas en general han sido una fuente de mucha preocupación para ellos. Esto aplica en particular a la lucha por la tierra, salvo que fuera la lucha anti-feudal [Deere. 1987:.218]. En la lucha anti-feudal se apoya la toma de tierras porque supuestamente refleja un espíritu colectivo, propio del proletariado. Grande es por lo tanto la decepción cuando posteriormente los campesinos parcelan las tierras recuperadas. Solamente lo han podido explicar por la conciencia pequeño burguesa del campesinado [Kay, 1974].

Esas mismas dudas sobre los objetivos legítimos del campesinado en la lucha social, también condicionan el pensamiento ortodoxo sobre el papel del campesinado en la revolución, en la cual tiene entonces asignado un lugar de segunda categoría [Lucas, 1981: 372, 375-377). Quizás apoye al proletariado, sujeto histórico de la Revolución y da la vida por ella, pero después del triunfo el campesinado recaerá en su existencia pequeño burguesa y demandará su parcela de tierra, de acuerdo a ese pensamiento. De acuerdo a Lenin, la función del campesinado después del triunfo es producir los granos para la población urbana-industrial. Así operacionalizó el concepto táctico de la alianza obrera-campesina, llamando al mismo tiempo la atención a que el campesinado no debería especular con el hambre de los obreros, expresión de su desconfianza hacia el campesinado [cf. Nove, 1983:115]. En la práctica la alianza obrera- campesina significó la venta obligatoria al Estado, a cambio de productos industriales y ambos a precios determinados por el Estado. Estos precios fueron bajos en el caso de los granos y altos en el caso de los bienes industriales, mecanismo llamado 'tijeras de precio' (price scissors). El mismo sirve para extraer del campo el capital para financiar la industrialización, de acuerdo a los postulados de Preobrazhensky [Shanin, 1971a: 223-225-, Waterman, 1981: 14-15, Dijkstra, 1988: 36]. Estas opiniones están largas de vislumbrar un papel protagónico del campesinado en el desarrollo, el que seria preciso en vista de la permanencia del campesinado.

La posición campesinista

Saith critica la visión anterior como “el prejuicio sobre la ideosincracia no- o anti-revolucionaria del campesinado” [1985: 42; véase también Hiiizer, 1976-, Waterman, 1981: 6]. En cambio, los marxo-campesinistas, como por ejemplo Armando Bartra, priorizan la participación protagónica del campesinado en la construcción del socialismo. Ubican al campesino como sujeto histórico de la transformación necesaria en el campo y la sociedad en general, en vez de contemplarlo simplemente como objeto de participación campesina explotación [cf.Saith, 1985: 2-3]. En este contexto se ha hablado de la vía Campesina al desarrollo. Para muchos campesinistas existe esta vía como otra opción a distinguirse de la vía Farmer y la vía Junker teorizadas por Lenin como caminos de desarrollo capitalista. A la vez, otros la visualizan como otra “forma (...) de organización social llamada socialismo” [Lucas, 1982: 380]. Tres rasgos centrales son importantes al respecto y conjuntamente definen la posición campesinista:

Primero, la cuestión agraria es analizada desde el punto de vista de los campesinos, lo que implica que de antemano se admite la justeza de las posiciones campesinas en la lucha social, enfatizando los ejes principales de esa lucha: tierra (A.Bartra), autonomía del capital (Esteva) y mejores términos de intercambio (A.Bartra). Para conocer el punto de vista campesina se enfatiza la importancia del trabajo investigativo de campo, comparable con la 'ida al pueblo' de los populistas rusos.

Segundo, existe una convicción acerca de la necesidad de que se dirijan políticas de apoyo para aliviar la pobreza y mejorar las condiciones de vida y producción de los campesinos, como por ejemplo, proyectos de desarrollo rural y el mejoramiento de los términos de intercambio. Significa una reducción del capital extraído del sector, a fin de que se aumente el consumo y la acumulación privada en el sector campesino. Esta posición esta ganando mas apoyo al reconsiderarse la 'ubicación de la acumulación', aspecto que analizamos mas adelante. En ella se retoman sugerencias del Marx tardío. Existe una preocupación por las relaciones y términos de intercambio, visto como campo esencial para la acción a favor de los campesinos.

Tercero, se plantea la primacía de la organización autónoma de los campesinos en la lucha social, ya que el Estado no puede, ni debe tener el derecho exclusivo para la solución de los problemas. Aunque reclaman el apoyo del Estado, existe entre los campesinistas dudas con respecto a su voluntad de concretizar la solución de los problemas del sector. A menudo se analiza que existe más bien un conflicto de interés entre el Estado y el campesinado. La resistencia campesina a los cambios propuestos por el Gobierno, por lo tanto, no son prueba de su carácter pequeño burgués o atraso cultural, sino de resistencia legitima en contra de cambios que le afectan [Redclift, 1979:496-498; Williams, 1976, 1973,1981; Heyer et al., 1981; Huizer, 1976, cap.lll; Shanin, 1989:17].

Crítica al campesinismo y la relación Estado-campesinado

Este planteamiento campesinista ha recibido críticas. Feder se muestra muy escéptico sobre los proyectos y programas de apoyo que propugnan los campesinistas, por envolverse de esa manera en "una extraña alianza” con el Banco Mundial y organismos filantrópicos y religiosos [Feder, 1981:205-206]. Utiliza estos últimos términos en clara depreciación de los organismos no-gubernamentales (ONG) de apoyo al desarrollo. Como descampesinista no aprecia el papel que juegan las agencias financiadoras del desarrollo, porque, como él enfatiza acertadamente, “en las condiciones que imperan hoy en día, ni una decena de bancos mundiales podría mejorar el destino de los campesinos, cada vez mas pobres” [Feder, 1981:219]. Es decir, se requiere adicionalmente otros cambios en las vías de desarrollo y a nuestro juicio entonces podría mejorarse ese destino. En cambio Feder ha puesto su esperanza en un proyecto socialista, planteado con la nueva perspectiva de cambio total, propia de su época y enmarcada en los aspectos utópicos del pensamiento socialista [lbid: 213; cf. Nove.1986-.52]. Su desprecio a los organismos de apoyo al desarrollo, está fuera de lugar, aún en las circunstancias de un cambio radical de la vía de desarrollo, porque en tal situación también habrá problemas de financiamiento [FitzGerald, 1984]. Y, para resolverlos la Revolución se verá también obligada a envolverse en 'extrañas alianzas'.

Otra crítica es formulada por Redclift, quien observa que la preocupación de los campesinistas por los términos de intercambio no se refleja en la lucha social de los campesinos que siempre gira alrededor de la tierra [Redclift, 1979:500]. A nuestro ver, ambos aspectos de la lucha campesina son importantes y los campesinos los priorizan de acuerdo al momento histórico, tal y como demostrará el caso de Nicaragua. Marx subraya que la perspectiva campesinista sólo se concretizara al revertir la acumulación originaria, o sea, al disminuir la explotación de la comuna campesina y la transferencia de capital desde la agricultura [Shanin, 1989: 17]. Es decir, la lucha campesina tiene que revertir los desiguales términos de intercambio.

Redclift critica también a los campesinistas por la confusión con respecto al papel del Estado. Acertadamente, los campesinistas subrayan que el Estado no puede tener el derecho exclusivo para la solución de los problemas y enfatizan la importancia de que los campesinos se organicen. Este argumento se ha vertido de cara al Estado capitalista, pero se relaciona también con la idea populista, que postula el fin del Estado al implantarse el socialismo. Se corre el peligro que la posición campesinista desemboque de esa manera, en un anarquismo con tendencia a reducirse a un movimiento local. Esa consecuencia seria desmedida, porque obviamente el Estado debe tener un papel importante, incluso en una vía campesina, puesto que ella debe desenvolverse en circunstancias nacionales e internacionales dadas.

Marx, versando sobre el mismo tema de la relación con el Estado, subraya por lo tanto la prioridad de la toma del poder, para enrumbar cualquier proyecto socialista, incluso aquel de tipo campesinista [cf. Kay, 1974]. Marx preveía para el periodo postriunfo “asociaciones campesinas manejando sus propios asuntos dentro y como parte de una sociedad socialista”, incorporando a los volost¹² estatales “asambleas electas por las comunas como cuerpo económico y administrativo al servicio de su propio interés” [Shanin, 1989: 17]. Según Shanin esta contribución constituye "una revaluación del papel del campesinado y de su organización social en el proceso revolucionario por venir” y significa que “la descentralización del poder sociopolítico adquiere nueva relevancia dentro de una sociedad posrevolucionaria” [Shanin, 1989: 26]¹³. Igualmente, los Narodovoltsy vincularon sus esperanzas, en cuanto a la revolución campesina, con la lucha contra la autocracia zarista, con el papel de la comunidad campesina en la futura sociedad es importante en este instante con la federación de asociaciones comunitarias como el futuro ordenamiento estatal [Tvardovskaia, 1978].

La existencia del Estado socialista plantea, desde la perspectiva de la participación campesina, el problema de la relación entre el campesinado y el Estado en el periodo postriunfo. El Estado socialista tendría como principal función el llevar a cabo las transformaciones sociales. La transformación principal, sobre la cual tampoco había controversia entre los socialistas de las diferentes tendencias, era eliminar la propiedad privada. Lo que si despertó polémica era la visión de los Narodovoltsy que los representantes del pueblo en el Estado a todos los niveles serian elegidos directamente [Tvardovskaia, 1978: 163-182]. Para los Narodovoltsy, la base de clase del Estado posrevolucionario serian los campesinos y la base de su economía, la agricultura [Ibid: 180]. La perspectiva filosófica del marxismo sobre la animación de la separación entre pueblo y Estado, fue resuelta por los populistas al postular que, el pueblo es el Estado. La organización de campesinos en base a la comuna, funcionaria, a la vez, como Estado. Sus ideas presentan algunas dificultades, ya que atribuyendo una función hegemónica a las comunidades rurales, pusieron el interés particular de los campesinos encima de otros intereses de la sociedad. Adicionalmente, no plantearon la separación del poder legislativo y ejecutivo para la nueva estructura socio-política, lo que resta al control democrático sobre la ejecución [Ibid: 190].

Desde la perspectiva de los Leninistas, un problema fundamental radicaba en la elección directa de los representantes del Estado. Pues, la posibilidad de una contrarrevolución obligaría al Estado a organizar la defensa de las conquistas revolucionarias, la que seria debilitada cuando los enemigos pudieran ser electos. Igualmente, la elección de los representantes en el Estado reduciría la coherencia de las políticas. Los leninistas plantearon, por lo tanto, la dictadura del proletariado hasta el momento en que podría realizarse esos derechos del pueblo [Harnecker, 1986:147-155; Tvardovskaia, 1978:180-181]. En cambio, descuidaron los intereses particulares en función de la deseada coherencia del Programa del Partido en poder, resolviendo la aspiración filosófica por postular que el Estado es el pueblo.

El problema de rondo surge al querer institucionalizar una perspectiva filosófica. En el socialismo de Europa del Este faltaron mecanismos de mediación de los intereses particulares, al mismo tiempo que se postergó indefinidamente el momento en que se concedería al pueblo los derechos de elección de sus representantes. Sin el contrapeso de los intereses particulares organizados, no es de extrañarse que el Estado adquiere dimensiones totalitarias [Galjart, 1977].¹⁴Se formaban organizaciones de masas, teóricamente encargadas de vigilar al Estado. Sin embargo, el Partido pretendía que sólo él conocía la interpretación verdadera del proyecto de transformación, así que la creatividad popular de las organizaciones de masas se transformaba en obediencia mecánica [cf.White et al., 1983:21].

En teoría, el centralismo democrático regiría las relaciones entre los revolucionarios, independientemente de su ubicación en una de las tres esferas del poder revolucionario: Estado, partido y organismos de masas. La conducción del proyecto se lograría mediante el diálogo y el mutuo convencimiento. Esa discusión, a su vez, se regiría por normas de crítica y autocrítica, estableciéndose así la democracia a lo interno del poder revolucionario. Los acuerdos alcanzados deberían ser impulsados con disciplina férrea entre los correligionarios.¹⁵ En la práctica, esto planteaba el difícil equilibrio entre autonomía de las diferentes partes del poder revolucionario y la unidad mecánica que en la práctica reducía a las organizaciones de masas a ser simples cadenas transmisoras de las líneas partidarias. La historia de la URSS demuestra que el campesinado en futuros proyectos socialistas necesita conservar la misma actitud crítica ante el Estado revolucionario que caracteriza su relación con el Estado capitalista.

Sujeto histórico, producto de construcción de clase

En base a esas consideraciones llegamos a algunas conclusiones sobre el socialismo con participación campesina. Recurrimos para tal fin, a la definición del proceso de proletarización, dada por Orlando Núñez Soto: la “autocreación del sujeto histórico de la revolución" y “la creación de las condiciones económicas necesarias para su desarrollo” [Núñez Soto, 1987b: 54]. Lo atractivo de esta definición está en el elemento de construcción de clase. Sustituye al concepto de clase que define los participantes de antemano en función de su posición socioeconómica, el cual elimina al campesinado bajo el argumento que es poseedor de medios de producción o que no es capaz de aportar a la socialización de la economía.

En el caso del campesinado, aplicando una definición similar, podemos decir que la participación campesina significa la integración de la participación (control protagónico) y la capacitación (proceso de creación y autocreación). Podría denominárselo forjar clase y abarca a todos los que se deciden a trabajar por la realización de los intereses campesinos. Reduce la importancia de las diferencias entre proletarios rurales, campesinos parcelarios y productores acomodados, a favor de la primacía del proyecto común.

Los campesinos se constituyen entonces como “grupo estratégico”. Este concepto refiere a un grupo social que tienen intereses compartidos por ser, por ejemplo, todos productores. Esto les permite elaborar un programa a largo plazo, Una agenda política para mejorar su posición como productores. Es un grupo vestido de poder, que es utilizado para promover el interés propio, pero con un efecto positivo para el desarrollo general. Es visto como una coalición social en camino a constituirse como clase, aunque a lo mejor nunca alcanza esta etapa, perdiendo antes su importancia [Evers y Schiel, 1988]. Al constituirse el campesinado como sujeto histórico, los intereses campesinos llegarán a tener repercusión en el proyecto de desarrollo.

El campesinado, a pesar de una diferenciación socioeconómica marcada, sigue mostrando una cohesión y unidad de acción, lo que podría favorecer este proceso. Ella es explicada por la “mobilidad multidireccional y cíclica” [Shanin, 1972]. Sin embargo, experiencias como la de la ANUC de Colombia subrayan la importancia de buscar activamente vías para consolidar la unidad. En este caso su amplia unidad contribuyó a un ascenso combativo, pero la disparidad de las demandas produjo posteriormente contradicciones internas [Zamosc, 1987]. La organización del campesinado tiene que responder a esa disparidad de demandas. No parece adecuado confiar en los fenómenos mencionados por Shanin, a mas de que no dicen nada sobre el proyecto alrededor de la cual se cohesionan. En este contexto nos referimos a crear las 'condiciones económicas necesarias para su desarrollo', significa que el campesinado debe lograr la aceptación de la justeza de sus reivindicaciones, la implementación de medidas especiales para aliviar la pobreza y, muy probablemente, la lucha propia y organizada para lograrlo. Es la superación del dogma que el campesinado no fuera capaz de dirigir la socialización de la economía. Esta pasa, a su vez, por la toma del poder político, la organización social del campesinado, así como una nueva organización de la relación campesinado-Estado después de la toma del poder y la reversión de la acumulación hasta entonces a costa de la agricultura.

La lucha campesina se dirige en contra de todos aquellos intereses opuestos a la realización de su proyecto. En un proyecto socialista influenciado por la ortodoxia, puede significar una confrontación con la burocracia estatal. Esta, producto de la construcción del nuevo Estado, es igualmente un grupo estratégico empeñado en consolidar y conservar su poder, para lo cual puede aprovechar la centralización de recursos, producto de la nacionalización, colectivización y acumulación concentrado en el Estado, así como puede aprovechar la centralización de poderes, producto de la implantación de la dictadura del proletariado y la ausencia de mecanismos de mediación de intereses. La promoción del interés propio de la burocracia también tiene un efecto duradero en el desarrollo general, pero a nuestro juicio difícilmente resulta ser positivo sin suficiente contrapeso de la sociedad civil. Shanin [1972] argumentaba que esa relación conflictiva con los representantes rurales del partido y el Estado, sobrepasaba otras divisiones en la sociedad rural. En los próximos párrafos analizamos el aspecto que se refiere a la centralización de recursos en el Estado a favor de la industrialización, propia de la ortodoxia socialista, así como reconsideraciones que conjuntamente abogan por la conservación del excedente en el sector campesino.

Conclusión

La proletarización como tendencia prevista en el desarrollo económico tiene su colateral en la 'proletarización del proyecto de transformación'. lo que indica la priorización de los intereses de los obreros, por lo menos en teoría. Esta priorización es a la vez el elemento de la proletarización que queda al no producirse la separación de los campesinos de sus medios de producción y absorción fuera del sector primario, por lo menos no en la magnitud ni con el ritmo que se esperaba. Y, de esa manera, es la esencia del descampesinismo y la ortodoxia socialista. Esa opción proletaria tiene su reflejo en una desconfianza hacia el campesinado y sus intereses sentidos, especialmente la lucha por la tierra.

En cambio los campesinistas parten de la justeza de las demandas campesinas, buscan el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y dudan sobre la voluntad del Estado para solucionar los problemas del sector campesino' Concluimos que la concretización de una vía de desarrollo con participación campesina pasa por la toma del poder político, la organización del campesinado y e establecimiento de una nueva relación entre el Estado y el campesinado en el periodo postriunfo. Esta opción campesina requiere a la vez de un proceso que llamamos forjar clase, de una autocreación del sujeto histórico y de las condiciones económicas necesarias para su desarrollo, lo que incluye la disminución de la acumulación a costa de campesinado.

4 Industrialización y acumulación

Falsos dilemas

La prioridad otorgada a la industrialización era absoluta en la URSS. Se abandonó el proyecto de economía mixta de la Nep y procedió a la colectivización de la agricultura porque se esperaba aumentar de esa manera la acumulación, la transferencia de excedente de la agricultura a la industria [Dijkstra, 1988: 35-36; Preobrazhensky en: Shanin, 1971a].¹⁶ Se esperaba un aumento substancial de la productividad en la agricultura sin un aumento equivalente de los ingresos en ese sector. Los adversarios de Preobrazhensky en el debate sobre la industrialización, especialmente Bujarin, recomendaron un desarrollo más equilibrado, que se basara en el desarrollo de la agricultura. Cuestionaron la posibilidad y deseabilidad del aumento de la tasa de acumulación y la explotación del campesinado. Resultaba el debate sobre la contradicción entre acumulación y consumo, el que es muy esquemático por la supuesta nítida identidad en la URSS entre los siguientes elementos 'Departamento I' (sector de la economía que produce los bienes de capital), la industrial el Estado y socialismo, así como entre 'Departamento II' (sector que produce bienes de consumo), la agricultura el sector privado y capitalismo. La acumulación debería concentrarse en el primer conjunto de elementos mencionados.

No obstante las diferencias, hubo un acuerdo básico entre los principales contrincantes en el debate sobre la necesidad de industrialización y que la industria estuviera bajo control estatal [Dijkstra, 1988:34,. Marchetti, 1989:35-45].

La opinión a favor de la industrialización era cuestionada por los populistas. Realzaron de manera romántica la buena vida rural, enfatizando la superioridad moral, cultural y social de la sociedad rural en comparación con la sociedad urbana [Kitching, 1982: 2-3]. No se oponían al desarrollo como tal, sino que anticipaban que este podría darse sin industrialización a gran escala, intensivo en capital, concentrada y urbana. Esto implicaba la conservación de la sociedad y economía campesina, dominadas por los campesinos y artesanos, potenciando las comunidades y conservando la pequeña producción y la relativa igualdad socioeconómica [lbid: 11-12].

El pensamiento populista a partir de Chayanov ha perdido su romanticismo y los análisis son más económicos. Entonces, los neopopulistas y campesinistas enfatizan la vida dura, abnegada, marginalizada del campesino, para promover acciones que no apuntan a parar la transformación estructural y a conservar al campesinado, sino a permitirle que sea lo que es, pero en mejores condiciones. Chayanov relativizó además la oposición a la industrialización como tal, tratando de aducir que existe un camino alternativo a la concentración industrial y la pobreza masiva que acompaña a la transformación estructural. Un camino que puede ser menos costoso en términos de sufrimiento social y humano [lbid: 21]. Se acepta desde entonces la necesidad de industrializar, pero la corriente enfatiza que no es necesario conformarse con los efectos de la industrialización concentrada. Se sigue compartiendo con los populistas clásicos el tema de la igualdad: una situación de competencia entre pequeñas unidades productivas, mitigando las desigualdades vía relaciones comunitarias y cooperativas [Kitching, 1982].

Obviamente, la necesidad de aumentar los niveles de vida y la productividad del trabajo, hacen imprescindible incorporar los frutos de la industria moderna a la producción y el consumo, por Io menos vía importaciones. Pero por razones de seguridad nacional, creación de empleo o integración económica interna es preciso establecer una industria moderna nacional por Io menos en algunos sub-sectores, sin descuidar el potencial de la industria artesanal [Kitching, 1982]. Puede existir incluso una necesidad urgente para acelerar la industrialización para crear empleo urbano, en caso de que el crecimiento económico tiene que mantenerse al ritmo de una rápida urbanización y aumento de la pobreza urbana [Sutcliffe, 1971:103; De Janvry, 1981]. Este argumento cobra relevancia cuando la política agraria no es capaz de provocar una disminución de la migración campo-ciudad.

Pero hay argumentos para no dar exagerada importancia a la industrialización. El desarrollo de las fuerzas productivas solía entenderse como la incorporación de los frutos de la industrial pero en un primer momento es el uso mas racional de los recursos naturales y un mayor dominio técnico por parte de los trabajadores. Es decir que, inicialmente se refiere al desarrollo de la agricultura y la capacitación de la misma fuerza de trabajo, su educación y su involucramiento en la dirección de las empresas. Después, en un segundo momento, se refiere a la mecanización, ampliación de la infraestructura y nuevos insumos [FitzGerald, 1987a: 174-176,183-184].

Es mas, puede ser recomendable priorizar a corto plazo a la agricultura tal y como hicieron, por ejemplo, Cuba [White et al., 1983:12] y particularmente China [Kitching, 1982]. La justificación se encuentra en algunos casos precisamente en el hecho de contar con la posibilidad de importar los productos industrializados. En otros en el hecho que el país cuenta con una industria de bienes de capital e implementos para la agricultura (China). El caso en que se impulsó una industrialización rápida con descuido o subdesarrollo de su agricultura como ocurrió en Nicaragua antes de 1979, también amerita una priorización de la agricultura. Se abogó en ese caso por otorgar a la agricultura un papel clave en la economía a más largo plazo, de tal manera que sirviera de fuente de alimentos y como fuente de divisas para la importación de bienes de capital, o sea que la agro exportación cumpliera el papel de la industria pesada. La contradicción clásica entre acumulación y consumo se trasladaba al sector agropecuario, como la contradicción entre la agro exportación o la producción para consumo interno [FitzGeraid, 1985a: 6]. Si entonces el descuido de la agricultura se mostrara más claramente en el sector alimenticio, vale priorizar la producción de granos y de productos lácteos y avícolas.

De todas maneras, en la discusión sobre la industrialización habrá de superar "falsos dilemas, como el existente entre la industria y los sectores primarios de la economía” [Castillo, 1989:34]. No existe modelo de industrialización que pueda absorber la masa campesina a mediano plazo. Ante esta realidad debe flexibilizarse la absoluta preferencia a la industrialización, incluso en su versión de promoción de la agro exportación, que ha sido el matiz normal en muchos países en transición al socialismo y, mis en general, en el Tercer Mundo. Por lo menos tiene que reconsiderarse el papel de la agricultura y la relación entre ambos sectores en la acumulación.

La conveniencia de este crecimiento equilibrado es ampliamente manejada. Lógicamente, su aplicación práctica es más compleja y objeto de continuas debates. Los factores que intervienen son muchos: tasas de crecimiento de población, producción, comercio; factores subutilizados, productos requeridos; decisiones sobre producción para exportación o para mercado interno; la necesidad de reproducción de la fuerza de trabajo y el aumento de la remuneración; metas especificas de acumulación para los sectores, maquinaria, capacitación e insumos a suministrarse, o sea la cuestión de la tecnología requerida [Dijkstra, 1988:15-17; FitzGeraid, 1988a. 61-62]. Puesto que la tecnología actual implica la disminución de la elasticidad de empleo con respecto a la producción al avanzar la acumulación, este último aspecto constituye en nuestra opinión uno de los elementos esenciales.

En resumen, la obtención de los bienes industrializados es una necesidad objetiva para los países en desarrollo, pero el carácter de la industrialización es objeto de discusión.

La tasa de acumulación

Acelerar la acumulación era otra preocupación de la ortodoxia socialista. Inicialmente la planificación socialista apuntaba a la tasa máxima compatible con una estabilidad del consumo per cápita. Sin embargo, esto tiene un efecto negativo sobre la productividad o resulta en una sobremecanización de la producción. Por esta razón se define la tasa mínima a partir del postulado de que la tasa debe ser mayor en el sector productor de bienes de capital que en el sector de bienes de consumo. Así se logra la reproducción ampliada en el primero [FitzGerald, 1987a: 186].

Kalecki llamó la atención sobre las consecuencias de la sobreacumulación que se expresan en inflación, deterioro en la distribución de ingresos, déficit en la balanza de pagos e ineficiencia productiva [FitzGerald, 1988a: 52]. White et al. comentan que existe solamente un espacio histórico limitado para el “empuje grande/acumulación alta" sin incurrir en costos económicos altos, tensión social y conflictos políticos [1983: 13]. FitzGerald argumenta que existe solo un espacio limitado para la manipulación de los términos de intercambio sin contraer los ingresos campesinos demasiado, debilitando la oferta de granos básicos, "una lección que tiene que ser reaprendida por los planificadores socialistas con frecuencia deprimente” [1985a: 7-8].

Adicionalmente, se enfatiza que la tasa de acumulación directamente después de un cambio revolucionario no puede ser muy alta. El país experimenta un aumento de la demanda de productos básicos a raíz de medidas redistribuidas y además es necesario recuperar la productividad. Esto se logra a corto plazo vía el aumento de la intensidad del trabajo. Por lo tanto habrá de garantizar los estímulos, ya que aumentos de salarios sin este respaldo conduce a inflación. Solamente a largo plazo habrá más posibilidades de acumular y aumentar la intensidad de trabajo mediante la tecnificación de la producción [FitzGerald, 1987a].

Últimamente, FitzGerald [1988a] añade otro argumento importante en contra de que la tasa de acumulación sea elevada al máximo. El sector no-estatal tiene un potencial de acumulación a base de recursos propios que no están disponibles para la acumulación estatal. Se refiere a la movilización del trabajo familiar subutilizado en función del mejoramiento de tierra, control de erosión, cría de animales, así como a la organización comunal para proyectos de inversión local. El Estado tiene que hacer disponibles los medios complementarios para estas actividades, so pena de reducir la acumulación mucho mas que el ahorro que obtuviera al no gastar en la producción y suministro de estos medios. Si la estrategia estatal de desarrollo rural esta basada en extracción de todo el excedente poco espacio existe para este tipo de acumulación.

La ubicación de la acumulación

La acumulación ha sido interpretada muchas veces como una transferencia del sector no-estatal al estatal, legitimada porque el sector estatal fuera el sector socialista. Esta de por medio la noción que fuera mejor concentrar los recursos en el sector público para su utilización a favor de las necesidades prioritarias del pueblo, antes de dejarlos al sector privado, ejemplificada con los adinerados que derrochan sus riquezas en artículos suntuarios y en lujo personal. De esta manera, el Estado podría cumplir su función de “ahogar a la burguesía desde su nacimiento” y “estimular la producción popular” [Tvardovskaia, 1978: 179]. En general, los que propalaron la centralización de recursos, se apoyaban en la tesis de la superioridad de la producción colectiva. En párrafos posteriores argumentamos que tal superioridad no está probada, ni para lograr el desarrollo económico, la igualdad socioeconómica o el control popular. Esto resta entonces a los argumentos a favor de la concentración de la acumulación en los colectivos, como son las empresas estatales.

Las observaciones de FitzGerald en el párrafo anterior aporta a la discusión sobre la "ubicación de acumulación' (location of accumulation), o sea en manos de quiénes y bajo qué forma ocurre la acumulación y el desarrollo [mackintosh y Wuyts, 1988]. En los ejemplos de FitzGerald se ubica una parte de la acumulación en el sector campesino y comunal. Otro argumento a favor de una reubicación de la acumulación en el sector privado es el siguiente: al permitir la acumulación auto controlada fuera del sector estatal, se modifica la contradicción acumulación-consumo. Se reduce, pues, el efecto negativo sobre la productividad que normalmente se produce al elevar la tasa de acumulación. Es así porque el autocontrol sobre la acumulación significa que las formas populares de producción, procesamiento o comercialización. Pueden convertirse en los estímulos necesarios Para elevar la productividad. La perspectiva de una unidad de procesamiento propia, puede impulsar al campesino a ahorros adicionales. Puede diseminarse el comportamiento inversionista ahora observado entre ciertos productores que invierten mas del 50% de sus ingresos anuales [CIERA, 1989d:255].

Una consecuencia de esta reconsideración es que la propiedad privada recobra vigencia. La propiedad es la base de apropiación del excedente y si necesita ser a favor de los integrantes del sector campesino, la propiedad debe ser suya, sea en forma cooperativa o otras formas de propiedad privada. En capítulos posteriores ampliamos sobre el modo de apropiación y el papel de la unidad campesina, Pero esto no resta a que reconocemos esa consecuencia de la ubicación variada de la acumulación.

Obviamente, los campesinos no simplemente tienen que esperar hasta que el Estado revierta la acumulación a su favor. La historia ha demostrado que la concentración de recursos adquiere su propia dinámica. Los burócratas se constituyen como un grupo estratégico afanado en mantener su propia posición y nivel de vida. Por lo tanto, la lucha social campesina puede enmarcarse en lograr una mayor congruencia entre el aumento de su productividad e ingreso, a fin de lograr una acumulación auto controlada. Es decir, luchar por aumentos salariales en el caso de los semi-proletarios y proletarios, así como por aumentos de precios de los productos campesinos.

Una nueva fuente de acumulación

En la literatura de la transición al socialismo se menciona la ayuda externa (préstamos, donaciones y cooperación técnica) como una fuente nueva para los países en transición. Esta se suma a las fuentes clásicas, que son: impuestos, 'tijeras de precio' o price scissors, sobre-explotación de la fuerza de trabajo. Confiscación, selective commoditization.¹⁷ La ayuda bilateral y multilateral se orienta siempre a los Gobiernos, proyectos y programas a ejecutarse por el Estado, igual que Los recursos provenientes de las fuentes clásicas. Sin embargo, a la par se están dando flujos de capital a las organizaciones privadas y populares del Tercer Mundo. Provenientes de organismos no-gubernamentales, son más incipientes, Pero importantes Para Los beneficiados. En el futuro jugaron un papel cada vez más importante en la correlación de fuerzas sociales, convirtiéndose la habilidad de obtener acceso a estas fuentes en una base de acumulación privada y en la posibilidad de dar forma a ideas propias de desarrollo. Son muchas veces justificadas las críticas sobre la ayuda externa en cuanto se refieren a la falta de éxito en Ilegar a los pobres, la transferencia implícita de estructuras socioeconómicas y la consolidación del poder de los elites. No obstante, las experiencias recientes (Mozambique, Nicaragua) demuestran la importancia de la ayuda de estas fuentes variadas Para el establecimiento de formas populares de producción, distribución y acumulación. Pero, el Estado también puede ser llamado o presionado a proporcionar los medios Para este fin. Todavía la mayor parte es ayuda oficial, que se dirige al Estado, que tiene por lo tanto una responsabilidad en potenciar las formas populares.

Conclusión

La controversia sobre la industrialización resultó en que los campesinitas ahora también reconocen que existe la necesidad y conveniencia de industrializar. El carácter de la industrialización es muy indefinido de antemano y la tecnología a emplear se convierte en tema de interés mayor. La permanencia prolongada de los campesinos y su marginación resta argumentos a la absoluta prioridad que se ha dado a la industria en países en desarrollo y es necesario reconsiderar el papel de la agricultura. Especialmente, amerita atención el establecimiento de una relación funcional de ambos sectores a favor de la acumulación.

La oposición a elevar al máximo la tasa de acumulación, entendida aquí como extracción del ingreso que es transferido al Estado, cobra relevancia ante la permanencia de amplios sectores de campesinos. Al permitir una acumulación auto controlada por los campesinos, podría resultar un nivel de inversiones considerable, ya que los proyectos agroindustriales y comerciales campesinos constituyen los estímulos para que el campesinado eleve su productividad. Si el colectivo no presenta la superioridad que lo es atribuida, deja de ser necesario concentrar la acumulación en las empresas estatales. La posibilidad de acumulación fuera del sector estatal implica que la propiedad privada recobra vigencia. La ayuda externa no-gubernamental promueve una acumulación fuera del sector estatal, pero por ser todavía incipiente este flujo, el Estado podrá ser llamado a dar su aporte a las formas populares, dentro de una reconsideración general de la ubicación de la acumulación.

5 Colectivización

'¡Abolición de la propiedad privada!’

El tercer tema a tratar se refiere a la colectivización, que es el aspecto mas identificado con el socialismo. Tiene una connotación tan amplia, que la socialización de la economía y la sociedad muchas veces es equiparada a la colectivización. Mediante la colectivización la ortodoxia socialista esperaba lograr los objetivos centrales de crecimiento acelerado, igualdad socioeconómica y control estatal, que es su instrumentalización del control popular. Asimismo, la colectivización implicaba la conservación de los bienes recuperados en el sector social que constituye la base del nuevo poder. De esa manera es la continuación del enfrentamiento con los viejos poderosos que inició con la expropiación de sus bienes, quitándoles su base de poder. Colectivización implica además la organización social para la conservación y el aprovechamiento de los medios de producción. El concepto refiere también a la promoción del desarrollo económico mediante las políticas de apoyo del Estado. La colectivización en el ámbito rural se refiere a la abolición de la propiedad privada de la tierra, el establecimiento de la propiedad colectiva (de un grupo) o social (estatal), así como la promoción de la producción colectiva. Va alto grado de socialización de la propiedad generalmente implica y es combinada con un alto grado de socialización de la producción [Bastiaans y De Groot, 1988:6]. A nivel teórico, las ventajas de la propiedad colectiva son ilustradas con las ventajas relacionadas con la producción a gran escala.

¿Cuales son los puntos débiles de la propiedad privada, que inducía a Marx a pensar que serian superados por la propiedad colectiva? Para responder esa pregunta, tenemos que distinguir entre la propiedad privada del trabajador y la propiedad privada capitalista. La propiedad privada del trabajador, la parcela campesina o el instrumento del artesano, se distingue de la propiedad privada capitalista y la anticipa [Marx en: Marx Engels obras escogidas: 238]. Esta última está basada en la explotación de la fuerza de trabajo de los trabajadores separados de sus medios de producción. En cambio, “la propiedad privada del trabajador sobre sus medios de producción es la base de la pequeña producción y esta es una condición necesaria para el desarrollo de la producción social y de la libre individualidad del propio trabajador” [lbid], esa pequeña producción se caracteriza, según Marx, por su aislamiento y fraccionamiento, que impide la concentración de recursos y la cooperación de los trabajadores. Sobresale la falta de división del trabajo, ausencia de aplicación de la ciencia o desarrollo de las fuerzas productivas [lbid: 239]. Marx añade en el caso de los campesinos parcelarios franceses de El 18 Brumario: "Por cuanto existe entre los campesinos parcelarios una articulación puramente local y la identidad de sus intereses no engendra entre ellos ninguna comunidad, ninguna unión nacional y ninguna organización política no forman una clase. Son, por tanto, incapaces de hacer valer su interés de clase en su propio nombre, (..). No pueden representarse, sino que tienen que ser representados” [Ibid. 171 – 2].

La esencia de la transición al capitalismo, según Marx, es precisamente la superación de estas debilidades vía la separación de estos productores de sus medios de producción, lo que implica “la destrucción de la propiedad privada basada en el trabajo propio" [Ilbid: 238]. Surge en la transición al capitalismo una clase de capitalistas agrarios y otra de trabajadores asalariados [Marx citado en: Thomer, 1966: xviii]. Ahora, la propiedad privada capitalista es capaz de fomentar la concentración, la cooperación entre los trabajadores, la división del trabajo, el dominio de la naturaleza y el desarrollo de las fuerzas productivas. Precisamente, estas características son apreciadas por Marx a la luz de su perspectiva de desarrollo, con la ambigüedad propia del marxismo respecto al capitalismo, la que es producto de su unilinealismo. Pues a su ver, la concentración de la tierra crea las condiciones para el socialismo. La propiedad privada capitalista debe ser abolida, a su vez, porque “es la última y mas acabada expresión de (…) apropiación de lo producido basado (…) en la explotación de los unos por los otros” [Marx Engels obras escogidas: 44). Tiene que ser transferida a los trabajadores como propiedad colectiva [Engels en: Marx Engels obras escogidas: 661]. En un sistema capitalista completamente madurado, esa transferencia se reduce eventualmente a la simple confiscación por el Estado de unas cuantas empresas agrícolas, producto de la concentración de tierras [Marx en: Marx Engels obras escogidas: 240-241; Saith, 1985:21].

La “destrucción de la propiedad privada basada en el trabajo propio del productor” no se produce como tendencia universal, tal y como ya argumentamos arriba. ¿Cómo se supera en tal situación las debilidades señaladas por Marx en la pequeña producción y cómo se alcanza las ventajas de la gran producción en la transición al socialismo? La repuesta ha sido: a través de la colectivización, que para este fin definimos como el proceso que apunta a superar las debilidades de la pequeña producción y propiedad, y alcanzar las ventajas atribuidas a la gran producción y propiedad. Con esta definición de colectivización captamos formas de colectivización tan diversas como la cooperativa de producción o la finca estatal, pero también la comunidad rural de los populistas, la articulación de formas productivas bajo hegemonía estatal propalada durante la NEP y, finalmente, en capítulos posteriores la colectivización campesina.

Nuestra tesis al respecto, la que desarrollamos a lo largo de este trabajo, se divide en tres: primero, consideramos que los objetivos, control estatal y desarrollo acelerado, se contradicen. Si inicialmente el control central, que origina en la preocupación por la defensa de las conquistas alcanzadas sea funcional, posteriormente se vuelve un obstáculo al aspirar el desarrollo económico. Segundo, si la superioridad de la producción colectiva no se demuestra convencedoramente, debe relajarse la primacía del colectivo en la teoría de transición. Tercero, en vista de la contradicción señalada, la falta de superioridad de la producción colectiva y el hecho que no se produce la inequivocada desaparición de la pequeña producción, planteamos que la producción individual y la propiedad privada puede recobrar relevancia cuando se logre de otra manera la colectivización. En el séptimo capítulo desarrollamos, por lo tanto, el concepto de colectivización campesina.

Cooperativas de Producción, fincas estatales y comunidades rurales

Al triunfar la Revolución de octubre en la URSS la estructura de tenencia no reflejaba una concentración, que hiciera posible su confiscación y transferencia a los trabajadores. Dominaba un tipo de productor parcelario y la Reforma Agraria del postriunfo aumentó incluso substancialmente el número de propietarios (Deere, 1987: 219-220; Dijkstra, 1988: 29]. La colectivización era contemplada en una etapa posterior. Durante la Nep, Lenin lanzó su llamado a formar cooperativas de producción, idea que recuperó de los clásicos, Marx y Engels, quienes contemplaban la unión voluntaria de las sobrantes tierras campesinas en cooperativas, a la hora de proceder a la expropiación de las tierras en el capitalismo madurado [Engels en: Marx Engels obras escogidas: 666-667]. Estas cooperativas en el contexto de la economía socializada pertenecerían al sector socialista o reformado [Lenin, 1981: 643]. Sin estas cooperativas, el campesinado se desarrollara en pequeña burguesía y enemigo del socialismo aprovechando el funcionamiento del mercado: “...el sector privado, (…) es capitalista o (…) es potencialmente capitalista, como es el caso de los pequeños productores. Entonces, la tarea específica del Estado es reemplazar al sector privado en cuanto es posible desde el punto de vista administrativa, o tácticamente conveniente”, era el argumento propio de la NEP [FitzGerald y Wuyts, 1988: 4]. Esta amenaza se controlaría cuando el campesinado estuviera organizado en cooperativas, utilizando las políticas estatales, en la misma manera que se controlaba las empresas industriales capitalistas. El acceso a los medios de producción, la organización del proceso de trabajo y la apropiación del excedente serian socializadas. Es decir, las cooperativas estarían subordinadas al Plan, lo que garantizaría ese control [FitzGerald y Chamorro, 1987, Cox, 1986: 22-23].

En las cooperativas los campesinos podrían acostumbrarse al trabajo en común. A través de incentivos de crédito, el Estado podría fomentar la cooperativización y cambiar la actitud de los campesinos de cara a la producción y propiedad [Cox, 1986:23- 24]. A pesar de que Lenin, igual que los clásicos enfatizaba el carácter voluntario del proceso, a partir de 1929 Stalin colectivizó de manera forzosa, a fin de acelerar la acumulación y aportar a la industrialización y el desarrollo económico general. Después de la segunda guerra mundial, el énfasis fue puesto en las fincas estatales, las que fueron consideradas, entonces, como la forma más avanzada de producción socialista [Deere, 1987: 222]. A partir de esa experiencia, los países en transición al socialismo han concebido la colectivización, el establecimiento de colectivos de producción, como una meta estratégica [Deere, 1987: 234; Núñez Soto, 1987b: 55. 66-67]. Todos los países del Tercer Mundo en transición al socialismo, con la excepción de Vietnam, priorizaron la producción estatal, debido a la importancia del sector capitalista expropiado en la Reforma Agraria [Deere, 1987: 249]. Así pues, las grandes unidades capitalistas del sector primario exportador, están "sujetas a estatización al inicio de la transición” [FitzGerald, 1987a: 168]. Lo mismo aplica a las tierras de empresas extranjeras y de los allegados al régimen derrocado o colonialista. Al numeroso campesinado se intentó concentrar en colectivos de producción.

Teóricamente, se consideraba que era conveniente un proceso gradual en el cual las políticas gubernamentales sirven de apoyo. Este es presentado ahora como el camino “clásico” [Deere et al., 1985: 90]. En realidad, siempre fue acompañado de coerción más o menos sutil. En la sentida necesidad de colectivizar influyen prejuicios ideológicos de desconfianza hacia el campesinado [Nove, 1983.- 115]. Adicionalmente, influye la superioridad atribuida a la producción colectiva, lo que es objeto de nuestro análisis siguiente. En esta visión de superioridad del sector reformado, la entrega de tierra individual es contemplada únicamente como medida táctica. Entregas de parcelas “para ganarse el apoyo campesino aunque se retrase la colectivización” [Núñez Soto, 1987b: 66, Dunman. 1975]. Al haberse creado las condiciones técnicas, económicas y políticas se procede a la colectivización, como se hizo en el caso Vietnamés y de la URSS.

Los populistas propalaron la comunidad rural, la Obshchina como una aproximación al colectivismo. Predominaba en ella la costumbre de realizar trabajos en común y la ayuda recíproca así como la práctica de asignar lotes de tierra iguales a las familias y una redistribución periódica del suelo. Inicialmente, la comunidad rural fue vista como el instrumento para impedir el advenimiento del capitalismo y la promesa de pasar directamente al socialismo [Cox, 1986: 13]. La propiedad seria comunal y las comunidades se establecerían como entidades cerradas, autogestionarias y autosuficientes. La tendencia, ya anteriormente comentada de los Narodovoltsy, aceptaba que el capitalismo ya había avanzado en el campo ruso, pero creían igualmente que la comunidad rural, con el paso de la tierra a los campesinos, podría asegurar la igualdad y servir de organización social de la producción en el socialismo. En la perspectiva de desarrollo de este grupo el paso de la tierra a manos del pueblo crearía las condiciones para que los comuneros evolucionaran del goce individual del suelo hacia el goce colectivo y el trabajo en común. El trabajo y la igualdad eran considerados como el fundamento de la organización social de la futura sociedad. Con la organización colectiva del trabajo esperaban, como era muy generalizado entre los socialistas, poder aprovechar las conquistas de la ciencia, la mecanización y elevar la productividad del trabajo [Tvardovskaia, 1978]. La discusión sobre el papel de la comunidad rural sigue vigente [Gustavo Esteva en Redclift, 1979; Gianotten en de Wit, 1985; Bastiaensen, 1991; Kervyn, 1992].

La superioridad del sector reformado

Los proyectos de colectivización comentados, difieren en los objetivos mis sobresalientes. La cooperativización Leninista enfatiza el control estatal sobre la producción campesina. La colectivización Stalinista prioriza la aceleración del desarrollo económico. Y, la colectivización en base a la Obshchina, desea la igualdad socioeconómica. No obstante esas diferencias, las unidades del sector reformado dentro del pensamiento socialista tiene una connotación de superioridad, que se relaciona con la esperanza de que contribuyen simultáneamente a estos tres objetivos, con la única nota en el margen que control estatal en la tendencia populista significa aún control popular real.

La superioridad se postula, primero, en términos económicos. Facilitaría la explotación a gran escala, lo que posibilita la mecanización y la cooperación entre los trabajadores. Así se haría uso más racional de tierra y trabajo, o sea se lograría una eficiencia mayor en el sector reformado. Se esperaba que los colectivos se constituirían como base de la acumulación socialista acelerada. Segundo, en términos sociales, los colectivos facilitarían el mejoramiento de la infraestructura física y social, como educación, salud, viviendas y electrificación, la eliminación de relaciones explotativas de clase y sexo y la eliminación de pobreza. Tercero, en términos políticos facilitaría la integración de los productores como sujetos activos al proceso de desarrollo nacional, siendo el colectivo a la vez el instrumento de movilización dirigida por el Estado, como marco de participación de base [White y White. 1982: 1]. El colectivo sintetiza de esa manera las aspiraciones socialistas en cuanto se refieren a las relaciones de producción en el sentido económico, político, social y cultural más amplio. Se espera que esa superioridad se exprese en la producción y productividad, que se realicen en ellas las ventajas que Marx esperaba de la superación de la propiedad individual del trabajador. Las esperanzas con respecto al potencial de este tipo de cooperativa como la única vía de alcanzar un mejor nivel de vida y evitar diferenciación social y económica, eran incluso compartidas por no-marxistas [Galjart, 1972,1976:59].

Los argumentos a favor de la colectivización, en el sentido del establecimiento de empresas estatales y cooperativas de producción, son cuestionables. Primeramente dedicamos algunas palabras al aspecto económico. Plejanov, el primer marxista ruso, consideraba imposible el cultivo colectivo de la tierra en el caso de una agricultura poco tecnificada, porque no había posibilidades de división de trabajo. Solamente con el avance de la tecnificación se adoptaría el trabajo colectivo. Bervi-Fierovski, el ideólogo populista, planteaba que la pequeña producción era mas eficiente y en sus planes se preveía una combinación de economía individual y economía colectiva. Marx planteaba sobre esas controversias que las condiciones para el trabajo colectivo eran dos: que fuera económicamente indispensable y que existieran las condiciones indispensables para su realización [Tvardovskaia. 1978:120-124].

Contrario a lo que creía Marx no es económicamente indispensable, a pesar de que existen ahora las condiciones para su realización, vía la oferta de maquinaria. Las economías de escala en la agricultura no se producen de manera tan convencedora como las encontramos en la industria [Kuching, 1982: 158; Nove, 1983: 88]. Chayanov ya hablaba de que sólo existía un tamaño óptimo por cultivo [Shanin, 1971b: 268]. Pero es más, en términos generales es aceptado que en la agricultura no se producen economías de escala [Berry y Cline, 1979: 134]. Adicionalmente, por la dificultad de conjugar los intereses familiares de los integrantes con el progreso de la unidad colectiva, se producen en la práctica problemas organizativos y productivos, que restan a las eventuales ventajas teóricas y micro-económicas del colectivo [Galjart, 1991]. Por lo tanto, gana apoyo la propuesta de Bervi-Flerovski y se ha reconsiderado el imperativo absoluto de la producción colectiva, abogando por que las actividades colectivas sean combinadas con agricultura individual en las tierras del colectivo [Dong Fureng, 1988, Bastiaans y De Groot, 1988]. Bervi-Flerovski consideraba el trabajo colectivo necesario para drenaje, riego, construcción y uso de maquinaria. Aún para estos trabajos y el uso de maquinaria parece que formas de cooperación entre productores individuales y arreglos de mano vuelta pueden ser igualmente efectivos.

En resumen, desde este punto de vista microeconómico no existe una preferencia convencedora por la colectivización.

En relación a objetivos macro-económicos, Dijkstra observa que la colectivización tampoco es requisito para elevar la acumulación. En la URSS se había abandonado la NEP y procedido a la colectivización con este fin. Sin embargo, la tasa de acumulación era menor después de la colectivización, que durante la NEP. Incluso hubiera sido posible continuar la economía mixta bajo la Nep y las altas tasas de acumulación, al cumplir con tres condiciones: estabilidad macro-económica, acumulación privada mínima para que los productores continúen produciendo y la disposición por parte del Estado de los medios necesarios para hacer efectiva su política de precios [Dijkstra, 1988: 48].¹⁸ Ahora, se ha argumentado que la colectivización si contribuyó a la rápida proletarización del campesinado en la URSS, lo que sirvió de apoyo a la industrialización. Aunque fuera cierto, esto no continúa siendo una ventaja para los países del Tercer Mundo, donde la permanencia de los campesinos se produce precisamente ante la imposibilidad del resto de la economía para absorberlos.

En relación a los argumentos sociales observamos que no es necesario que el campesinado tenga la tierra en común o trabaje colectivamente, para establecer centros de salud, educación o viviendas. Es ventajosa su concentración en pueblos, que muchas veces es considerado un corolario lógico de la colectivización, pero obviamente se puede realizar ese mejoramiento de la infraestructura física y social, sin necesidad de colectivizar la producción o la tierra.

Seguirá siendo prioridad la colectivización para aquellos que consideren que en las cooperativas y empresas estatales se establecen las relaciones de producción socialistas, y que apoyen la noción marxista en la cual las relaciones sociales en las unidades productivas constituyen la fuente de las relaciones de clase de la sociedad en su totalidad [White et al.. 1983: 21]. Sin embargo, con ese objetivo en mente las formas de organización pueden ser más flexibles. Deere argumenta por ejemplo, y con esto estamos abordando también el tercer aspecto, que es más importante determinar cuál forma organizativa forja normas de participación democrática, como parte integral de la construcción de las nuevas relaciones de producción socialistas. En su visión el énfasis ha sido puesto demasiado en su función con respecto a la acumulación [Deere, 1987:249]. El colectivo de producción, por ejemplo, no es el medio que garantiza automáticamente las funciones que realza Deere. Pues, la falta de participación democrática de las estructuras colectivas establecidas, así como la predominancia masculina a lo interno de ellas y la ineficiencia de la planificación centralizada que acompaña a la colectivización, son las críticas mas vertidas. Además, los colectivos son utilizados como instrumentos de control y como proveedores de alimentos baratos, en vez de constituirlos como instrumentos de desarrollo rápido e igualitario [Whitey White, 1982: 1].

Profundizando sobre la supuesta superioridad del colectivo, queremos tratar mas extensamente los tres temas relacionados con los objetivos centrales de la colectivización: desarrollo económico e introducción de la técnica; la lucha por una sociedad mis igualitaria; y la organización de los campesinos en relación al poder central, es decir el aspecto de control popular y control estatal.

Formas de organización del trabajo y desarrollo

Sobre el primer tema, observamos que en el campesinismo domina la idea de la mayor eficiencia de la pequeña producción campesina para el aprovechamiento de los recursos en la producción, retomando el tipo de estudios documentados por Chayanov [Chayanov, 1966; Centro de investigaciones Agrarias, 1974, Berry y Cline, 1979; Bastiaensen, 1991]. Aunque algunos descampesinistas, para llamar así a los representantes de la ortodoxia socialistas y las teorías de modernización, hayan llegado a aceptar esas interpretaciones benévolas sobre la producción tradicional campesina, el desarrollo económico en esta visión requiere de una modernización de la agricultura. Los campesinos son tal vez eficientes en su medio, pero siempre conservadores al momento de los cambios, alegan éstos. Ellos deben, según los mismos, ser persuadidos para que se modernicen y aumenten la productividad. El desarrollo rural vuelve así a ser una actividad en beneficio de los campesinos, para convencerlos, para darles la técnica adecuada. En la extensión agrícola, las técnicas participativas pueden ser utilizadas para convencerlos, pero las empresas estatales de gestión centralizada y cooperativas de producción controladas por el Estado son vistas como medios mas efectivos para promover el desarrollo. Queremos profundizar sobre el tema de la transferencia tecnológica, a fin de ver si la cooperativa de producción efectivamente así demuestra su superioridad.¹⁹

La tecnificación de la agricultura en la teoría socialista se ha enfocado predominantemente desde la introducción de los frutos de la industrial la mecanización y la quimización. El desarrollo de las fuerzas productivas en la agricultura se equipara, a veces, con la aparición de tractores, fertilizantes químicos y equipos de riego. Desde el punto de vista del productor, la introducción de la técnica no se relaciona solamente con la oferta y el eventual uso de ciertos componentes técnicos, sino también con la incorporación de los mismos, de manera que lleguen a ser partes integrantes de su sistema productivo. Referimos a esto como la internalización tecnológica, concepto que utilizamos en analogía a la internalización de normas y valores en la sociología. Este proceso pasa por una experimentación, a nivel del mismo productor, para que encuentre la forma idónea de incorporar los nuevos elementos. El problema actual de la agricultura modernizante es que los nuevos elementos técnicos, muchas veces no son internalizados, sino aceptados a recomendación o persuasión externa. Abordamos este problemática, a partir del trabajo Bolhuis y Van der Ploeg [1985].

La oferta creciente de nuevos elementos tecnológicos en nuestros días es mal incorporada en el sistema de producción. Esto es atribuido a un problema cultural relacionado con los productos de la industria del occidente que no caben en la cultura agrícola nativa [Kessel, 1990]. No apoyamos esa tesis. La adquisición de los nuevos elementos incorpora al productor más en el mercado. Ahora, en contacto con el entorno comercial surgen diferentes formas de organización del trabajo productivo.

En investigaciones realizadas en México, habíamos concluido que esa incorporación podría conducir a la marginación de las familias campesinas. Deducíamos esa consecuencia de la presión por aumentar el tamaño de la milpa, a raíz de la presión que se ejercía sobre los productores para buscar mayores ingresos monetarios. El aumento del tamaño de la milpa resultó en un rápido desgaste de los recursos naturales a su disposición, por la reducción del tiempo de barbecho. Al mismo tiempo, se produjo una variación de la película laboral por la especialización más exclusive en la producción agrícola, porque los productos y servicios ahora adquiridos en el Mercado, antes eran producto del propio trabajo de la familia campesina. Esto aumentaba, en la situación investigada, las contradicciones internas en el sistema productivo familiar, porque no permitía un aprovechamiento más sintonizado de trabajo, tierra y capital en las diferentes actividades, al contrario

[Blokland, 1982b; 1983]. Lógicamente, esa especialización en otras situaciones puede abrir el camino a] progreso, de acuerdo a la teoría de las ventajas comparativas.

También entre los productores que no sufren Una marginación, se producen cambios en el sistema productivo a raíz de su incorporación al Mercado y del intercambio más intensiva con el entorno institucional. En base a estudios [Bolhuis y Van der Ploeg, 1985] en zonas agropecuarias homogéneas, o sea zonas meramente ganaderas u otras meramente de granos, se observan diferencias importantes en los rendimientos, entre las fincas del mismo tamaño y con Una dotación de capital similar. Diferencias que no son el resultado de Una variación casual, sino de diferentes formas de organización del trabajo y de la producción. Se destacan dos tipos principales: la intensiva y la extensiva. Una parte de los productores intensifica su producción aumentando rendimientos por unidad territorial o unidad animal. Otros buscan como ampliar sus fincas y reducir costos. Ambos con el objetivo de ir generando ingresos personales mayores. Ambas opciones son validas del punto de vista económico-productivo, generando incluso niveles de ingresos similares. Donde la incorporación al Mercado resulta en dependencia del productor de las empresas de acopio y distribuidoras de insumos, del banco y la asistencia técnica; se observa Una tendencia a adoptar Una forma extensiva. En cambio, cuando el productor logra mantener cierta independencia frente al Mercado de bienes y servicios, produciendo algunos insumos en su finca y aportando trabajo propio, por ejemplo; se observa Una tendencia hacia la intensificación de la producción.

Para un productor dependiente del Mercado, la mano de obra, los insumos y los servicios de maquinaria son costos directos de producción. La utilización de los mismos es objeto de Una constante evaluación. El productor en cualquier momento puede reducir mano de obra, insumos o el alquiler de servicios, con el objetivo de reducir costos y lograr su aprovechamiento en actividades más rentables. Al mismo tiempo, la inversión debe reproducirse a corto plazo, siendo por Io tanto los resultados a corto plazo, los más importantes para este tipo de productor. El periodo del plan económico-productivo entonces debe ser corto y cada ciclo debe ser rentable. El productor adapta la organización de la producción a lo que dictan el Mercado y Los precios vigentes. El riesgo mayor para este productor ya no son las fuerzas de la naturaleza, sino la coyuntura económica. Debe hacerse empresario agropecuario y adaptarse a las vicisitudes del Mercado.

El productor dependiente buscara como evitar el riesgo económico. Por eso reduce la utilización de los factores de producción dado un determinado nivel técnico. Es decir, la reducción de costos no resulta de un aumento de la eficiencia de los insumos utilizados, sino que está en función de la reducción del riesgo económico y dependencia del Mercado. Esto incluso da lugar a Una producción menor por manzana o animal que la técnicamente posible, siendo la 'ampliación de su finca', la única vía que le queda a este tipo de productor para aumentar sus ingresos.

En cambio, los productores que logren mantener Una 'autonomía' respecto al Mercado y al entorno institucional, tienden a optar por la intensificación. La forma intensiva se caracteriza por el 'empeño' la 'pasión y los 'conocimientos técnicos' que determinan la 'preocupación' del productor por sus animales o sus siembras. Esta se expresa en altos rendimientos por manzana o por animal y alta calidad de su producción, aumentando de esa manera sus ingresos.

Para forjar esa calidad se requiere tiempo para experimentar, dar seguimiento continuo a la producción y evaluar los resultados. Los nuevos elementos técnicos que le son ofrecidos, los sujeta a una validación, de tal manera que se aumente la eficiencia de los mismos y se incorporen en su sistema productiva, es decir que sean internalizados. El productor aumenta de esa manera sus conocimientos técnicos en base a experimentos realizados por él, validados en la práctica de su propia finca, convirtiéndose de esa manera en profesional agropecuario, técnico empírico e innovador campesino.

En cambio, el productor dependiente del mercado analizando como costo el trabajo invertido en el aumento de los conocimientos empíricos. Buscar como reducirlo, así que nunca su trabajo va tener la misma calidad o los mismos rendimientos por hectárea o animal.

Analizando el desarrollo agropecuario en América Latina, se observa un aumento creciente del uso de insumos externos, cuyo efecto acumulativo en el crecimiento del sector agropecuario en los años setenta debería ser de un 6.4%. Sin embargo, en realidad se realizó un crecimiento real de apenas 3.6% [Holhuis y Van der Ploeg, 1985: 405]. Este fenómeno es atribuido precisamente a los efectos negativos de la extensificación. Bajo la influencia externa del mercado, de las casas distribuidoras de insumos y de la banca; el productor tiende a reducir la experimentación y tal vez a aceptar nuevos elementos tecnológicos, pera con aplicación extensiva. De esta manera, se produce entonces el desarrollo suboptimal de la agricultura.

En la agricultura se puede elevar la tasa de crecimiento en base a los recursos existentes, enrumbándola hacia la intensificación. Esto requiere que la introducción de nuevos elementos técnicos sea acompañada con una ampliación del trabajo sobre todo en forma de dedicación, preocupación, seguimiento y experimentación, de manera que conduzca a la internalización de la tecnología. De esa forma, la eficiencia de la técnica es mayor y el producto por manzana o por animal aumenta'. Se realiza entonces el potencial de crecimiento económico implícito en la ampliación de la disponibilidad de insumos. Para eso los productores tienen que liberarse de la camisa de fuerza, en la cual les tiene amarrados la asistencia técnica, las casas comerciales, los bancos y los institutos de investigación. Habrá que revertir la tendencia a la extensificación, aún en medio de una creciente incorporación al mercado, ya que esta continúa. Tampoco es preciso reducir las posibilidades de adquirir los frutos del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industria. Más bien, vale ampliar al máximo las ofertas tecnológicas al campesinado porque hoy en día existen soluciones técnicas a cualquier escala, precio y circunstancias agrológicas, así que él, experimentando, puede escoger lo que mejor le convenga.

Ahora, la intensificación señalada por Bolhuis y Van der Ploeg muchas veces se produce a la par de otra que aumenta la intensidad del trabajo. Es decir, la forma intensiva de producción se evidencia también en planes de cultivos y tecnología utilizada. El CIERA presenta una tipologia completa de este tipo de productor, y lo llama “pequeño productor campesino intensivo"²⁰ [CIERA, 1989d: 251]. Se caracteriza por buscar el ingreso neto más alto posible por manzana, incorporando una gran cantidad de trabajo familiar. La cantidad de tierra disponible es baja en relación a la cantidad de fuerza de trabajo disponible en la familiar Los cultivos escogidos permiten obtener elevados márgenes brutos por manzana. Los sistemas implementados son generalmente completos implican rotaciones de cultivos y/o una asociación estrecha entre la agricultura con la ganadería, a fin de aumentar la fertilidad, de valorizar los sub-productos o de disponer de tracción animal. Todos los casos suponen de parte del productor un dominio y conocimiento profundo del medio. No necesitan la contratación de mucha mano de obra por manzana cultivada. Hacen uso de mano de obra temporal, pero no usan trabajadores permanentes asalariados. La mujer campesina se hace cargo de cierta transformación artesanal de productos agropecuarios para aumentar el valor agregado producido en la finca. Esta ubicado donde existe posibilidad de integración a los distintos mercados. Están muy integrados al mercado. Muchos de sus productos son para la venta y el peso del autoconsumo es relativamente bajo, aunque alcanzar la autosuficiencia alimentaría constituye un objetivo importante para la mayoría de estos productores. Han hecho uso del crédito para resolver serios problemas de caja. Son considerados por el banco como buenos clientes. La propiedad de la tierra permite al productor hacer inversiones en su finca y gracias a estas maximizar sus ingresos por manzana: plantaciones de café o de frutales, rotación de cultivos, control de erosión, mantenimiento de fertilidad. El nivel de inversión en cada familia suele ser alto y supera el 50 por ciento del ingreso anual del productor en ciertos casos. Esta insertado generalmente dentro de unas redes de intercambio a nivel de su comunidad. Es frecuente encontrar al mismo tiempo dos generaciones, padre mas hilos casados, sin que sea posible disociar completamente sus respectivas fincas. Evidentemente las mejoras que realiza en la finca las proyecta como inversiones para sus hilos. Suele comprar tierra arable para sus hilos [lbid: 251-258]

Cabe preguntarse, ¿cuáles factores favorecen la intensificación? El estudio mencionado de Bolbuis y Van der Ploeg indica que es posible intensificar en medio de la creciente incorporación al mercado, en la medida que los productores logran hacer prevalecer otros criterios en la organización del trabajo y la producción. Mencionan la lucha social a fin de aumentar el empleo en el campo, así como la autonomía de las organizaciones campesinas como factores determinantes para la intensificación. De esa manera, el fortalecimiento del poder político y la organización del campesinado, son vistos como factores determinantes [Bolhuis y Van der Ploeg, 1985: 388- 394, 415]. Hablando de organización campesina, resulta entonces el interrogante, ¿Hasta qué punto la organización colectiva de la producción contribuye a ese objetivo? Pues, en el pensamiento socialista el colectivo era visto como el medio idóneo para introducir la técnica en la agricultura pero ¿hasta qué punto esa organización favorece la intensificación de la producción?

La flexibilización interna de las cooperativas de producción a que nos hemos referido, se debe a la experiencia de que la parcela familiar tiene un papel importante en la intensificación del trabajo [Nguyen Huu Dong, 1982:27]. Esto no se refiere a la esencia del concepto de intensificación de Bolhuis y Van der Ploeg, sino a ese otro aspecto muchas veces relacionado. De por si, tiene su importancia en los países en desarrollo para aumentar el empleo en la agricultura. Subraya, por Io tanto, la necesidad del respeto a la producción familiar en la agricultura así como a la lucha del campesino por su derecho a la tierra y por la flexibilización de la organización interna de las cooperativas de producción, sin hacer simples ponderaciones de la supuesta individualidad de los campesinos, como Io hicieron populistas como Bervi- Flerovski y Komarov [White et al., 1983: 24-25; Tvardovskaia, 1978:121]. Es más, introduciendo el concepto de intensificación, o sea la necesidad de la internalización tecnológica, es posible que la discusión sobre la organización de la agricultura se ha sesgado demasiado hacia la supuesta contradicción individual-colectivo. La contradicción mas importante en relación a la introducción de la técnica es la extensificación versus intensificación. No es obvio de antemano cómo el colectivo de producción contribuye a la intensificación de la producción en el sentido de Bolhuis y Van der Ploeg.

Igualdad y colectivización: el papel del mercado

El segundo tema que queremos analizar, se refiere a la perspectiva de una sociedad más igualitaria. Sin duda ha sido uno de los motivos de colectivización, ya que la distribución de la tierra en una sociedad agraria es vital en este aspecto [Lipton, 1974; Adelman, 1975; Griffith y James, 1981; Gianotten y De Wit, 1985:180; FAO, 1987:156,169. Vos, 1987:103].

Los Narodovoltsy ya planteaban que “en una sociedad posrevolucionaria” (...) "con el paso de la tierra a los campesinos, los principios de la comunidad rural indudablemente asegurarían la igualdad social' [Tvardovskaia, 1978:104].

La redistribución de ingresos en las países socialistas era obvia y ha sido documentada, por ejemplo en la China [Wertheim y Steifel. 1982] ¿Hasta qué punto este efecto se debe a la colectivización de la producción? La colectivización de la agricultura después de la redistribución de la tierra, no elimina las tendencias hacia la diferenciación socioeconómica, aunque los mecanismos pueden variar en comparación con una agricultura capitalista. Asimismo, estudios en Vietnam ilustran que acceso diferenciado a tierra y trabajo se originan de factores dentro del colectivo, de la relación de la familia campesina con la brigada y la cooperativa, especialmente con los cuadros en ellas.

Adicionalmente, es de esperar que se produzca una diferenciación entre las cooperativas por la variación de éxito económico entre ellas. La existencia de esa diferenciación entre cooperativas en el caso vietnamés es explicado por la relación de los cuadros con los niveles superiores, especialmente por las posibilidades de resistir exigencias estatales [Fforde, 1987]. Enfocando los casos muy comunes de poca resistencia ante las exigencias externas, Chayanov había realzado el surgimiento de un élite de cuadros burocráticos en la cooperativa de producción, con vínculos al mundo externo, reforzando la dependencia campesina de los complejos semi-industriales (Shanin, 1971b: 269].

Influye en la diferenciación económica los sistemas de remuneración utilizados en la cooperativa [Bastiaans y De Groot, 1988: 7]. Igualmente, las posibilidades de participación de familiares. La remuneración por trabajo aportado y la falta de posibilidades para la integración de los niños y mujeres en los colectivos, resulta fácilmente en diferencias considerables entre familias. Cabe mencionar también las funciones que a veces son atribuidas al colectivo, en el sentido que facilitaría la retención de mano de obra y ofrecería empleo a un número mayor de personas en comparación con la agricultura familiar. Esto depende de la tecnología empleada y la tendencia hacia la intensificación anteriormente comentada. En realidad, el colectivo muchas veces es impulsado para la introducción de tecnología que ahorra mano de obra (mecanización) [cf.Luning, 1972]. Al mismo tiempo que no está aclarado si y como contribuiría a la intensificación del trabajo productiva. Es decir, la diferenciación sigue existiendo a pesar de la colectivización.

Debe preguntarse si el efecto redistributivo observado no seria más bien el resultado de una política macro-económica más amplia. Marchetti enfatiza que “la democracia socialistas depende mucho mas de las dinámicas de los macro procesos que de la nueva instalación de formas de producción socialistas” [1987: 124]. Aunque Marchetti no se refiere directamente a nuestro tema, es conveniente diferenciar las políticas macro-económicas según su efecto para la redistribución de ingresos. La distribución mas igualitaria en el campo socialistas es mas el resultado de un subdesarrollo colectivo del sector agropecuario. Este, sometido a una transferencia de capital al Estado, no obtiene posibilidades para el desarrollo económico de las unidades. Es el resultado de la preocupación por contener el resurgimiento de la pequeña burguesía, encima de una preocupación por crear las condiciones de desarrollo para los campesinos marginados.

Esta forma de imponer igualdad, ha dado lugar a teorizaciones sobre la supuesta contradicción entre desarrollo económico y redistribución de ingresos [Galjart, 1990]. Muchas veces se equipara a] dilema entre desarrollo e igualdad, como una contradicción entre mercado y planificación, a control estatal [Croll, 1982: 339]. No existe tal contradicción, cuando el desarrollo igualitario crea condiciones de desarrollo para los más pobres. En la visión populista la falta de desarrollo de la economía fue atribuida precisamente a la desigual distribución sectorial de ingresos, así que la existencia del campesinado numeroso y empobrecido inhibía el crecimiento de un mercado nacional para la industria local [Cox, 1986- 16]. La relación entre la desigual distribución y la forma de desarrollo es un aspecto central en el concepto 'desarticulación social' de De Janvry [1981], el que tratamos más extensamente al iniciar el siguiente capítulo, por la importancia que tiene para el análisis del caso nicaragüense [cf.Marini en Kay, 1990: 17-18]. Entre los pasos hacia la articulación de la economía no figura el establecimiento de colectivos, encontrándose el condicionante principal del crecimiento desarticulado en los términos de intercambio con el sector productor de alimentos.

La atención por los macro procesos antes mencionados, adquiere más relevancia ante la imposibilidad de colectivizar la economía, el continuado funcionamiento del mercado y la permanencia del campesinado parcelario. Son importantes, entonces, las teorizaciones que se han producido sobre colectivización e igualdad en esas circunstancias.

La antes comentada escuela de Kritsman tenía como idea especial de interés, la diferenciación entre el campesinado en la época particular de la NEP [Cox, 1986: 73]. Esa diferenciación no se produce solamente por la existencia de relaciones capitalistas, es decir entre terratenientes y sus obreros, sino también entre campesinos parcelarios. Para subrayar ese punto, se enfatiza la existencia de fincas familiares que no emplean mano de obra, y que esto no significó que no ha habido transición al capitalismo [Ennew et al., 1977: 306]. Ya no son las fincas naturales, unidades de producción y consumo autónomas. Su carácter capitalista se expresa en su subordinación al capital, argumentaba Marx sobre el caso de los productores parcelarios de Francia [Marx en: Marx Engels obras escogidas: 174].

Lenin también enfatiza que en el capitalismo las fincas familiares están inmersas en la producción comercial especializada, y se unen por el mercado y la circulación de bienes. Esto determine el carácter capitalista de la economía rural, aún cuando la organización interna de las fincas no necesariamente refleja relaciones de producción capitalistas, es decir, a pesar de que no emplean asalariados y no son capitalistas en cuanto a su organización interna se refiere [Ennew et al., 1977: 298-299]. Este argumento es retomado en los análisis de la llamada commoditization school

[Bernstein, 1981]. Es una noción ahora ampliamente compartida [Goodman y Redclift, 1981; Astori, 1981:1357-1358]. En esencia la subrayamos, oponiéndonos a Corrientes que parten de una economía campesina o modo de producción campesino, separada de la economía o modo de producción capitalista [conceptualización de Kritsman en Cox, 1986:234].

Ahora, a más de ser fuente de diferenciación económica, al mercado es atribuida una función socializadora. El mercado establece los contactos entre los productores, hace posible la división de trabajo y la especialización [Tvardovskaia, 1978:104-105]. En el socialismo de la NEP, podría ser aprovechada esa función socializadora del mercado. La escuela de Kritsman enfocaba las condiciones bajo las cuales se podría conectar la “pequeña burguesía agraria" a la economía estatal, encontrando estas, primero, en el Estado que controla los 'altos de comando' de la economía, por ejemplo, el suministro de crédito, los precios y los tasas de interés y, segundo, en la organización del campesinado en cooperativas [Cox, 1986:226-228]. Son ideas claves, propias de la NEP y congruentes con aquellas de Lenin.

Esta organización económica ha sido rescatada en los países en transición del Tercer Mundo, ya que la estatización de esas tierras no conduce a la colectivización completa de la agricultura. La realidad agraria de los países en desarrollo al momento de la toma del poder es de una complejidad, porque a la par de las empresas capitalistas existen diferentes formas de producción, cuya expropiación es políticamente inconveniente. Su cooperativización, la unión voluntaria de la tierra, resulta difícil en vista de la resistencia del campesinado. Se analizó que el eje central de la colectivización es que el excedente, las decisiones sobre la acumulación y la organización del proceso de trabajo sean transferidos al Estado. Por tanto, también la gran producción agraria capitalista puede mantenerse bajo propiedad jurídica privada, siempre y cuando se sujete al plan, convirtiéndose en subcontratista del Estado. Vía la hábil manipulación de factores como precios, crédito, inversiones, exportación e importación se aprovecha la capacidad administrativa mayor que existe en el sector capitalista. Se logra también que el sector estatal sea eje de la dirección económica que domina a las otras formas de producción vía una articulación mercantil y por mecanismos administrativos [FitzGerald. 1987a: 170,166-170]. Resulta un concepto diferente de colectivización, que Ilamamos colectivización indirecta.

Se argumentó incluso que esta colectivización indirecta serviría mejor a la acumulación, que al fin y al cabo era el argumento fundamental para promover la colectivización [Deere, 1987: 249; cf.Kaimowitz, 1989: 77]. El objetivo es entonces que se garantice la reproducción simple de las formas heredadas, logrando únicamente en las empresas estatales y cooperativas la acumulación y reproducción ampliada [FitzGerald, 1987a: 166-170]. Es una readecuación para la época del socialismo, de la relación entre el capital y la pequeña producción campesina, la que existe durante el capitalismo [FitzGeraid y Chamorro, 1987: 25].

Volviendo a los mecanismos de diferenciación económica en este contexto de economía de mercado, Kritsman identificó el suministro de servicios como base de enriquecimiento de los ricos rurales [Shanin, 1972: 60-61]. Consideró que el Estado debería dar el apoyo al campesinado pobre en su lucha contra esa dependencia de los ricos [Cox, 1986:226].

Chayanov versando sobre la misma explotación capitalista a través de los servicios a la producción creía que el desarrollo hacia una sociedad modernizante y mis igualitaria que a la vez respondería mas a los intereses del campesinado, no pasaba por la cooperación horizontal, o sea por la organización en cooperativas de producción. Esa vía le parecía imposible en Rusia [Chayanov, 1966:242-269]. Argumenta que el desarrollo en una economía de mercado (la teorización de Chayanov también tiene lugar durante la NEP) daría lugar a la concentración capitalista de manera vertical (vía el comercio, el procesamiento) Io que en su visión es mas importante e impone la organización de la producción [cf.Bolhuis y Van der Ploeg, 1985]. Esa concentración puede darse en cooperativas de servicios. Ahora esta forma natural de concentración puede ser aprovechada como pórtico al socialismo, y sigue una opinión contraria a Io que tal vez se espera en vista de su imagen populista, conectando esas cooperativas de servicios con el Estado, "subordinándole (al campesinado) a la influencia de control de las agencias centrales estatales” [Chayanov, 1966:265].

En resumen, el control de diferenciación económica pasaba en la visión leninista, también en su interpretación de acuerdo a Kritsman e incluso en la óptica de Chayanov, por la incidencia del Estado en los macro procesos y la relación del Estado con formas organizativas campesinas, sea cooperativas de producción en la versión leninista o cooperativas de servicios en la óptica de Chayanov.

Esta subordinación de las cooperativas de producción al Plan significa sin embargo en la práctica socialista que están sujetas a extracción del excedente, aunque teóricamente en estas formas socializadas debería ubicarse la acumulación. Se produce esa contradicción, porque es el sector en que mis efectivamente se despliegan los mecanismos de transferencia de fondos de acumulación hacia el Estado. Al respecto, es oportuno señalar que la política de la NEP, igual que posteriormente la colectivización forzada de Stalin, están íntimamente relacionadas con los intentos de captar alimentos, después del fracaso de la política de captación forzada [Cox, 1986: 22-29]. Durante la NEP, se buscaba el mismo objetivo por otros medios. Es decir, las cooperativas se constituyen en medios Para la implementación de una política macro-económica que va en contra del desarrollo del sector campesino.

Se advierte sobre el hecho que las cooperativas, igual que en el capitalismo, puedan desarrollar su capacidad de resistencia en contra de esta subordinación y a favor de un proceso acumulativo auto controlado en el sector campesino. 'habrán intentos de convertir la cooperativa en empresa autónoma', observan FitzGerald y Chamorro [1987] al comentar un intento de colectivización indirecta en Nicaragua. Contrario a estos autores, valoramos que esta capacidad seria un punto que probara la superioridad de la cooperativa de producción. White [1985] subraya que las cooperativas de producción de Vietnam, las que originalmente también fueron utilizadas como proveedores de alimentos baratos, tuvieron éxito en revertir los términos de intercambio y obtener concesiones gubernamentales como los incentives materiales Para expandir la producción más allá del nivel de subsistencia.

Chayanov en un momento posterior, cuando posiblemente se había conscientizado sobre el verdadero significado de la subordinación al Plan, plantea la cooperación vertical, es decir la integración vertical de cooperativas de comicios, como el vehículo para apoyar esos intentos y contrarrestar también la explotación por la burocracia estatal, igual que la explotación capitalista [Shanin, 1971b: 270]. Las cooperativas de servicios en los países capitalistas se han desarrollado para romper los monopolios en los mercados [Diepenbeek, 1988, 1990]. Posiblemente puedan jugar ese papel en contra del monopolio estatal. La incidencia campesina para revertir los términos de referencia, depende en términos mas generales también de Io que White [1985] llama 'el fortalecimiento de la posición colectiva de negociación' de los productores, que es producto de la organización campesina gremial. Es el resultado de un cambio en el balance de poder a favor del campesinado [White, 1986].

En nuestra interpretación, un desarrollo mas igualitario esta basado en la redistribución de activos, siendo primordial la distribución mas igualitaria de la tierra en una sociedad agraria. A partir de esa redistribución de activos, concluimos que los procesos macro-económicos pueden ser más importantes que las formas organizativas de producción. En el socialismo se requiere especial atención para contrarrestar la tendencia a concentrar la acumulación en el Estado. Las cooperativas de producción, por un lado pueden ser consideradas como receptoras de inversiones, pero por otro lado están sujetas a extracción de capital. Estas cooperativas, igual que las cooperativas de servicios y más general una posición colectiva de negociación campesina pueden ser importantes para restar a esa extracción.

La cooperativa de producción puede entonces jugar un papel para fortalecer esa posición de negociación. A nuestro juicio, en términos generales. se ha enfatizado demasiado el papel de este tipo de cooperativas, también en la función de garantizar desarrollo igualitario. El elemento central puede estar en una combinación de cambios en los procesos macro-económicos encaminados a los que De janvry llama la articulación social de la economía, resultado de una amplia organización campesina que hace posible una presión colectiva para tales cambios. La funcionalidad de los diferentes tipos de organización campesina de base, en relación a este objetivo debe investigarse.

Control popular y control estatal

Para iniciar la exposición sobre el tercer tema observamos que la colectivización de la tierra y la producción, ha sido vista, en primer lugar, como el medio de recuperar esa base económica para la Revolución. Es una acción que siempre será necesaria, a fin de socavar la base de poder y enriquecimiento de la clase dominante. En segundo lugar, ha sido visto como el medio para la conservación de las conquistas en el sector beneficiado y la defensa en contra del resurgimiento del capitalismo. Es decir, a partir del momento de expropiación, existen varias opciones: la tierra y la producción puede ser estatizada; la tierra puede ser redistribuida entre el campesinado como propiedad individual, y, puede ser entregada en usufructo individual o colectivo, manteniendo la propiedad social o entregándola como propiedad cooperativa. Las formas socializadas de la propiedad (cooperativa, social y estatal) se presentan como más efectivas para evitar la reconcentración de la tierra en manos de los expropiados.

También la colectivización indirecta, el hábil manejo de los procesos macro- económicos, puede ser aprovechada para tal fin, garantizando una rentabilidad a las nuevas empresas establecidas en tierra redistribuida. Es mas, esa política macro-económica jugaría el papel central, en caso que las formas de propiedad son privadas, individual o cooperativa, es decir al momento que se acepta que puede darse desarrollo económico fuera del sector socializado, o dicho de otra manera, al momento de aceptar una ubicación mas diversificada de la acumulación. Cabe subrayar que la colectivización indirecta no puede sustituir a una redistribución de activos en el sector privado, ya que las medidas con efecto negativo en la rentabilidad se extienden a los productores privados que el Estado no pudo expropiar, pero igualmente a aquellos que ni siquiera quiso expropiar o a los beneficiarios de la Reforma Agraria.

Señalamos adicionalmente la incompatibilidad entre la democracia Política y la posibilidad de cambios en el control político del Estado a consecuencia de ella, por un lado, y una estrategia revolucionaria encaminada a lograr un control popular sobre el desarrollo vía la estatización por otro lado. Ella es muy relevante para el caso de Nicaragua, pero ni siquiera fue prevista por aquellos que propalaban la democratización política del socialismo [Nove, 1983:197, 227,229]. Formas de producción, distribución y acumulación directamente administradas por los trabajadores son más adecuadas para lograr el objetivo de tal estrategia en una situación de pluralismo político. Esto no niega que el Estado directamente después del triunfo juega un papel importante en la promoción y dotación de recursos a las cooperativas, empresas de autogestión obrera y colectivos de producción, procesamiento, transportar comercialización y financiamiento. Es decir, en las experiencias socialistas democráticas el Gobierno revolucionario debería avanzar rápidamente en potenciar las formas realmente populares. dando prioridad a la acumulación en ellas sobre la acumulación en el Estado.

En resumen, el colectivo y la propiedad social presentan ventajas para evitar la reconcentración de la tierra. La propiedad estatal, sin embargo, es incompatible con una estrategia de establecer control popular sobre la economía en una situación de pluralismo político.

Conclusión

La colectivización en la óptica de los clásicos es la reorganización del proceso laboral en la agricultura que hace culminar el desarrollo progresivo de las relaciones de producción. Pasa por la destrucción de la propiedad del trabajador y por la abolición de la propiedad privada capitalista. En cada transición retiene los elementos de progreso de cada forma, superando sus limitaciones históricas. La colectivización facilita, en la teoría marxista, la incorporación de la técnica, la cooperación entre los trabajadores y la división de trabajo. Da lugar al desarrollo de las fuerzas de trabajo, el dominio de la naturaleza y la superación de la explotación. Busca que las condiciones de trabajo sigan siendo manejadas por el trabajador, sin caer en el aislamiento del propietario trabajador, para superar también la imposibilidad de representarse políticamente.

El socialismo plantea la superioridad de Los colectivos de producción, pero hemos cuestionadas las ventajas de los mismos, en cuanto se refiere a su contribución a los tres objetivos, desarrollo económico acelerado, igualdad socioeconómica y control popular. Primero, desde el punto de vista de la introducción de la técnica para acelerar el desarrollo económico. la contradicción principal no es colectivo versus individual, sino intensificación versus extensificación. Se ha señalado que la organización campesina puede promover la intensificación. Curiosamente, esto nos ubica nuevamente en la discusión sobre la eventual superioridad de la cooperativa de producción.

Segundo, para un crecimiento igualitario planteamos que queda fuera de duda la importancia de la redistribución de activos. Posterior a la redistribución de activos, los macro procesos son mas importantes que la existencia de los colectivos mismos. Para incidir en los macro procesos, la cooperativa de producción, igual que la cooperativa de servicios, puede jugar su papel, pero la sugerencia es que esto se da sólo porque aumenta la capacidad de negociación campesina.

Tercero, la conservación de los activos redistribuidos es efectivamente mejor garantizada vía formas socializadas de posesión (estatal, cooperativa y social). Es decir, de esta manera el colectivo demuestra su superioridad. Sin embargo, al potenciar el desarrollo en las nuevas unidades recobra vigencia la propiedad privada, cooperativa o individual. Desde un punto de vista del control popular sobre el desarrollo, la estatización perderá relevancia en las experiencias de socialismo con democracia política.

En resumen, diferentes formas se ofrecen como las más idóneas para diferentes circunstancias. Asimismo, habrá que diferenciar los aspectos constituyentes de la colectivización, como la expropiación de los viejos poderosos. la conservación de los bienes recuperados en el sector que forma la base social del nuevo poder, la organización campesina en esas acciones y la promoción del desarrollo económico en los diferentes sectores sociales de la economía. Muy probablemente, estos aspectos no se dejan reducir al establecimiento de colectivos de producción, estatales o cooperativas. De esta manera se reduce la absoluta necesidad con que los colectivos han sido impulsados en las transiciones al socialismo. Los interrogantes que quedan con respecto a la superioridad del colectivo serán retomados a partir de la experiencia nicaragüense. Al perder la colectivización su importancia en la socialización de la economía, recobra importancia la planificación, que será el tema de nuestro último análisis.

6 Planificación

Planificación centralizada

La colectivización ocupaba un lugar tan pronunciado entre las acciones consideradas necesarias para establecer el socialismo, que prácticamente se la consideró idéntica a la socialización de la economía. Sin embargo, Bettelheim indicó que para eso, debería ser completada con la planificación, es decir, el mecanismo con el cual la sociedad efectivamente toma control de los medios de producción [Bettelbeirn, 1975: 44-47]. La forma prevista siempre fue la planificación, que en la ortodoxia socialistas es control y dirección estatal centralizada sobre las actividades productivas.

En la teoría de planificación perspectiva aplicada a los países socialistas industrializados, las metas productivas para bienes finales e intermedios se deduce de los niveles de consumo a largo plazo establecidos para la población y el suministro de bienes y servicios colectivos, incluyendo la defensa. Estas metas igualmente sirven de base para estimar la expansión de la capacidad productiva y programar la inversión correspondiente. Esta programación esta sujeta, desde luego, a requerimientos de consumo a corto plazo y balances comerciales. Se asume en tal teoría que el Estado pueda conocer las necesidades de la población a largo plazo, así que controle directamente la producción y distribución, para ajustarlas al plan. Las unidades de producción y distribución son en esta óptica ejecutores de los comandos centrales. Pero en muchos países (Vietnam, Cuba, China, Hungría y otros países de Europa) la planificación centralizada de la economía de comando ha sido reemplazada en su tiempo por una forma descentralizada. En ella, las empresas estaban sujetas a un control financiero mas rígido, al mismo tiempo que adquirieron mis autonomía en el uso de parte de sus excedentes, sin que haya variado la forma de planificación en base a balances materiales [Véase Spoor, 1988, Kaimowitz, 1989; White et al., 1983:19-20].

La planificación en los países del Tercer Mundo generalmente se limita al sector estatal propiamente dicho, buscando una articulación con el resto de la economía, en una forma hegemonizada por el Estado vía los Ilamados 'altos de comando', logrando el cumplimiento del plan mediante Io que Ilamamos colectivización indirecta.

Descentralización de la planificación

Kaimowitz aboga por una estrategia descentralizada de planificación, definida de acuerdo a observaciones de Wuyts [1985] como el proceso multifacótico a través del y cual el poder económico del Estado es usado para realizar el cambio económico. Elogia las acciones de descentralización administrativa, combinadas con más autonomía para las organizaciones campesinas en Nicaragua. El habla en este contexto del "nuevo paradigma de la planificación”, "una orientación nueva en cuanto a la transición al socialismo'” [Kaimowitz, 1989: 70, 75].

Sin embargo, las reformas descritas por Kaimowitz, aún no tocan el papel central de la burocracia estatal, como Io hace el enfoque de planificación para un crecimiento equitativo y sostenido de las llamadas Estrategias de Necesidades Básicas (ENB). Esto abarca también la participación popular como necesidad básica. La participación popular en esta corriente es un instrumento de Los funcionarios públicos en la definición de estas necesidades básicas y además para realizarlas [vos, 1985,1987]. El enfoque es sin embargo, sensitivo a la crítica dirigida a la planificación estatal, pero no abandona esa opción para abrazar el mercado como fuerza reguladora. Solamente redefine el concepto planificación en el sentido de que ya no es así que 'la producción estatal y la provisión estatal de bienes y servicios básicos serán las únicas portadores posibles de la estrategia de redistribución” [Vos, 1987: 97]. Asimismo, a veces se aboga por una planificación participativa, para que no esta 'bajo el dominio de los técnicos, profesionales o ejecutivos administradores de las organizaciones publicas” [Vos, 1987: 10].

No obstante, las experiencias de planificación participativa mencionadas quedan confinadas a nivel micro. Se aprecia en ellas el efecto sobre la eficiencia, eficacia, movilización de recursos, apoyo administrativo, fortalecimiento organizativo y reducción de costos de inversión por el aporte de los pobladores de cierta localidad [lbid: 103, 111, 116]. Aún no se visualiza el potencial y la posibilidad de la planificación participativa como instrumento de dirección macro-económica. Además. no hemos encontrado referencias al papel a desempeñar por las organizaciones sociales y populares en el diseño de políticas [cf. lbid: 100]. Esto hubiera sido congruente con la idea de que éstas juegan un papel efectivo en la ejecución de las políticas. Es decir, en la ENB 'participación' significa solamente movilización, no implica además el otorgamiento de poder [Oakley y Marsden, 1984].

Lowy [1987] tal vez se acerca más a un papel en el diseño de políticas macro- económicas al abogar, por un lado igual como Kaimowitz y las ENB, por que se supere la 'concepción centralista-burocrática' de la planificación, pero, por otro lado, por que 'debe ser sustituido por el control democrático efectivo de los trabajadores sobre el conjunto de la vida económica y social' [lbid: 83). Lowy recomienda, entonces para eso, una discusión pública y democrática de las prioridades y objetivos del plan, así como la creación de mecanismos de control de las organizaciones populares sobre las instituciones de planificación [lbid: 83-84].

Reconciliación de estrategias heterogéneas

Para identificar el problema fundamental en la planificación centralizada de la ortodoxia socialistas, cabe analizar el tema recurriendo a Bettelheim [1975]. En las discusiones clásicas sobre la planificación se enfocaba sobre todo la parte productiva de la economía. Bettelheim se imagina entonces una situación en que toda la actividad productiva se concentra en un sólo sujeto económico: el Estado. En esa situación, el flujo de mercancías (materias primas y productos intermedios) se reduce a cero, o sea los bienes pierden su carácter mercantil La circulación de bienes en esa situación es un flujo interno en el Estado, un intercambio de productos entre las dependencias del mismo sujeto. Cabe señalar que esto sólo se aplicaría a la producción, mientras en la economía siempre existe otra cantidad de sujetos económicos, los consumidores. El haberse abstraído de esa realidad, postulando que el Estado conociera las necesidades de consumo y que el nivel de consumo no tenia implicaciones para el crecimiento económico, es uno de los elementos negativos de la planificación socialistas en su forma clásica con efectos duraderos en las economías socialistas que existían en Europa. La abstracción remonta a las ideas del economista Tugan-Baranovski, quien afirmaba que la industria podría proporcionar la demanda efectiva para su propia producción, es decir que la acumulación podría darse sin tomar en cuenta el nivel del consumo social. Es una tesis que ha sido refutado por SWeeZy [1970:166-, cf. Encuentro, 1989:40].

Ahora, Bettelheim argumenta que dado el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas no es posible la completa estatización y planificación centralizada de la producción. Esto implica que siempre existirían diferentes sujetos económicos, también en la producción, así como la necesidad del mercado y de dinero para hacer posible el flujo de mercancías entre diferentes sujetos involucrados en la producción [Bettelheim, 1975: cap.2]. Esto tiene consecuencias para el plan y en el fondo la planificación se reduce a la reconciliación de estrategias. La otra parte de la esencia de la planificación, la existencia de un modo de apropiación, se deduce del principal argumento a favor de la planificación. Surge de la crítica fundamental en contra de las economías capitalistas. En ellas faltarían mecanismos explícitos para dirigir el proceso productivo e inversionista de las empresas particulares en pro de intereses colectivos. La sociedad no tiene control de los medios de producción. Mediante la planificación, la sociedad pudiera lograr ese control sobre el desarrollo económico. He aquí la esencia de la planificación: “Cualquier economía planificada tendrá por lógica un 'modo socialistas de apropiación del excedente', porque no se puede esperar que los intereses económicos inmediatos de la empresas coincidan con aquellos de la economía en su totalidad. ( ... ) Estoy argumentando que planificación es el proceso de reconciliar estrategias heterogéneas de empresas con la estrategia económica global” [FitzGerald, 1988a: 51]

Cabe realzarse que las intervenciones de la ortodoxia socialistas fueron desmedidas, ya que la apropiación del excedente se realizaba a favor de un proyecto económico de la burocracia partidaria y estatal, postulando que éste era en el interés de la sociedad, pero sin tomar en cuenta la diversividad de intereses de los diferentes estratos sociales, o sea en términos de FitzGerald, descuidando los mecanismos de reconciliación de estrategias heterogéneas.

El problema fundamental de la planificación en la ortodoxia socialista se relaciona con la falta de participación protagónica de las mayorías. Al priorizar esa participación los arreglos para lograr una planificación no tienen que ser desmedidos. Primero, porque la apropiación del excedente no resultará en una centralización, pero en una ubicación diversificada si que pueden existir modos de apropiación diversos, bajo el control de diferentes sujetos económicos. Segundo, porque de todas maneras existe implícitamente un mecanismo que reduce la diversidad de direcciones en que el proceso productivo e inversionista pudiera desarrollarse, lo que facilita la reconciliación. El hecho de que producción últimamente es producción para el consumo [Sweezy. 1970: cap.10; Howard y King, 1975: 223- 226-, White et al., 1983-.13, FitzGerald, 1987b: 124,129-130]. Es decir, precisamente la existencia de esos sujetos económicos, de cuyas preferencias la ortodoxia había abstraído, determine en gran medida las direcciones en que puede desarrollarse la economía.

Además, existen formas populares de ganarse un control más directo sobre los mercados de bienes de consumo, movilizando el poder de los consumidores. Se organizan movimientos sociales a favor de intereses colectivos del medio ambiente o en apoyo a los países en desarrollo, a pesar de que los éxitos concretos al respecto todavía son limitados. Los socialistas ortodoxos, sin embargo, deben darse cuenta de que el hacer coincidir objetivos explícitos de los consumidores, sobre el precio justo y la calidad orgánica de café, con la decisión de los productores a favor de la tecnificación orgánica, resta al carácter mercantil del café [Howard y King, 1975:35].²¹

Ya hemos referido al papel de las cooperativas de producción y de servicios para incidir en el mercado. Son importantes las experiencias cooperativas de servicios de los países industrializados capitalistas [Diepenbeek, 1998,1990]. Igualmente importantes son las formas específicas de concertación entre los agentes sociales que se han desarrollado en los países capitalistas europeos. Las mismas han servido para construir o mantener el relativo consenso con respecto al proyecto socioeconómico. Estas estructuras de concertación se ubican en el nivel intermedio de la economía a todos los niveles, entre las unidades productivas y el Estado. Son el ámbito específico de las organizaciones sociales. La fuerza de este tipo de entidades de consulta y discusión para la consolidación y profundización de un cambio radical, se vislumbra a la luz de su capacidad de construir unidad y consenso. Su debilidad en los países capitalistas radica precisamente en ser entidades de consulta y discusión, sin poder ni capacidad de delinear la estrategia de desarrollo, de inversión en su sector, de reconciliación de estrategias heterogéneas.

Las discusiones sobre como ampliar la responsabilidad de estas entidades de tal manera que puedan decidir sobre la estrategia económica nos ubica en el tema de la participación real de los sectores sociales en las decisiones económicas. Finalmente, esa capacidad en el caso de los campesinos, determina si el desarrollo económico sea con su participación. Determina igualmente el contenido de la economía mixta de los países en transición, para que pase de la coexistencia de diferentes formas sociales de producción hacia la incidencia de las mismas en el desarrollo económico.

Conclusión

La planificación es la forma de reconciliar estrategias heterogéneas para encaminarlas, en un proceso de desarrollo, hacia una meta común. Para efectuar la planificación se requiere de un 'modo socialistas de apropiación del excedente', es decir de mecanismos para concretizar la ubicación de la acumulación en las actividades priorizadas. En la ortodoxia socialista la reconciliación se realizaba a través de la interpretación partidaria sobre los intereses de la sociedad. El modo de apropiación centralizaba el excedente a favor de la burocracia estatal y partidaria, la que decidiera sobre su uso.

En diferentes países se aboga por una mayor descentralización de la planificación e incluso por la participación popular, pero en los planteamientos aún no se visualiza una planificación participativa con implicaciones macro-económicas. La planificación centralizada corresponde con el carácter exclusivo del socialismo ortodoxo. No concuerda con una participación de las mayorías, cuyo primer instrumento para expresar la dirección en que debe desarrollarse la economía es su demanda de bienes de consumo. La planificación en su forma ortodoxa y centralizada enfocaba casi únicamente la parte productiva de la economía.

Al tomar en cuenta la participación de los diversos estratos sociales en el desarrollo económico y por lo tanto en la planificación, la mencionada reconciliación requiere su institucionalización con otras formas de mediación que no sean a través del Estado y se anticipa la existencia de diferentes modos de apropiación.

7 Un socialismo no ortodoxo

Las interpretaciones alternativas y reconsideraciones revisadas en este capítulo, conjuntamente nos presentan la perspectiva de un socialismo no ortodoxo, que a la vez se ajusta más a la circunstancia de que en los países del Tercer Mundo en transición permanecerá por muchas décadas un campesinado numeroso. La ortodoxia socialistas esta basada en la perspectiva de su rápida proletarización, en la primacía de los intereses de los proletarios, en la colectivización de la agricultura puesta bajo control estatal a fin de que la acumulación sea a costa del sector campesino, y en el aceleramiento de la industrialización en el sector estatal. La ortodoxia no es adecuada para el Tercer Mundo, ni en la forma que asumió en la NEP, porque entonces persiguió los mismos objetivos con otros medios.

El régimen socialista no ortodoxo que se anticipa, si se refiere a una economía mixta, pero en la misma el Estado deja de ocupar exclusivamente los 'altos de comando'. Existen espacios para negociar y concretizar los intereses particulares del campesinado. El campesinado, siendo fuerza mayoritaria o fuerza significativa, participará en la planificación y la acumulación será ubicada también en sus proyectos de desarrollo. La industria deja de recibir la absoluta prioridad, tomando en cuenta el desarrollo de la agricultura el uso más racional de los recursos naturales, a mas del desarrollo técnico y cultural de los trabajadores y de su capacidad de gestión micro- y macro-económica.

La interpretación ortodoxa, por un lado, y las reconsideraciones presentadas en este capítulo, por otro, son igualmente importantes para entender la experiencia nicaragüense de la década del ochenta. La ortodoxia influyó en el proyecto de transformación original de los revolucionarios Sandinistas a partir de la toma del poder en 1979. Las reconsideraciones son importantes para entender la dinámica de la década del ochenta y para ubicar el modelo no ortodoxo que deducimos de la experiencia de la UNAG. La experiencia muestra las transformaciones que se han logrado en Nicaragua a partir de la toma del poder y la efectividad que las políticas de cambio adquerían precisamente por la participación campesina.

Observaremos en los siguientes capítulos, la continuada reconsideración de la relación entre la industria y la agricultura compartiéndose en Nicaragua ampliamente el principio de que es necesario establecer una agroindustria procesadora de la producción agropecuaria. El Gobierno optó por agroindustrias estatales y otros proyectos de desarrollo de carácter estatal, es decir por la acumulación en el Estado, dirigiéndose la lucha de la UNAG al revertir ese sesgo en la acumulación. La planificación fue descentralizada, pero posteriormente se transformó en un proceso de reconciliación de estrategias heterogéneas, participativa e institucionalizada a nivel local, pero igualmente a nivel macro-económico. La experiencia documentada en los otros capítulos versa sobre la colectivización directa e indirecta, y también sobre la introducción y la internalización de la técnica.

La historia de los productores organizados en la UNAG, adicionalmente, confirma la importancia de la nueva fuente de acumulación (ayuda del exterior); realza la importancia de las nuevas relaciones del Estado con el campesinado en la transformación; y la importancia de institucionalizar formas para garantizar la ubicación de la acumulación en el sector campesino. Con respecto a este último punto, anticiparemos un modo de apropiación campesino, que asume diferentes formas que resumimos en la unidad campesina. La experiencia sugiere que las diferentes reivindicaciones campesinas (tierra, mejores términos de intercambio) corresponden a diferentes fases de transición y coinciden con diferentes formas organizativas. Muestra el inicio de un proceso de forjación de clase entre el campesinado en un sentido muy amplio, es decir muestra, en términos de Evers y Schiel [1988], la constitución de un grupo estratégico. La experiencia genera las pautas Para definir las condiciones económicas para el desarrollo de ese sujeto histórico, para su participación plena en el desarrollo de la economía. Asimismo, la teorización presentada sirve de marco de referencia para la experiencia nicaragüense.

Sobre dos aspectos principales la experiencia documentada en los siguientes capítulos, aporte nuevos elementos teóricos. Primero, la teorización nos ha llevado a cuestionar el énfasis que se ha puesto en el establecimiento de los colectivos de producción. Las ventajas del colectivo para acelerar el desarrollo económico, para lograr un desarrollo más igualitario en una economía mixta y para garantizar el control popular en una transición al socialismo con democracia política no son muy convencedoras. Para asegurar la tierra reformada en manos del grupo social a beneficiarse, el colectivo presenta ventajas. Pero de todas maneras, el análisis teórico sugiere reconsiderar la propiedad privada agraria y seguramente el aprovechamiento familiar de la tierra como elemento congruente con este socialismo no ortodoxo. La experiencia nicaragüense aporta elementos adicionales, que dan pautas para un concepto de colectivización campesina.

Segundo, el papel de los propios campesinos, de sus organizaciones y la institucionalización de su lucha ha sido poco documentada en relación a la transición al socialismo, por el simple hecho que ha habido pocas ocasiones en que una organización campesina logró impulsar un proyecto mas propio de transición al socialismo. Analizaremos ese proyecto con respecto a su contribución a los tres objetivos mencionados en este capítulo: desarrollo económico acelerado, igualdad socioeconómica y control popular.

III

HACIA LA ARTICULACION SOCIAL DE LA ECONOMÍA

1 Introducción

El concepto 'economía desarticulada' es desarrollado por De Janvry [1981], a ésta desarticulación se la divide en dos aspectos principales, la desarticulación sectorial y la desarticulación social. En el primer caso, se refiere a las incipientes relaciones entre los sectores productivos, lo que implica una dependencia del exterior. Se refiere en términos globales a economías de agro exportación y economías con una industria de sustitución de importaciones. La dependencia externa implica que la balanza de pagos se hace el limitante para la expansión de la capacidad productiva. La demanda en el mercado mundial y aquella que origina de un estrato pequeño de productores para la exportación y de la industrial dinamiza la economía. Este rasgo se refiere a la desarticulación social, ya que la diferencia mayor con una economía articulada es que en esta última los ingresos de las mayorías se constituyen como dinamizador del desarrollo. En términos de nuestra reseña teórica sobre la planificación esto significa que en la economía desarticulada esta ausente el factor que da una dirección “natural” al desarrollo económico, el poder de compra de las mayorías.

En la economía desarticulada no existe incentive para aumentar el ingreso de las mayorías, los salarios de los trabajadores e ingresos campesinos, precisamente porque la economía no está estructurada para que esos ingresos crecientes dinamicen la economía vía la ampliación del mercado local. Existe solamente una tendencia de reducir los salarios, para la cual el funcional dualismo entre la agricultura de subsistencia y los sectores industriales y de agro exportación sirve de clave. Por tener acceso a la agricultura de subsistencia, los salarios pueden establecerse incluso por debajo de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo. Este dualismo funcional se expresa en el carácter semi-proletario de la fuerza de trabajo [Ibid: 37]

La garantía de que los costos de la mano de obra sean bajos es el suministro de los alimentos baratos. Tres métodos pueden ser utilizados para lograr esto [Ibid: 37-39]. Primero, introducir cambios tecnológicos en la agricultura copiando sistemas de producción modernos que suministran alimentos a balos costos; estg presente, por ejemplo, en el impulso a la producción arrocera durante el somocismo y en los Planes Contingentes impulsados por el Gobierno Sandinista. Segundo, implementar políticas estatales que deprimen los precios de los granos; es un método con más énfasis aplicado durante el primer quinquenio de la década del ochenta. Tercero, importar granos a bajos precios o en donaciones; es una vía que siguió el régimen somocista, a mas de ser la vía de consenso entre la tecnocracia Sandinista y de la UNO, y se implementó a partir de 1988.

La transición de una economía desarticulada hacia otra articulada implica un cambio estructural interno y una reinserción en el mercado internacional, así como el restablecimiento de las relaciones de intercambio entre sectores, y entre el desarrollo de las capacidades productivas y de consumo [lbid: 27-28]. Enfocamos en este trabajo sobre todo esos aspectos internos, enfatizando el último que implica que los ingresos de los trabajadores se constituyan como factor dinamizador de la economía. Esa transición pasa por un enfrentamiento con los mayores determinantes de la crisis y el desarrollo desigual asociado con la desarticulación: primero, la reforma de la tenencia de la tierra. Segundo, la toma del poder, o sea conquistar el control del Estado reemplazando a las élites terratenientes tradicionales o capitalistas. Tercero el más importante, el enfrentamiento con la política de alimentos baratos y con el dualismo funcional [lbid: 204-205]. La experiencia nicaragüense muestra que estos enfrentamientos pasan por diferentes etapas, distinguiéndose dos principales: primero, la toma del poder, el enfrentamiento con los terratenientes a fin de cambiar la tenencia de la tierra y socavar la base del poder oligárquico. Segundo, el enfrentamiento con la política de alimentos baratos, constituir el ingreso de las mayorías como fuerza motriz del desarrollo y el establecimiento de un régimen democrático con base popular. Esta última etapa encaminada hacia la articulación social, reorienta la producción al consumo popular, restableciendo el potencial de dirección económica a que referimos en el capítulo anterior. El desarrollo económico encaminado hacia la articulación de la economía es, a nuestro ver, la esencia de la transición al socialismo en el caso nicaragüense. En este y el siguiente capítulo analizamos el proyecto estatal correspondiente. En el resto del libro enfocamos el proyecto que surge a raíz de las acciones de la UNAG.

En este capítulo analizamos la economía desarticulada de Nicaragua antes del triunfo de los Sandinistas en 1979. A partir de ese momento se da la posibilidad de impulsar un proyecto de transformación y económico, cuyas características eran ampliamente compartidas. Analizamos ese proyecto de consenso, igual como diferencias de interpretación que surgen en el Estado y en otra parte de la sociedad. No obstante las diferencias, hubo importantes avances en la Reforma Agraria, la cooperativización y la política crediticia, es decir en aspectos relacionados con la colectivización. Encontramos que esas políticas son ejecutadas en una alianza entre el Estado y la UNAG. Es más, esta alianza contribuye a la efectividad de las mismas.

2 Aspectos del desarrollo económico y rural hasta 1979

En 1978 Nicaragua cuenta con una población de 2.6 millones, siendo urbana el 52%. El crecimiento poblacional es alto, 3.8% anual. La densidad poblacional es baja con un promedio nacional de veinte habitantes por kilómetro cuadrado. Pero en la capital Managua esta cifra llegó a 184 habitantes por kilómetro cuadrado, y aún es mas alta (223) en el departamento de Masaya [INEC, 1980:70.75, INEC. 1989: 11]. Estas cifras ilustran la concentración de la población en el Pacífico. La zona atlántica es virtualmente despoblada. Los departamentos del centro-interior, norte y atlántico tienen una población mayoritariamente rural al terminar la década del setenta.

En el periodo 1960-1978 Nicaragua conoció un crecimiento económico importante que alcanzó un promedio de mas de 5% promedio anual.¹ La expansión del PIB se da en base al algodón, pero éste entra en una relativa crisis a partir de 1965. En ese momento, la ganadería y la industria asumen el papel dinamizador de la economía. El algodón se establece nuevamente como el cultivo de expansión en el segundo quinquenio de los años setenta. El desarrollo económico de Nicaragua se dio en el Pacifico sin lograr una efectiva articulación de las regiones. La marginalidad mas fuerte se da en la Costa Atlántica (Zelaya y Río San Juan), pero también extensas partes de Matagalpa y Jinotega quedaron sin acceso o comunicación fluida con el resto del país.

La importancia relativa de la industria en el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó en el periodo 1963-1978 y disminuyó la de la agricultura. La participación del sector primario, en su totalidad, bajó de 26% en 1963 a 22% en 1977, mientras que el sector secundario alcanzó el 31 %. El sector terciario produjo alrededor del 47% del PIB. En el sector primario la ganadería aportó una parte constante de 7% al PIB [Spoor, 1987:2]. Pero, el sector primario sigue teniendo un peso significante en la economía en 1978. Es la generadora de la mayor parte de las divisas que provienen en un 66% de la exportación de algodón, café, azúcar y carne. El 46% de la población económicamente activa (PEA) encuentra trabajo en el sector primario, que sigue representando el sector de mayor absorción de fuerza de trabajo. Fuera de la agricultura el 17% de la PEA encuentra empleo en servicios comunales, sociales y personales; 12% en la industrial 11% en comercio, hoteles y restaurantes; 3% en el transporte, almacenamiento y comunicaciones; 2% en la construcción y el resto en minería, servicios públicos, la banca y otras actividades no especificadas. La mayor parte de esta población económicamente activa fuera de la agricultura es urbana. Las actividades comerciales, financieras, de servicios y del Gobierno son mejor remuneradas, lo que contribuye a la urbanización. La población capitalina se incrementa en un 109% de 1963 a 1978. La urbanización se acentúa por la mecanización del algodón y el cambio hacia la ganadería extensiva en el Pacifico Sur. Esto disminuye la absorción de mano de obra permanente en el sector primario y su consecuente expulsión hacia las ciudades, donde sólo la mitad de la PEA urbana es absorbida en el sector formal de la economía [Wilson, 1983:138-139; INEC, 1989: 24; Laenen, 1988:139].

Antes del triunfo revolucionario Nicaragua es un país de ingresos bajos. El ingreso per capita es de US$ 1 181. Los datos sobre la distribución de ingresos muestran una desigualdad significativa, al ganar el 5% de la población el 28% del ingreso nacional, con un ingreso promedio per capita de US$ 5 409, mientras que el 50% mas pobre gana solo 15% del ingreso nacional, con un ingreso promedio per capita de US$ 289 [FIDA, 1980:53]. Esta situación de desigualdad se acentuaba en el campo donde 3.5% de la PEA obtenía 63.1% del ingreso, subsistiendo el 51% mas pobre en base a 7.5% del ingreso, según datos correspondientes a 1971 [(FIDA, 1980: 2]. Para 1972 el ingreso promedio de la mitad mas pobre del campo se estimó en US$ 35 per capita. Un estudio en el centro interior del país indicaba que en 1976 tres cuartas partes de Los jefes de familia tenia un ingreso anual de menos de US$143 [Peek, 1982: 14, 19]. El condicionante mayor de esta desigual distribución de ingresos es la desigual distribución de la tierra, concentrándose el 48% de la tierra en sólo el 2% de las fincas.

La economía nicaragüense, al culminar el descontento popular de 1979, no estaba en crisis, aunque hubo aspectos que necesitaban atención urgente. El Banco Mundial enfatizó la necesidad de implementar un programa de austeridad de mediano plazo, a fin de superar las dificultades provocadas por el déficit en la balanza de pagos. El Banco recomendó bajar el déficit fiscal. Asimismo, un manejo adecuado de la deuda, disminuyendo los préstamos contraídos a condiciones comerciales duras. Presionó por restricción de inversiones públicas de 10 a 8% del PIB, lo que significaría una reducción global de las inversiones de 22% a 17% del PIB. Finalmente, abogó por la promoción de exportaciones y el aumento de la producción de granos básicos para sustituir importaciones. Al cumplir con este programa, el crecimiento global se reducirá a 3% anualmente en los primeros tres años, para retomar su nivel histórico a largo plazo de más de 5% en la segunda parte de los años ochenta. Las inversiones entonces se restablecerían a un nivel de 19% al año [Banco Mundial, 1978].

3 El modelo de desarrollo desarticulado

La marginación de la producción granera

En 1978 la mitad de las 16 964 000 Manzanas (Mz) de tierra firme² era comprendida en fincas, o sea mas de 8 millones de manzanas. La presión por la tierra en ningún departamento, salvo Masaya, es muy alta. Se da una disponibilidad promedio de casi 7 Mz. por poblador rural, quedando abierta la frontera agrícola en el departamento de Jinotega, Río San Juan y especialmente Zelaya. El área cultivada con los siete principales cultivos (algodón, café, azúcar, maíz, frijol, arroz y sorgo) se ha ampliado de 672 406 Mz. en 1963 a 987 527 Mz. en 1977. El área empastada abarca cuatro millones de manzanas, con un incremento de 166% en comparación con el inicio de los años sesenta. Se hace evidente el auge de la actividad ganadera y su importancia para la economía. Se estima el hato en 2.7 millones de cabezas a finales de la década de las setenta.

La producción algodonera esta concentrada en los departamentos del Pacifico: León, Chinandega, Managua y Granada; llegando a cultivarse en 1977 el área récord de 31 0000 Mz. Los departamentos cafetaleros son Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia en el norte e interior, y Carazo, Managua y Masaya en el Pacifico, estabilizándose el área nacional en 140 000 manzanas. Chinandega es el principal centro azucarero, aumentándose también hasta 1977 la producción en León, Managua y Rivas. En Matagalpa como único departamento del interior hubo un incremento del área azucarera que se industrializa allí de manera artesanal, sin mayor vinculación con los centros de industrialización de Chinandega, Managua o Rivas [Espinales, 1974; MAG, 1963; INEC, 1980].

Maíz y frijol son los granos de consumo básico y son cultivados en todos los departamentos en áreas considerables. En Matagalpa se cultiva la mayor área de las 391 300 manzanas cultivadas con estos granos en 1977. En esta región el área maicera equivale al 21% del área total de siete cultivos principales. El sorgo industrial, una producción empresarial de reciente introducción, es cultivado en León y Chinandega, principalmente como insumo para las plantas de alimentos balanceados para la ganadería mayor y menor, estabilizándose la producción de sorgo en 73 000 Mz. El arroz es cultivado en los departamentos del Pacifico bajo riego, igual como en las riberas del lago de Nicaragua de los departamentos de Boaco y Río San Juan. Esta es una producción empresarial que ha surgido en Los años cincuenta y sesenta y desplazó a la producción de arroz de secano del Pacifico. En el trópico húmedo de Zelaya, es cultivado arroz de secano en el 24% del área total de los siete cultivos considerados [Espinales, 1974-, MAG, 1963; INEC, 1980].

Año con año hasta 1978 hubo incrementos del área nacional de maíz y frijol, pero esto se produjo a la par de un desplazamiento de la producción hacia Matagalpa, Jinotega y Zelaya, departamentos todos de la frontera agrícola. Este desplazamiento geográfico de la producción se ilustra mas claramente al relacionar el área cultivada y la población rural por departamento, lo que resulta es una ampliación de la producción de maíz de 0.08 Mz./habitante a 0.57 Mz./habitante en Zelaya; mientras que en el Pacifico este área disminuye o se estabiliza [FIDA. 1980:15].

Ese desplazamiento de la producción se relaciona con la expulsión de campesinos a raíz de la introducción y expansión algodonera, por lo que el crecimiento de la población rural en León, como en Masaya entre 1950 y 1963 se estanca. En diferentes momentos Carazo, Granada, Chontales, Boaco y Matagalpa son todos departamentos de expulsión de agricultores, provocada por la introducción de la ganadería intensiva [FIDA, 1980:13]. En 1971 se contabilizó un total de 138 mil emigrantes de estos últimos tres departamentos, los cuales se dirigían principalmente a las tierras vírgenes de Zelaya [CSUCA. 1978: 247]. Nueva Segovia (Jalapa) también se convirtió en un polo de atracción de población.

Este desplazamiento es producto de una marginación de la producción de estos granos, como resultado de una política que promueve la producción empresarial. La producción de alimentos de manera empresarial compite en el mercado interno con las fuentes tradicionales de alimentos. Arroz de riego, aceite de algodón, producción avícola de granja sustituyen a sus equivalentes de producción campesina. La marginación se expresa en la baja tecnificación de los cultivos campesinos, la que determine la falta de rentabilidad. En el maíz y el frijol prácticamente no avanza la tecnificación, tal y como lo demuestra el cuadro a continuación.³

Cuadro 1

Rendimientos de los principales productos de Nicaragua en quintales por manzana (1961-1978)

Rubro	1961-3	1966-8	1971-3	1976-8
Café	4.8	5.0	6.9	10.3
Algodón	11.7	11.0	12.5	9.2
Caña de Azúcar	727.5	825.9	856.4	956.
Sorgo	14.5	15.3	15.8	16.3
Maíz	13.3	13.3	13.6	14.5
Frijol	13.5	14.4	11.3	11.7
Arroz	17.2	26.9	27.0	30.2

Fuente: Spoor, 1987:12

Avances en la tecnificación se observan en el azúcar y arroz, productos empresariales, igual que el algodón y sorgo, cultivos que siempre fueron producidos en Nicaragua con un paquete tecnológico moderno, a partir de su introducción en los años cincuenta y sesenta. La disminución de rendimientos en el caso del algodón, está en dependencia de su extremosa ampliación, incluso hacia tierras marginales. La tecnificación de los cultivos en Nicaragua va al paso de aquella de sus vecinos en cuanto a los cultivos de agroexportación se referee Pero en el caso de maíz. frijol, rubros en que la pequeña producción predomina, y el cafó, rubro de mucha incidencia de la pequeña y mediana producción, Nicaragua queda atrás de Costa Rica, Guatemala y El Salvador [Wilson, 1983:138].

El precio es otra palanca principal en la política de marginación, es el determinante mayor en la falta de tecnificación y el desplazamiento de la producción de los granos campesinos. La política somocista mantenía los precios de maíz y frijol a niveles más bajos que en el resto de la región [FIDA, 1980:47]. Empleó para este fin también la importación de trigo a precios balos a sustituir granos nacionales de la dieta urbana.

El resultado es obvio. A partir de 1975 Nicaragua se convirtió de exportadora neta a importadora neta de granos [Ibid: 48]. Las importaciones de maíz constituyen en 1975 el 9% de la producción comercializable. Se importa una cantidad de frijol equivalente al 3% de la producción nacional y 15% en el caso de sorgo [cf. Spoor et at, 1988: cuadro 3.1].

Una parte considerable de los campesinos expulsados mantiene una relación con los cultivos de agroexportación, como mano de obra estacional. El café demanda gran cantidad de asalariados: cien mil y el algodón 180 000, produciéndose un pico en la demanda en diciembre de cada año de 320 000 personas, en un momento que se ha terminado la cosecha de granos [Espinales, 1974; FIDA, 1980:36,236]. Este aspecto ha dado lugar a que se identifique al dualismo funcional, entre el sector campesino y la agroexportación, como un rasgo importante del modelo de desarrollo económico. Se expresa en la existencia de semi-proletarios, personas vinculadas a la producción campesina de alimentos que durante parte del año encuentran trabajo asalariado en los cultivos de agroexportación. Su remuneración puede mantenerse baja, precisamente porque el resto del año subsisten en base a su propia producción.

Políticas de desarrollo rural

Entonces, la política gubernamental favoreció la marginación a que nos referimos, pero por otra parte mitigó sus efectos sociales. Esto tiene sus expresiones mas sobresalientes en la política de colonización por un lado, y en el programa del Instituto para el Bienestar Campesino (INVIERNO) por otro.

El primer programa de colonización, ejecutado por el Instituto Agrario Nicaragüense (IAN) dentro del marco de la Reforma Agraria dictada en 1962, se inscribe en la tradición de reformas contrainsurgentes, respondiendo la fundación del FSLN un año antes. Ese carácter se ilustra mas claramente en los polos de concentración poblacional establecidos en Waslala y Río Blanco [Gutiérrez, 1989: 115-116, Rubén. 1989: 229-231]. En 1973 el IAN había establecido 48 colonias en un área de 161 759 manzanas y 11 asentamientos abarcando 10 587 manzanas, beneficiando a un total de 5 202 familias [CSUCA, 1978: 239]. En el periodo 1974-1978 se amplia la colonización, asentando con títulos o confirmando la posesión de colonizadores espontáneos en el caso de 12 465 familias en 1 412 184 manzanas [INEC, 1980: 119]. Esta área está en dependencia de la ampliación de la frontera agrícola y la titulación de tierras anteriormente nacionales. La titulación en la frontera agrícola, mis que resolver un problema de posesión precaria, vino a legalizar la desigualdad que se había producido [CIERA, 1989d: 250]. La desigual distribución de la tenencia de la tierra, identificada como el problema mas apremiante de solución, se enfrentaría con medidas impositivas. En realidad éstas nunca fueron hecho efectivas, simplemente porque faltó la voluntad política. Cabe señalar al tocar el tema de los impuestos, que Nicaragua conserva una atrasada estructura de recaudación de impuestos, que se basa en impuestos indirectos selectivos de consumo, al mismo tiempo que ni siquiera se levantaron impuestos sobre remesas de capital al extranjero.

El programa INVIERNO iba dirigido a 400 000 pobres rurales del Norte del país. Se constituyó como programa de desarrollo integral. El componente crediticio iba vinculado a la introducción de un paquete tecnológico de insumos modernos para la agricultura. Era notoria la falta de aceptación del paquete uniforme. El programa confirmaba las críticas generalmente vertidas en contra de las actividades de extensión agrícola y la falta de reconocimiento a la situación particular de los productores. Además, esa falta de aceptación socavó, la viabilidad de INVIERNO como institución financiera. En resumen, la experiencia no cumplió sus objetivos de desarrollo integral, a pesar de que esa función inicialmente era vista por el Banco Mundial como promisoria para los pobres rurales [Wilson, 1983; Banco Mundial, 1978].

Deficiente generación de empleo industrial y dependencia externa

En 1963 unas 15 000 industrias artesanales proporcionaban el 60% del empleo industrial y 43% del Producto Industrial Bruto. La industria abarcaba sectores tradicionales (alimenticia, textil y de zapatos) que procesaban productos locales. Las industries constituidas posteriormente eran intensivas en capital con un importante componente extranjero. Era una industria intermedia agroindustrial, química y metalmecánica, impulsada dentro del marco del Mercado Común Centroamericano. La producción industrial se dirigía al mercado local y en un 65% al consumo básico. Pero su vinculación era con el mercado urbano y aumentó de esa manera el problema de hiperurbanización [Castillo, 1989: 18; Encuentro, 1989: 43]. Ahora, esta industria con tecnología moderna desplazaba a la producción artesanal, porque se establece en los mismos sectores de la pequeña industria y abastece el mercado interno limitado.

Se estima que en 1980 quedaban solamente 7 993 empresas de la pequeña industrial con 27 084 trabajadores, absorbiendo el 46% de la PEA industrial y produciendo el 15% del PIB. El desplazamiento del resto, específicamente en la rama de alimentos, confección, muebles, calzado y cuero, tuvo un impacto negativo en la absorción de la mano de obra en el sector industrial, razón por la cual la PEA industrial se estabilizó en 12% entre 1963 y 1977. La industrialización y la urbanización que la acompañó, creó así, mas bien, un sector informal de autoempleados en el comercio, industria artesanal y servicios variados, que abarcó al 50% de la PEA urbana [Laenen, 1988, Harris, 1985].

La industria generó además una dependencia mayor de los mercados externos para la importación de insumos, maquinaria y materia prima [Harris, 1985:60, Dijkstra, 1988:96; Laenen, 1988:102; Castillo, 1989:17]. La nueva agroindustria se basaba en recursos locales y además fue la rama con una generación neta positiva de divisas [Dijkstra, 1988: 87-130]. Pero, la industria en su totalidad dependía de otros sectores de la economía para la generación de sus divisas [Castillo, 1989:17]. Además, el resto de la industria si dependía de insumos del exterior. En la industria química y farmacéutica la dependencia casi era total [FIDA, 1980: 31].

La dependencia del exterior en la industria se suma a una creciente dependencia del exterior en la agricultura la que está relacionada con la ampliación del algodón. El 75% de los insumos (herbicidas, fertilizantes e insecticidas) se destinaba a este cultivo. Como consecuencia, entre paréntesis, el algodón absorbió el 72% del crédito agrícola de habilitación IFIDA, 1990: 236]. Por lo tanto, en el periodo 1970-1977 cuatriplicó prácticamente el uso de divisas en la economía nicaragüense.

Las importaciones llegaron a superar las exportaciones. La deuda externa en 1975 ya era dos veces superior a los ingresos por exportación, cifra mayor que de cualquier otro país centroamericano. A partir de ese año la deuda externa empezó un crecimiento acelerado: la caída de los precios del café y azúcar, coincidió con aumentos en los precios de petróleo y la tasa de interés en los mercados financieros. Además se produjo una fuga de capital considerable por la desestabilización política que se gestaba en la región [Timossi, 1988].

Observaciones finales

Constituye un fenómeno sobresaliente, el desplazamiento de la producción tradicional de alimentos y otros productos básicos de la industria artesanal. El sector moderno se implanta en Nicaragua, restando las posibilidades de venta a la producción tradicional en un mercado interno que es limitado por la desigual distribución de ingresos. La desigual distribución de la tierra, la política de alimentos baratos y de balos salarios determinan esta desigual distribución. La marginación de la producción de alimentos tradicionales resultaba en los años setenta en un relativo estancamiento de la producción de granos en comparación con el crecimiento poblacional, generándose una dependencia de los granos importados.⁴ En el mismo periodo y paralelamente al desplazamiento de la producción tradicional, disminuyó la absorción de población en la agricultura. Este fenómeno no fue contrarrestado suficientemente por la absorción en los sectores dinamizantes y en expansión, ya que la PEA industrial se estancó en términos relativos. Más bien aumentaron los niveles de desempleo y subempleo en las ciudades. Se produjo además el fenómeno de la semiproletarización, la expresión del dualismo funcional. En términos de Saith [1985], Nicaragua durante su aceleración de crecimiento económico en el periodo 1960-1978, no logró mantener el equilibrio de empleo, ni el equilibrio alimentario. En términos de De Janvry [1981], observamos el ejemplo de una acumulación desarticulada. Tal vez, no es el caso típico de una economía agro- exportadora de enclave o con una industrialización de sustitución de importaciones. En el desarrollo agropecuario e industrial surgió un sector modernizante empresarial, que si dio al modelo impulsado una lógica interna que garantizaba por ese momento que no se produjera un estancamiento. No obstante la ausencia de crisis, el modelo era desarticulado: sectorialmente, porque se estaba generando una dependencia del exterior para la importación de bienes de consumo, de capital y tecnología, así como porque la balanza de pagos se constituyó como limitante en la expansión de la producción. Socialmente, porque alimentos baratos y mano de obra barata se constituyeron como los ejes del modelo de acumulación. Pues, los precios de los granos fueron los más bajos de la región y el salario real se estableció en 1978 al mismo nivel que en 1963. La mala distribución de ingresos asociada con el modelo agroexportador y el dualismo funcional, se expresó en una pobreza pronunciada en el campo. Desarticuló la economía de tal manera que los ingresos de las mayorías rurales no juegan un papel como dinamizador del desarrollo. La desigual distribución de la tierra, condicionante de la desigual distribución de ingresos, no fue enfrentada con beligerancia por el Gobierno de Somoza. La mala distribución de ingresos era la base del modelo de crecimiento económico en general e industrial en particular, el que se dirigía a las minorías. Sin embargo, ésta no se había constituido como traba a corto plazo para el desarrollo de una industria vinculada a] mercado interno [cf.FIDA, 1980:30]. Mas bien una redistribución de ingresos, que favoreciera las capas mas pobres sobre todo rurales, haría necesario una nueva orientación industrial [Dijkstra, 1988]. Podría socavar entonces el desarrollo de esta industria urbana, porque debería orientarse mis a los consumidores y productores rurales, y transformar la producción campesina para consumo local.

4 Proyecto de transformación

El primer paso hacia la articulación de la economía: el derrocamiento de la dictadura

Las secuelas del terremoto de diciembre de 1972 impactaron a la población capitalina. El acaparamiento de la ayuda internacional a raíz del desastre y la concentración de poder económico en el mismo dictador y sus allegados, provocó finalmente la crisis política. Esta más bien debe ser analizada como un fenómeno urbano [Cmdte. Luis Carrión en Barricada 20.06.1990]. El movimiento popular encontró su fuerza armada en los jóvenes de las ciudades y a su aliado político en la burguesía anti-somocista. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) supo encauzar el descontento popular hacia la victoria del 19 de julio de 1979 y la salida del país del dictador Anastasio Somoza Debayle.⁵

El FSLN fue fundado en 1961. Surge como movimiento estudiantil. Retomó la historia y enseñanzas del General Augusto Cesar Sandino, quien se opuso en los años veinte a la ocupación norteamericana del país. Se establece como movimiento guerrillero rural inspirado por la victoria revolucionaria cubana y se vincula en la montaña a la esperanza viva de los campesinos que lucharon con Sandino y la descendencia de éstos [CIERA, 1989f- 33-54]. Su Comandante en jefe Carlos Fonseca Amador muere en un enfrentamiento con la Guardia Nacional en Zinica en 1976. El FSLN en ese momento ya estaba dividido en tendencias, debido a controversias de táctica. Mencionamos las tendencias, para ubicar cuatro personas que tienen importancia especial para nuestro tema: Tendencia Proletaria, encabezada por Cmdte. Jaime Wheelock Román, Ministro de Agricultura de 1979 a 1990; Tendencia Guerra Popular Prolongada;⁶ y la Tendencia Insurreccional o Tercerista, encabezada por Cmdte. Daniel Ortega Saavedra, Coordinador de la junta de Reconstrucción Nacional de 1979 a 1984 y Presidente de la República de 1985 a 1990. A la misma tendencia pertenecía el Cmdte. Victor Tirado López, de origen mexicano, quien atendería como miembro de la Dirección Nacional del FSLN a la UNAG, la CST y CONAPI. También pertenecía a esta tendencia Daniel Núñiez Rodríguez, el posterior Presidente de la UNAG.⁷

Las tres tendencias solo se unifican otra vez recién antes del triunfo. La Dirección Nacional del Frente se compone entonces de nueve comandantes, tres de cada tendencia, quienes han estado en la Dirección Nacional (DN) durante todo el periodo hasta 1990. La DN cuenta en la década de los ochenta con un órgano de consulta permanente, que es la Asamblea Sandinista, con un número de 105 miembros máximo. A nivel intermedio, están los Comités Regionales y subordinados a ellos los comités zonales. Estos a su vez se vinculan con los comités de base, que se encuentran en las cooperativas, las empresas u otros lugares de trabajo de todas las esferas económicas, así como en todas las organizaciones políticas, sociales y militares de tendencia Sandinista. Cada nivel cuenta con su secretario político como coordinador.

La victoria era producto de una alianza amplia y popular que a la vez era la reafirmación de la táctica de los Terceristas o Tendencia Insurreccional. Su triunfo planteó exigencias redistributivas al crecimiento económico, así como la posibilidad de efectivamente transitar sobre otro camino de desarrollo e ir articulando la economía. Para esto, el primer paso seria el enfrentamiento con los antiguos poderosos.

Antes del triunfo revolucionario, los latifundistas protagonizaron el escenario político nacional. Se distinguían dos grupos principales: por un lado, Somoza y sus allegados, y por otro lado, los productores opositores a Somoza quienes a finales de los años setenta se organizaban en la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC). El procesamiento, la comercialización y el financiamiento estaba en manos de un reducido grupo de empresarios, con un peso importante de los allegados del régimen, sin intereses directos en la producción agropecuaria [Baumeister, 1985:14, cf. castillo, 1989:14]. Entonces, la realidad económica fue interpretada por el FSLN como una dicotomía simple de dos grupos latifundistas, sin tomar en cuenta otros grupos de productores. Resultó en la identificación del “modelo capitalista de agroexpartación” por Orlando Núñez Soto [1980] como el modelo predominante en Nicaragua y en la tesis de la semiproletarización del campesinado. Supone una penetración capitalista avanzada. De acuerdo a los primeros recuentos el 64% de la población rural se encontraría proletarizada.⁸

En el caso Nicaragua observamos que también aquí se trata de demostrar una proletarización avanzada y una interpretación de la realidad en que el campesinado no figura. Por no corresponder a la realidad socioeconómica existente, en que el peso del campesinado es mayor, a esta interpretación se le refiere como una visión “sobrepolitizada" de la realidad económica, en la que la presencia de grupos económicos en el escenario político nacional se traduce en el peso que supuestamente representan en la economía. Como veremos en este capítulo, esta sobrepolitización influyó en las ideas sobre la Reforma Agraria y también en la interpretación de la economía mixta. Impactó además en las ideas sobre la organización social de las pobres rurales que, según la interpretación oficial, podría ser de carácter sindical obrera (capítulo V). Influyó particularmente en la relación del Estado con los productores, descuidando en el proyecto económico a la pequeña y mediana producción [Baumeister, 1987:291-294].

Antecedentes Sandinistas

Tras la toma del poder, el FSLN quiso impulsar un programa que debería recoger el pensamiento del General Augusto César Sandino. Sin embargo, como plantea el Cmdte. Víctor Tirado: 'Sandino no elaboró un plan acabado de desarrollo económico nacional, pero dejó planteadas las premisas económicas y políticas de la teoría de la Liberación Nacional' [1989:7]. Su programa de transformación económica y social está constituido por referencias dispersos en sus escritos y pasa en su totalidad por un programa hacia la independencia política y económica del país. Significa el desalojo de la ocupación norteamericana del territorio y la instalación de un Gobierno nacional y popular. Su objetivo es el mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías [Ibid: 8, 82-84]. La actividad agrícola fue concebida como el eje de desarrollo, pero para Sandino no tenia una importancia exclusiva. Concebía una integración de las actividades artesanales y la agricultura para evitar que las condiciones de vida en el campo siguieron empeorándose y que los beneficios solo llegarían a las ciudades [lbid: 99-100].

La referencia de Sandino sobre el tema de la tierra se reduce a una observación en una entrevista, cuando dice: 'Yo soy partidario más que la tierra sea del Estado' [Tirado. 1989: 99]. El desarrollo agrícola estaría basada en formas asociativas de producción [Ibid: 97]. La misma resistencia ante la ocupación norteamericana le había inducido a materializar el proyecto de Río Coco, que consistía en una región, base de la lucha, en que el General Sandino fomentó cooperativas de producción, para mantener cohesionados a sus combatientes. En la concretización de ese proyecto retomó ideas que le había sugerido la experiencia mexicana [lbid: 97-98].

La premisa de la organización popular para lograr los cambios estructurales de la sociedad están presente en el pensamiento Sandinista, tal y como se expresa en el famoso planteamiento de Sandino: "Sólo los obreros y campesinos irán hasta el fin. Sólo su fuerza organizada alcanzará el triunfo” [Inies y FFE, 1987:38].

El programa histórico del FSLN de 1969 [FSLN, 1984] traduce ese pensamiento, por ejemplo, en una redistribución de tierras al campesinado. Promete al campesinado “una Reforma Agraria Auténtica que en forma inmediata logre la redistribución masiva de la tierra, liquidando la usurpación latifundista en beneficio de los trabajadores (pequeños productores) que laboran la tierra" [FSLN. 1984. 21). Añade a renglón seguido que “entregará gratuitamente la tierra a los campesinos de acuerdo al principio de que la tierra debe de pertenecer al que la trabaja" [lbid]. Evidentemente, ésta era la Reforma que esperaban los campesinos [Envío, 1985 (51):7c;

Wheelock, 1985a: 26]. De acuerdo al programa histórico del FSLN se fomentaría que el campesinado "se organice en cooperativas a efecto de que él mismo tome en sus manos su propio destino y participe directamente en el desarrollo del país” [FSLN, 1984: 22, Tirado. 1986:159]. El Cmdte. Tirado, quien atendía la UNAG por parte de la Dirección nacional, visualizaba de acuerdo al lineamiento original del FSLN una Reforma Agraria que no fuera solamente política (enfrentamiento con los poderosos oligárquicos), sino también económica [1986:183]. La cooperativización era requisito primordial para combatir la pobreza [lbid: 164]. Enfatizaba también que solo deberían ingresar a las cooperativas los que estaban convencidos que era mejor trabajar en colectivo [Ibid: 156].

Las convicciones Sandinistas propiamente dichas se mezclan con otras de modernización. Baumeister observa que “este paradigma (de modernización) ha flotado en los medios nicaragüenses, por lo menos desde mediados de los 60" [1984:7]. Dió forma al proyecto somocista de la promoción algodonera y la industria aceitera anexa, la producción arrocera de riego, la intensificación de la avicultura y de la ganadería bovina, la introducción del cultivo de sorgo industrial y las industries de alimentos balanceados anexas. Los elementos centrales de este pensamiento modernizante son: riego, mecanización, intensificación de la ganadería, producción de alimentos por un sector empresarial y procesamiento de materias primas antes de su exportación [Ibid].

La amplia alianza popular que estaba en la base del triunfo revolucionario definió los principios básicos del proyecto de transformación, como el no-alineamiento, pluralismo político, economía mixta y democracia popular. En 1979 el Gobierno de Reconstrucción Nacional tiene que traducir esos principios y las convicciones e ideas que estaban presente en el pensamiento de Sandino en un programa económico. Sus bases nuevamente son compartidas por amplias capas de la población: modernización, autodeterminación, progreso económico y justicia social. En la terminología de la UNAG que naciera posteriormente se trata de la democratización de la economía, el acceso de amplias capas de la población a la tierra, los insumos, el crédito, mejores precios, infraestructura social y productiva, al comercio interno y externo, y a la negociación con el Gobierno y los demás sectores sociales. En la terminología inicial de Gobierno se trataba de una Estrategia de Necesidades Básicas.

El plan de Gobierno inicial prioriza la reactivación económica y la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo. El segundo objetivo es avanzar hacia la independencia económica [Miplan, 1981: 9]. La agricultura es definida coma la base del desarrollo. Se iniciaban diferentes acciones: la expropiación al Somocismo y la burguesía aliada al mismo; ampliación del acceso a servicios públicos; ampliación del crédito, asistencia técnica y capacitación a la pequeña producción, promoción de la seguridad alimentaria, agroexportación e industrialización. Estas acciones en cuanto al campo se refieren, fueron integradas en 1983 en el Marco Estratégico de Desarrollo Agropecuario (MEDA), el que, a la vez, da coherencia a las acciones ya emprendidas [CIERA, 1989a: 155-230]. El MEDA las resume en cuatro líneas principales: intensificación de la producción agropecuaria, mediante la introducción masiva de riego en el Pacifico, reordenamiento de la producción, de tal manera que las tierras ganaderas del Pacifico se utilizan para cultivos anuales de consumo y exportación. Se extiende la ganadería en la parte central y se aprovechan, a la vez, los recursos forestales del Atlántico. Allí también se impulsaron cultivos perennes coma el cacao, hule y la palma africana; agroindustrialización, como medio para reducir la dependencia y el subdesarrollo; cooperativización, como estrategia que debe procurar que en el año 2000 el movimiento cooperativa controlará el 50% de la tierra.

En la implementación se velaría por el cumplimiento de otros objetivos, coma la generación de empleo permanente en el campo, la sustitución de técnicas agrícolas de subsistencia por técnicas modernas, minimización de energía importada y la articulación de los diferentes segmentos de la economía en el proceso de planificación [CIERA, 1989a: 189-190].

De todo el anterior se desprenden tres líneas principales sobre las cuales existía amplio consenso: Reforma Agraria, agroindustrialización y la tecnificación de la agricultura. Su implementación tiene su expresión más sobresaliente en la expropiación de la tierra y la conformación de las empresas agropecuarias estatales y cooperativas, en los proyectos estratégicos y la tecnificación de la agricultura vía el aumento del uso de químicos y maquinaria. Las obras nuevas eran percibidas como no antagónicas con el esquema de unidad nacional, así como resolvieron el sueño reprimido de la clase ingenieril y gerencial de modernizar la agricultura por vía intensiva de grandes proyectos [Baumeister, 1989:142-152].

El Gobiemo versus la UNAG

A pesar del consenso sobre el proyecto de transformación y el proyecto económico, directamente después del triunfo surgieron las divergencias. Lógicamente surgieron con el sector que se vía afectado par las políticas trazadas, pero surgieron otras mas propias del movimiento revolucionario, las que finalmente fueron asociadas con el MIDINRA por un lado, y la UNAG por otro. Inicialmente el MIDINRA como tal no existió, pero fue conformada después por la fusión del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Instituto Nacional de Reforma Agraria. La UNAG fue fundada en 1981. Las divergencias que se fueron pronunciando con el tiempo, las podemos reducir, en términos muy globales a las dos interpretaciones del socialismo. En el caso del Estado, consideramos que incluso está presente ese condicionamiento ideológico por la ortodoxia socialista. En el caso de la UNAG, pensamos que fueron las circunstancias concretes en que desarrolló su lucha gremial que le impulsaron a asumir posiciones que se acercan a éstas con raíces en el populismo, el pensamiento campesinista y que conjuntamente apuntan a un socialismo agrario no ortodoxo.

La primera controversia de ese entonces fue una discusión partidaria que se refirió a la satisfacción de las necesidades básicas. Para ella se priorizó la producción de granos básicos, lo que se ilustra en la ampliación enorme del crédito hacia el sector campesino. Muchos temían que esa priorización de la producción para consumo interno, restara recursos a la expansión de la agroexportación. Temían que el énfasis en los granos pusiera en peligro la inversión en obras que permitiera cumplir con otro objetivo central del plan de desarrollo, la independencia económica [Miplan, 1981:17]. Para ello se requeriría una nueva inserción en el mercado internacional. Esta, a su vez, implicaría la industrialización que permitiera pasar de abastecedora de materias primas en base a fuerza de trabajo barata a país productor de bienes industrializados [Wheelock. 1989: 7].

Esta discusión a principios de 1980 repetía otra sobre la priorización de la acumulación sobre el consumo interno, propia de las transiciones al socialismo [Encuentro, 1989: 40-41]. Para garantizar la acumulación se consideró fundamental promover la agroexportación, generadora de divisas. Su desarrollo permite la adquisición de bienes de capital y por lo tanto juega el papel de la industria pesada en las economías industralizadas [FitzGerald, 1985a: 6]. Algunos esperaban superar esa contradicción, convirtiendo la producción granera, además, en base de acumulación, vía la exportación de excedentes [FIDA. 1980; Barraclough, 1982].

Los planes iniciales al parecer no daban una solución definitiva. Por un lado plantea: "...será tarea central dar todo el impulso a los productos agropecuarios de exportación, incluso enfrentar con decisión la contradicción que se plantea para algunos de estos entre consumo interno y exportación" [Miplan, 1981: 34]. Por otro lado: “Garantizar a nuestra población el abastecimiento interno de los productos básicos agropecuarios" buscando la autosuficiencia e "incluso generar excedentes exportables” [lbid]. Formulaba el mejoramiento del nivel de vida en el campo como objetivo explícito, detallando como mecanismos el aumento y estabilización de empleo, racionalización del crédito, asistencia técnica a la pequeña y mediana producción, capacitación y la promoción de formas asociativas de producción [lbid]. Sin embargo, la redistribución de la tierra, aspecto principal en una estrategia redistributiva, no figuraba entre los primeros planes. La redistribución de ingresos se daría en el caso del campesinado vía la ampliación de los servicios públicos y acceso a crédito y asistencia técnica. Pero, cuando la cosecha de granos del ciclo 1980/81 no correspondía con el enorme impulso a la producción campesina vía el crédito, el MIDINRA encontró argumentos para desviar la estrategia de necesidades básicas a través de la promoción de la pequeña producción, hacia una estrategia estatizada. Para 1981 se añade entonces un tercer objetivo al Plan: la consolidación del Area Propiedad del Pueblo (APP) o sea las empresas estatales productos de las confiscaciones [Miplan, 1981: 8-9; véase también párrafo 7 de este capítulo].

Este camino era factible en el sentido de que el Estado disponía de los mecanismos de extracción, mediante la nacionalización de la banca y el comercio exterior y parte de las empresas productivas y de procesamiento industrial. Más importante aún fue la credibilidad internacional del Gobierno que resultó inicialmente en una abundancia de recursos externos que recibía el Estado. En los primeros 18 meses a partir del triunfo el país recibió un flujo de US$ 1 200 millones en préstamos y donaciones, lo que equivale a un flujo anual de 40% del PIB [MIDINRA, 1982:34; Merlet y Maldidier, 1987: 54]. Creaba la ilusión que así se pudiera centralizar el excedente e invertirlo en servicios públicos, la que vino para abajo al momento de montarse la agresión, que como primera expresión tenia la reducción de los flujos vía las instituciones financieras internacionales. Resultó entonces en la continuación del modelo de acumulación en base a excedente extraído del sector productivo no-estatal, lo que desató la reacción de los campesinos en contra del Gobierno y fortaleció el proyecto contrarrevolucionario, como era de esperarse [Blokland, 1982].

También sobre las tres principales políticas en que se resume el MEDA, hubo controversias. En primer lugar la Reforma agraria. Abordamos las controversias en este aspecto más extensamente porque la ejecución de esta política también es tema de este capitulo. El hecho que la tierra es afectada para transferirla a empresas estatales desde un primer momento no respondió a las esperanzas del campesinado. El Cmdte. Wheelock, Ministro de Agricultura, está convencido de que el campesinado esperaba “la entrega de parcelas individuales, propias para el cultivo de granos básicos" [1985a: 26]. Explica que se procedió a la formación de las empresas estatales, "porque las condiciones materiales y políticas así lo determinaron” [lbid: 25].

¿Cuáles fueron esas condiciones que obligaron a la formación de empresas estatales, en vez de cooperativas de producción o redistribución de la tierra a los campesinos? Las explicaciones oficiales están basadas en las siguientes consideraciones: el control directo del Estado garantizaría la continua generación de divisas; control sobre el excedente y su uso, así como la generación de empleo; la conservación de las economías de escala y la posibilidad de tecnificación. En caso contrario, se repetiría la experiencia de Chile, Bolivia y Perú donde la transferencia de la tierra a las cooperativas había bajado los rendimientos. La repartición de la tierra crearía una elite rural que limitaría el empleo y provocaría, por lo tanto, más tomas de tierras. Esto pondría en peligro la unidad nacional [Deere et al., 1995: 79-80]. El argumento de la escasez de mano de obra para las cosechas de café y algodón fue utilizado [Baumeister, 1985: 21]. Es decir, en la óptica oficial el mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado reducía su carácter semi-proletario y por lo tanto la oferta de mano de obra en los picos de cosecha.

La preferencia por la estatización se relaciona además con el análisis de la realidad social. La opción a favor de la privatización de las propiedades confiscadas era propalada por las organizaciones social cristianas de oposición [lbid]. Mientras la oposición propalaba la redistribución, el Estado planteaba la estatización. Se creía que la economía estaba repartida entre Somoza, por un lado, y la burguesía opositora por otro. Al producirse la revolución, esto se traduce para los revolucionarios en una nueva dicotomía, el Estado versus la burguesía, la lucha entre el “proyecto proletario” y el “proyecto burgués” [Núñez Soto, 1987b: 66-,1987a]. El Estado revolucionario ocupó las posiciones de Somoza y sus allegados, reemplazando a los viejos poderosos y dando así un paso hacia la articulación de la economía.

La confiscación de los bienes de Somoza daría al Estado, según esas expectativas iniciales, el control directo sobre la mitad de la tierra capitalista y el monopolio sobre la banca y el comercio exterior, así como una incidencia fuerte en el procesamiento e importantes eslabones del comercio interior. A partir de su interpretaci6n de la realidad social, el Gobierno plantea que las expropiaciones podrían por el momento confinarse a las tierras de Somoza y la redistribució no era necesaria. Se aducían los siguientes argumentos:

Primero, porque el Estado no debería afectar más tierra de la que podría administrar. De allí surge el afán de consolidar el APP y dirigir la atención de la burocracia estatal hacia ese objetivo. Incluso cuando posteriormente se comprobaba que el Estado sólo recuperó el 19% de las tierras agropecuarias mediante la confiscación de Somoza y sus allegados, la Reforma Agraria procedía muy cautelosamente, aunque en la óptica oficial de 1982, finalmente el APP debería aportar el 30% de la producción agropecuaria. De esa manera se colocaría a Nicaragua, después de Cuba y la URSS en el tercer lugar de los países socialistas clasificados según el peso de su sector estatal [CIERA, 1989e: 28].

Segundo, se consideraba económicamente innecesario continuar las expropiaciones a corto plazo, porque indirectamente se podría dirigir la empresa privada vía la banca y el comercio nacionalizado. En las empresas del Estado se concentraría la acumulación y se garantizaría a la gran empresa privada su reproducción simple hasta convertirla con el tiempo en un grupo de administradores. Además, se lo consideraba en ese momento políticamente inconveniente, porque se quería mantener una alianza amplia con la empresa privada. Tercero, la redistribución no era necesaria, porque el carácter semiproletario de la población del campo reduciría la demanda de tierra. El campesinado como categoría social era considerado como insignificante. Esto fuera una lección de la Reforma nicaragüense: la Reforma Agraria puede proceder sin entregar tierra al campesinado, porque el desarrollo agrícola crea un proletariado grande aunque sea en forma oculta Como semiproletarios [Vilas, 1987, FitzGerald, 1985,1989]. Se preveía la absorción del sector tradicional, al cual paulatinamente el sector moderno se sobrepusiera, creando empleo para el campesinado proletarizado [FitzGerald, 1989:225].

Influía también una preferencia ideológica en contra del campesinado. Esa ideología decía que el semiproletariado, como categoría dominante, era una especie de transición de campesino a obrero y que fuera oportuno reforzar su carácter obrero [Kaimowitz, 1989. 58]. Esto facilitaría la transición al socialismo, por que los obreros son los técnicos que pueden encarnar ese proyecto, tal y como planteaba el ideólogo del MIDINRA [Núñez Soto, 1987b: 67]. Es decir, 'el campesinado como categoría social era considerado incompatible con el socialismo por muchos de los funcionarios medios en los ministerios claves' [Kaimowitz, 1989: 58]. La transformación agraria apuntaba a garantizar su futura absorción en empleo estatal estable, construyendo de esa manera "el 'verdadero' proletariado (...) como clase mayoritaria", de acuerdo a la visión oficial, tal y como explica FitzGerald con un toque de ironía [1989:33].

Solo por este prejuicio ideológico se explica que el MIDINRA impulsará esta estatización, incluso en el caso de grupos campesinos que no sólo se habían tomado la tierra en colectivo durante la insurrección, pero además habían organizado la producción en colectivo y estaban dispuestos a atender las inquietudes estatales sobre los rubros a producir [CIERA, 1989f. 63-67]. Mediante el decreto 329 el Estado ordenó que de esas tierras tomadas fueran incorporadas al APP [CIERA, 1989h: 52-58]. El Ministro Wheelock, dirigente de la tendencia del FSLN que enfatizaba el papel de los obreros, la población urbana y las demandas ideológicas de un partido de la clase trabajadora, rechazaba posteriormente que su estrategia podía ser atribuida a 'una ferviente voluntad de proletarizar al campesinado' [Wheelock, 1985a: 25, Ortega, 1990,139]. A aquellos que reclamaban que el peso del campesinado fue subestimado, se refutaba que una sobreestimación del carácter campesino tiende a propuestas de reformas que restan al 'papel inevitable de la agricultura como base del modelo nacional de acumulación de todas la economías subdesarrolladas en transición' [FitzGerald, 1985b: 225].

En segundo lugar, sobre el tema de la industrialización observamos que el 47% de las inversiones se dirigen a] sector industrial y de éste el 85% a la agroindustrialización. Existe consenso de que se necesita la industria para la transformación de la producción nacional agropecuaria y para cambiar el lugar de Nicaragua en la división internacional de trabajo. Además era visto como factor decisivo en la absorción de los desempleados [Wheelock, 1985,5b: 95]. Las críticas surgen porque los proyectos industriales se dieran únicamente en el sector estatal. También la alta concentración de capital en algunos proyectos gigantes y precisamente la baja generación de empleo es cuestionada. Se criticó además que este tipo de industria no resolvió el problema de procesamiento de la producción existente. La agroindustrialización mediante grandes proyectos estratégicos apuntaba al establecimiento de una industria que cumpliría las mismas funciones de la 'industria pesada' de la URSS ya que eventualmente proporcionaría las divisas para la importación de bienes de capital [Dijkstra, 1988: 228]. El 77% de la inversión agroindustrial iba dirigida a proyectos para elevar la exportación [Arguello y Kleiterp en: Spoor, 1987:17]. A mas de responder a ideas propias del Gobierno, influía la oferta de los donantes en la definición de esos proyectos. Muchas veces exclusivamente ofertaron financiamiento para proyectos de esta índole, sin dejar al Gobierno de Nicaragua otra opción. Los proyectos estratégicos son mas extensamente abordados en el siguiente capítulo.

En tercer lugar, el caso de la tecnificación. Existía también un consenso fundamental: '...queremos incorporarnos también a la carrera del progreso técnico' [Meelock, 1985a: 63]. El deseo de tecnificarse estaba basado en una legítima preocupación ante la perspectiva de hambre que se visualizaba en un país de rápido crecimiento poblacional [Ibid: 51]. Pero, nuevamente, sobre las vías de tecnificación surgieron diferencias. El Cmdte Wheelock indica cuales fueron las dos alternativas con el caso de la ganadería: '...o trabajar con el hato de las setecientas mil vacas que están distribuidas de la manera mas anárquica que alguien se puede imaginar (y en manos que no siempre son receptivas a métodos distintos y mas modernos de sanidad animal, de manejo, etcetera), lo cual significa que este país tiene que hacer un esfuerzo parecido al de la Campaña de Alfabetización para que éstas produzcan quizás medio litro mas de leche; o nos decidimos por los métodos intensivos que (..) nos garantizan con la concentración de las inversiones, producir en diez años ciento cincuenta millones de litros adicionales' [Wheelock, 1985a: 59]. En el caso de los granos se presentó la misma disyuntiva y fue resuelta a favor de 'proyectos de alta tecnología compactados en áreas de concentración' [Ibid: 60]. Sus partidarios aglutinados alrededor del Comandante, como son los hermanos vice-ministros Coronel Kautz, se destacaron por su preferencia por estas soluciones técnicas, consideradas como las mas 'avanzadas' (intensivas en capital), como medio de desarrollo que con preferencia proyectaron en tierra estatal. Aunque, la otra opción no se excluía definitivamente, mas bien se pensaba que se podría impulsarla simultáneamente, porque no costaría mucho [Wheelock, 1985a: 59, 63].

La oposición de la UNAG a los planteamientos estatales se deduce de la lectura de sus observaciones sobre la Estrategia de Desarrollo Cooperativo [UNAG, 1982b]. Los puntos principales del planteamiento de la UNAG, son Los siguientes: primero, la incidencia predominante del Estado en el comercio interno y en la industria es cuestionada por la UNAG que aboga por proyectos de autoacopio en las cooperativas, 'proyectos que sean encabezados por su organización, y no por la vía de las instituciones estatales' [lbid: 29]. Igualmente en cuanto al abastecimiento de consumo popular, reclama una red de abastecimiento conducida por las propias cooperativas, añadiendo que “el mismo principio es valido también para el abastecimiento en productos industriales" [lbid]. Con respecto a estas estructuras comerciales propias, la UNAG subraya que 'una de las tantas ventajas seria el de aprovechar las utilidades que pueden generarse a fines colectivos' [lbid: 29]. Esto deja ver el apego de la UNAG al objetivo económico de socializar el excedente campesino [cf. CIERA, 1989e: 9-10].

Segundo, presenta una diferencia con la posición del Estado sobre la industrialización, al proponer 'actividades secundarias (productivas)' a impulsar en las cooperativas agrícolas [UNAG, 1982b: 30]. En otro contexto las llama "posibilidades de agroindustrialización de mediana envergadura” [ibid: 21]. Mediante actividades de transformación "se puede agregar mas valor a los productos" [Ibid: 30]. 0 sea, es visto como el elemento que garantiza la retención del excedente. Igualmente, para retener la fuerza de trabajo, a la hora de la introducción de la mecanización en las actividades agrícolas.

Tercero, con respecto a la tecnificación, la UNAG aboga por la mecanización de las cooperativas, indicando que otros sectores sociales de la producción están adquiriendo maquinaria. Sin embargo, enfatiza que su introducción debe ser evaluada a la luz de la fuerza de trabajo existente en las cooperativas, ya que garantizar el pleno empleo en las cooperativas, incluyendo a las mujeres, figura como elemento central de sus inquietudes [lbid: 14,30-31.39, 40].

Cuarto, en relación a la Reforma Agraria la UNAG, en momentos precisos, reclamó una redistribución de las tierras y criticó la cautela estatal al respecto. Cabe señalar sin embargo que la Reforma Agraria ha sido el área en que más coincidencia existía entre el Estado y la UNAG, la que cimentó su alianza en la implementación de las políticas de reordenamiento territorial, sobre la cual ampliamos mas abajo.

Muchas de las contradicciones entre la UNAG y el Estado se concentran en la participación del campesinado en la acumulación, el control del excedente y la dirección de su desarrollo económico. La UNAG observa por lo tanto que el sector cooperativa "no ha tenido el suficiente grado de prioridad en la distribución de recursos" [UNAG, 1982b: 26]. La Estrategia de Desarrollo Cooperativo de 1982 planteaba que para hacerse efectiva, deberían destinarse los recursos económicos estatales hacia las Zonas de Desarrollo Cooperativo, lo que implicaría 'una reorientación de los programas existentes del Estado' [CIERA, 1989e: 54]. Pero, a partir de 1982 vemos más bien una ampliación de los programas de inversión en el APP (capítulo IV).

La ortodoxia socialista y el proyecto de Gobierno

También este proyecto de transformación, igual que en el tiempo de Sandino, debía pasar por un programa político de lucha por la independencia que estaba amenazada por la guerra contrarrevolucionaria que desató el Gobierno norteamericano en su contra. Nuevamente, el proyecto económico concreto, que de todas maneras se quiso impulsar, pasaría por un programa político de resistencia a los Estados Unidos, lo que creó las condiciones objetivas para hacer prevalecer la centralización sobre la participación [Deere, 1987: 251; Serra, 1989]. Implicaba, a la vez, un condicionamiento ideológico por la alianza con la otra potencia mundial que le podía garantizar la sobrevivencia a corto plazo, lo que pasó además por la identificación político-cultural con Cuba, el país que más apoyo brindó a la lucha del FSLN.⁹ Finalmente, el conflicto con Los Estados Unidos remitió el Gobierno Sandinista al tipo de ayuda que proporcionaban los países socialistas, lo que mas bien fortaleció opciones tecnócratas.

El carácter de la industrialización, la priorización del desarrollo en el sector estatal; la interpretación de la realidad social y el aprecio ideológico a la proletarización que se creía que se diera en la realidad social, a mas de promoverla como política oficial de desarrollo, son aspectos analizados hasta ahora que todos remontan a la ortodoxia socialistas. A éstos se suman otros aspectos sujetos a análisis en capítulos posteriores, como por ejemplo: la excesiva acumulación a costa del sector campesino, la planificación centralizada en la burocracia estatal y la dirección autoritaria por parte del Partido. Esa influencia de la ortodoxia socialista posteriormente fue reconocida por el propio FSLN [Barricada, 26.06.1990]. Implicaba que muchos también dudaban sobre el contenido real de los principios básicos del proyecto de transformación. Por ejemplo, en círculos de productores se vertieron dudas sobre el principio de economía mixta, además porque los mismos dirigentes políticos afirmaban que era una cuestión de táctica, no de estrategia [Envío, 1987 (70):27-28; Cmdte. Victor Tirado López en Barricada, 11.02.1985 citado en Bugajski, 1990: 43; Cmdte.Bayardo Arce Castaño comentado en: Invernizzi et al., 1986: 17]. Pero otros elementos de la ortodoxia socialista se introdujeron casi desapercibidos en el proyecto, porque las ideas sobre la industrialización y la tecnificación de la agricultura concordaban con los conceptos de modernización existentes en Nicaragua. De esta manera el 'desarrollismo nacionalista tecnócrata' converge con el 'socialismo ortodoxo' durante el sandinismo [Ortega, 1990: 131]. Esto implicaría el desarrollo de la gran producción, inicialmente sólo las empresas estatales, posteriormente también parte de las cooperativas de producción, y finalmente también la gran producción privada [Marchetti, 1987: 120]. De todas maneras, el planteamiento original no partió de la existencia de un estrato numeroso de campesinos, así que tampoco anticipaba su participación en el desarrollo económico. No obstante la particular interpretación oficial del proyecto económico, hubo políticos y medidas de consenso y las mismas son objeto de estudio del resto de este capítulo.

5 La reforma agraria, otro paso para articular la economía

La desigualdad en el campo

De Janvry clasifica a la tenencia desigual de la tierra como una determinante en la desarticulación de la economía. Después de la toma del poder, el enfrentamiento de esa desigualdad, significa por lo tanto un nuevo paso hacia la articulación. No es casual que la Reforma Agraria fue la política en que más consenso había entre productores de la UNAG y el Estado. La tierra era la base de poder de aquellos que el FSLN quiso reemplazar, además el condicionante mayor de la desigual distribución de los ingresos y de la pobreza en el campo.

La desigual distribución de la tierra se acentuó en el periodo 1963 a 1978, en el sentido de que más tierra se concentró en manos de los latifundistas. El cuadro 2 proporciona mayor apoyo a una tesis de concentración clásica de la tierra en comparación con datos que generalmente ha presentado el MIDINRA. Estos últimos conducirían a suponer más estabilidad en la distribución relativa de la tierra sobre la totalidad del intervalo 1963-1978 e incluso, la consolidación de las categorías campesinas propiamente dichas. El área total para 1978 fue calculada por el ministerio en 8 073 000 manzanas, controlando el latifundismo 36% de la tierra en 2% de las fincas [CIERA, 1989i: 39]. Es decir, Nicaragua antes de la Revolución muestra un marcado latifundismo. De estos latifundios unas 940 fincas abarcan el 30.4% de la tierra en fincas, es decir 2 717 091 Mz., un promedio de 2 890 Mz. por latifundio.

Cuadro 2.

Distribución porcentual por tamaño de la finca del número de fincas y de la tierra en 1963, 1971 y 1978 (área total en miles de Mz.)

	1963		1971		1978
Tamaño de la finca	fincas	área	fincas	área	fincas	área
< 10 Mzs.	51	3	45	2	45	2
10-50 Mzs.	27	11	30	10	33	12
50-200 Mzs.	17	27	17	21	18	26
200-500 Mzs.	3	18	6	22	3	12
> 500 Mzs.	1	41	2	45	2	48

Total(=100%)	102274	5458	95863	6773	156264	8938

Fuente: INIES, DEA

La tenencia de la tierra es desigual y los cambios en ella, a la vez, presentan mucha variación de un departamento al otro. Por un lado, en el periodo 1963-1978 se produce en León un proceso de concentración de tierras. En Boaco y Chontales la concentración se da a la par de una expulsión de la pequeña y mediana producción. Por otro lado, se observa un proceso de subdivision, por ejemplo en Carazo y Masaya en el Pacifico, donde la presión por la tierra es relativamente alta y el minifundio mas pronunciado. Este fenómeno también se produce en Rio San Juan, región de reasentamiento de los productores campesinos expulsados. En Zelaya se produce un acaparamiento de tierra, ampliándose drásticamente el latifundismo improductivo, que se expresa en un incremento menor de tierra cultivada en comparación con el incremento de tierra en fincas, a la par de un proceso de colonización dirigida y espontánea. En la región central norte, Matagalpa y Jinotega los campesinos medios aumentaron su participación en la tenencia de la tierra. A pesar de la desigual distribución de tierra, el país tiene en su vasta Frontera Agrícola de la parte Sur y Oriental del país, una válvula de escape para amortiguar la reproducción de pobreza en los campesinos desplazados, Io que se expresa en procesos espontáneos y dirigidos de colonización [CSUCA, 1978:242-254].

El número de personas sin acceso y con acceso precarista abarca el 19.5% de la PEA, es decir unos 127 000 campesinos.¹⁰ Fuentes oficiales mencionan 120 000 campesinos sin tierra [Gutiérrez, 1989: 116]. El problema de tierra es mas pronunciado en el Pacifico que en el interior cerca de la frontera agrícola. Esto significa que solo una redistribución de la tierra en el Pacifico puede dar abasto [Peek, 1982:4]. Puesto que la posesión de tierra es el mayor condicionante de la pobreza en el campo, el CIERA en una investigación específicamente dirigida a este aspecto, concluye que se puede haber dado en un 56% de las familias rurales agropecuarias.¹¹ La pobreza es relativamente mayor en el Pacifico [CIERA, 1985]. La relación entre tenencia de la tierra y pobreza, pasa por la oportunidad de generar ingreso. Se expresa también en la diferencia entre PEA y el número de trabajadores. Hemos calculado esta tasa de empleo en 64% (véase capítulo V). La falta de empleo y la desigual tenencia de la tierra determinan, por lo tanto, la desigual distribución de ingresos.

La pobreza se expresa en los parámetros del desarrollo social en el campo, como en los índices de mortalidad infantil, estableciéndose la mortalidad de lactantes en 120 por 1000 como promedio nacional y hasta 300 por 1000 en el campo. El 90% de esta mortalidad se debía a malnutrición. Sólo 38% de la población tenía acceso a agua potable, pero en el campo, la cifra llegaba apenas a 4%. Las calorías obtenidas sumaban solo a 80% de los requerimientos en el caso del 50% mas pobre de la población. El 90% de la población no tenía acceso a servicios módicos, dándose un promedio de cinco médicos y dos camas hospitalarias por 1000 habitantes. En el campo sólo el 8% de las familias tenía acceso a centros de salud. El analfabetismo se confirmó durante la campaña de Alfabetización en un 50.2%. Solo el 20% de las familias rurales tenia una escuela primaria cerca de la casa [Banco Mundial, 1978. FIDA, 1980, Peek, 1982:20; Harris, 1985; Torres, 1985].

El golpe al Somocismo

La administración Sandinista se enfrentó a la clase terrateniente y especialmente a aquella identificada políticamente con el anterior régimen. Los decretos 3 y 38 trasladaron al Estado las propiedades de la familia Somoza, de sus allegados y de los funcionarios que hubieran abandonado el país [CIERA, 1989h: 250-253]. De las primeras 1 132 353 manzanas confiscadas vía los decretos mencionados el 36.3% se refiere a Managua, 34% a Rivas y 29% a León, lo que evidencia el peso de la acción en el Pacifico. El 43% de la tierra de latifundistas es expropiada, ubicándose el 91% de esa tierra, confiscada con este criterio político, en fincas de más de 500 manzanas [FIDA. 1980:76]. Esto hizo posible la conformación del Area Propiedad del Pueblo (APP).

El APP consiste inicialmente en 76 empresas, de las cuales 34 son agropecuarias y el resto de servicios y agroindustriales. Las empresas agropecuarias aglutinan 1146 Unidades de Producción Estatal (UPE), que conforman 172 complejos [Menjivar et al., 1985:426]. Los Sandinistas habían esperado recuperar con este golpe el 50% de la tierra [Baumeister y Neira, 1987: 292). Pero, el 19% que se logró, era más bajo que en cualquier otro sector, recuperándose el 40% de la economía en su totalidad [Black, 1981: 202]. La participación del Estado en el sector agroindustrial y agropecuario a partir de la primera confiscación se desglosa de la siguiente manera:

Cuadro3

Participación estatal (%) en la agroindustria y la producción agropecuaria (1981-1982)

Mataderos 100	Tabaco 100	Algodón 20	Fríjol 19
Beneficios 40	Azúcar 45	Sorgo 20	Maíz 8
Desmotadoras 35	Arroz 40	Café 17	Ajonjolí 3

Fuente: Baumeister, 1985: 21

Era necesario que se continuaran las afectaciones para socavar la base del poder latifundista, pero, tal y como analizamos en los incisos anteriores, el Gobierno tuvo cautela para avanzar.

La ley de Reforma Agraria

Incluso después de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria en 1981, la entrega de tierra al campesinado no avanzó. En diciembre de 1982 se habían entregado apenas 130 000 manzanas, afectándose en 1981 y 1982 a 245 000 manzanas para reforzar aún más el APP. La UNAG entonces recién fundada concluye amargamente: 'Este año 1982 que iba a llevar el nombre de año de la Reforma Agraria, ha sido en muchos aspectos ante todo el año de la compactación del A.PP' [UNAG, 1982b: 19].

Con la Ley promulgada en 1981, dicho sea de paso, no era posible enfrentar con decisión el problema central del agro y avanzar en la entrega de tierra a los campesinos que carecían de ella. La ley facultaba al MIDINRA para expropiar las propiedades de mas de 500 manzanas en el Pacifico y de mas de 1000 manzanas en el interior y Atlántico. El criterio de afectación era que estuvieran ociosas, deficientemente explotadas o dadas en arriendo. En caso de estar explotadas en forma precaria por campesinos, la ley facultaba la expropiación de propiedades mayores de 50 Mz en el Pacifico y 100 Mz en el interior a favor de los precaristas [CIERA, 1989h: 58-89]. Consecuentemente, para no trastocar las relaciones con los grandes productores privados, éstos en general no se vieron afectados cuando mantenían la producción en la finca, no salían del país y no se involucraban en actividades de apoyo a la contrarrevolución [Tirado, 1986: 168]. Incluso no cabía en la lógica de la dirigencia simplemente aplicar un criterio técnico de límites a un productor grande identificado con la revolución [FSLN, 1986:13]. Por lo tanto, rápidamente se agotaron los recursos de la ley para seguir las afectaciones. En 1985 se debía comprar 340 unidades para poder ampliar el banco de tierras.

Tardaría hasta 1983 para que el Gobierno empezara en serio la redistribución de la tierra, en base a una nueva ola de afectación. Coincide con una escalada de la guerra en ese año, la primera introducción masiva de fuerzas contrarrevolucionarias desde Honduras. En la óptica de ese momento, la profundización de la guerra pone en evidencia que la gran producción agraria (latifundista) no era susceptible a la política de unidad nacional. Entonces, es legítima una política de enfrentamiento. La redistribución corresponde a una creciente conciencia del peso campesino, aunque sea todavía en términos políticos.

Se profundizaba la Reforma Agraria mediante el aumento de afectaciones y entregas de tierra al campesinado, pero se exigía al productor, que se organizara en una cooperativa de producción para ser beneficiario. Se esperaba así poder mantener el perfil productivo de las fincas entregadas y la producción en medio de un proceso de reforma. Las cooperativas se constituyen como sector social recuperado para la Revolución. En sólo 1983 se redistribuyen 294 000 manzanas.

En los dos años posteriores la cantidad entregada disminuye. El intento de reestructuración de la tenencia de la tierra provoca la reacción hostil de los afectados y posibles afectados y sus clientes. La titulación de tierras precarias que el Gobierno había iniciado en 1983, mantiene durante esos años la imagen de una continuación acelerada de la Reforma Agraria, pero en realidad estaba desacelerando su impulso. Pues, la titulación en su mayor parte confirmaba la posesión de tierra de los productores de la frontera agrícola [Deere et al., 1985: 100]. Con esta política se dio continuidad a una política de los últimos años de la dictadura somocista. Su efecto es la legalización de la desigualdad existente. Además por referirse a zonas ya muy afectadas por la presencia de la contrarrevolución, el equipo de Envío concluye: 'Aunque unas 30 mil familias recibieron la legalización de sus tierras en el interior, esto no significó ningún cambio real' [Envío, 1985 (51):12c]. Este cambio tampoco era el objetivo de la titulación, mas bien se trataba de contrarrestar la influencia contrarrevolucionaria.

Un nuevo impulso a la redistribución de tierra

En 1985 la entrega de tierras se reduce a cien mil manzanas, al mismo tiempo que la guerra entra en una fase definitiva y deja a mas de 10 000 victimas en ese año. La dirigencia revolucionaria realiza una reflexión sobre el campesinado, la que ampliamos en el siguiente capítulo. En esas circunstancias aumentó el espacio político para una profundización de la Reforma Agraria. La UNAG propalaba la afectación de los “productores pro-imperialistas" que apoyan y colaboran con la contrarrevolución. Era una demanda lógica como consecuencia de los decretos políticos contra los bienes somocistas, a pesar de que esta razón de afectación no estaba contemplada en las leyes [UNAG, 19881:45, UNAG, 1988h: 21]. Incluso argumentaba que se afectara a todos los terratenientes hasta satisfacer las necesidades de los campesinos sin tierra [Núñez Rodríguez, 1986]. Resulta de esto, entre otras cosas, la modificación de la Ley de Reforma Agraria eliminando los limites máximos de propiedad garantizada, en caso de explotación deficiente, abandono o arriendo [CIERA, 1989h: 97-122). Se introduce además el criterio de afectación por utilidad pública o interés social [lbid: 114]. De esta manera, pueden elevarse las entregas de tierra hasta su nivel récord, al distribuirse sólo en 1986 casi 320 000 manzanas de tierra. A la par de la afectación, el Gobierno recurre entonces mas a la negociación, la permuta y la cesión de empresas del APP, tratando de evitar al máximo la reacción hostil de los afectados y el aumento de la actividad bélica. Las entregas parecen ser el recurso último para que el Gobierno gane políticamente al campesinado.

A partir de 1987 se repite el descenso de la actividad de afectación y redistribución. En 1986 afectaron a 460 propiedades, en 1988 hubo apenas siete casos de afectación, entre ellos la del Ingenio San Antonio. En el año 1989 la dirigencia Sandinista declara insistentemente que las afectaciones han sido paradas, en aras de lograr la Paz y la reconciliación. Sólo se produce una confiscación política afectando a tres destacados opositores en junio de ese año.

Los resultados de la Reforma Agraria

Identificamos tres ondas de reparto agrario en el período del Gobierno Sandinista, con momentos importantes en 1979, 1983 y 1986. Las tres se caracterizan por una ampliación de las razones de afectación. Inicialmente se utiliza el criterio político, ser somocista o estar fuera del país, posteriormente el criterio de explotación deficiente, tierras ociosas, en abandono, arrendadas o no trabajadas directamente por los dueños, y últimamente, también la razón social o pública, eliminando al mismo tiempo el tamaño de la finca garantizada de no-efectación [CIERA, 1989h]. Las afectaciones abarcan a 2 273 885 Mz. de unas 3 800 propiedades. La mayor parte se realizó en los primeros años, afectando en base a Ley de Reforma Agraria de 1981, a 890 687 Mz comprendida en 1 518 propiedades. Generalmente, la tierra pasó primeramente a formar parte del APP, la que en 1982 alcanzó 1 700 000 Mz, para reducirse posteriormente a favor del sector cooperativa y establecerse en 948 230 Mz. El APP con el tiempo se confinó al área económicamente mas importante, reorganizando las UPEs en diferentes estructuras superiores, para terminar con la organización de 12 corporaciones por rubro, dos empresas de soporte técnico y tres empresas agroindustriales. Adicionalmente, después de dos olas redistributivas de tierra, se acumuló en 1988 una área de 1 325 655 manzanas entregada a 77 430 familias [CIERA, 1989i, Serra, 1991,133]. En realidad no se trata de familias, ya que la entrega se efectuó a este número de personas, supuestamente jefes de familia.

Las afectaciones en base a la Ley de Reforma Agraria se dieron en un 29% en la región II y 14% en la región IV, lo que evidencia nuevamente que el Gobierno realmente se enfrentó con la desigual distribución de tierra en el occidente. Las afectaciones en las regiones del interior y centro, escenario de la guerra han sido considerables, encontrándose el 26% del total de tierras afectadas después de 1981 en la región V, donde la guerra se mantuvo hasta 1990 [CIERA, 1989i].

La Revolución Popular Sandinista a lo largo de su gestión y a pesar de su vacilación inicial se enfrentó con el problema de tierra, aunque no fuera a la escala que correspondía a un cambio radical y rápido [Griffith y James, 1981]. Ha logrado una significativa modificación de la tierra, que redujo la participación de la gran producción privada de 36% del área en fincas en 1978 a 8% en 1988. En el cuadro¹²que sigue presentamos una aproximación a la distribución de tierra en estratos de tamaño, que ilustra la recuperación de tierras por el campesinado.

Cuadro 4

Redistribución de la tierra (%) en el período 1978-1988

Tamaño de la finca	1978	1988
Mas de 500 Mzs.	36	21*
200 a 500 Mzs.	16	15
50 a 200 Mzs.	30	31
10 a 50 Mzs.	15	31
menos de 10 Mzs.	2	2
Total(=100%)	8073000 Mzs.	7281595 Mzs.

*) Incluye 13% APP

Fuente: CIERA, 1989j: 39, 56, 47, 45; FIDA, 1980: 78

Esta presentación de los resultados de la Reforma Agraria difiere substancialmente de lo acostumbrado por fuentes oficiales del MIDINRA [CIERA, 1989i: 39]. Allí se distingue, por un lado el sector privado no afectado (46% del área en fincas en 1978) para lo cual se presente una distribución por tamaño de la propiedad. Por otro lado, el sector reformado que incluye toda la tierra que de alguna manera ha sido sujeto a acciones de Reforma Agraria desde 1979. Esa presentación ilustra que la Reforma Agraria Sandinista no tenia como objetivo central la redistribución de la tierra como tal, mejorando la distribución de tierra por estrato de tamaño de propiedad. Su objetivo era mas bien la afectación de la base económica del régimen anterior y la inclusión de una parte creciente del sector agropecuario en un proyecto de transición, cuyo grado de éxito se mediría por el porcentaje comprendido en el sector reformado [FSLN, 1986:14].

En las estadísticas oficiales, el sector reformado es desglosado de la siguiente manera: las tierras del APP representan 12% del área en fincas de 1978; la tierra entregada a diferentes modalidades organizativas e individuales comprende 1 325 654 Mz. o 16% del área mencionada. De esta área, el 70% fue entregada a cooperativas CAS, las tierras tituladas, que se refieren a tierras precarias y ejidales de las comunidades indígenas y comprenden 1 639 910 Mz. o 20% de la tierra en fincas de 1978. Finalmente se distingue una área de 459 710 manzanas en abandono, o sea el 6% del área total en fincas de 1978. En los datos oficiales esto resulta en una área total de 8 073 000 manzanas constantes desde 1978.

No incluimos el área en abandono en los datos del cuadro 4 de 1988, ya que representa el retroceso sobre la frontera agrícola por efectos de la guerra. Otra parte de las fincas se encuentra parcialmente abandonada, así que el área total es de 9.8% del área en fincas de 1978. En este dato está incluida la diferencia entre la tierra entregada a cooperativas CAS y la tierra en posesión de estas cooperativas. Pues, el movimiento cooperativa mismo declara tener posesión de 589 796 Mz. [UNAG, 1989n]. Esto representa apenas el 60% del área entregada. Esta diferencia se manifiesta en regiones afectadas por la guerra y no se manifiesta en las regiones no incursionadas por la contrarrevolución, la IV y Ill. Obviamente, una parte de los cooperativistas CAS había recibido tierras, que posteriormente tuvieron que abandonar por la guerra [FSLN, 1986: 15; Gutiérrez, 1989: 126].¹³Al desplazarse a lugares de seguridad fueran nuevamente beneficiarios de la Reforma Agraria. Esto significa que la Reforma Agraria ha otorgado tierras a 22 000 socios menos del dato oficialmente dado.¹⁴ En total se benefició mediante la entrega de tierra a 55 000 personas, quienes con sus familiares dependientes representan una población de 300 000 personas, o sea el 28% de la población campesina de 1989.¹⁵

El resultado final de la Reforma Agraria depende de la asignación de las fincas en abandono y de la disputa sobre la tierra estatal que se desató después del cambio de Gobierno en 1990. El Gobierno Sandinista afectó al latifundismo, pero no logró impactar al problema de los campesinos sin tierra y al empleo, a pesar de los avances señalados. En 1989, se estimaba el total de campesinos sin tierra en 60,000, concentrándose el problema en los núcleos minifundistas de Masaya, León, Managua, Chinandega, Estelí y Jinotepe; en la zona seca del país que se extiende de Somotillo en el norte a Comalapa en el centro-este del país. También muchos desplazados de guerra carecen de tierra [Gutiérrez. 1989:125]. El Instituto Nacional de Reforma Agraria informa en 1990 que la demanda es de 70 mil familias. Consideramos que el número de campesinos sin tierra debe ser mayor, ya que la cantidad de campesinos beneficiados en los años ochenta equivale apenas al crecimiento de la PEA agropecuaria, aún tomando en cuenta los caídos en la guerra, ya que el área total en fincas se redujo.¹⁶ Efectivamente se mantuvo la presión por la tierra en 1988 y 1989, mas particularmente en las regiones IV y II. Aumentó también en las regiones 1, V, VI, Atlántico y la ZEIII a raíz de la desmovilización de la contrarrevolución y el fin de la guerra en 1990.

Alianza entre UNAG y MIDINRA en la Reforma Agraria

Se le atribuye a la UNAG, falta de preocupación por los pobres rurales en las acciones de transformación. Como prueba de ese sesgo se aduce que la UNAG en los primeros años no levantó la bandera de lucha por la tierra, como había hecho la ATC la Organización de obreros agrícolas de la cual la UNAG se desprendió [CIERA, 1989f. 138; FSLN. 1985a: 12-13. 22]. La UNAG se ganó el apelativo 'burgués', porque asumía, en la opinión de muchos Sandinistas, una posición tímida en comparación con la posición mas explícita de la ATC a favor de la lucha por la tierra [CIERA, 1989f. 87.138].¹⁷

Las posiciones públicas de UNAG muestran en momentos beligerancia a favor de los campesinos sin tierra. En 1982, ante la resistencia del Gobierno a entregar las tierras confiscadas y la cautela en el proceder en las afectaciones, reivindicó explícitamente la tierra para los campesinos pobres [UNAG, 1982a: 3; UNAG, 1986d: 9]. La UNAG criticó que la redistribución de tierras se limitaba a desprender de las UPEs las partes y fincas que no le servían para entregárselas al movimiento cooperativa. Enfatizaba en ese instante que 'la organización mantiene firmemente su posición en torno a la política de entrega de tierras buenas' [UNAG, 1982b: 20]. Es vocero de un resentimiento mayor entre el campesinado, que se gestó porque la tierra usurpada por el Somocismo no les fue devuelta [Entrevistas Región IV, 1983; Gianotten et al. 1987: 36]. La UNAG justificaba la presión del campesinado sobre las tierras del APP, indicando a la vez que la Ley de Reforma Agraria de 1981 tenia limitados alcances porque no permitía confiscar con el objetivo de compactar áreas o zonas de desarrollo cooperativa [UNAG, 1982b- 19-20].¹⁸ Posteriormente su beligerancia crece, cuando el Primer Congreso de la UNAG en 1986 decide dirigir, apoyar y organizar las demandas de los campesinos por la tierra hasta erradicar el latifundismo improductivo y que no quede un campesino sin tierra [UNAG, 1986c: 32].

Curiosamente el propio Consejo Nacional de la UNAG resta a esa beligerancia nueve meses después. En esa ocasión se enfatiza que la participación de la UNAG en la definición y ejecución de las políticas de Reforma Agraria debe hacerse tomando en cuenta los intereses de los productores afiliados y no-afiliados, así como intereses estratégicos nacionales [UNAG, 1987e: 2]. Dentro del marco de las resoluciones del Primer Congreso hubiera sido preciso priorizar los intereses de los campesinos sin tierra. La referencia a 'intereses estratégicos' expresa preocupación porque la lucha por la tierra socava la estabilidad política y los esfuerzos de Paz. La UNAG no retoma la lucha por la tierra, sino cuando en la desmovilización de la contrarrevolución y las fuerzas regulares, el nuevo Gobierno electo en 1990 no cumple sus promesas de tierra.

La Organización en sus posiciones con respecto a los campesinos sin tierra no era menos beligerante que el MIDINRA. Más bien existe coincidencia entre la UNAG y el Estado. Las criticas de 1982 formaron el preludio a la primera redistribución masiva de tierras a partir de 1983. La línea aprobada en el Congreso correspondía al papel asignado por el Partido a los productores en la profundización de la Reforma Agraria [FSLN, 1985a: 30]. La posición del Consejo en 1987 corresponde a la desaceleración de las afectaciones iniciada en aras de lograr la Paz. Esa coincidencia ilustra que las posiciones son el resultado de una discusión partidaria, base de alianza critica en que de repente salieron a la luz las discrepancias que de todas maneras siguieron existiendo. Por ejemplo, cuando el MIDINRA resta demasiado al protagonismo definido en el Primer Congreso, la UNAG reclamó sus derechos evocando la Constitución [UNAG, 1988e: 31].

Además, la posición de la UNAG no puede ser deducida de sus declaraciones solamente, porque a veces estas están coyunturalmente formuladas de cara a restar a la polarización que la Reforma Agraria provocaba en la base. En el trabajo de base observamos la misma alianza crítica entre el Estado y la UNAG. Con el trabajo de sus promotores (véase párrafo 4 de capítulo V), la UNAG reafirma su carácter de organización cuyo trabajo ha seguido las orientaciones emanadas por el FSLN. La transformación política en términos de la Reforma Agraria y la cooperativización fueron los proyectos de mayor envergadura que el Partido encomendó a los promotores de la UNAG [CIERA, 1989f- 87-88,148]. Esto explica que la subordinación de los promotores a los cuadros partidarios inicialmente era menos contradictoria. Era la línea en que coincidían los objetivos globales de los militantes campesinos en UNAG, el Partido y de los funcionarios del MIDINRA. Incluso, la misma UNAG había propuesto disponer sus promotores a esta tarea [UNAG, 1982b: 33-34]. Pero, por su subordinación al secretario político, el promotor podría ser orientado para actuar en contra de los intereses de la población campesina. Se produjeron por lo tanto críticas en la UNAG sobre el papel asignado a los promotores como ejecutores de las políticas estatales, por ejemplo, aquella que condicionó la entrega de tierra con la exigencia de formar un colectivo. Esta interferencia del Partido ha impulsado a la UNAG a reivindicar con el tiempo su carácter independiente [FSLN, 1985a: 18].

En resumen, el Gobierno Sandinista se enfrentó con la desigual distribución de la tierra, logrando una importante redistribución pero sin concluirla completamente. Inicialmente optó por la creación exclusive del área estatal, Pero a partir de 1983 empezó a redistribuir tierra al campesinado. Ha sido un proyecto de alianza entre la UNAG y el Estado, pero crecieron divergencias sobre el condicionamiento de la entrega. En el párrafo siguiente profundizamos sobre este aspecto relacionado con la cooperativización.

6 La cooperativización

El consenso sobre la cooperativización

La cooperativización Sandinista es en gran medida igualmente un proyecto de alianza entre el Estado y los productores, alrededor de la política de tierra y de crédito. La redistribución de la tierra resulta en las Cooperativas Agrícolas Sandinistas (CAS), que son colectivos de producción. Y, desde el primer ciclo agrícola de la Revolución se había impulsado la cooperativización alrededor del crédito, que fue el otro proyecto mayor de cooperativización. Sobre los conceptos básicos de cooperativización había un consenso general compartido entre los funcionarios y directivos del MIDINRA y los dirigentes de la UNAG. Este consenso quedó plasmado en la Estrategia de Desarrollo Cooperativo de 1982 y posteriormente en el MEDA [CIERA, 1989e: 25-64; 1989a: 155-230]. A partir de ese momento se planteó la cooperativización como eje de la atención gubernamental al sector campesino. La colectivización, que se concibió inicialmente vía la estatización de la tierra, podría profundizarse a partir de la redistribución de la tierra, vía la cooperativización. Las empresas estatales y las cooperativas de producción se contemplaban como las formas superiores de producción [CIERA, 1989e: 28]. A estas se atribuyó la posibilidad de estructurar las nuevas relaciones sociales entre los hombres y sentar las bases para un nuevo modelo de sociedad [ibid: 19]. El establecimiento de estas unidades colectivas de producción se debía dar por la entrega de fincas expropiadas a grupos de campesinos. También se la concebía como producto de una política de estímulo, que se realizaría vía las inversiones y el crédito a largo plazo en proyectos colectivos infraestructurales y productivos. Estos deberían convencer a Los campesinos organizados en Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS), para transitar hacia la CAS, la forma superior de organización [Ibid: 42].

La introducción de la técnica moderna ha sido una preocupación central. Se consideraba que la escala requerida para utilizar la técnica mecanizada y de riego, así como la voluntad de optimizar su efectividad y su racionalización, implicaría la compactación de grandes áreas. Estas serian dedicadas a los cultivos para los cuales agroclimatológica y técnicamente fueran mas aptas. El reordenamiento territorial fue contemplado por lo tanto como elemento básico de la política de tierras. Se propuso e impulsaba la fusión de cooperativas para ampliar el área y el número de socios de las unidades de base. Las estructuras de base también podrían integrarse en Uniones de Cooperativas (UCA) o en general cooperativas de segundo grado, con un carácter de servicio hacia las cooperativas miembros [CIERA, 1989e; UNAG, 1982b]. La idea central de la política de tierra, crediticia y de cooperativización, apuntaba así a compactar, especializar, intensificar y tecnificar la producción, así como crear actividades de transformación.

Por otro parte, las cooperativas deberían dar al campesinado acceso a los servicios sociales en el campo, aumentando la cobertura de los servicios estatales. Este efecto seria mayor si la misma era acompañada por una reubicación campesina, el reagrupamiento de la población dispersa. Se esperaba que fuera atraída a los llamados polos de desarrollo, concepto que se refiere a la creación de infraestructura de servicios sociales y tierras productivas [CIERA, 1989e: 52; UNAG, 1982b: 21]. Para hacer las inversiones se movilizaría la mano de obra subutilizada, como fuente de acumulación comunal y cooperativa en la autoconstrucción de casas, jornadas de salud y educación. De esta manera se resolverían los problemas de abastecimiento, salud, vivienda, educación y otros, con un alto componente de autoesfuerzo y el apoyo estatal complementario, como estrategia para elevar el nivel de vida en el campo.

En lo político, se valoraba además que la cooperativización diera representación a los campesinos, así como que el movimiento cooperativa contribuyera a la reproducción de valores de la nueva sociedad, solidaridad, lucha contra la explotación y un cambio en las relaciones de producción. En el proyecto coincidente objetivos económicos y políticos: contribuir al desarrollo del país y propiciar el apoyo del campesinado a la revolución [CIERA, 1989e: 9-15].

Para cohesionar el accionar del Estado y para no diluir los recursos limitados, se propuso una política de priorización, que además proporcionara las experiencias de avanzada para el resto del campesinado. Se procede por esta razón a la selección de Zonas de Desarrollo Cooperativo (ZDC). En total fueron seleccionado 35 ZDC con 553 cooperativas, CAS (51%) y CCS (49%). Las cooperativas priorizadas abarcan 18% del total y 27% de la membresía total de ese momento (60 000), lo que indica la preferencia por seleccionar las cooperativas mas grandes [MIDINRA, 1983].

En las ZDC se articularía las formas productivas y se concentrarían los servicios del Estado, creando para tal fin los llamados Centros de Desarrollo Cooperativo. Estos son unidades de servicios múltiples, como el crédito, mecanización, comercialización, procesamiento y sobre todo capacitación técnica. Son estructuras de integración territorial de la producción y el intercambio, las cuales son interpretadas como avances hacia la colectivización, porque permiten vincular la producción campesina al plan [CIERA, 1989a: 115]. En la visión de ese momento son "elementos de planificación directiva, organizada por Midinra, pueden ser considerados como la base organizativa de la unidad nacional y el complemento indispensable para una socialización progresiva en el agro”. De tal manera, "podemos comenzar a colectivizar la producción incluso antes de haber colectivizado la propiedad” [CIERA, 1989a: 127-128].

Tipos y número de cooperativas :

A más de los factores previstos, la tierra y el crédito, también la falta de abastecimiento de bienes campesinos y un apoyo puntual del exterior para resolver parte del problema, así como la necesidad de defensa militar, dieron lugar a formas organizativas de base diferentes. Pues, resultan la Cooperativa Agrícola Sandinista (CAS) o de Producción, la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS), la Tienda Campesina (TC) y por último la Cooperativa de Auto Defensa (CAD).

En las CAS los productores tienen en común la tierra y los principales medios de producción y organizan colectivamente la producción en la mayor parte de la finca. Los socios obtienen un adelanto sobre el trabajo aportado. El resultado económico final de las actividades es repartido sobre los socios de acuerdo al trabajo aportado, después de eventuales reservaciones para el Fondo de inversión o el Fondo Social de la cooperativa. Las CCS se componen por productores individuales que se unen para la organización o gestión de servicios a la producción, siendo el crédito un factor importante en el impulso que se ha dado a esta forma organizativa. Estas dos formas eran las legalmente reconocidas en la Ley de Cooperativas promulgada en 1981 [CIERA, 1989h: 133-147]. Las Tiendas Campesinas (TC) son minoristas de abastecimiento de bienes de uso campesino fundadas por grupos amplios de pobladores de una comarca o pueblo. Las CAD son cooperativas del tipo CAS, organizadas con una función principal en la defensa del territorio. Surgieron a raíz de la reubicación dirigida y espontánea de campesinos. En casos era apreciado este efecto de la guerra que hizo transitar la organización campesina hacia formas superiores. Pues, a pesar de una flexibilización de la forma organizativa a establecer en las tierras entregadas, en las zonas de guerra el campesinado siguió optando por la CAS [Wheelock, 1987:12].

Otras formas de organización económica de base son las Cooperativas de Surco Muerto (CSM) y los Colectivos de Trabajo (CT). Los CSM se caracterizan por tener la tierra en común entre un grupo de productores, que explotan la mayor parte de la finca de manera individual. Surgen por la voluntad de mantener las fincas entregadas como unidad productiva y la necesidad de tener una explotación individual. Son vistas por unos como forma previa a la cooperativa CAS [UNAG. 1988a: 102-103]. Alternativamente, puede resultar de la intención de parcelar la cooperativa sin querer desintegrar por completo una finca recibida en CAS [CIERA, 1989e: 42-43]. La ventaja de mantener unida la finca se desprende de la idea de que, al no cercar sus huertas, los productores pueden colectivizar servicios a la producción, como es el arado o la fumigación. El CT surge como formula para retener los obreros estacionales en las empresas de APP, dándoles acceso a una parcela colectiva para siembra de granos en el tiempo muerto de la actividad de la Empresa. En el ámbito campesino se refiere a las explotaciones colectivas de grupos pequeños de familiares, que por su tamaño no pueden considerarse CAS. Presentan las mismas características que las CAS, en cuanto a la organización social de la producción, aunque en este caso se retoma más bien formas tradicionales de organización, como la mano vuelta. Otras formas organizativas en el campo son el Comité Comarcal, que se comprende de una comisión elegida por los pobladores de una comunidad para velar por sus intereses comunes de educación, salud, agua potable etc. Las Uniones de Productores de Base, Comisiones y Asociaciones por rubro, Consejos Municipales son formas impulsadas por la UNAG como parte de su estructura gremial, principalmente de los productores individuales.

En 1989 el movimiento cooperativa emprende un autodiagnóstico y un recuento estadístico.¹⁹ El cuadro que sigue a continuación, es una primera evidencia del desarrollo del movimiento.

Cuadro 5

Cooperativas, número de socios por sexo, población y tenencia (1989)

Cooperativas		Número de Socios			Población	Tenencia
Tipo	No	Hombres	Mujeres	Total	Total b/	(mz) b/
CASa/	1221	21463	3023	25044	123427	589796
CCS	1528	46622	5437	54125	312454	917461
CSM	112	2610	191	2967	16477	39776
CT	391	2829	507	3471	11964	46201
Otro	111	1016	88	2478	10250	29329
Total	3363	73940	9246	88085	474572	1622564
Socios sin especificar en la RAAN : 4899

a/ incluye también a las CAD

b/ sin incluir población y tenencia de ZEIII correspondiente a 1987 socios

Fuente:Autodiagnóstico cooperativo 989 [UNAG.1989n]

Por otra parte, la ECODEPA informó que cuenta con 187 Tiendas Campesinas que atienden un total de 1 522 comarcas, con un total de 63 914 de socios. Esta cifra puede alcanzar los 67 767 al incluir los datos preliminares sobre las Regiones Autónomas de Atlántico Sur y Norte [UNAG, 19890].²⁰ Los datos evidencian el espectacular avance del cooperativismo en Nicaragua, que antes del triunfo agrupaba apenas 9 mil productores. También, en otros sectores el cooperativismo era incipiente. Existían a finales de los años setenta 165 cooperativas, en su gran mayoría de Ahorro y Crédito [Ortega, 1987: cuadro 2; UNAG, 1988f.- 4]. La organización campesina en CCS era inicialmente mayor, 73 854 socios. Al restringirse bruscamente la disponibilidad del crédito para los rubros de consumo interno, se redujo la masa de integrantes de las CCS a 52 711 en 1982. En el caso de las CAS el trabajo organizativo de la Reforma Agraria ha sido más grande, pero por efectos de la guerra, se deshizo parte de él [Deere et al., 1985:83; CIERA, 1989i: 65].

La cooperativización: ¿Proyecto político o económico?

Existía coincidencia plena sobre la necesidad de colectivizar la tierra e incluso sobre el avanzar hacia formas superiores de producción. En términos de nuestro análisis del capítulo II, se promueven las cooperativas de producción por las ventajas económicas que supuestamente presentan, como facilitar la incorporación de la técnica, la cooperación entre los trabajadores y la división de trabajo. Por ejemplo, la UNAG manifiesta inquietudes sobre el modelo de CSM que podría significar un retroceso hacia la privatización de la tierra [UNAG, 1982b: 37-38].

Por otro lado, también muestra preocupación de que el proceso debe seguir respondiendo a la voluntariedad de las bases, reclamando que se tenga paciencia en implementar fusiones de cooperativas [Ibid: 34-37]. Al fin y a cabo, la UNAG propugnaba una Reforma Agraria y un desarrollo cooperativa, como parte de un proyecto económico caracterizado como la democratización de la economía en el campo. Estaba favor de la cooperativización priorizando a las CAS, porque estaba convencida de que el modelo sirve como medio de desarrollo económico. Pero no favorecía la colectivización como proyecto que se cumpliera a cualquier costo. Participantes en los debates de ese momento observan que la Organización se preocupaba porque se diera la oportunidad a] productor de elegir la forma de acceso a la tierra y la forma organizativa, incluso aunque esto implicara la distribución individual de la tierra [Deere et al., 1985: 90, 93]. SU preocupación por el desarrollo antes que la cooperativización como tal se deduce de su cuestionamiento de la necesidad de cooperativización en el caso de Los productores de granos básicos de la frontera agrícola. Plantea en ese caso medidas de apoyo a la producción, antes que la formación de cooperativas [UNAG, 1982b: 7-13].

Este planteamiento de la UNAG sobre la cooperativización se contradice con aquel del MIDINRA, que no consideraba a las cooperativas como proyecto económico [FitzGerald y Chamorro, 1987: 42]. El ministerio valoraba a la cooperativización casi exclusivamente desde el punto de vista del enfrentamiento con el latifundismo y el proyecto capitalista. En palabras del Ministro de Agricultura, en 1987: “...Creyeron en su momento que la cooperativa iba a servir exclusivamente para resolver un problema de miseria, pero que nunca nadie les dijo que ese proceso de desarrollo cooperativa (...) era para desarticular y sustituir el modo de producción capitalista (...) la cooperativa no era para sacar 30 ó 40 quintales de maíz, que eso lo puede sacar perfectamente el Churruco Bolaños"²¹ [CIERA, 198ge: 19]. La atención del MIDINRA a las cooperativas responde entonces más a consideraciones político-sociales. El MIDINRA aboga por acelerar la cooperativización en las zonas algodoneras, porque Los privados conservan un peso importante dentro del rubro [lbid: 446]. Igualmente, impulsa la cooperativización en zonas de guerra, ubicando Los grupos demandantes de tierra en puntos estratégicos para la protección de las vías de acceso. Su priorización de la cooperativización por encima de un proyecto económico, se deduce del caso del café: la pequeña producción presenta según el MIDINRA pocas posibilidades de colectivización mediante la formación de CAS. Sugiere que se debe encontrar otras formas para promover la cooperativización, que en este caso pasa por la sustitución del rubro. El MIDINRA aprecia a la luz de este objetivo, la invasión de la roya en los cafetos. Los pequeños productores están condenados al fracaso por la falta de atención gubernamental a este problema, que solo se prestaba al APP y las CAS [CIERA, 1989d: 272]. Las alternativas de producción a plantearse a estos productores pueden ser aprovechadas para fomentar la cooperativización, según la Estrategia de Desarrollo Cooperativo [CIERA, 1989e: 46-47].

Un elemento similar detectamos en la política de reasentamiento. Ciertamente es provocada bajo la presión de guerra, pero gustosamente aprovechada por el MIDINRA en coordinación con el EPS y el MINT para realizar el reagrupamiento poblacional, coincidiendo en el proyecto consideraciones de control político sobre la base social de la contrarrevolución y la perspectiva de socialización y reordenamiento de la producción. Vía esta política se logró la reconcentración poblacional, la que no se había logrado antes por falta de creación de servicios sociales como puntos de atracción del campesinado [MIDINRA, 1986:11-12]. Se estima que la población desplazada abarca 391 452 personas en 1989 [Itztani, 1989]. Una parte fue reasentada en asentamientos especialmente dotados de tierra e infraestructura y otra parte fue integrada a las UPEs y CAS.²²El gobierno apreciaba a los asentamientos como instrumento de planificación territorial y organización campesina, dirigiendo esfuerzos a la identificación de las medidas tácticas vitales para su consolidación [Rubén, 1989; ltztani, 1989]. En la UNAG se manejaba en muchos casos un criterio negativo sobre los asentamientos. De repente se escuchaba apelativos corno “cárceles de régimen abierto”. avalando la inquietud del campesinado de regresar a sus lugares de origen una vez que terminara la guerra.

El MIDINRA favorecía esa colectivización porque una vez cooperativizada permitiría la extensión de la planificación al campo. El plan de la cooperativa se elaboraría “de acuerdo a las prioridades y metas para la agricultura” [CIERA, 1989e: 36]. Estas son elaboradas a nivel estatal, lógicamente en su óptica. Pronto se presentaron las contradicciones, por ejemplo en las cooperativas obligadas a cumplir un plan de producción de algodón, sin permitirles la producción de granos para autoconsumo [entrevistas Los Ebanos, 1984]. A otras no fue permitido iniciar cultivos perennes, porque la tierra supuestamente les había sido cedida temporalmente [UNAG, 1988a: 146]. UNAG criticó que los técnicos elaboraran el Plan de producción de la cooperativa imponiendo sus criterios al respecto, sin participación real de los cooperados. Plantea contrariamente que la planificación en las bases debe ser “un proceso de capacitación y aprendizaje de los cooperados a fin de que sepan elaborar como cooperativa sus propios planes de producción, aunque contando con la asesoría del técnico" [UNAG,1982b: 39].

En resumen, la UNAG compartía las expectativas respecto a las CAS, pero al fin y al cabo no se limitaba a ese proyecto. Manejaba un criterio flexible sobre las formas de organización campesina de base, en el que prevalecía el objetivo de desarrollo económico. Al respecto había una contradicción fundamental con el MIDINRA, que impulsaba la cooperativización como una nueva forma de enfrentamiento con el proyecto burgués e imperialista. Una vez recuperado el sector social mediante su integración en cooperativas, el Estado apreciaba esta forma colectiva de producción porque le daría posibilidades de planificar la producción en ella. La UNAG se opone a la injerencia estatal que resulta de esto y realza la propia responsabilidad del campesinado.

7 Colectivización indirecta

La función del crédito

La política agraria Sandinista intentó ejecutar la Reforma Agraria evitando la caída de la producción agropecuaria. Conservó, con este fin, la integridad de las fincas redistribuidas al campesinado. Pero, el eventual efecto negativo en la producción no se puede esperar sólo en el sector reformado, sino también y sobre todo al sector no afectado. Es difícil de evitar por completo, porque la Reforma Agraria ya en su fase inicial, atemorizó a Los pequeños y medianos productores e incluso aquellos que carecían de títulos de propiedad [Vilas, 1987: 11].

Posteriormente, el Gobierno ejecutó la política de manera poco consecuente con los criterios establecidos. Al afectar también a productores por razones de simple oposición política el Gobierno minó la confianza de los productores.²³Esa inconsecuencia gubernamental era contraproducente al objetivo de sostenimiento de la producción [De Franco,²⁴ 1986:184]. Ante las arbitrariedades, la exigencia de garantías de no-afectación de los productores privados se manifestaban más con el tiempo. El reclamo era incluido en el plan de acción aprobado en la Segunda Asamblea de la UNAG en 1984 [UNAG, 1984a].

La política agraria requería, por lo tanto, de medidas adicionales para incentivar esa producción fuera del sector reformado. Hemos mencionado ya los limitados alcances de la primera Ley de Reforma Agraria. Ella garantizaba implícitamente la tierra a cualquiera que la trabajara eficientemente. Por lo pronto su efecto más importante fue que sirvió para estimular a la gran producción a que continuara produciendo, mientras que el APP se organizaba en las tierras recuperadas. Este efecto se produjo ante el bajo costo de oportunidad de las actividades agropecuarias, producto de la disminución del precio de la tierra y ante la expectativa de mejores tiempos entre los empresarios [De Franco, 1986:185]. El Gobierno explotó de esa manera en los primeros años el efecto de la amenaza de afectación sobre el sector no-reformado, sin que realmente profundizara la reforma [cf.De Janvry, 1981: 204].

Medidas adicionales para dirigir la actividad económica se hicieron más importantes, en la medida en que la colectivización directa, es decir la formación de empresas estatales y cooperativas de producción sumisas al Plan, no lograba abarcar la mayor parte de la tierra. La expropiación inicial ni llevó a manos del Estado la cantidad de tierra esperada, pero aún las esperanzas del MEDA se frustraron. En ese entonces (1983) se esperaba lograr una incidencia directa en 52% de la tierra y su producción, a través de la estatización en 27% de las tierras en fincas y el establecimiento de cooperativas CAS en 25%. A lo largo de los años ochenta, se llegó a reunir solo el 23.1 % de la tierra en esas dos formas [CIERA, 1989a: 161; 1989i: 39]. Consecuentemente, el crédito era considerado como un instrumento importante para lograr la dirección económica. Puestos los alcances limitados de la colectivización directa y la ausencia de proyectos de mayor envergadura en cuanto a Su contribución a la disponibilidad de productos básicos y productos exportables se refiere, la seguridad alimentaria y la generación de divisas seguía dependiendo de los productores tradicionales, tanto de los empresarios, como de los miles de productores regados por la montaña. En el caso de la gran producción, el Gobierno buscó mantener la producción, garantizando a estos productores, una rentabilidad intrínsica vía un porcentaje fijo (mark-up) sobre los costos y la eliminación de su riesgo personal, ya que la producción se mantendría en base al crédito. Así se explotaba en la visión del Gobierno, la capacidad administrativa de los capitalistas pero limitando Su acceso a acumulación, y a bienes de consumo de lujo o fuga de capital [De Franco. 1986:183-186; FitzGerald, 1989: Kaimowitz, 1989].²⁵

El estudio de Silvio de Franco confirma que el Gobierno Sandinista era relativamente exitoso en esa política de cara al empresario agropecuario. También el equipo de la revista Envío alababa los éxitos productivos de la Reforma Agraria Sandinista en los primeros años de la Revolución, atribuyéndolo a su alianza con la empresa privada [Envío, 1985 (51):3c]. Pero en el caso de la pequeña producción, surgen al inicio de la Revolución dudas sobre el impulso productivo del crédito en este sector. El Comandante Wheelock se referiría posteriormente a la ampliación del crédito dirigido al pequeño productor en 1980 como “derrochar crédito en el campo" [Collins, 1982: 52]. Quiere subrayar con esta expresión precisamente la falta de impulso que el crédito diera a la producción del estrato campesino [ibid: 54].

En los incisos posteriores queremos investigar en términos globales la relación entre el crédito y la producción, y hasta qué punto fue un instrumento de dirección económica. En el siguiente capítulo analizamos otros aspectos del crédito, que se refieren a su distribución por sectores sociales y el impulso que dio a la acumulación en ellos.

Crédito y producción

El crédito agropecuario es canalizado por el BND, institución financiera especializada en el crédito al sector agropecuario y a los empresas de servicios colaterales.²⁶ Para evaluar el impacto del crédito en la producción, revisamos el área habilitada para medir, a la vez, en términos físicos la ampliación y reducción del crédito. Optamos por esta forma, porque el análisis en términos monetarios se complica por la disparidad enorme en los índices de precios.

Asimismo, observamos un enorme incremento del área sembrada habilitada por el BND, de 23% en 1978 hasta 73% en 1988. Este incremento es el resultado tanto de la ampliación del crédito, como de la reducción del área sembrada. Para corregir los porcentajes de habilitación por la variación en manzanas sembradas y para ver la ampliación o disminución real del crédito, hemos evaluado la habilitación de cada año en relación al total sembrado de 1978.

En el caso de los cultivos de agro exportación observamos que hasta 1983 la ampliación del crédito es grande, Pero a partir de ese año el crédito disminuye. No obstante, en 1988 se otorga aún más crédito que en 1978. En el caso de los cultivos de consumo interno observamos en el primer año después del triunfo de la Revolución una cuadruplicación del crédito otorgado. A partir de ese ciclo, se reduce el flujo de crédito en términos reales, recuperándose nuevamente el nivel de 1980 a mediados de la década del ochenta. En 1978 el banco financió el 15% del área de cultivos de consumo interno, en 1986 el 63% de esa misma área. Es interesante ver que la ampliación y contracción del crédito sigue el ritmo de la ampliación y contracción de la producción.

Observamos entonces una correlación entre la habilitación y el área sembrada. Cabe señalar que la relación expresa sobre todo que una parte considerable del área sembrada debía mantenerse en base a crédito. No implica una relación causal directa entre el aumento de la disponibilidad del crédito y el aumento del área sembrada, tal como el Gobierno esperaba al definir el crédito como instrumento de dirección económica. Por ejemplo, el crédito otorgado para los cultivos de agro exportación (algodón sobre todo) en el año 1986 mostró un aumento real. Pero, esa ampliación del crédito para algodón no logró contener la reducción del área sembrada que continuaba en ese año. Dicha reducción dependía de otros factores, como pueden ser falta de rentabilidad o de confianza de los productores.

El caso de la producción granera nos permite profundizar más al respecto. Anteriormente comentamos que el Gobierno criticó el hecho que la masificación del crédito en 1980 no se tradujo en un aumento de la producción. Aunque subraya también que no existe relación directa causal entre la disponibilidad del crédito y el aumento de la producción, creemos que en ese caso el análisis del Gobierno pasó por alto la enorme disposición del campesinado. Evaluaciones de esa época hablan de una área de 340 000 manzanas sembradas en 1980. Esta es un área sembrada sin precedentes en la historia agraria nicaragüense. Lamentablemente no se expresó en la producción disponible por balos rendimientos y reducción del área cosechada [Miplan, 1981: 31; MIDINRA, 1982: 39]. El problema de la ampliación repentina del crédito radicó en la tecnología vigente que no se cambie de la noche a la mañana, así que en ningún departamento del Pacífico podría pagarse la mitad del crédito otorgado para maíz, ni con un incremento de 10% sobre los rendimientos históricos [FIDA, 1980:120]. De todas maneras, la falta de impulso a la producción campesina dio argumentos a los descampesinistas para confiar el futuro agrario al APP.

La coincidencia entre el aumento de crédito y el aumento del área sembrada con granos en 1986, se debe interpretar igual que en 1980 como una reorientación general de los productores hacia los cultivos de consumo interno. Este cambio a su vez esta relacionado con otros factores, tal como el precio al productor que aumentó en 198ó y probablemente la confianza del campesinado en el futuro. Nuevamente en 1988 después de los acuerdos de Paz de Sapoá, tal y como analizaremos en el capítulo octavo, se dio un incremento substancial del área sembrada con granos. Este aumento también es analizado a la luz de la perspectiva de paz en el campo.

El campesinado supo aprovechar bien la ampliación general de crédito para realizar esta reorientación hacia la producción de granos. El área habilitada de la Pequeña y Mediana Producción (PMP) aumentaba de 172 188 Mz. en 1985 hasta

306 069 manzanas en 1988. También la gran producción privada, llamada Area Privada (AP) tenia una variación dinámica ampliando el uso de crédito para cultivos de autoconsumo de 44 175 a 69 256 manzanas. Solo el APP se estabilizaba en niveles similares a ese de años anteriores. Ahora, la razón por la cual el campesinado logró ese aprovechamiento de la ampliación del crédito en 1986 para autoconsumo, está en dependencia de tres factores: el mejoramiento de las condiciones económicas para la producción de granos básicos, la decisión del Gobierno de reorientar el crédito al campesinado; y los avances de la organización campesina a nivel de base. Este a su vez es producto de la Reforma Agraria y la cooperativización.

Crédito y organización campesina (El Rama)

Para dar un ejemplo de los alcances de la organización campesina de base para mejorar la efectividad del crédito rural, nos referimos a] Programa de Participación Popular que la UNAG ejecutó en dos zonas de la Región V (véase capítulo VI). En las dos zonas el proyecto movilizó US$952 614 en préstamos a los grupos organizados en el PPP [FAO, 1987b: 12]. Revisemos más detalladamente el caso de El Rama.

Cuadro 6

Atención del BND (crédito rural) en El Rama 1985-1987

	PMP	CAS		CCS		PMP
Año	Total	No	Miembros	No	Miembros	No-organizada
1985	1306	39	279	16	156	871
1986	1737	32	532	2	45	1160
1987	980	25	425	5	98	457

Fuente: BND-Región V.

Las estructuras atendidas por el BND no coinciden con las estructuras de base atendidas por la UNAG en 1985 y 1986. Esto se debe a que una cantidad de CCS y CAS atendidas por el BND principalmente en 1985, no fueron atendidas por la UNAG. Se refiere además a cooperativas que corresponden al tipo de estructuras sobre las cuales observaremos en capítulo seis que su formación “no respondió a ningún plan. Muchas se formaron en las profundidades de la montaña sin perspectiva de desarrollo, produciéndose grandes pérdidas".

Al reducir su atención a esos grupos, el BND dirigió el crédito a las estructuras impulsadas por la UNAG y atendidas dentro del marco del PPP, tanto CAS como CCS. De esa manera, siguió atendiendo un porcentaje igual de campesinos organizados como en 1985. Los campesinos individuales continuaban siendo la mayoría de la clientela del Banco en la zona (67%), muy encima de parámetros nacionales.

En 1987, el sector organizado atendido por el BND abarcó únicamente las estructuras de base de la UNAG. La reducción de la atención crediticia en ese año, que está en dependencia del aumento de las actividades bélicas en la zona, afectó más a los productores individuales y menos a los organizados. Así, aumentó finalmente el número relativo de campesinos organizados en la atención crediticia en la zona. Incidió también en la distribución de crédito sobre los clientes. En 1985 un productor individual recibió casi dos veces el monto aprobado a un productor organizado. En 1987 ambos reciben en término promedio montos iguales.

Un análisis mas detallado de la atención del banco en la zona en comparación con el resto del país, llegó a la conclusión que el BND había aprovechado el avance organizativo en la zona, a fin de adecuar su atención a las políticas trazadas en la sede en Managua [BND, 1983-, FAO, 1987a]. Aumentó el número de productores organizados en su cartera. Aumentó igualmente la relación de préstamos a largo plazo sobre préstamos a corto plazo, disminuyendo el crédito espontáneo. Mejoró la relación entre préstamos retirados y préstamos aprobados. Aumentó su capacidad de recuperación, reduciendo los saldos vencidos.

El caso muestra que la efectividad de las políticas estatales es aumentada si van acompañadas con organización campesina de base que apunta a aprovechar esos servicios. Adicionalmente debe existir la voluntad política de reorientar el crédito hacia esas estructuras, ya que la organización de base únicamente no es garantía suficiente para que el campesinado siga recibiendo el crédito requerido. Esto demuestra el caso del crédito ganadero a nivel nacional, en el cual hubo un cambio de las prioridades de la institución financiera. De 1983 a 1986 se observa claramente la tendencia de perfilar proyectos ganaderos a largo plazo en el sector del crédito rural. La PMP recibe en ese año el 53% del crédito ganadero total y 66% de ese crédito a largo plazo. La parte del APP se ha reducido a 18%. Sin embargo, en los últimos dos años de nuestro análisis, observamos que los empresarios ganaderos aumentan significantemente su participación en el crédito a corto y largo plazo. Lograron ampliar el número de cabezas habilitadas 150% encima de su nivel de 1983, recuperación que está en dependencia de la política de acercamiento político a este sector empresarial. En el caso de la PMP, en cambio, el ganado vacuno habilitado por el banco que había aumentado hasta 1986, se redujo después. La organización de base de este sector no pudo evitar tal reducción.

En términos más generales, el crédito es un aporte importante en el desarrollo de la producción agropecuaria y la industrialización de la misma, para abrir la posibilidad de concretizar nuevas actividades y ampliar actividades existentes. Pero, otros factores son mis determinantes para que los productores se decidan a ampliar sus actividades o a iniciar nuevas. La organización campesina juega un papel importante para que el campesinado pueda aprovechar esos recursos, pero obviamente no es suficiente para que efectivamente logre tener acceso a ellos. Hace falta que la política crediticia explícitamente sea orientada a financiar sus proyectos.

Observaciones finales

Con respecto a las posibilidades de dirección del proceso productivo, observamos que el Gobierno efectivamente puede determinar los productores que van a tener acceso al crédito y así facilitar la capitalización en ciertos sectores. Sin embargo, para impulsar la producción sólo la oferta de crédito no es suficiente. Se requiere crear las condiciones para que entre los productores crezca el ánimo de ampliar sus actividades o iniciar nuevas. Esas condiciones se refieren a las perspectivas de los productores, su confianza en la estabilidad política y las posibilidades de realizar un ingreso. La política económica formulaba esa condición en términos del establecimiento de precios de garantía como un porcentaje estable sobre los costos de producción (mark-up). En el capítulo siguiente analizamos que, por ejemplo, en el maíz se cumplió con esa condición solamente en el caso de la producción tecnificada.

En ausencia de ese mark-up el crédito pierde su función directiva. La única manera de recuperar la función directiva seria a través de un subsidio sobre el crédito, que compense la pérdida por el precio bajo. Efectivamente, el Gobierno implementa tal política de subsidio, pero ella no fue tan efectiva que para el caso de la pequeña y mediana producción provocara el impulso a la producción o la acumulación sostenida.

8 Conclusión

La economía nicaragüense es caracterizada como una economía desarticulada. El proyecto de modernización económica iniciado en tiempo del Somocismo, se caracterizó por la implantación de producción moderna, tecnificada en la industria y la agricultura desplazando a la producción campesina y artesanal mediante la oferta de productos básicos de sustituto en el mercado interno. Esto significa la marginación de la producción campesina de granos básicos, maíz y frijol, y del café tradicional. Es complementada con una política de alimentos baratos, a fin de garantizar bajos costos salariales a los empresarios agropecuarios e industriales modernizantes. El efecto sobre la producción es tan enorme que a partir de 1975 Nicaragua se vuelve importadora neta de granos. La modernización significa, a la vez, una mayor dependencia del exterior. La producción se empieza a concentrar en una capa de empresarios, excluyendo a las mayorías de las posibilidades de abastecer el mercado y participar en el desarrollo económico. Esto es en esencia la desarticulación social del modelo.

El proyecto de transformación y el proyecto económico concreto impulsado por el FSLN después de haber tomado el poder político despierta la esperanza de superar esa desarticulación social. La Estrategia de Necesidades Básicas, tema de los primeros planes gubernamentales, la alimenta. Se realizan acciones de Reforma Agraria, cooperativización y de crédito rural, que indudablemente contribuyen a lograr eventualmente la articulación. Lógicamente, en su implementación observamos una alianza entre el Estado y la Organización campesina. Los logros de estas políticas son impresionantes, aunque la guerra redujo en parte los resultados de la Reforma Agraria y la cooperativización. Se lleva a cabo una redistribución de la tierra importante, se promueve la organización de base en el campo y se amplia el crédito, también a productores de montaña.

Lamentablemente, la política gubernamental es 'secuestrada' por la ortodoxia socialista, lo que se demuestra en las discusiones que surgen sobre la promoción de la producción de consumo interno versus producción para exportación. Se refleja en los análisis de la realidad social, las ideas sobre la Reforma Agraria, la modernización continuada mediante proyectos nuevos en vez de estimular la producción existente, la concentración del desarrollo económico en el Estado. En resumen, se desprende del modelo impulsado que no apunta a la participación de las mayorías, sino a su proletarización y absorción en el sector moderno.

La interpretación oficial sobre que forma debería tener el proyecto de transformación es particular, lo que se evidencia al ver las criticas de la UNAG, que se opone al monopolio estatal en el comercio y la banca, que propone una industrialización rural descentralizada y la tecnificación de la agricultura de manera que no excluya a los trabajadores, sino garantice el pleno empleo, también para las mujeres. En el siguiente capítulo profundizamos sobre el eje de las discrepancias entre la UNAG y el Estado.

SESGO HACIA EL ESTADO EN LA ACUMULACION

1 Introducción

En el capítulo anterior enfatizamos el consenso sobre algunas políticas importantes, tanto en su concepción, como en su ejecución. En este capítulo profundizamos sobre el eje de las discrepancias entre el Estado y los productores. Estas se muestran en los otros elementos del proyecto económico, la agro industrialización y la modernización de la agricultura. El proyecto Sandinista, en la forma en que es impulsado por el Gobierno, de alguna manera da continuidad al proyecto somocista. Es decir, la concentración del desarrollo económico en el Estado y la preferencia de concentrar las inversiones en proyectos nuevos, en vez de provocar el mejoramiento gradual de la producción existente, dan continuidad a la forma excluyente de modernización, también impulsada en los años sesenta y setenta. El conflicto con los productores se reduce a que se oponen a ese esquema excluyente de modernización que se contradice con el concepto de democratización de la economía en el campo.

La modernización impulsada por el Estado se refleja en los proyectos estratégicos, que implican por su carácter estatal la concentración de fondos de inversión en el Estado. La oposición de los productores a esta política inversionista es contestada con el argumento de que la política crediticia aportaría un elemento de contrapeso a ese sesgo estatal en las inversiones. Retomamos por esta razón nuestra exposición sobre la política crediticia, pero ahora desde esa perspectiva. ¿Hasta qué punto contribuyó a revertir el sesgo estatal? La conclusión es que no fue así, sino al contrario.

Analizamos posteriormente que el planteamiento original, influenciado por la ortodoxia socialista, cambió a mediados de los años ochenta. Tocamos la reflexión partidaria que dio cabida a ese cambio y sus resultados en términos de dos proyectos estatales, que parecen producir un cambio hacia un mayor protagonismo campesino. Finalmente, tenemos que concluir que los cambios no son de fondo. Ilustramos el problema básico de la estrategia oficial, la búsqueda desesperada de una acumulación acelerada en el sector estatal a fin de absorber al campesinado y quitarse de esa manera el sello de atraso; que, a la vez, es el elemento que contribuyó al levantamiento de la UNAG en búsqueda de un proyecto propio.

2 Aspectos generales del desarrollo económico posterior a 1979

El crecimiento económico de más de 5% anual en los años setenta se interrumpió brutalmente por la intensificación de la lucha social a partir de 1978 y la insurrección final. Esto provocó un descenso general del PIB de 1980 de 29% en comparación con el último año de actividad económica normal, 1977.¹ La caída de la actividad económica afectó a todos los sectores. La industria y el sector pesquero sufrieron daños materiales considerables. El hato ganadero disminuyó tanto por el ganado llevado a los países vecinos, como por la matanza indiscriminada en la euforia de la victoria. Estas afectaciones de la base productiva impactaban negativamente en el desarrollo posterior. Los daños totales de la guerra de liberación se estiman en US$580 millones, según cálculos de CEPAL. La guerra cobró mas de 50 000 víctimas [Peek, 1982:2].

La economía prácticamente no se recuperó de la caída provocada por la insurrección. Solamente en 1980, 1981 y 1983 se dieron niveles de crecimiento comparables a los años setenta, pero a partir de 1984 la economía se desplomó. El PIB de 1988 se establece en el 66% del PIB de 1977. La crisis afectó a todos los sectores, pero más a la industria (54% del PIB industrial en 1977) y la pesca y silvicultura (47% del PIB de ese sector en ese mismo año). La producción agropecuaria, particularmente la ganadería, se mantiene mejor, igual que el sector terciario (69%, 75% y 72% de sus respectivos PIB sectoriales de 1977).

En el año 1988 culmina la crisis en toda su magnitud dándose en ese año un descenso de 8% de la actividad económica. Esta recesión espectacular es provocada por la implementación del Programa de Ajuste y Estabilización Económica. Ajustes anteriores, particularmente los iniciados en 1985, no lograron restablecer la estabilidad macro-económica. El país sufrió especialmente la inestabilidad monetaria, presentándose un inflación galopante y devaluaciones continuas y grandes del córdoba respecto al dólar estadounidense en el mercado libre de divisas. La inflación subió de 1981 a 1984 de 22% a 50%, para despegar definitivamente en 1985 a 334%, cuando el Gobierno no pudo mantener los controles de precios.

La tasa oficial subió siete veces su nivel de 1979 a una paridad de C$70 por un dólar en 1988. En el mismo periodo, la paridad libre subió de C$13 en julio de 1979 a C$45 000 a principios de 1988. La diferencia entre la paridad libre y la oficial marcó la enorme sobrevaluación del córdoba oficial con un impacto en la estructura de precios a favor de productos importados. Esto aún se complicó más porque se trabajó con un sistema de tasas de cambio múltiples. Importaciones y exportaciones recibieron un trato diferencial, por diferencias en la tasa implícita calculada para la transacción con el Banco Central de Nicaragua (BCN). Este trato diferencial produjo además en pérdidas cambiarias que alcanzaron casi el 10% del PIB en 1986 [CIERA, 1989l: 55]. En los años setenta se había cuadruplicado el uso de divisas en la economía nicaragüense. En el periodo de gestión Sandinista se logró una ampliación de apenas 58% que fue alcanzada en 1985. A partir de ese año descendió más bien la cantidad de divisas anualmente disponibles hasta terminar en una cantidad solamente 12% mayor del nivel de 1977. Las divisas disponibles constituían en 1977 un monto equivalente a 37% del PIB. Ese porcentaje subió a 67% en 1980 y alcanzó el 80% en 1987. Es decir, el país presenta una creciente dependencia del exterior. Sólo disminuyó por el efecto de la recesión provocada por el programa de ajuste y estabilización a partir de 1988, año en que bajó la dependencia a un 62% del PIB [INEC, 1989:21; Spoor, 1987:18].

En comparación con 1977, se produce además un cambio en las fuentes de divisas. Antes el 70% provenía de exportaciones de bienes y servicios, en los años posteriores disminuyó la contribución de las exportaciones hasta alcanzar su mínimo de 19% en 1987. En ese año el 37% proviene de préstamos y donaciones y el 44% corresponde a disminución de la reserva internacional. La balanza de pagos ha sido negativa en todo el periodo de gestión del Gobierno Sandinista. La dependencia mayor de préstamos y donaciones significa una reducción de divisas líquidas, por el carácter atado de la ayuda, especialmente después de 1983 cuando los Estados Unidos logran incidir en las decisiones del Banco Mundial y el Banco lnteramericano de Desarrollo (BID) [CIERA, 1989-5:43]. La deuda externa ha alcanzado los 7 200 millones de dólares en 1988. La deuda suma casi cuatro veces el PIB y equivale a US$2 000 per capita, excepcional incluso en el contexto latinoamericano.

El cambio en las fuentes de divisas no afectó el monopolio que el Estado buscaba vía la nacionalización del comercio exterior. La disminución de transferencia de capital privado y su sustitución por fuentes bilaterales (gubernamentales), más bien limitó aún mas la disponibilidad libre de divisas para particulares. En el uso de las divisas a disposición del país, observamos una reducción de su uso relativo en importaciones de bienes y servicios, de 87% en 1977 a 65% en 1987.² El monto total de las importaciones en 1988 todavía era mayor que en 1977, debido a un aumento de la importación de bienes intermedios y de capital. Esas importaciones de bienes intermedios y de capital se dirigen en un 16.7% a la agricultura lo que representa un monto de US$135 millones, muy encima de los US$62 millones de 1977. La asignación a la industria al contrario no aumentó significativamente (US$335 millones en 1987). Pero una parte mayor de la importación de bienes de capital para la industria se destina a la agroindustria, eje de la actividad inversionista del Gobierno Sandinista.

La distribución del PIB entre los sectores productivos no sufre mayores cambios, sino a partir de la recesión provocada en 1988. La agricultura produce entonces el 24% del PIB, incrementándose a la par el sector terciario hasta 51% en detrimento de la participación del sector industrial (25%). Este último sufrió una reducción de sus actividades de 24% en 1988. La población económicamente activa en la agricultura se reduce al 40% del total [FAO, anuarios de producción].

El consumo en 1977 era el 80% del PIB, pero aumentó recién después del triunfo a 102%. Esta cifra es un indicador de la inicial redistribución de ingresos hacia estratos pobres y el aumento del consumo popular. Sin embargo, en 1982 el PIB per capita ya había disminuido hasta alcanzar el nivel de 1960. El ingreso per capita se reduce de US$1 181 en 1977 a US$536 en 1989, lo que convirtió Nicaragua en uno de los países más pobres del continente. El consumo se estabilizó en un 90% del PIB, pero el consumo privado que en los años setenta constituía el 75%, descendió después a 41% en 1988. La reducción del ingreso per capita y la reducción del consumo privado marcan la difícil situación económica de las familias, que solo tenían acceso a los productos mas básicos. Ya en 1985 el consumo privado consistió en un 80% en consumo básico.

El consumo público era el 8% del PIB en 1977 y los gastos de Gobierno el 18%. Los gastos del Gobierno en 1987 ascendían a un 44.2% del PIB. El aumento espectacular corresponde a gastos sociales, de defensa y de inversiones públicas. De los gastos públicos de 1987 se destinan el 22% al área social, salud y educación principalmente. Efectivamente, los avances realizados en estas áreas por el Gobierno Sandinista, especialmente al inicio de su gestión, son ampliamente reconocidos. La Campaña de Alfabetización redujo el analfabetismo de 50.2% a 12.9% [Torres. 1985: 19]. La mortalidad infantil se redujo de 120 a 71 por mil y las campañas masivas de vacunación contra sarampión y poliomielitis fueron efectivas. Obviamente, la reducción del nivel de vida en los años posteriores, así como la reducción real del gasto público afectó estos resultados, observándose un repunte del analfabetismo en el campo, que en 1987 fue estimado en 20% con tendencia a aumentar. En esto incide que 200 000 niños entre 7 y 12 años no atendieron la escuela y altos grados de deserción en el primer grado [MED, 1987:3].

Los ingresos de Gobierno provienen en un 90% de impuestos, en los cuales prevalecen los Impuestos Selectivos de Consumo, lo que confirma que el Gobierno Sandinista tampoco logró reformar la estructura arcaica de recaudación. Aumentaba, sin embargo, significativamente el peso tributario, hasta un 25% del PIB en 1987. El déficit fiscal alcanzó el 38% de los gastos totales en ese año y el 17% del PIB [CEPAL, 1987,1988].

El efecto resultante de la redistribución de ingresos y mejoramiento de servicios sociales, por un lado, y la reducción dramática del consumo total per capita, por otro lado, no pueden determinarse con exactitud Obviamente, se producía una crisis de bienes importados de consumo. Al conjugar datos sobre la reducción de la importación de bienes de consumo, con el crecimiento poblacional y el cambio en la participación relativa del sector privado y el sector público en el consumo, el consumo de bienes importados no-duraderos para particulares per capita ha disminuido de US$ 40 en 1977 a US$ 12 en 1987. A pesar de que muchos productos de uso diario son importados, el cambio puede haber afectado mas a los estratos de ingresos mayores.

Pero también se pudo observar que la oferta de algunos productos de consumo popular se incrementó por arriba del crecimiento poblacional.³ La producción porcina se incrementó de 7.4 millones de libras en 1977 a 30 millones en 1987, o sea un crecimiento de 15% anual. Igualmente, la carne de pollo se incrementó en el mismo lapso en 8% anual, leche fluida en 4% anual y la disponibilidad de huevos comestibles en 18% anual, llegando a producirse en 21.4 millones de docenas de huevos [CIERA. 1989i]. La inflación significó poder adquisitivo en manos de las mayorías que se tradujo en un consumo elevado de estos productos, puestos controles de precios, subsidios otorgados por el Gobierno y escasez de otros productos a que dirigir el consumo. Era tal esa escasez global que incluso en esos productos se presentaron regularmente situaciones de escasez [wheelock, 1985a: 97-96]. Al reducir el poder de compra, los controles y subsidios, tal y como ocurrió en 1988, la demanda efectiva cayó rápidamente. En 1987 sesenta mil galones de leche fluida se vendía a diario, cantidad que se redujo a 26 500 galones en 1988, para llegar posteriormente a 15 000 galones (Comisión Nacional de Ganadería, enero de 1989).

En resumidas cuentas, especialmente el efecto de la inflación sobre el poder de compra, mas la ampliación de salud, educación y transporte subsidiado, nos hace pensar que hasta 1984 el efecto para la población más pobre en las ciudades, pudo haber sido favorable [c fFitzGerald. 1989:32].

Nicaragua no logró recuperarse de los daños de la guerra de liberación. Mas bien entró en una crisis económica profunda a raíz de la agresión desatada en contra de ella, cuyos daños globales fueron establecidos en mas de US$ 17 mil millones. De éstos, US$ 5 mil millones corresponden a daños económicos directos. El total de las víctimas se calculó en 57 731, de las cuales 29 270 murieron⁴[INEC, 1989: 57-58]. El Gobierno destinó en 1987 el 41% de sus gastos a la defensa (CEPAL. 1987]. La presentación económica en los años ochenta, por lo tanto, fue un desastre. Encima de esta guerra impuesta, la región es afectada a principios de la década por una crisis económica general [Núñez Soto, 1987a: 67-76]. En relación a estos aspectos Nicaragua no pudo tomar las medidas necesarias, como tampoco pudo cumplir con las recomendaciones del Banco Mundial de 1978, porque inició la transformación económica, la transición al socialismo. El país experimentó a lo largo del período una creciente dependencia del exterior, ésta se relaciona directamente con el impulso al sector agropecuario y se evidencia por el aumento de las importaciones de bienes intermedios y de capital para este sector de la economía durante los años ochenta.

3 Inversiones

Introducción

La decisión de impulsar el desarrollo económico y más particularmente del sector agropecuario se refleja en la política de inversiones. La tasa de inversión del 22% en 1977, fue recuperada durante los años ochenta. Sin embargo, las inversiones privadas nunca recuperaron su nivel pre-revolucionario de 11%, así que aumentó la importancia de la inversión pública [Dijkstra, 1988:193]. Esta se dirigía en un grado mayor a actividades agropecuarias y agroindustriales, las que abarcaban el 22% de las inversiones en 1981 y alcanzaban el 56% en 1987. La primera vía de financiamiento es el crédito a largo plazo, la segunda el Programa de Inversiones Públicas (PIP). En 1987, por ejemplo, correspondería un 72% de las inversiones al Programa de Inversiones Públicas y el resto al programa de crédito a mediano y largo plazo [INIES, 1987:145].

Los proyectos iniciados dentro del marco del PIP son los llamados proyectos estratégicos de la Revolución. Se dirigen a la producción de granos básicos, aceite vegetal, azúcar, productos pecuarios y agroindustrias en cuanto al sector agropecuario se refiere. Son lógicos tomando en cuenta las metas de la estrategia de desarrollo económico, pero hubo problemas en la operacionalización de la estrategia y su traducción a proyectos concretos. Su concentración exclusiva en el Estado, en detrimento de la posibilidades de acceso a tecnología importada para otros sectores: el financiamiento inflacionario, la falta de capacidad de ejecución en todos aspectos, la absorción de la capacidad inversionista en obras nuevas, que no contribuyen a resolver los problemas sentidos de los productores; y, la larga gestación, son todos puntos importantes de critica. A veces se menciona la concentración en productos de agro exportación, como elemento de crítica [Dijkstra, 1988]. No podemos subrayar este punto porque el paquete como tal nos parece equilibrado en ese aspecto, mas en vista de la dependencia del país de tecnología importada. Revisaremos aspectos de estos proyectos estratégicos.

Programa de Inversiones Públicas

Las obras nuevas del PIP iniciadas en el periodo 1979 a 1985, correspondientes al sector agropecuario, se desglosan en proyectos agrícolas, agroindustriales, pecuarios y forestales. Ello suma a una inversión total de US$ 947.6 millones de dólares, que representan el 75% de la inversión total contemplada hasta 1985 [Arguello y Kleiterp en: Spoor, 1987:17]. La inversión mayor en estos cuatro rubros se realiza en los proyectos agroindustriales y más específicamente en el Ingenio 'Victoria de Julio', también conocido como el “Timal”. Casi la mitad de la inversión agropecuaria se destina a proyectos para elevar la producción de agro exportación. La otra mitad es invertida en proyectos para elevar la producción para el mercado interno. En los primeros el 36.6% de la inversión es en divisas, en la otra categoría el 22.4%. En total se estaba comprometiendo para las inversiones agropecuarias y agroindustriales una cantidad de divisas de US$ 273.1 millones. De este monto hasta 1985 se había gastado US$ 105 millones efectivamente, en un 75% en proyectos diseñados para elevar la agro exportación.⁵ El total de divisas gastadas en los proyectos estratégicos representan el 48% de los US$ 220 millones, destinados a la importación de bienes de capital para la agroindustria y la agricultura en cuatro años a partir de que inició el primer proyecto estratégico.⁶

El carácter de los proyectos estratégicos es estatal [Núñez Soto, 1987a: 142]. Esto implica, en vista de la cantidad de divisas comprometidas en estos proyectos, que la disponibilidad de bienes de capital importados para la agricultura y agroindustria privada se ha estancado a un nivel comparable con 1977. Es decir, el aumento de los bienes de capital importados que señalamos arriba es utilizado para impulsar el desarrollo de las empresas estatales en el sector agropecuario, lo que limita la modernización de otros sectores a través de tecnología importada. Tampoco era mayor la asignación de bienes de capital importados al sector privado en los años antes de la iniciación de los grandes proyectos, ya que la importación de bienes de capital se dirigía entonces a la dotación de equipo del área estatal. En 1981 el 60% de la inversión era en equipo y maquinaria. En 1984 el 60% de los tractores y el 70% de las cosechadores de algodón se encuentra en manos del Estado. Esta situación se ha corregido de alguna manera en los años posteriores a favor de los productores privados [CIERA, 1989a: 352-353; Baumeister, 1989:135]. El sector cooperativo vio aumentar su dotación de tractores de 349 en 1982 a 840 en 1989, aumento que corresponde en mayor medida al sector CAS [Ortega, 1989b: 209; UNAG, 1989n].

El financiamiento de los proyectos estratégicos es altamente inflacionario. Sólo en un 28% según el cálculo de Arguello y Kleiterp, ha sido respaldado por divisas. La otra parte, en moneda nacional, ha sido respaldada por fondos propios, el Sistema Financiero Nacional (SFN) y el presupuesto nacional. Por ejemplo, el Programa de Inversiones Públicas de 1987 iba a ser financiado “en un 7% con recursos propios, en 45% vía presupuesto nacional y 48% vía Sistema Financiero Nacional" [INIES, 1987:147- 149]. El presupuesto nacional es parcialmente financiado por el SFN, a saber la parte del déficit fiscal que no se cubre por donaciones. En 1985 representa el 40% del presupuesto [CEPAL, 1987]. Los activos líquidos del SIN, a su vez, están proporcionados por el aumento del medio circulante, debido a una disminución de los depósitos de 39% en 1979 a 14% de los activos en 1986. Esto explica el carácter inflacionario del financiamiento del PIP [CIERA, 1989l: 55]. Al presentar el Plan técnico económico de 1986, el Cmdte. Daniel Ortega, Presidente de la República, plantea incluso que “el programa inversionista estaba siendo totalmente financiado, vía endeudamiento externo o ahorro forzado, es decir, déficit fiscal sustentado con una expansión monetaria" [CIERA, 1989a: 350]. En la planificación este aspecto quedó rezagado hasta ese momento, en comparación con otros criterios de evaluación que dicen que el programa 'está ajustado a la disponibilidad de financiamiento externo, a los balances de materiales de la industria nacional y a la capacidad teórica de construcción, sujeto al aseguramiento de los insumos importados que ésta requiere' [INIES, 1987:147-148]. Son criterios propios de una planificación centralizada. No obstante este optimismo sobre los balances en la planificación de 1987, Kleiterp observa que por lo menos hasta ese año, las inversiones fueron planificadas de acuerdo a la necesidad objetiva concebida a nivel institucional, sin considerar la rentabilidad, disponibilidad de divisas, materiales de construcción, ni capacidad de ejecución o planes de inversión del sector privado [Kleiterp, 1989:103].

Los proyectos iniciados son obras nuevas, muy focalizadas, es decir, una concentración de capital en algunos proyectos. El carácter intensivo en capital limitó también la generación de empleo de las inversiones del PIP. Por otra parte, las agroindustrias no estaban diseñadas para resolver el problema de procesamiento de la producción existente, de tal manera que la producción a procesarse debería ser impulsada simultáneamente. El lngenio azucarero Timal es el ejemplo mas ilustrativo, al respecto: la producción de caña fue impulsada en tierras que no estaban en uso para ese fin y que deberían ser regadas con agua de una represa que fue construida, asi como un canal de 25 kilómetros de la represa a las tierras. El ejemplo del proyecto del Valle de Sébaco, que presentamos mas adelante, igualmente presenta pruebas de este aspecto de la política inversionista, así que tampoco respondió en este sentido a intereses de los campesinos.

El PIP de 1987 'está compuesto en un 99% por proyectos de arrastre' [INIES, 1987: 147]. Esto evidencia el últimio aspecto del esfuerzo inversionista: su falta de concretización a tiempo alargando su período de gestación, que de todas maneras ya era largo. Implica poca contribución al PIB y a la oferta de productos básicos en particular, Io que agravó el efecto inflacionario de la inversión.

Posteriormente el Gobierno introdujo un cambio en el PIP y se iniciaron dentro este marco proyectos como los Centros de Desarrollo Campesino (CDC) de Rancho Grande y Camoapa. Igualmente, se implementaron otros proyectos de promoción de la producción de granos básicos y el reforzamiento de la reforma agraria, cambio que se produjo obviamente en respuesta a las críticas vertidas al Programa ejecutado hasta ese momento [CIERA, 1989a: 346-348]. La UNAG era vocero de estas críticas [Kleiterp, 1989:94]. A pesar de ser diseñados para responder a esa critica surgieron controversias sobre esos proyectos nuevos, por ejemplo, en 1988 sobre un proyecto en Camoapa. El MIDINRA quería establecer una planta quesera con fondos Finlandeses, pero la UNAG consideró que ésta no respondía a los intereses sentidos de los campesinos de esa zona, que necesitaban caminos, descremadoras, bombas de agua y variados bienes de uso carnpesino.

En general, el cambio en el PIP no logró revertir realmente el impacto económico y social del mismo, en términos de inflación, falta de aporte al procesamiento de producción existente, falta de generación de empleo, absorción de divisas. Como ejemplos, contemplamos dos proyectos: Plan Contingente de Granos Básicos y el Proyecto Valle de Sébaco de hortalizas enlatadas.

Dos ejemplos de proyectos de inversión

Nuestro primer ejemplo se refiere a la planta agroindustrial del Valle de Sébaco, que se encaja en el objetivo básico de agro industrialización, formulado en el MEDA. El valle se ubica a cien kilómetros al norte de Managua, sobre la carretera panamericana. La producción de la planta se dirigirá a la exportación. La planta es estatal, pero por las críticas sobre la concentración de inversión en el sector estatal, se involucran posteriormente las cooperativas. La idea es constituir el proyecto como un ejemplo de la transformación social en el campo y de organización territorial de la producción y el intercambio. Es ejemplo de esos proyectos agroindustriales que no resolvieron las necesidades de industrialización de los miles de campesinos regados por el país, ya que no estaban basados en la producción existente. A la hora de involucrar al campesinado, resultaba en la fundación de nuevas cooperativas, como ocurrió en Sébaco, pero también en los proyectos de Palma Africana y de ganadería.

Iniciado en 1983, el proyecto Agroindustrial de Sébaco 'Del Valle', de acuerdo al plan terminaría en 1987. Las líneas de producción previstas fueron: tomate, cebolla, okra, habichuela, chiltoma, pepinillo, enlatado y envasado para la exportación. De esa manera se operacionalizó la nueva inserción en el mercado internacional. Los estudios de prefactibilidad elaborados en 1976-77, contemplaban un canal del Río Grande de Matagalpa para regar la planicie de Sébaco y una planta como iniciativa privada de la gran producción de la zona. En el diseño posterior se cambió a riego en base a aguas subterráneas, a pesar de que esto, según expertos en la materia no es viable a mediano plazo. El costo total estimado era US$36.4 millones, de los cuales 40% eran divisas [Spoor, 1987: 17]. En 1988, se iniciaron las pruebas de la planta agroindustrial, procesando la primera de las líneas de productos contemplados, tomate enlatado.

En el proyecto se habían involucrado diez cooperativas, siete de las cuales pertenecen al Polo de 'El Limón', y se agruparon específicamente para el proyecto. Se integraron 217 socios [CIERA. 19891: 371]. Fueron dotadas de 528 manzanas de tierra, equipos de riego por un valor total de US$536 036 (sin incluir los costos en moneda local) y tractores para constituirse como abastecedores de la planta [UNAG: Empresa 'Del Valle', Julio de 1988]. Una vez que llegara a su máxima capacidad, el área cooperativa abarcaría 1 300 manzanas, 75% del área agrícola total, pero en 1989 la planta se encontró semanas sin producto que procesar. Hasta 1988 las cooperativas producían por su propia cuenta, abasteciendo de tomates a la planta agroindustrial INFRUGALASA de Granada y al mercado fresco de Sébaco. Esto refleja la falta de coordinación entre el desarrollo de la parte agrícola y la parte industrial en el Valle de Sébaco, así como la falta de instancias de coordinación y planificación con participación de los cooperados. En 1988 la planta 'Del Valle' quiso formalizer la posición de las cooperativas como subcontratistas, en vista de su necesidad de un abastecimiento más importante a partir de la cosecha de apante de ese año. La propuesta de la planta provocó el malestar de los cooperados porque consideraban que el espíritu del contrato ofrecido, sólo reflejaba la preocupación de la Empresa alrededor de la obtención de su materia prima. Se opusieron a que no bubiera referencia al desarrollo integral de las cooperativas. Se molestaron por la falta de respeto a su autonomía y la visión de que sus tierras 'son parte integral del proyecto'. Tampoco estaban de acuerdo con las condiciones de venta de los equipos e instalaciones de riego, las que todavía eran propiedad de la Empresa, puestas a disposición de las cooperativas para el cultivo de los tomates y otras verduras. Al mismo tiempo, exigían que la planta garantizara el abastecimiento técnico material y los implementos para operar con tractor. Exigían además que se les revisara el precio, que a su juicio debería establecerse al nivel del mercado fresco de Sébaco. Demandaban una participación en la dirección de la planta. El problema de fondo era que los cooperados no habían participado en la selección de la tecnología de producción. Todo el diseño y la dotación de equipos fue impuesto a los cooperados. Por Io tanto los cooperados se opusieron a que de repente la planta les quiso cobrar los equipos. Especialmente, porque en 1988 se entró en una crísis aguda, producto de la política de estabilización y ajuste, que incidió negativamente en los costos y precios, elevando fuertemente el costo de la energía y el agua [Ortega, 1989b: 218, cf Ton y Zijm, 1990].

El enfrentamiento entre los cooperados y la planta era agudo y hubo una desconfianza mutua, que era difícil reconciliar. 'La verdad es que los directivos de esa empresa son sólo demagogia y tal vez se explica por qué ellos siempre andan en buenos carros y sus oficinas son elegantes, mientras ustedes pueden ver la pobreza y hambre que vivimos en estas cooperativas', se quejan los cooperados ante un periodista [El Nuevo Diario, 09.07.89]. A esa altura, las cooperativas ya se habían endeudado fuertemente, producto de la crisis y de la falta de acuerdos concretos con la planta. Hubo mucha deserción de socios, de los cuales dos tercios buscó su futuro en otra parte, reduciéndose las familias del polo de 'El Limón' de 350 a 150 [Ibid]. Dentro del marco de la jornada del X Aniversario de la Revolución, se les condonó la mitad de la deuda acumulada, pero hasta el 26 de octubre de 1989 llegaron, en reunión con el Cmdte. Wheelock, a acuerdos más favorables para los cooperativistas. No obstante el arreglo de finales 1989, era notable la tendencia de la dirección de la planta de ir buscando su abastecimiento fuera de las cooperativas, utilizando principalmente tierras propias. De esta manera, debilitó la base de Io que fue visto como el ejemplo de las nuevas relaciones sociales en el campo, y se hizo tan exclusivo como en su diseño original, aunque la gran empresa privada haya sido sustituida por la producción estatal.

El segundo ejemplo se refiere al Plan Contingente de granos básicos, el que operacionaliza la preocupación por la seguridad alimentaria, expresada en el MEDA. Su proyección era abarcar la planicie del Occidente con una producción de maíz de riego. Ilustra sobre todo la planificación sin tomar en cuenta las posibilidades reales del país. Cálculos en base a proyecciones de crecimiento poblacional y datos históricos de rendimientos indicaban que el país requería incorporar para el año 2000 una cantidad de 822 000 manzanas adicionales a las 643 000 en uso para alimentos en 1983. Se planteaba como alternativa un reordenamiento territorial de la producción, reconcentrando parte de la producción de granos básicos en las tierras del Pacífico. Se conoció este proyecto como el Plan Contingente. En el año 2000 éste debería abarcar a 300 000 manzanas del Pacífico. En ellas se combinaría la producción algodonera alternada con la producción de maíz de verano (época seca) bajo riego. De esa manera sólo sería necesario que en el año 2000 se hubieran incorporadas 186 000 manzanas adicionales.

El Ministro de Agricultura planteó '...es indispensable trasladar la producción de granos básicos de donde fue arrojada por el capitalismo y el somocismo, al Pacífico ... si hacemos eso, automáticamente aumentamos los rendimientos de 8 qqs. a 50 qqs' [Wheelock en: CIERA. 1983a: 47]. Es demagógico el planteamiento, porque aunque se refiere a la marginación de la producción granera, los campesinos no van a recuperar sus tierras vía este plan de riego. Más bien en la montaña tendrán que enfrentarse a la competencia de granos del Pacífico. Pues, el objetivo del Plan Contingente incluso es lograr excedentes exportables. Es una muestra de la continuación de la política de modernización excluyente que también practicó el somocismo, en ese entonces vía la modernización de la producción arrocera. Al ser confrontado con esta realidad, el Gobierno planteó que se asignaría al campesinado “una ubicación importante en la distribución de la tierra y en la dotación de recursos dirigidos al sector agropecuario" [CIERA, 1983a: 43]. Para la distribución de estos recursos en el sector disperso se promovería la cooperativización [Ibid]. Pero, la cantidad de recursos a distribuir en el sector privado era limitada, tal y como ya analizamos, precisamente por los proyectos intensivos en capital que absorbieron una parte substancial de las divisas.

No obstante el aval del representante de la UNAG [Ibid: 49], el planteamiento era ilusorio del punto de vista de los recursos requeridos. Sólo para el componente de riego fueron estimados en US$ 470 millones de dólares, en un momento en que la guerra ya estaba en su repunte [CIERA, 1983a: 51]. En 1983, se realizaron unas 6 000 manzanas bajo este esquema. La meta de ese año era sembrar 16 000 Mz. en la forma referida dentro de un período de cinco años, con rendimientos de 60 a 70 qq/Mz. En los planes estatales se contemplaba aportar de esa manera el 20% de la producción nacional, meta que en realidad nunca se cumplió. De las tierras seleccionadas para implementar el plan 81 % era tierra estatal, y sólo 7% era tierra de cooperativas. En 1984, se programaron 11 360 manzanas, de las cuales se sembraron sólo 7 016 [FAOR, 1983a: 15; 1983b: 21-24:1984:14-15].

Finalmente, se elaboraron seis proyectos de producción de granos, dos de los cuales para el Pacífico y cuatro para el interior. Los primeros dos absorbieron conjuntamente una capacidad inversionista similar a los otros cuatro (US$50 millones). Los esquemas del Pacífico eran más dependientes de recursos externos [Spoor, 1987:17]. Pero aún en esta forma incipiente, no se logró hacer un éxito del Plan Contingente. La UNAG finalmente emitiría el criterio crítico sobre 'Io que en su tiempo fue contemplado como eje de una estrategia de Seguridad Alimentaria, pero ha demostrado falta de capacidad productiva'. Añade que este criterio no aplica a los proyectos de inversión para la producción de granos del interior [Jalapa, Waslala, La Vigia] que a su criterio han sido más exitosos [UNAG-Consejo Nacional, 1989a: 3].

Durante todo el período, el Gobierno Sandinista logró expandir el área bajo riego de 90 712 manzanas en 1975 a 123 000 manzanas en 1986. El 96% del increment0 de instalaciones de riego se encuentra en tierras estatales y el resto en cooperativas de producción. Prácticamente todas son del tipo pivote central, considerado como la más avanzada técnica de riego. El 66% de las tierras estatales de riego está dedicado a caña de azúcar, siguiéndole en importancia maíz y pastos [CIERA, 1989a: 356-357]. El área maicera del APP abarca en 1987 13 412 manzanas y aporta 8% de la producción nacional de este alimento. Este dato subraya el limitado impacto del Plan Contingente en la seguridad alimentaria.

4 Programa de crédito

Introducción

El resto del programa de inversiones corresponde al Programa de Crédito a mediano y largo plazo, dirigido a los principales rubros de producción del sector agropecuario. El servicio crediticio a la producción agropecuaria y a los servicios comerciales de la producción era prestado por el Banco Nacional de Desarrollo (BND) parte integral del Sistema Financiero Nacional (SFN). Este sistema era producto de la nacionalización de la banca en 1979. La banca ha asumido el carácter de un organisms administrativo en el otorgamiento de créditos, dirigido por y subordinado a los órganos de planificación y al Banco Central [FAO, 1989b: 20). Como tal, ha sido el instrumento para apoyar a la realización de los objetivos generales de la Revolución y más específicamente al funcionamiento de las empresas estatales de comercialización, la capitalización del APP, la Reforma Agraria y la cooperativización [BND, 1987].

El BND abarca una proporción errética del crédito interno, la que ha variado en las años 1983-88 entre el 20 y el 38%. El crédito interno que no se dirige al Gobierno Central, es proporcionado en más de 50% or el BND, cifra que sólo disminuyó significativamente en 1988 al reducirse al 23%. El BND coloca crédito en el APP y el sector privado, a las empresas estatales de comercialización, y a entidades oficiales y de Gobierno local. Revisamos el crédito del BND con la pregunta en mente: ¿Logró revertir la concentración de recursos en el Estado observado en los incisos anteriores?

Crédito del BND

La situación legal de cartera a corto y largo plaza del BND, subió en términos nominates de 7 832 millones de Córdobas en 1979 a 10 987 millones en 1980. Esto significa un aumento real de 33%. Entre 1980 y 1987 el monto total de la cartera de préstamos disminuyó en términos reales en 2%. Las entregas de préstamos disminuyen en valores reales entre 1980 y 1987 con 21%. Las entregas a corto plaza se mantienen estables hasta 1984, para descender después, las entregas a largo plaza sufren un descenso de 49% durante toda la época [FAO, 1989b: 20-21]. Estas disminuciones deben tratarse con cautela, ya que depende del deflactor aplicado. En el caso del crédito agropecuario observamos más bien un aumento de la importancia del crédito en relación al drea sembrada, la que subió de 23% en 1978 a 73% en 1988 (cf.capítulo III).

El crédito otorgado por el BND se desglosó en dos áreas. El Crédito Bancario atiende a los grandes productores privados (AP) y al sector estatal, o sea al APP. El Crédito Rural atiende a los pequeños y medianos productores (PMP), tanto a los no-organizados, como los organizados en Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) y en cooperativas de producción, las Ilamadas Cooperativas Agrícolas Sandinistas (CAS). La mayor parte del crédito (84 a 89% en diferentes años) es crédito a corto plazo.

El 66% del total de entregas de crédito de 1983 se dirigía al APP, recibiendo las empresas comerciales del Estado la tercera parte de todo el crédito del BND. La gran producción privada bajó su participación a 18% en 1983. El crédito rural constituye en ese año el 16% del crédito total, Io que significa un cambio importante respecto al tiempo antes de la Revolución cuando recibieron apenas el 5.1% [CIERA. 1989d: 45]. Es decir, la política crediticia logró ampliar su atención a muchos pequeños productores. Se habla en este contexto de la masificación del crédito rural [BND, 1983]. El monto de crédito autorizado a pequeños y medianos productores aumentó 5.5 veces en términos nominales y 2.3 veces en términos reales. Además mejoró la relación del crédito retirado con respecto al crédito autorizado de 57% a 79%. El número de usuarios se incremenó casi tres veces, hasta atender en 1980 y 1981 un promedio de 94 174 productores, siendo el 80% de los usuarios, productores organizados en un su gran mayoría en CCS [lbid: 5]. En diciembre de 1988 el banco atendió todavía a 80 511 familias, a mas de los 2288 clientes privados y 57 del APP. Dejaba sin atención crediticia a un 46% de las 147 000 familias campesinas⁷ [cf. CIERA, 1989d: 45). El ndmero de familias atendidas disminuyó después de 1988 par las efectos del programa de estabilización económica, pero esto no resta al hecho de que efectivamente la banca extendió su servicio a un ndmero mayor de productores.

Es mas, a partir de 1983 la participación de la PMP en el crédito aumenta, llegando a otorgarse a ese sector en 1986 el 28% del total del crédito del BND. El mismo patrón observamos en los datos del crédito agropecuario (51% del crédito total del BND).

Cuadro 7.

Participación porcentual de los sectores sociales de producción en el crédito agropecuario

Sector	1980	1983	1986	1988
APP	2ó	43	27	28
AP	53	26	29	37
PMP	21	31	44	35

Fuente: BND, 1989a⁸. FIDA, 1980.

A partir de la masificación del crédito, se logra en el período de 1983-1986 dirigir una parte mayor del crédito a la PMP y el AP, producto sobre todo de la disminución de las entregas al APP a largo plazo. Corresponde a una política integral para una solución estructural al problema de marginación de la producción campesina de granos básicos [BND, 1983: 7]. El incremento iba acompañado de una tendencia a aumentar la parte del crédito destinado a inversiones. En 1986 el 41% del crédito rural se otorga como préstamos a largo plazo. Es decir, la pequeña y mediana producción recibió en 1986 el 63% del crédito agropecuario a largo plazo.

Pero esta situación es coyuntural. En los años posteriores la participación de la PMP es reducida otra vez al nivel de 1983 (17% en 1988). Esta disminución es menos en el caso del crédito agropecuario e igualmente mantiene una participación más elevada que antes en los créditos de inversión a largo plazo. Pero éstos en su totalidad ya esán más limitados a estas alturas. En 1988, el Estado siempre absorba el 58% del crédito total del BND mientras que la gran producción privada ha mejorado su posición relativa, recibiendo el 25%.

Concentración del crédito agropecuario en la gran producción

No obstante el aumento de la PMP y la reducción relativa del APP en el crédito agropecuario, sería precipitado concluir de estos datos que el programa de crédito revirtió la prioridad que se ha dado al área estatal en el Programa de Inversiones Públicas. La reducción del crédito agropecuario al APP se explica por la reducción del área comprendida en las empresas de la Reforma Agraria, que fue de 1.7 millones de manzanas en 1982, para reducirse a 948 230 manzanas en 1988. Por otro lado, la posterior redistribución de tierras a la PMP explica la ampliación del crédito dirigido a este sector.

Cuando relacionamos los datos sobre el crédito con la distribución de tierra, nos damos cuenta de que el APP recibía en 1983 cuatro veces mas crédito por manzana en comparación con la PMP. Este sector, a su vez, recibió en ese entonces el mismo monto promedio por manzana que la gran producción privada. En 1988 estas relaciones han aumentado a que el APP recibe 12.5 veces más crédito agropecuario por manzana y la gran producción privada cinco veces más que la pequeña y mediana producción.

Obviamente, esá de por medio el uso de la dotación de tierras en los tres sectores y la dependencia de crédito. Para eliminar el efecto del uso menor de crédito en la PMP, investigamos las diferencias en monto recibido por manzana habilitada.

Cuadro 8.

Crédito por manzana habilitada en los diferentes sectores (base para cada año PMP = 100)

	1983	1984	1985	1986	1987	1988
PMP	100	100	100	100	100	100
AP	179	211	193	196	272	278
APP	216	362	323	352	486	496

Fuente: BND,1989a.⁸

Los sectores atendidos por el Crédito Bancario (AP y APP) recibían en 1983 alrededor de dos veces más crédito por manzana habilitada que la PMP. En 1988 se había ampliado esa diferencia, así que un productor grande recibió casi tres veces el monto promedio por manzana de un cliente del crédito rural, y una empresa del APP casi cinco veces. Adicional a esa desproporcionalidad entre sectores, se produce también dentro del crédito rural. Los productores individuales con mayores recursos y medios de producción (23% de los usuarios del Crédito Rural) obtuvieron una proporción más alta del crédito (47%) en 1983. Un usuario mediano recibió tres veces más crédito que el usuario organizado e incluso seis veces más crédito a largo plazo y crédito ganadero [BND, 1983:6]. El caso de El Rama presentado en el capítulo anterior, sugiere que esa desproporcionalidad en el caso del crédito rural a partir de 1983 se ha revertido a favor de las cooperativas de producción. También el hecho de que un número de 735 de las más de 3 500 cooperativas, sobre todo CAS han logrado capitalizarse de lal manera que en 1990 se consideraba que podrían sobrevivir, incluso en una coyuntura económica adversa, prueba esto [FENACOOP, 1990b: 14]. Es producto de la política de priorización de cooperativas en 35 zonas, mencionada en el capítulo anterior.

El dato sobre la desproporcionalidad entre sectores con respecto al crédito recibido por manzana o productor presenta un caso que confirma Io que se ha llegado a llamar la 'Ley de hierro de las restricciones de tasas de interés', que dice que cuando más baja la tasa real de interés, más concentrada será la distribución de crédito. La concentración del crédito en manos de unos cuantos, se oculta por la gran cantidad de pequeños préstamos otorgados [Banco Mundial, 1983: 126, 137-159].

Ahora, para responder nuestra pregunta sobre el eventual contrapeso de la política crediticia al sesgo hacia el Estado en la acumulación, observamos que el crédito durante el sandinismo ha ampliado y mejorado su servicio en el sector de la pequeña y mediana producción. En 1980 el banco involucró masivamente a este sector. A partir de 1983 hasta 1986 y especialmente en ese último año se logró involucrarla además en proyectos inversionistas. Pero esto sirve de escaso contrapeso a la preferencia por proyectos estatales en el PIP. La participación del APP en el crédito canalizado por el BND es sobresaliente. Solamente las empresas comerciales reciben más de una tercera parte del crédito y al final el APP absorbe siempre casi el 60% del crédito canalizado por el BND. El crédito agropecuario por manzana habilitada se concentra en la gran producción estatal y privada, asi como en un número reducido de cooperativas CAS. Conjugando algunos datos para el año 1987, los que se refieren a la distribución de crédito del BND y las inversiones del PIP, calculamos que el 65% de estos fondos se concentraron en el APP, 20% en el AP y 15% en el sector de la pequeña y mediana producción. El equipo de la Revista Envío presenta datos sobre el mismo año, que sugieren una relación de la distribución de recursos financieros para fines productivos (excluyendo el Gobierno central y gastos de defensa) de 52% para el APP, 19% para el AP, 28% para la PMP, Incluyendo los recursos para gobierno y defensa, la distribución sería respectivamente 75%, 10% y 15% [Envío, 1987 (70):30].

Crédito barato y la pequeña y mediana producción

No obstante la desigual distribución de los recursos, es innegable que se amplió el crédito a la pequeña y mediana producción (PMP) y que el crédito era barato. Las tasas aplicadas a los préstamos en ningún momento han estado a la altura de los índices de inflación. La tasa más alta cobrada por el BND antes de 1988, fue 45% anual para actividades comerciales o de carácter comercial como es el engorde de novillos. En ese año la inflación alcanzó el 1 347%. Esto es un subsidio, aún tomando en cuenta que el interés no es el único costo para el productor y que los costos de transacción eran bastante elevados. Entre dirigentes políticos y funcionarios estatales, no sólo en Nicaragua, el crédito barato es considerado como un mecanismo de redistribución de ingresos hacia los pobres. Queremos profundizar sobre este aspecto, a fin de responder completamente la pregunta puesta sobre el contrapeso del programa de crédito en el sesgo hacia el estado observado en el PIP.

El subsidio es mayor cuando la brecha entre el interés activo y el índice de inflación aumenta. Esta situación aplica a todo el período 1979-1988. En 1988 se tomaron medidas para eliminar la tasa negativa. Por otra parte, el subsidio es mayor al aumentarse la parte financiada por el banco. Puesto el aumento del crédito en relación al área cultivada, aspecto que tratamos en el tercer capítulo, se produce un aumento del subsidio nominal a la producción. Nuestro análisis del crédito otorgado por manzana habilitada, ilustra que el subsidio nominal ha favorecido más al APP, AP y un grupo selecto de cooperativas CAS, que a los pequeños y medianos productores en general.

Dos aspectos adicionales a la transferencia vía tasas negativas son importantes para analizar el efecto total de la política de crédito barato: la transferencia vía mora sobre crédito y vía el ingreso adicional realizado con los recursos adquiridos con los préstamos [Banco Mundial, 1983: 22, 126]. Sobre la mora observamos, tomando el porcentaje de recuperación total del crédito del BND de cada año como norma, que las recuperaciones eran mayores en el caso del APP y AP, que en el caso de la PMP. Sin embargo, esta presentación favorable en el caso del APP se refiere sobre todo a los préstamos a las empresas comerciales. En Los préstamos agropecuarios, la tasa de recuperación que observamos en los tres sectores en la mayoría de los años, no alcanza la norma. La PMP presenta un perfil peor en Io ganadero. En las actividades agrícolas, la recuperación es comparable en el APP y la PMP hasta 1986, pero en el caso de estas dos es menor que en el AP. A partir de 1987 la recuperación de los préstamos a la PMP y AP es sustancialmente mayor que al APP [BND, 1989a]. En resumen, la baja recuperación se suma a la concentración de fondos en el APP y el AP.

La PMP aunque recibe un financiamiento menor por manzana, también muchas veces fue peor deudor, así que de esa forma obtuvo un subsidio nominal.

Sin embargo, ese subsidio nominal solo será real al lograr realizar un ingreso positivo con los recursos obtenidos. Esta capitalización depende de la relación entre costos de producción y precio. En ella incide la tecnología, su costo y rendimiento. También son importantes las posibilidades y condiciones de comercialización. En las mismas influye la ubicación geográfica del productor y la ubicación en la cadena comercial. Vinculada con el tema del precio está la estructura de precios general, las modificaciones que sufre en tiempos de inflación y el tema de los términos de intercambio, los que determinan el valor real del ingreso obtenido. Son tantos los factores que la misión FIDA ya remarcó, que 'el mero flujo del crédito hacia los campesinos pobres no signiflcará una redistribución del ingreso' [FIDA, 1980:124].

La retención del subsidio

Revisamos estos aspectos para nuestro caso. Primero, la relación costos/precio, tema que ha sido objeto de controversias entre la UNAG y el Estado. En esta discusión, el precio se refería a diferentes cálculos de costos. Las diferencias se deben a concepciones variadas sobre cómo tratar la inflación [cf. Whittington, 1983; END, 1989b; Blokland, 1989b]. Para evaluar la rentabilidad de los cultivos el método del costo constante corregido por el subsidio del BND sería el más indicado. Lamentablemente, carecemos de datos para calcularlo para todos los años. El método del costo actual ha sido más utilizado en Nicaragua, razón porque existen más datos de los costos actuates en los diferentes años. Además es igualmente realista para este objetivo. Los resultados de una comparación entre éstos y otros métodos de actualización de costos de producción, indica que el método de costos actuales no infla los costos con respecto a los otros métodos⁹ [Blokland, 1989b]. El cuadro 9 presenta la parte de los costos que es cubierta por el precio en los diferentes años en el caso de maíz.

Cuadro 9.

Parte de los costos por tecnología, la que el precio cubre (maíz)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Tecnificado*	88	124	113	179	145	101	478	128	49
Semi-Tec				80	78	55	252	97	43
Tradicional	45	68	66	81	63	82	218	49	56

*En los años 1980-1982 se refiere a tecnificado con bueyes. El costo por quintal de esta producción es mayor que aquella tecnificada con maquinaria. Por ejemplo, en 1982 el precio cubre en un 125% los costos del cultivo tecnificado con maquinaria. A partir de ese año los datos se refieren únicamente a tecnificado, siendo el cálculo un promedio de los costos en el cultivo tecnificado con maquinaria y con bueyes.

Fuente: Spoor et al., 1988: cuadro 1.6

Al comparar los costos actuales de maíz de los diferentes años con el precio de garantía pagado por la acopiadora estatal ENABAS, observamos la difícil situación que pasaba este grano. Con respecto a la producción tradicional (30% del área) y semi- tecnificada (50% del área), sólo en 1986 hubo rentabilidad positiva. Esto implica que el eventual subsidio vía crédito desaparece ante precios que no cubren los costos.

La rentabilidad positiva del maíz tecnificado, se produce por un segundo subsidio. Los precios de los insumos y maquinaria importada eran muy bajos por la enorme sobrevaluación del córdoba. Se demuestra claramente que esta es la razón de la diferencia, porque al ajustarse la estructura de precios en 1988 y al reducir precisamente esa sobrevaluación, desaparece la diferencia entre los sectores en rentabilidad por quintal.

Este subsidio vía el precio de la tecnología importada ha favorecido a la gran producción privada y al APP [Wattel et al; 1989]. También, una parte del campesinado organizado en cooperativas CAS se benefició con este subsidio. El cuadro 19 en el capítulo séptimo muestra los rubros en que se desempeñaba la gran producción privada antes de la Reforma Agraria y el cuadro 20 da a conocer la tecnología dominante por rubro. Los cuadros muestran que la gran producción se dedicaba a los rubros tecnificados. La gran empresa estatal y las cooperativas CAS reemplazaron a una parte de la gran producción privada, manteniendo su perfil productivo, o sea dedicándose a los mismos rubros y con las mismas tecnologías. De allí se deduce que la gran producción privada y estatal, así como una parte de las cooperativas CAS producen con alta tecnología, es decir intensiva en capital e insumos importados.

Se demuestra también que estos fueron los sectores favorecidos con este segundo subsidio, porque la distribución de insumos corresponde a la distribución de crédito por manzana. Pues, la introducción de fertilizantes y otros agroquímicos se realizó vía las cartas tecnológicas, que es la recomendación tecnológica para los cultivos y el cuido de animales que además sirvió de base para determinar el monto de crédito. En general, el productor no recibió efectivo, sino una carta de venta para insumos o maquinaria. La diferencia en el crédito por manzana habilitada entre el APP, AP y PMP (cuadro 8) se debe precisamente a que los primeros dos sectores utilizaron mas técnica importada. El aumento espectacular del crédito a partir de 1980 se relaciona directamente con el aumento anteriormente observado en la importación de bienes intermedios para la agricultura. La concentración de los mismos en la gran producción privada y estatal particularmente, aunada al interés de aumentar específicamente ciertos insumos como fertilizantes y otros agroquímicos, resultó en una disminución de los bienes intermedios para la pequeña producción, los llamados bienes de uso campesino.

En resumen, el primer determinante discrima en contra de la PMP, a más de que ilustra otra implicación del sesgo hacia el Estado, la falta de bienes campesinos necesarios para el desarrollo de la producción campesina.

Segundo, revisamos las condiciones de comercialización. Vemos que las afectaciones de la Reforma Agraria resultaron en una interrupción del sistema de intercambio y distribución basado en la gran producción privada [Vilas, 1987: 11]. ENABAS Io sustituyó por formas populares de acopio y distribución e impulsó la construcción de complejos regionales de acopio y almacenamiento de granos, como aquellos de Los Brasiles, Masaya y Santo Tomás, para completar un red de depósitos zonales establecido en tiempo de Somoza. La empresa estatal PROAGRO estableció una red de distribución de insumos agropecuarios con una incidencia casi monopólica en el mercado. Con el tiempo, el Estado logró la reorganización efectiva del sistema de intercambio poniéndolo bajo su control. El maíz fue de los productos en que el Estado más dificultades encontró para monopolizar el comercio. ENABAS sólo logró acopiar el 40% de la producción comercializable en los ciclos 1985 y 1986 [Spoor et al; 1988: cuadro 3.1].

El APP asumía las funciones del viejo terrateniente - comerciante con las correspondientes ventajas económicas realizadas en el intercambio. Adolfo Orozco, Presidente de la UNAG de la Zona Especial III, observa sobre la relación de las empresas estatales con las cooperativa: “...algunas empresas han servido de trabas en el desarrollo del movimiento campesino y, ahora, con los problemas financieros que tienen, tratan de descapitalizarnos a nosotros para equilibrarse ellas” y añade “abusan de nosotros, deben revisarse las políticas de crédito y acopiarnos como se debe las cosechas, con precios que no nos dejen peor que antes” (Barricada, 06.03 1989].

Parte del ingreso que pudiera haberse realizado con el préstamo a la pequeña producción se ha disipado hacia el APP, vía la relación comercial. Esto era más efectivo en el caso de las cooperativas, a las cuales específicamente se refiere Orozco. Las cooperativas CAS tenían la obligación de vender 80% de su producción a precios oficiales al Estado, aunque esto no se pudo hacer efectivo en todos los casos [MIDINRA, 1986: 22; Envío, 1987 (72): 32; UNAG, 1988m: 18; Serra, 1991: 92]. Este segundo determinante funciona a favor del APP y de los terratenientes y comerciantes a los cuales el Estado no logró reemplazar. En todo caso funciona en detrimento de la PMP.

Tercero, tenemos que comparar a los índices de precios de los productos agropecuarios con la inflación general. Utilizamos este último aspecto para evaluar la evolución del valor real del ingreso en los rubros agropecuarios, comparando el índice de precios de este sector con el resto de la economía. Obtenemos de esa manera una especificación de las tijeras de precios (price scissors). En el primer año de la Revolución se contuvo el alza de precios agropecuarios en 19%, mientras que el IPC subió 30%. De esa manera, se inició el deterioro de los términos de intercambio en detrimento de la agricultura. Hasta 1984 los productos agropecuarios sufrieron un considerable deterioro de sus términos de intercambio, constituyendo el IPP en ese año un 66% del IPC. El deterioro afectó a todos los rubros, siendo particularmente fuerte en los productos avícolas y los lácteos.

A finales de 1985, los términos de intercambio de frijol y maíz especialmente pero también de los demás rubros con excepción de café se han restablecido, así que el IPP se establece en 91% del IPC, que a esas alturas ha alcanzado un nivel de 1 305 (1980=100). El frijol alcanza 2 070 y el maíz 1 877. No obstante, en el café sigue el deterioro de los términos de intercambio que a finales de 1985 se establece en 619. Este efecto ya no está en dependencia del deterioro del precio internacional que empezó a elevarse en 1984 para establecerse a su nivel de US$163 por Quintal en 1986 y 1987 [Spoor, 1987; CIERA, 1989l:56). Resulta, por Io tanto, una captación importante de divisas para el Estado a través de ENCAFE, monopolio estatal del comercio exterior de café, sin que se transfiera al productor una cuota correspondiente de moneda nacional.

En resumen, en el primer quinquenio de los años ochenta observamos un gradual y fuerte deterioro de los términos de intercambio en detrimento de la agricultura que, en general, favorece los otros sectores de la economía en que el Estado ganó más incidencia, como es la industria y los servicios [Black, 1981: 202]. Particularmente esta situación provoca una reducción de la producción granera y lechera, así como la crisis del café. Produce la evasión de las regulaciones y control del comercio por parte de los productores, desembocando en la liberación del mercado de granos campesinos a partir de 1986. La liberalización significa la posibilidad para todos de acceder a precios altos, Io que impacta positivamente el ciclo agrícola 1986/87. Desgraciadamente en 1988, a partir de la primera cosecha, los términos de intercambio empeoran nuevamente en este sector de granos, Io que tiene un efecto negativo en la producción a partir de la postrera de ese año y en el ciclo 1989/90.

Ahorro forzado

El crédito barato implica un subsidio nominal a la producción que aumentó al incrementarse la inflación año con año. Este subsidio benefició a la gran producción privada y sobre todo a la estatal. El APP recibió más crédito por manzana habilitada que cualquier otro sector. El sector campesino presentó mayor debilidad en retener el subsidio nominal que recibió vía el crédito barato. Hemos analizado tres elementos que contribuyeron a este fenómeno.

Primero, los precios de garantía establecidos por debajo de los costos de producción, poniendo en desventaja a la producción campesina. Esta situación se debe a otro subsidio implícito en insumos cruciales de las tecnologías de la gran producción privada y estatal. Este subsidio implícito está en dependencia de la sobrevaluación del córdoba, que abarató los insumos importados.

Segundo, la pronunciada participación de las empresas estatales en el comercio interior y las relaciones de intercambio a nivel local hegemonizadas de manera creciente por el APP. Significa que el Estado puede captar cualquier excedente producido tal y como ilustramos en el caso del café y de las cooperativas. También en el caso de los granos, este factor restó a la rentabilidad que se pudiera haber logrado en los granos después de 1985, con un impacto más negativo a partir de 1988.

Tercero, el deterioro de los términos de intercambio redujo el ingreso real de la producción agropecuaria, especialmente en el primer quinquenio de la gestión Sandinista. Estos factores conjuntamente recrudecieron la situación, particularmente para aquellos productores que ni siquiera tuvieron acceso a crédito, que en general tenía poco acceso a insumos subsidiados y cuyos precios bajaron por la distancia al consumidor, es decir el campesinado geográficamente alejado de las ciudades y políticamente del FSLN.

Todo esto nos induce a concluir que se produjo más bien una transferencia de capital del sector campesino al sector estatal. El ahorro forzado, '(es decir, reducción no voluntaria del consumo privado)', Ilegó a constituir el 19% del PIB [FitzGerald, 1989: 39]. El mismo es el resultado de la desigual distribución de los efectos de la inflación, que incide en los términos de intercambio y la estructura de precios que determinan la relación costos/precios. El mecanismo de captarlo era los precios por debajo de los costos, el comercio hegemonizado por el Estado y los términos de intercambio a favor de los sectores de la economía en los cuales el Estado tenía una presencia mayor.

La extracción de fondos a la PMP explica el bajo nivel de recuperación del crédito. Simplemente no quedó posibilidad de recuperar el crédito. La recuperación mejora, por ejemplo, en 1987 en el caso del crédito agrícola a corto plazo a la PMP, cuando Los términos de intercambio han mejorado a favor de productos agrícolas campesinos. Es baja en el caso de la PMP ganadera, Io que se explica por su especialización en crianza (ganadería lechera), sufriendo los productos lácteos un fuerte deterioro de los términos de intercambio. A partir de 1984 el BND concedió repetidas saneamientos de la deuda campesina, pero bien podría explicarse esta indulgencia, porque el Estado 'sabe' que ya ha captado del sector campesino Io que pudo captarse.

Lo mismo no aplica al APP y su peor perfil de recuperaciones en comparación con la gran producción privada. En este caso la recuperación no era relevante Para el banco estatal, porque al fin y al cabo significa una simple transferencia entre partes del Estado. El APP no recibió públicamente un saneamiento, pero su cartera estaba garantizada por el Ministerio de Finanzas, así que su recuperación en gran parte era ilusoria [FAO, 1989b: 37]. En la literatura anglosajona se indica esta situación con el término soft budget constraint, que se refiere a las posibilidades de las empresas estatales de invertir y producir, sin tomar en cuenta la generación propia de recursos, ni la rentabilidad económica de la empresa o la eficiencia de la misma, debido a que los fondos de operación e inversión provienen de la banca o el presupuesto nacional y son otorgados en base a criterios macro-económicos o políticos [FitzGerald, 1988a: 54].

El ahorro forzado se utilizó para costear la guerra. Esto y el fuerte deterioro de la situación económica que provocó, complicó el análisis sobre las ventajas relativas en el modelo de acumulación Sandinista. De alguna manera cada sector productivo sufrió los efectos negativos de la misma. También sirvió para financiar las otras áreas de interés del Gobierno Sandinista, salud y educación. Sin embargo, desde el punto de vista de la acumulación, el ahorro forzado benefició al Estado, que capitalizó sus empresas, realizó proyectos inversionistas, tal y como ya hemos analizado anteriormente e impulsó la tecnificación de sus empresas en base a insumos y bienes de capital importados y subsidiados. Siendo el APP el sector social agropecuario donde mayoritariamente se ubicó la acumulación, este análisis no obvia que también otras unidades de la gran producción privada y cooperativizada han mejorado su situación. Responde a la política gubernamental de potenciar proyectos grandes de modernización agropecuaria, los que abarcan el área estatal, cooperativas CAS seleccionadas y grandes productores privados. Tiende a excluir a la masa de los pequeños y medianos productores. El ahorro forzado tuvo su expresión más sobresaliente en la concentración de bienes de capital (maquinaria y medios de transporte y bienes intermedios (insumos, herramientas), así como materiales locales de construcción y lubricantes en ese grupo selector mientras que el campesinado en general tuvo que prescindir incluso de muchos de los bienes más esenciales de uso en el campo, Io que afectó la acumulación global de la economía. Es un efecto que a nivel teórico hemos tratado en el cuarto párrafo del capítulo II.

5 El giro en la atención estatal al sector campesino

Cambios en la interpretación de la realidad social en el campo

En el cuadro 10 comparamos la distribución porcentual de la PEA agropecuaria calculada en base a diferentes fuentes. La estratificación de FIDA y Deere está basada en datos del censo agropecuario de 1971 sobre la distribución del tamaño de las fincas e indica algo sobre la diferenciación económica. Los datos de UNAG, presentados en una publicación conjunta con CIERA y ATC y aquellos de Zalkin parten de datos que están basados en la inserción en el mercado de trabajo.¹⁰ Las diferencias entre ellos no son el reflejo de la base utilizada, ni de la institución que los publicó, sino de su año de publicación. Los cuatro están ordenados según este criterio y reflejan un cambio en la interpretación de la realidad rural desde el inicio de la gestión Sandinista.

Cuadro 10.

Distribución porcentual de la PEA agropecuaria por categoría social

Categorías	FIDA		UNAG		Deere		Zalkin
Grandes Productores	0.4		n.d		0.4		n.d
Med. Productores	8.9		6.6		4.5		13.6
Peq. Productores	12.7		33.5		21.6		23.3
a)CampesinosPobres		38.3		43.1		36.4		27.5
b)Sub- proletariado		32.1		9.6		17.3		19.5
SubtotalPobres (a+b)	70.4		52.7		53.7		47.0
Proletariado Agrícola	7.5		7.2		19.8		16.1

Fuente: FIDA [1980]; UNAG, ATC y CIERA [1982]; Deere et al. [1985]; Zalkin [1989].

Con el tiempo se reconoció el carácter campesino [Baumeister y Neira, 1987: 303]. Se notaba la vigencia de Io que Zalkin llama el "modelo campesino capitalista”, a la par de la vigencia del "modelo capitalista de agro exportación”, que fue la interpretación dominante de la realidad social en el campo, tal y como analizamos en el capítulo anterior [Baumeister, 1984; Zalkin, 1988: 581]. La distribución geográfica entre los dos modelos es 'nítida' en el sentido que el modelo de agro exportación corresponda más al Pacifico, Regiones II, III y IV [Ibid]. El modelo campesino corresponde más al interior y norte del país. En las regiones del Pacífico, a pesar de ser representativo el modelo capitalista de agro exportación, aún se concentra el 34% del campesinado.

Para describir la realidad social del campo se enfatiza por Io tanto el carácter campesino, que está presente en más de 80% de los trabajadores del campo. Ello incluye capas acomodadas, pero excluye a los latifundistas y productores con una mínima inserción en la producción agropecuaria, que Zalkin llama marginales [op.cit]. El porcentaje de campesinos es solamente un poco menor en las mencionadas regiones del Pacífico, donde la proletarización es mayor. La detección de este aspecto de la realidad del campo, restó a la exagerada polarización que parecía regir en el campo y que se expresa en los datos de FIDA [1980:28]. Esto no significa que no existe pobreza, ya que ésta se produce en más de la mitad de los campesinos.

El peso campesino no sólo es un fenómeno social, sino económico, es decir se expresa en una alta participación del campesinado en la producción nacional (véase cuadro 11).

Al referirse al cambio de mediados de los años ochenta, Baumeister y Neira se expresan de la siguiente manera: "Con el inicio de la gestión revolucionaria, comienza una progresiva compresión del peso real de los distintos sectores productivos (...) se verifica - en una dinámica todavía no concluida - el peso productivo de las facciones chapiollas (plebeyas) y su potencialidad en un esquema de mayor aliento” [1987: 303]. Sugieren, de esa manera, que el cambio en la atención gubernamental no sólo se refiere a un reconocimiento de su peso en la economía, sino también a la interpretación campesina del proyecto económico. Asimismo, esa conciencia gubernamental debería desembocar en una nueva atención al campo, pero también en una nueva operacionalización de los principios básicos, por ejemplo, con respecto a la economía mixta y los elementos principales del proyecto económico.

Cuadro 11.

Peso porcentual de los sectores productivos en la producción nacional por rubro (1987/88)

Rubro	APP	PMP	AP
Agro exportación
Algodón	31	20	49
Café	18	48	34
Ajonjolí	-	99	1
Caña	43	12	45

Consumo Interno
Maíz	8	89	3
Fríjol	2	93	5
Arroz	38	21	41
Sorgo	28	37	35

Fuente: CIERA, 1989i: 177,185

Alianza estratégica del FSLN con el campesinado

La conciencia adquirida sobre la existencia de un vasto sector de campesinos y su importancia en la economía, indujo al FSLN en 1985 a realizar una reconsideración de sus planteamientos socioeconómicos y sus alianzas políticas y dedicar una evaluación exhaustiva al problema campesino [FSLN. 1985a, 1985b]. Influyó también el resultado de las elecciones de 1984. El FSLN las había ganado, pero en municipios con un campesinado integrado al mercado y con poca Reforma Agraria, los resultados fueron menos favorables. Masaya es presentada como un ejemplo clave, donde a mediados de 1985 se produce un viraje en la aplicación de la Reforma Agraria. El MIDINRA respondió en este departamento al sur de la capital a la demanda del campesinado, que reclamó la tierra en individual. El caso tenia cobertura nacional, porque se afectó a Enrique 'Churruco' Bolaños, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), quien rehusó la negociación [Envío, 1985 (51)].

El Frente evalúa que no hubo una clara orientación con respecto del tratamiento del campesinado. Critica la aplicación de esquemas que más bien restaron a la participación de base [FSLN. 1985b: 3-6]. Analiza autocríticamente que 'hasta ahora no hemos tomado en serio a los campesinos como sujetos económicos' [lbid: 31]. Incluso llega a la conclusión determinante que el sandinismo no ha elaborado 'modelo (económico) alternativo coherente' [lbid: 33]. Respecto a las Políticas impulsadas, se observan cinco mayores ejes de debilidad. Los mismos fueron retomados por el Cmdte. Wheelock en su intervención en el primer Congreso Campesino [FSLN, 1985b; 1986].

Primero, la ruptura de las redes de intercambio y la especialización institucional. Se observaba que esto significaba un cambio mayor respecto al tiempo de Somoza. Cada hacienda estructuraba su red de relaciones y el hacendado atendía las necesidades de crédito, comercio, acceso a la tierra y abastecimiento. Ahora el APP había sustituido al terrateniente, pero sin asumir las correspondientes obligaciones hacia la comunidad y los campesinos bajo su influencia. Para esto, se había creado una cantidad de agencias estatales, cuyas políticas de atención a veces fueron incoherentes y contradictorias.

Segundo, se hizo conciencia sobre el deterioro de los términos de intercambio y el desabastecimiento de bienes de producción y de uso campesino, aspectos que afectaron a la población campesina. Se subraya la extremidad del desabastecimiento al informar que en 1984 se han distribuido menos de 5000 machetes, el principal instrumento de trabajo de medio millón de campesinos.

Tercero, se recalcaron los problemas en la ejecución de la política de tierras, en que el APP se constituía como el nuevo acaparador de tierras. Se criticó que se había desestimulado la movilización por la tierra en 1980, igual como la entrega de tierra condicionada por la modalidad organizativa. Se señaló que la titulación se dio en zonas con una fuerte descomposición social por la presencia de la contrarrevolución, Io que restó a su impacto. También, se señalaba que siempre existía un importante sector latifundista a la par de miles de campesinos sin tierra. Cuarto, se recalcó el carácter enclave de las empresas estatales y cooperativas en los territorios, su falta de articulación con su entorno. Se criticó la priorización del APP en la asignación de recursos, así como la priorización de las CAS sobre las CCS en la capacitación. Quinto, con respecto a la política de inversiones se recalcó que los proyectos que se ejecutaron a partir de 1982, habían tenido dificultades “para la puesta en marcha de esquemas de inversión integradores que incorporaran ampliamente, potenciaran y transformaran la rústica y atrasada organización social heredada en el campo” [FSLN, 1985b: 21)]

Las recomendaciones para el fortalecimiento de la revolución en el campo [FSLN. 1985b] enfatizan sobre todo medidas encaminadas a resolver el primer eje. La recomendación principal es la Organización Territorial de la Producción y del lntercambio (OTPI). Consiste en dar una coherencia a las acciones de atención al campesinado, corrigiendo la dispersión e incoherencia de las políticas estatales. Las empresas estatales se constituirían como ejes de articulación de los diferentes sectores productivos en el territorio. Sobre el segundo eje, se recomienda sobre todo medidas encaminadas a resolver el desabastecimiento. Tercero, la política de tierras debe flexibilizarse y basarse en una movilización de los campesinos por la tierra. Cuarto, se recomienda la consolidación de las empresas y el perfeccionamiento de su gestión económica, enfatizando nuevamente su relación con su medio circundante. Para las cooperativas se recomienda un proceso de consolidación y fortalecimiento interno. Quinto, las inversiones deben dirigirse a lograr una mayor articulación de la producción en el territorio, involucrando los sectores sociales en Los proyectos. La DGRA y el CIERA son los puntos del MIDINRA en que los funcionarios entran en un mayor acercamiento a la problemática del movimiento campesino. Cabe señalar, que esto se refiere más bien al fortalecimiento de una corriente que siempre estaba presente el MIDINRA. Por ejemplo, analizamos anteriormente que el proyecto oficial optó por la vía de intensificación del capital, pero siempre estaba presente la opción de potenciar la productividad del gran universo de explotaciones agrarias [Wheelock, 3985a: 59, 63]. A mediados de los años ochenta creció incluso en las dependencias del Estado una opinión a favor de este otro camino: 'Por ejemplo, si tenemos producción campesina de seis quintales por manzana que ocupa el 50 por ciento del área de cultivo cafetalero, podríamos imaginar Io que significa lograr que se eleve tan sólo dos quintales por manzana, el impacto global es enorme' [Vice-ministro de MIDINRA, Director General de Reforma Agraria, Alonso Porras en: Barricada 21.12.1987].

Con el fortalecimiento de esta corriente, surgió una discrepancia entre aquellos en el Estado que propugnaron un mayor protagonismo del campesinado y otros que buscaron el fortalecimiento del papel rector del Estado en el campo. Esta discrepancia se cristalizó en el MIDINRA en dos proyectos claramente diferenciados: el Proceso de Fortalecimiento de Base del Movimiento Cooperativo, y la Organización Territorial de la Producción y el Intercambio. Kaimowitz señala esas dos tendencias en el Estado en la segunda mitad de los años ochenta: "Uno privilegia la necesidad de reorganizar al sector estatal para apoyar a los campesinos y las cooperativas. El otro sigue buscando mecanismos más eficaces de subordinar estos últimos a las necesidades del Estado” [Kaimowitz, 1989: 75].

Dos proyectos estatales

El Fortalecimiento de Base del Movimiento Cooperativo se inicia en 1987. Se elabora un instrumento para los cooperativistas, que les sirve para ordenar un proceso de reflexión y análisis, encaminado a un mayor protagonismo en el desarrollo de sus unidades productivas. Según éste se debe partir de los logros alcanzados, para definir los problemas, buscar las alternativas de solución y decidir sobre la alternativa más viable en base a recursos propios y otros a obtener de fuentes externas [UNAG, 1987a]. Se esperaba además superar el verticalismo en la atención institucional al movimiento cooperativo, fortalecer las cooperativas como entidades económicas y proyectarlas como alternativa para el campesinado no cooperativizado.

Para dar cabida a esto, se ejecuta una capacitación escalonada que inicia con un seminario nacional, bajando vía las regiones y las zonas, hasta desencadenar la discusión en cada cooperativa. En los seminarios participan más de 1 700 cuadros de los comités regionales y secretarías zonales del FSLN, juntas Directivas de la UNAG, funcionarios de la DGRA, de las empresas estatales de servicios a la producción, del BND y el MED en todo el país. Los participantes deben compenetrarse de la problemática del movimiento cooperativo, apropiarse de la metodología y las líneas de propaganda a acompañar el proceso. En los encuentros se trata de institucionalizar el "nuevo esquema, democrático, eficiente y participativo de atención al movimiento cooperativo” [CIERA, 1989e: 78]. Este a su vez debe resultar en una 'movilización amplia de la mayor cantidad posible de cooperativas' [Ibid: 86]. Los acuerdos alcanzados a ese nivel serán llevados a encuentros zonales, regionales y el Encuentro Nacional. El propio Presidente de la República motiva a los cooperativistas a participar, mediante una carta que es publicada en el diario Barricada y además distribuida en 25 000 ejemplares en el campo.

El Encuentro Nacional no se realiza ese año, debido a que en primer lugar el proceso presentó serias debilidades en su ejecución. Pues, no era de esperarse que, el verticalismo, paternalismo y la imposición avalada por la costumbre se terminara de la noche a la mañana.¹¹ Particularmente se detecta como debilidad que el proceso haya sido interpretado como una serie de asambleas a cumplir, en el cual el número de asambleas realizadas determine el éxito. En realidad, se trataba de desarrollar un permanente estilo de trabajo y mecanismos participativos para acercarse a los planteamientos de base, que en asambleas y reuniones no salen a la luz.

A más de las debilidades mencionadas, el factor más importante para explicar el impacto limitado del proceso es que, en primer lugar, surge nuevamente la discusión sobre la conducción del movimiento cooperativo. Sobre este particular profundizamos en el noveno capítulo. En segundo lugar, el proceso carece de fuerza organizativa en la base, por no contar con una política de atención que resulte en una ganancia económica para el campesinado, es decir su efecto no pasa de una movilización política educativa. Profundizamos sobre esto en el quinto capítulo al tratar los principios organizativos de la UNAG.

El proyecto OTPI es impulsado a partir del mismo año 1987 y apunta a reconstituir las relaciones integrales que existieron en los territorios y que quedaban desarticuladas a raíz de la afectación del latifundio. Busca la reintegración vertical del proceso productivo y la creación de relaciones de cooperación entre los sectores productivos, la consolidación de las formas nuevas de producción (APP y cooperativas). Las empresas territoriales son su eje y éstas se formaron alrededor de las empresas productivas del APP, las que estaban en un proceso de racionalización de sus tierras. Desmembraba a fincas poco rentables y a otras de poca vía estratégica para entregarlas al movimiento cooperativo en un momento en que la redistribución de la tierra no puede seguirse alimentando con nuevas afectaciones. En los territorios campesinos, con poca presencia de empresas del APP se recomienda la organización de "Centros de Servicios Múltiples”.

En términos económicos se apunta también a revertir el mencionado soft budget constraint y buscar la rentabilidad económica de las empresas estatales. Los servicios son elementos importantes en esta estrategia. Al establecerse las empresas, se encomiendan estudios de las cadenas de intercambio tendientes a establecer un “mayor control por parte del Estado de los puntos neurálgicos de los procesos de acumulación” [MIDINRA, 1987b: 67]. Este 'mayor control por parte del Estado (sobre) las relaciones de intercambio' es establecido con el explícito fin de la "captación de excedentes” [FSLN, 1985b: 23]. La articulación de las distintas formas de organización de la producción se dio así 'bajo hegemonía de las formas más avanzadas' [lbid: 22]. Reproduce una estrategia conocida en que las empresas evitan exponerse a los riesgos implícitos de la producción directa y captan los excedentes vía control indirecto mediante el monopolio sobre los servicios [Merlet y Maldidier, 1987:67]. Institucionaliza la colectivización indirecta desde los 'altos de comando' que hemos tratado a nivel teórico en el segundo capítulo.

En términos políticos se habla sobre cooperación en base a consenso entre los sectores productivos y hegemonía de las nuevas formas, Io que implica control social sobre el proceso productivo en su globalidad sin la incidencia directa [FSLN, 1985b: 21- 33]. En otras palabras: el APP debe actuar como punto de articulación de pequeños y medianos productores, en vez de ser su competidor. Esta articulación implicaría subordinarlos en vez de marginalizarlos y significa dirigirles recursos de inversión e insumos, a cambio de producción garantizada vendida al Estado [FitzGerald, 1985:224].

Estas recomendaciones llaman más bien la atención a las tensiones en el esquema. En una economía en crisis, de escasez y de falta de rentabilidad de las empresas es difícil que el APP funcione a la vez como dinamizador de la producción en el territorio en su totalidad. En realidad priorizará sus propias fincas en la asignación de insumos y utilizará su monopolio sobre los servicios para resolver los recortes presupuestarios o de créditos, los que eran eminentes en esos momentos [Beckman, 1987].

La discusión sobre la relación Estado-campesinado, hace converger a mediados de 1988 los dos proyectos mencionados en un solo: los Centros de Desarrollo Campesino (CDC). Surgen como reorganización del MIDINRA y en sustitución de las zonales de este ministerio. A más de reducir en número de 70 zonales a 35 CDC, se orienta que su presupuesto sea generado en base a servicios a la producción. También se establece que sean dirigidos por una junta Directiva con participación campesina.

Los CDC en su concepción traen un elemento de rectificación sobre la relación vertical hacia el campesinado, más porque a esas alturas ya es más ampliamente reconocido que el intercambio comercial por parte de las agencias estatales ha sido desventajoso para el campesinado. Pero encontramos en 1989 que la Dirección General de Fomento Campesino y Reforma Agraria, había girado instrucciones de otorgar un crédito a un 20% fijo anual a los CDC en la primera Región. El crédito comercial en ese momento era de 28% mensual y a ECODEPA, la cooperativa comercial de la UNAG, nunca se habían concedido créditos. Este hecho confirma la continuada competencia desleal por parte del Estado.

Política de precios de Alimentos

La alianza estratégica con el campesinado tuvo su expresión en la liberación del mercado de granos y el consecuente acceso de los productores a precios mayores, lo que es anunciado durante el Primer Congreso Campesino. Analizamos este aspecto que es importante, puesto que la superación de la política de alimentos baratos será un elemento clave en la articulación de la economía.

La planificación en base a balances materiales se confinaba prácticamente al sector estatal, y en la economía en general el mercado regía las relaciones entre las entidades económicas. No obstante el funcionamiento del mercado, el Gobierno ejerció un control de precios relativamente efectivo hasta febrero de 1985. El control se enmarcó en una política de protección del consumidor, especialmente de los estratos pobres a través de subsidios y canales seguros de abastecimiento. A los productores se garantizaría precios por encima de sus costos. Los precios al productor fueron más altos que los precios al consumidor. Este subsidio se mantuvo hasta 1985, en el caso de granos, y favoreció a las ciudades, en que pudo hacerse efectiva una distribución territorial.

Pero esta política sufrió serias tensiones a mediados de Ios años ochenta. Primero, por la carga que representaban los subsidios sobre el presupuesto de Gobierno, los que a la vez no eran selectivos, así que favorecieron igualmente a las clases acomodadas. Segundo, los precios bajos al consumidor desincentivaban al productor, que a veces mejor compró el grano en lugar de producirlo. Más aún, porque la voluntad de mantener los precios bajos a los consumidores y la imposibilidad de elevar los subsidios, combinada con el objetivo de centralizar el comercio en ENABAS, convirtió a los precios mínimos de garantía al productor en precios máximos por debajo de los costos de producción.

Las tensiones implícitas en este sistema se ilustran con los siguientes datos. En diciembre de 1983, ENABAS pagaba el maíz al productor a un precio de C$180, para garantizar su distribución al consumidor a un precio de C$ 100. En el Mercado Oriental de Managua el quintal de maíz en ese momento cotizaba C$550. El productor muchas veces no pudo aprovechar esos precios mayores, porque se obligó al productor a comercializar su grano a través de ENABAS¹² o simplemente porque no tenía los medios para dirigirse a otro mercado. Y el precio oficial no cubría los costos para la gran mayoría de productores, tal y como Io analizamos anteriormente. La leche se pagaba oficialmente a C$22 el galón al productor, cuando podría comercializarla en el mercado libre a C$30. Al consumidor se le vendía a C$11.2 el galón. La situación era similar en arroz, frijol y azúcar [FAOR, 1983b: 26].

Inicialmente, la UNAG propugnaba que Los precios de garantía fueron efectivos, así como presionó por la estabilización del precio para evitar los efectos de la estacionalidad [Barricada, 12.03.1984]. Con el tiempo, la Organización se volcaría en contra del rezago de precios al productor. En 1986 reivindicó la política justa de precios, coherente con los costos de producción y el acceso a insumos, como la reivindicación más sentida [UNAG, 1986d: 23]. La UNAG logra la liberación del mercado para dar posibilidades a los productores de libremente acceder a los mejores precios que se pagaban en el comercio no controlado. Resulta, entonces, en el levantamiento de los vergonzosos controles interregionales, los llamados 'tranques' [CIERA, 1989b: 6-11]. La liberalización del mercado de granos campesinos es el aspecto más sobresaliente del período 1985-1987, el que se caracteriza por un giro de la atención desde la ciudad hacia el campo, enfatizándose más los incentivos a la producción y al campesinado, combinado con un intento de reducir el sesgo hacia formas estatales de producción.¹³

Pero el cambio no fue duradero. A partir de 1988 se evidenció un fuerte deterioro en los términos de intercambio de los productores para consumo interno. Presenta un caso muy ilustrativo de la distribución desigual de los efectos de la inflación, Io que facilita la extracción de fondos del sector campesino. En el año de referencia la inflación alcanzó el 33 603%. En febrero de 1988, dentro del marco de las medidas de ajuste, se estableció una nueva estructura de precios, el precio de maíz fué establecido en US$9.34 al cambio libre. Sin embargo, en septiembre de ese año, momento en que empieza a salir la cosecha el precio equivalía US$5..45. El Gobierno reclamaba todavía que estaba por arriba del precio internacional de US$8.47, porque utilizaba para sus cálculos la tasa de cambio oficial [CIERA, 1989k: 79]. Después, la desastrosa situación del maíz en la postrera se puede ilustrar con la reducción de su precio oficial a US$1.80 en diciembre de 1988. Y, este fue el precio que ENABAS anunció a finales de diciembre cuando la cosecha ya estaba vendida, en un momento en que el precio en el mercado interno estaba en US$1.20.

En el transcurso de 1989, la comisión técnica de Granos Básicos admite que efectivamente el precio del grano se había reducido de septiembre a diciembre al 27% de su valor, y a 15% del valor real que se le había dado en la reestructuración de precios de febrero de 1988. En el caso de los otros granos la situación es igualmente preocupante, más aún porque el precio de febrero de 1988 en el caso del frijol, arroz y sorgo es establecido a un nivel que equivale a la mitad de sus valores promedios en los países vecinos [CIERA, 1989k: 79; MIDINRA, 1989e]. Después, el precio del frijol se redujo al 12%, el arroz al 41% y el sorgo al 45% de sus respectivos precios de febrero de 1988.

Este deterioro de los precios reales de los granos, se ilustra también comparando los movimientos de precios, tanto de mercado, como de garantía, con los movimientos de las categorías de costos. Esto fue el análisis de las sesiones consultivas de UNAG con los productores y demostró cómo los precios de granos quedaron atrás en comparación con otros precios en todo el período a partir de febrero, momento en que se había redefinido la estructura de precios [UNAG, 1989a: gráfica 1]. Analizando el comportamiento de los precios en la época de postrera, se evidencia que los precios de garantía se elevan ni siquiera dos veces sobre su nivel de septiembre, con excepción del precio de maíz y sorgo pagado por ENABAS, y el precio de sorgo en el mercado libre. Pero en todo caso se elevan menos de cuatro veces. Los costos aumentan mucho más: los bienes de uso campesino aumentan seis veces en precio y los insumos siete. La tasa de cambio oficial ¹⁴ que rige el riesgo cambiario y la tasa libre, que rige el precio de los servicios aumentaron once veces. La indexación del crédito tiene un efecto más modesto en la postrera ya que el capital principal a rembolsar aumenta un poco más que dos veces. Solamente los salarios de los obreros agrícolas quedan atrás de los precios, aumentando ni siquiera dos veces su nivel de Septiembre.¹⁵

Lógicamente esta situación resulta en ingresos negativos para todos los productores de granos. Los ingresos por manzana, sólo cubren el 40% de los costos de frijol tecnificado con bueyes, el 66% en el maíz con la misma tecnología, y el 70% del arroz de secano. Sólo en el sorgo con poca tecnificación se podría esperar una rentabilidad mínima. El arroz de riego presentó una pérdida de C$919 mil por manzana (US$184 a la tasa libre de cambio), que equivale a un ingreso que cubre sólo el 43% de los costos. La situación económica de las familias campesinas se agrava, igual que la de los obreros agrícolas, porque también los precios de los productos de la canasta campesina aumentan más que el salario obrero o cualquier precio de grano [UNAG, 1989a: gráfica 2 y cuadro 4. Blokland. 1989a].

En 1989 los precios aumentan, pero no recuperan el nivel establecido en febrero de 1988: se establecen a finales de ese año al 55% del precio estipulado en la revisión de febrero de 1988 en el caso de maíz, 74% en el caso de frijol, 46% en el caso de arroz y el 80% en el caso de sorgo. Esto demuestra la difícil situación de los productores de granos básicos, sufriéndose aún a finales de los años ochenta en Nicaragua los precios más bajos en comparación con los países vecinos.¹⁶ Esta situación significa un cambio mayor con respecto a los ciclos productivos inmediatamente anteriores a 1988, en que los granos campesinos habían experimentado una recuperación de los términos de intercambio a su favor. A partir del inicio del programa económico sufren un constante y fuerte deterioro, que es dado a conocer en la publicación mensual del CIERA “Situación de los precios relativos en la producción campesina".

Los bajos precios son el resultado de una oferta relativamente abundante de los granos de la siembra de primera, la limitada capacidad de compra de ENABAS y compradores privados por falta de liquidez y la contracción de la demanda interna. Esta a su vez está íntimamente vinculada con los bajos salarios de los obreros, cuyas escalas más bajas consumen una parte sustancial de su sueldo en granos. Los movimientos de precios son cuidadosamente controlados, ya no vía controles administrativos, sino vía el aumento de oferta sobre la demanda vía importaciones de granos (donaciones). En el caso de maíz, ENABAS importó cantidades que cubrieron 30-40% de la cantidad en el mercado, porcentaje que disminuyó en 1984 a alrededor de 20%, para disminuir en 1987 y 1988 a 3%. [Spoor et al., 1988: cuadro 3.1; UNAG, 1989a: cuadro 3]. Pero, la disminución en maíz iba a la par de un aumento de las importaciones del arroz. La cantidad disponible en el mercado en 1980, consistía en un 37% en arroz importado. Después se producen variaciones en la cantidad importada, así que en los años de mucha importación de maíz hay poca importación de arroz. Es decir, estas variaciones corresponden a la disponibilidad de granos entre los donantes.

El efecto de las importaciones se evidencia muy claramente en 1988: la producción nacional cubría en ese año el 80% de las necesidades de frijol y arroz. Pero, por las importaciones se generaba una oferta que es 21% mayor que las necesidades en el caso de frijol, y 30% en el caso de arroz. La producción nacional maicera cubría las necesidades, pero además de eso se realizaban algunas importaciones. Las posibilidades de ENABAS para incidir en el precio se deduce de que la acopiadora estatal manejaba en el año de referencia una cantidad de granos que equivale al 15% de las necesidades de maíz, 33% en el caso de frijol y 67% en el caso de arroz. A través de la política de asignar un paquete “AFA"¹⁷ a Los trabajadores dependientes del presupuesto nacional, se resolvían de julio de 1988 al mismo mes de 1989, el 18% de las necesidades nacionales en frijol y el 12% de las necesidades de arroz. Esa política aumenta aún más la relación entre la oferta y demanda de la parte libremente comercializada [UNAG, 1989a: 11-12; Blokland, 1989].

En los productos lácteos observamos fenómenos similares. En 1977 las plantas procesadoras de leche captaban 21.2 millones de galones. En 1987, la captación apenas era 10.4 millones de galones, la que era completada con importaciones (donación) de leche en polvo de una cantidad equivalente de 15.2 millones galones de leche reconstituida [CIERA, 1989i: 305].

El ingreso obtenido en la venta de la leche reconstituida fue destinado al rondo de inversión para los proyectos estratégicos lecheros, como Chiltepe, MuyMuy/Matiguás, Nagarote. Esto implicó que el Gobierno, al reducirse la demanda en 1988 estaba reacio a cancelar las donaciones solicitadas ante el Programa Mundial de Alimentos (PMA) e incluso firmó a mediados de 1988 otro convenio de US$10 millones en alimentos con la misma dependencia de Naciones Unidas. También, perdió definitivamente el interés de captar leche fluida de los productores, pero inicialmente tampoco pudo conceder a los productores la exportación de productos lácteos, porque el convenio con el PMA Io prohibiera.

En tiempos inflacionarios es oportuno que el Gobierno busque cómo ampliar la oferta de bienes de consumo vía importaciones por su efecto deflacionario [Uri, 1968: 18]. No obstante, el Gobierno Sandinista era cada vez más dependiente de estas donaciones porque sirvieron para cubrir el déficit fiscal. El efecto de esta dependencia la ilustramos con el caso de la leche importada. Por otra parte la observamos en la política de ENABAS que perdió interés en ir acopiar maíz en la montaña, porque la liberación del mercado y la competencia de comerciantes redujo la ventaja económica. Era menos costoso distribuir el arroz importado de la URSS.

En resumen, observamos una renovación de la política de alimentos baratos después de un corto intervalo de 1985 a 1988, utilizando a partir de 1988 las importaciones para deprimir los precios oficiales. Estos precios oficiales sirvieron, a la vez, de pauta para el comercio privado, así que el efecto negativo de la política gubernamental era grande.

Falta de cambio en el contenido de la economía mixta

En estos incisos tratamos el giro en la atención gubernamental al campo que se produjo a mediados de los años ochenta. En la opinión de muchos analistas y dirigentes políticos este cambio y especialmente la OTPI, viene a consolidar al movimiento cooperativo en la conformación de un nuevo modo de producción revolucionario [FitzGerald y Chamorro, 1987: 42]. La alianza estratégica con el campesinado para ellos es parte integral de una variación en el modelo dual original que buscaba que el sector moderno acumulara y sobrepujase al sector tradicional. El modelo de articulación de sectores productivos, significa en esa visión un cambio mayor en la planificación [FitzGerald, 1989, Kaimowitz, 1989]. Y, el creciente reconocimiento de la existencia del sector campesino y de su importancia en la economía reflejaría, en esta opinión, los avances en el pensamiento oficial sobre el carácter de la economía mixta.

La economía mixta en la experiencia nicaragüense tiene, según FitzGerald [1989], un carácter estratégico desde un inicio. Ilustra, para probar su tesis, cómo desde un inicio la economía mixta fue considerada como la forma viable de transición, por la composición social de la PEA, el cambio en el pensamiento socialista y sobre todo por el control indirecto que se podría establecer en la economía al confiscar los bienes de Somoza. Esto se refiere a nuestro juicio, sin embargo, solamente a la existencia de diferentes sectores sociales de producción, y no se refiere a las posibilidades de que ellos efectivamente participen en el diseño de la dirección del desarrollo.

La variación introducida al iniciar la OTPI, a la cual se refieren los dos autores, tampoco significa un cambio hacia ese contenido estratégico. Aún menos, porque no cuestiona el lugar preferencial de ubicación de la acumulación en el Estado. Los cambios en la planificación y el establecimiento de la articulación hegemonizada, se dieron en las palabras de FitzGerald, para 'mantener un comportamiento económico mínimo necesario para sobrevivir bajo condiciones muy difíciles (…) consolidar el apoyo de los campesinos y artesanos', y por la 'revalorización radical del papel de los mercados' dentro de los sistemas de planificación de los países socialistas [1989:40-42].

Para la UNAG, en cambio, sobresale la competencia desleal de las empresas, que desarrollan actividades comerciales a costa de las cooperativas y de productores individuales [UNAG, 1988d: 12, 26]. La Organización no niega la necesidad de una articulación territorial, pero subraya la necesidad de una movilización campesina y el apoyo del Estado para lograr que 'las cooperativas se constituyan en factores de potenciación y articulación de la actividad productiva', de acuerdo a recomendaciones originales al respecto [FSIN, 1985a: 36].

Acerca de los cambios de la política hacia el campesinado a mediados de los años ochenta existía una coincidencia general.¹⁸ Sin embargo, a nivel de la dirigencia estatal algunos más bien las aceptan como concesiones tácticas en esa coyuntura político-militar. Sobre el no-condicionamiento de las entregas de tierra, por ejemplo, el Cmdte. Wheelock observa que es 'preferible' una empresa estatal o una cooperativa, pero 'con un pacto social de (...) defender la Revolución podemos ir hasta las últimas consecuencias' [FSLN, 1986:17]. También acepta la liberación del Mercado de granos de mala gana [lbid: 23]. No valora que tal vez las medidas se encaminen hacia ese "modelo (económico) alternativo coherente” que debería haberse desarrollado [FSIN, 1985a: 33].

La participación del campesinado en un país donde es mayoritario, presenta obviamente un problema insuperable, que se ilustra en los trabajos del ideólogo de MIDINRA, Orlando Núñez Soto: se entendió que el apoyo del campesinado es vital para la revolución social [1987a: 149]. La legitimidad del poder político se establece en la medida que representa los intereses populares en general [1987b: 61]. Pero, a la par de la clase obrera y su "proyecto proletario" o 'de proletarización' [1987a: 112, 173, 226], estos sectores, entre los cuales figura el campesinado, constituyen un 'bloque residual' [1987b: 63]. Es cierto, no se le puede ignorar [lbid: 63-64] porque es o puede ser un sector mayoritario. Puede ser necesario mantener la alianza por razones tácticas. En aras de defender el poder, incluso puede ser necesario a veces 'satisfacer necesidades y reivindicaciones de las masas a costa de la inversión económica', “aminorando el avance del proyecto” [lbid: 66]. Al no incluir de ninguna manera al campesinado, se corre, en esta opinión el riesgo de 'perder el apoyo voluntario de las masas, perder el papel de vanguardia y el papel dirigente' [Marchetti, 1987: 107]. En cambio, al integrar plenamente a los campesinos se corre el peligro de 'que sellen el proceso con un tinte bastante capitalista y con carácter de atraso rural', ya que sus reivindicaciones o intereses inmediatos a Io mejor podrían ser opuestos al proyecto proletario [lbid]. Es más, cuando entró en crisis el modelo de transición, la participación campesina pudo haber sido vista como una traba al restablecimiento de los parámetros macro-económicos, al saneamiento de la economía, por las demandas del sector que no pueden ser satisfechas. Entonces, porque el 'movimiento de masas' en Nicaragua, un país de campesinos y capas medias urbanas, no está encarnado también física y predominantemente por obreros, Núñez Soto plantea que la garantía para que el proyecto transite por un camino socialista depende, entre otros factores, de la predominancia estatal en el proceso de acumulación [Núñez Soto, 1987a: 77-78].

6 Evaluación de la transformación iniciada por el Gobierno

Problemas básicos

Hasta el momento hemos tratado sobre todo la modernización del agro, la tecnificación de la agricultura y la agro industrialización. Ampliamos nuestro análisis con algunas observaciones sobre el sector industrial. El crecimiento industrial era positivo en el primer quinquenio de la gestión Sandinista, para descender a partir de 1985 en -0.6% anual. La dependencia de divisas y la priorización del sector agropecuario, influyó en gestar la crisis en la industria manufacturera y la pequeña industria.

A la industria manufacturera fue asignado el papel de contribuir al abastecimiento básico de la población, a la defensa y a la producción de bienes intermedios para otros sectores. Su desarrollo estaba en dependencia de la demanda interna que mantuvo un mercado cautivo hasta 1988. Al reducirse en ese año la masa monetaria en la economía, quedaron evidentes las ineficiencias en la producción manufacturera nacional y sus consecuencias negativas para la calidad. Los productos nacionales perdieron, por lo tanto, la competencia cuando se abrió el mercado nacional a los productos extranjeros. La inversión en este sub-sector industrial ha sido mínima, oscilando la tasa entre 5.4% del PIB en 1984 y 0.3% en 1988. A pesar de este panorama negativo, el establecimiento de la industria metal-mecánica de bienes intermedios para la agricultura en empresas como IMPLAGSA, EMEMSA e IMEP fue un avance importante para la articulación sectorial de la economía [Castillo, 1989:25; Kitching, 1982. Harris, 1985: 58].

La pequeña industria experimentó un crecimiento vertiginoso en los primeros años de la gestión Sandinista, acompañado por una política gubernamental organizativa, de asistencia técnica y crédito. En 1982 llegaron a registrarse 12 000 talleres, un incremento de 50% con respecto a 1978. A partir de ese año, el Gobierno restringe su ampliación, ejerciendo presión vía la política de abastecimiento de insumos para provocar una cooperativización. Logra de esa manera una concentración de empleo de 30 000 personas en 9 000 unidades, sobre todo panaderías, y cooperativas y colectivos de calzado y vestuario. Los colectivos eran establecidos por el Gobierno y favorecidos en el abastecimiento técnico material, priorizándoles sobre cooperativas de producción y servicios. Los miles de talleres del sector informal operaban sin apoyo oficial [Laenen. 1988, UNAG, 1988f, Castillo, 1989]. Este rudimentario impulso a la industria manufacturera y la pequeña industria, significa que la política de industrialización de la década de los ochenta era la agro industrialización que se expresaba en los proyectos estratégicos, eje del esfuerzo inversionista.

¿Qué impacto tuvo esta estrategia de desarrollo agropecuario e industrial para mantener el equilibrio de empleo? Aún con la disminución de la PEA agropecuaria durante la gestión Sandinista, producto de la continuada transformación estructural, el empleo en el campo debería haber aumentado en 55 000 puestos, sin mejorar la baja tasa de empleo o resolver el problema de campesinos sin tierra, ya existente al inicio de la gestión Sandinista. La estrategia trazada en el MEDA reduciría el desempleo en los picos de mínimo empleo, pero agravaría la escasez en los picos de máximo empleo, haciendo necesaria la mecanización que efectivamente fue impulsada [CIERA, 1989a: 215-218].

La preocupación estatal en relación al empleo enfatizaba sobre todo ese problema de escasez estacional. La creación del APP fue justificada, entre otras cosas, señalando que la generación de empleo, en el caso de empresas estatales, fuera mayor [Deere et al; 1985:80]. Igualmente, una reducción del crédito a la PMP en 1982 fue justificada con el argumento que la ampliación del crédito afectaría la disponibilidad de mano de obra [Ibid: 87]. Con el mismo argumento se atrasó la redistribución de tierra y la cooperativización [lbid: 97]. 0 sea que en el pensamiento oficial sobre generación de empleo se valoraba negativo el impacto que podria tener cualquier mejoramiento de las condiciones de producción y vida en el sector campesino. Pues, podría reducir la oferta de trabajo estacional e incluso provocar una recampesinización [cf.Fleek, 1982, 37, 41-42]. Sin embargo, la escasez en los picos de cosecha se explica por razones del orden económico, "y no por una desenfrenada acción de recampesinización del sector de obreros agrícolas”. La disponibilidad de mano de obra depende de una "correcta política de incentivos” [Gutiérrez, 1989:124]. Igualmente, un estudio en el café afirma la importancia del salario para la afluencia de la mano de obra [Rodríguez et al., 1989].

Al enfocar el problema de empleo en su totalidad y no solamente desde el punto de vista de la escasez de mano de obra en los picos estacionales, la OIT, igual que otras agencias de Naciones Unidas (UNRISD, FIDA) más bien recomiendan una estrategia de promoción de consumo interno, precisamente por el efecto positivo sobre la generación de empleo en el campo [FIDA, 1980; Peek, 1982; Barraclough, 1982]. La objetividad de esta recomendación quedó evidente al producirse en 1985 y 1986, años de impulso de la pequeña producción granera, un crecimiento de la ocupación en el sector primario en 11.6% y 8.1% respectivamente [CEPAL, 1988,1986].

En resumidas cuentas, en los años ochenta la tasa de desocupación subió de un 18% en 1980, a 26.5% en 1988, y Ilegó a 32.1% en 1989 [CIERA, 1989l: 61; CEPAL, 1988]. La ocupación disminuyó en el sector industrial. En el sector primario la ocupación aumentó en un promedio de 3.3% anual y en el sector terciario en 2.3% hasta 1988. Pero, el crecimiento fue vertiginoso en la subutilización, el desempleo, el sector informal o subempleo, que aumentó en más de 10% anualmente [CEPAL, 1988].

Obviamente, la reducción de la actividad económica en general afectó la oferta de empleo productivo. Ni la creación de empleo vía la Reforma Agraria y mucho menos la limitada ampliación de puestos de empleo en las proyectos estratégicos, pudieron revertir en esas circunstancias la migración campo-ciudad y el crecimiento del sector informal. Este desequilibrio de empleo se ocultó, en parte, por la movilización de jóvenes en el ejército regular e irregular, mediante servicio obligatorio. Con el fin de la guerra salió a luz la verdadera dimensión del problema, al subir la tasa de desempleo a 50% de la PEA.

El problema básico de la estrategia Sandinista de desarrollo económico trazado por el Gobierno radicaba precisamente en que partió de la proletarización como fenómeno social dominante y la proletarización en términos de la primacía de los intereses de los obreros, que fueron interpretados como el rápido desarrollo del sector estatal, creando una agricultura e industria modernizante que pudiera absorber a los semi proletarios expulsados del sector primario campesino, hasta lograr sobrepujarlo definitivamente. Meriet y Maididier observan al respecto: “Si quisiéramos resumir en una frase la estrategia, podríamos decir que era vencer el atraso haciendo desaparecer progresivamente la producción campesina" [1987:57]. El caso de Nicaragua subraya otra vez que la proletarización no se producirá corto plazo, ni a propósito dentro de una estrategia de desarrollo planificado. "...no existe alternativa realista a la producción campesina, independiente del deseo frecuente para el largo plazo, encontrado entre los planificadores socialistas para absorber todo el sector 'informal' en un sector 'moderno' de manera Lewisiana¹⁹ a largo plazo, ya que esto requeriría un período prolongado de acumulación masiva a fin de proporcionar suficiente empleo para asalariados” [FitzGerald, 1988a: 59]. Esto se evidencia claramente al considerar los efectos de la estrategia de desarrollo de los años ochenta, sobre el empleo.

Ilustración del problema básico

Procedemos a ilustrar el problema básico y otros relacionados con la estrategia oficial de desarrollo económico. Para ello, utilizamos el modelo Saith presentado en el segundo capítulo. Observamos, que la tasa de inversión se elevó más allá de Io que prescribe incluso la ortodoxia de la planificación socialista que argumenta que no debe elevarse más de Io que es compatible con un consumo per capita constante. Es consecuencia de la concentración de inversiones únicamente en obras nuevas, Io que significa que se eleva el parámetro k, esto es la relación capital/producto, es decir, las unidades de capital adicionales necesarias para obtener una cantidad adicional de producto. Su elevación significa que disminuyen los resultados por córdoba invertido [Kleiterp, 1989; saith, 1985]. Estableciendo este tipo de proyectos, la inversión que se requiere para restablecer los equilibrios, es grande. Suponemos que k es 3:1 en el caso de la agricultura y 5:1 en el resto de la economía [FAO, 1987b: 67-70; Saith, 1985: 10]. Esto significa que en el caso del sector alimentario, se requiere una proporción menor (4%) de la inversión total.²⁰ La proporción del PIB sectorial que se destina a la formación de capital bruto en el sector alimentario debería llegar a 14.1 % (k_ap*_a). En el sector no- alimentario a 40.5% (k_n-P*_n)- Conjuntamente equivale a 37.86% (k.p*) del PIB global, cifra mucho mayor que el 22% realizado. Es decir en el caso de Nicaragua, no fue posible cumplir con esa exigencia de crecimiento equilibrado.

Se pensó encontrar la solución en combinar el esfuerzo inversionista con la importación de alimentos, es decir, garantizando el equilibrio alimentario con ayuda externa. La competencia a los granos nacionales resultaría en una expulsión mas rápida de los campesinos del sector alimentario, Io que provoca una transformación estructural acelerada. Consideramos que esta aceleración puede haber despertado el interés de algunos dirigentes y diseñadores de la política agraria Sandinista, al entremezclarse, en sus ideas, con una transformación social, donde el sector en ascenso con relaciones de producción socializadas se sobrepuja al sector campesino.

Analizando algunas implicaciones de esta opción con ayuda del modelo de Saith, suponemos que en dos generaciones (40 años) el país habrá logrado que el 95% de la población económicamente activa se desempeñe fuera del sector alimentario. La relación adicional que aplica a esa descampesinización acelerada es la que presentamos a continuación en la cual t = 40, T_at = 0.05 y T_nt = 0.95:

T_a(1+ e_a.p*_a.)^t = T_a^t

T_n(1 + e_n.p*_n)^t T_n^t

Esta relación, mas la primera de Saith, nos da la posibilidad de determinar p*_a y p*_n, así como posteriormente p* utilizando la segunda relación de Saith (véase capítulo II). Esto Io hacemos independientemente de la tercera, ya que el equilibrio alimentario será resuelto mediante el apoyo internacional. Resulta entonces que el sector alimentario puede entrar en crisis y sufrir un virtual estancamiento al crecer su producto bruto en solo 0.3% anual, realizándose en el resto de la economía un crecimiento de 10%. Es decir, realizando un crecimiento de 9% anual para la economía en su globalidad, condición para cumplir la transformación estructural en 40 años, Io que no es factible que se cumpla.

La imposibilidad de esta opción queda manifiesta al considerar la inversión requerida: 45% del PIB anualmente, Io que solamente sería posible al ser Nicaragua elegida para una inversión internacional de gran envergadura, tipo el proyecto de canal interoceánico.²¹ También sería posible si fuera elegida como receptora de un traslado masivo de corporaciones transnacionales al estilo Federiano.

Adicionalmente, la ayuda internacional tendría que aliviar un déficit anual de alimentos equivalente a un crecimiento de 4.7% de la producción alimentaria. Esas posibilidades existen teóricamente porque Nicaragua es un país pequeño, pero aún así ninguna de esas situaciones se produjo.

Evaluación en términos del avance hacia la articulación

Analizamos en el capítulo anterior cómo la estrategia de transformación Sandinista entró en una primera etapa hacia la articulación de la economía: la toma del poder y el enfrentamiento con los terratenientes, a fin de cambiar la tenencia de la tierra y socavar la base del poder oligárquico. La articulación se completaría con el enfrentamiento con la política de alimentos baratos, constituir el ingreso de las mayorías como fuerza motriz del desarrollo y el establecimiento de un régimen democrático con base popular. El análisis de la política de precios de alimentos durante el sandinismo, evidencia las dificultades de transitar sobre este último trecho. Se impulsó la modernización de la agricultura base de la economía nicaragüense, vía la introducción de la técnica moderna, completándola con una agro industrialización. Este esquema impulsado en medio de la guerra de agresión desatada en contra del país, favoreció el sector de la gran producción, sobre todo la estatal. El Programa de Inversiones se dirigió específicamente a ella y la distribución de recursos vía el crédito la benefició también de manera creciente, sin excluir que se han dado beneficios adicionales a la gran producción privada y una parte de las cooperativas de producción.

El sector campesino recibió tierra y fue efectivamente involucrado en la distribución de crédito. A mediados de los años ochenta hubo un incremento de la atención a este sector, que se expresaba también en la perfilación de más proyectos de inversión a cargo del crédito a largo plazo. No obstante esta variación de política en términos generales este sector durante la década estudiada tuvo mayores problemas en retener el, subsidio implícito en el servicio crediticio y convertirlo en base de una acumulación propia. La acumulación estatal se realizaba en base a fuentes externas y ahorro forzado, que resultaba de la inflación y la distribución desigual de sus efectos por sectores. Las políticas traen el campesinado al escenario político, pero, a pesar de avances hacia la articulación de la economía, no se logra concluirla.

El modelo económico que resultaba en esencia no significaría una variación mayor con el vigente antes del triunfo revolucionario. La desarticulación sectorial y social se mantenía. La agro industrialización no contribuyó al procesamiento de la producción de miles de productores regados por el país. Se evidenció este aspecto con el ejemplo de la planta de Sébaco. El Plan Contingente muestra la continuación de la forma de modernización concentrada y excluyente de las mayorías, similar a la promoción del arroz de riego en décadas anteriores. De esa forma, pero también mediante controles de precios y vía la introducción de importaciones de granos y otros productos de consumo, se deprimieron los precios para productos de consumo interno, expresándose la continuación de la desarticulación social, ya que alimentos baratos y salarios bajos siguieron siendo la base del modelo.

En 1989 los precios de granos todavía estaban por debajo del nivel de los países centroamericanos y en 1988 la remuneración mensual media real apenas era el 17.4% de su valor de 1980. El salario real se deterioró desde 1980. En 1984 el MITRAB estableció que los aumentos salariales solo se permitirían en función de una mayor oferta de bienes básicos y diseñó el Sistema Nacional de Organización del Trabajo y los Salarios (SNOTS), supuestamente para determinar salarios uniformes para trabajos similares. Esto se convirtió en el odioso mecanismo de contención de aumentos salariales, provocando un más agudo deterioro del salario a partir de 1984 [Peek, 1982: 37-40; FIDA, 1980:130-134; Dijkstra, 1988: cap.7; CEPAL, 1988; Castillo, 1989: 24-25].

La nueva interpetación de la realidad social demostró la exageración inicial sobre el número de semi-proletarios. Asimismo, la caracterización del modelo como socialmente desarticulado, podría parecer también una exageración. Consideramos que no fue así, sino que surgieron otros mecanismos para contener los precios de granos y para continuar la relación de dualismo funcional entre los núcleos modernizantes, por un lado, y la masa campesina por otro. El mejoramiento de los precios de granos campesinos a mediados de los años ochenta tampoco significa la articulación social. Primero, porque fue temporal y segundo, porque no se acompañó con un mejoramiento de los salarios de los obreros.²² El cambio en el pensamiento sobre la relación con el campesinado por parte del FSLN, tampoco articuló la economía. Ni cambió el contenido de la economía mixta, continuaba la acumulación a costa del campesinado y no se logró otorgarle un papel más protagónico en la dirección de la economía.

Cabe enfatizar que esa afectación del modelo vigente no estaba prevista, sino a muy largo plazo y tan sólo en teoría, contrario a Io que argumenta FitzGerald [1985a: 217]. Los problemas mencionados por él son: escasez de mano de obra en los picos de cosecha por insuficiente remuneración, migración a las ciudades, insuficiente oferta de granos campesinos, especialmente en la primera parte de la década a la cual se refiere FitzGerald [op,cit]. Se originan a su ver, en la necesidad de mantener el sistema anterior de producción, al mismo tiempo que se está construyendo el nuevo que no requiere de las relaciones explotativas basadas en alimentos baratos y mano de obra barata. En cambio, a nuestro juicio, estos fenómenos son expresión de la vigencia continuada del modelo anterior de acumulación. La escasez de mano de obra en los picos de trabajo, y la insuficiente generación de empleo, resultan como fenómenos intrínsicos de los cultivos y tecnología industrial y agropecuaria priorizada en el modelo de acumulación. La profundización del problema de la escasez estacional previsto en el MEDA, resulta porque la estrategia de desarrollo no afecta este modelo. Continúa la transferencia de capital para establecer un sector modernizante. En las palabras de Kaimowitz: “Se esperaba que así como el Estado somocista había usado su monopolio sobre las actividades y recursos estratégicos para dirigir el proceso de acumulación y apropiarse del excedente generado por la agricultura a menudo sin un manejo directo sobre la producción, que así el estado revolucionario podría hacer una cosa parecida” [1989: 56].

También FitzGerald admite que no era el objetivo cambiar el modelo de acumulación a corto plazo. El objetivo político de ese momento era más bien prevenir el resurgimiento de la burguesía rural, aunque fuera pequeña burguesía [FitzGerald. 1985a: 220]. En su etapa inicial, la transición significaba el enfrentamiento con los antiguos poderosos. En términos de Baumeister, el Estado ocupó para eso las posiciones del ntúcleo anteriormente hegemónico, capital comercial, bancario y agroindustrial [Baumeister, 1989: 141]. Variaron los instrumentos de intermediación, al sustituir Los intermediarios anteriores por agencias estatales especializadas [Kaimowitz, 1989: 57]. Sin embargo, no hubo una reinterpretación de las 'formulas de sumisión' [cf. Slater,1990]. No es de sorprender, entonces, que el modelo económico tampoco significara mayor variación con respecto al del tiempo de Somoza. El desgaste de la guerra y la crisis económica resultante inhibieron que el cambio en la conciencia, que se evidenció en la reflexión partidaria mencionada, resultara en cambios con mayor efecto positivo sobre el sector campesino, por ejemplo en la política inversionista. Provocó además que la burocracia estatal se encerrara en un proyecto de sobrevivencia, o sea el proyecto de los CDC, que sólo podria realizarse a costa del campesinado, dando continuidad a la acumulación sesgada hacia el Estado.

7 Conclusión

La economía sigue caracterizándose como sectorialmente y socialmente desarticulada y el fenómeno económico determinante de la dinámica de los ochenta fue el ahorro forzado a costa del campesinado y a favor del Estado. Para llegar a esta conclusión hemos revisamos la política inversionista del Gobierno Sandinista, que determinó el carácter de la inversión total, en vista de la disminución de la inversión privada y la ampliación de la inversión pública. Esta última se dirigió a obras en el sector estatal.

Las inversiones del Programa de Crédito no revirtieron este sesgo, sino a nuestro ver más bien Io acentuaron. Demostramos que la política crediticia implicó un subsidio nominal, que se concentró en el sector estatal y de la gran producción privada. Ahora no hemos presentado un recuento completo de los flujos financieros reales en la economía nicaragüense, así que teóricamente podría probarse en estudios futuros que el sesgo estatal no se ha producido. Esto no cambia las implicaciones para el resto de nuestro estudio, porque de todas maneras la lucha de la UNAG, tema del mismo, se dirige a revertir ese sesgo percibido hasta lograr una acumulación autocontrolada. Dirige su lucha gremial en defensa de los intereses económicos de sus miembros y busca las formas organizativas para captar o conservar el excedente. Las dificultades para desarrollar esa lucha se deducen de nuestro análisis en este capítulo, se relacionan con el interés del Estado en potenciar con preferencia a sus propias empresas. En el FSLN creció la conciencia sobre el peso social y económico del campesinado, incluso se sugiere una creciente comprensión del proyecto económico del campesinado organizado. Lamentablemente, la influencia de la interpretación original, determinada por conceptos sobre la modernización y otras de la ortodoxia socialista, dan forma a un modelo de extracción de recursos al sector campesino a favor del sector estatal. Una vez operativa, no logró superarse ese modelo de la noche a la mañana, mas porque se ofreció como la mejor opción al culminar la crisis económica que amenazó la mera existencia de la burocracia estatal. Resultaba un modelo económico que en el fondo buscaba la rápida transformación estructural de la economía, la proletarización del campesinado y un esquema de desarrollo modernizante que es excluyente de las mayorías, e intenta construir un sector moderno que debe sobrepujarse al sector campesino atrasado. Este esquema es generalmente imposible de realizar y probó ser no viable en Nicaragua.

CAMPESINADO Y ORGANIZACIÓN GREMIAL SANDINISTA

1 Introducción

En este capítulo y Los siguientes abordaremos con más detalle el desempeño de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG). Es un capítulo introductorio en el sentido en que presenta datos generales sobre la Organización. Iniciamos nuestra exposición con un recuento del campesinado y de las características del movimiento campesino antes de la fundación de la UNAG. Al hablar de un movimiento campesino nos referimos a un conjunto de opiniones y convicciones propias de la población vinculada a las actividades agropecuarias que apuntan al cambio de ciertos elementos de la estructura social y la distribución de ingresos [cf.McCarthy y Zald, 1977:1217-1218].

Posteriormente, enfocamos aspectos generales de la UNAG. Esta organización campesina surgió como organismo de masas promovido por el FSLN y logró incidir en el 65% del campesinado. Profundizamos en la promoción organizativa, la que resultó en dos expresiones institucionales, la Empresa Cooperativa de Productores Agropecuarios (ECODEPA) y la Federación Nacional de Cooperativas (FENACOOP). También tratamos aspectos del desenvolvimiento de ECODEPA, como proyecto que se realizó para contrarrestar al aspecto más visible y sentido del sesgo hacia el Estado en la acumulación, el desabastecimiento de bienes de uso campesino.¹

2 Cuantificación del campesinado

Estadísticas

¿Cuántos campesinos hay en Nicaragua? La primera dificultad para responder la pregunta es la debilidad del material estadístico. El último censo agropecuario se efectuó en 1971, más sus resultados sólo fueron publicados y en una forma parcial, después de 1979. El censo que le precedió data de 1963. Diferentes ministerios e institutos han elaborado sus propios datos en base a investigaciones propias o extrapolaciones en base del material de censos. La mayor parte de las diferencias entre los datos sobre la Población Económicamente Activa (PEA) en las diferentes fuentes se explican por el tratamiento que se da al trabajo no-remunerado en la finca y al desempleo, subempleo o empleo en el sector informal.²Los nudos estadísticos aumentan en el sandinismo, debido a que mucha información fue clasificada como confidencial y monopolizada por el Estado, al mismo tiempo que resultaron incongruencias en las estadísticas de una u otra institución por basarse en diferentes estimaciones [Harris y Vilas. 1985: 8; cf.Deere et al. 1985: 105].

Un segundo aspecto que dificulta la interpretación es que los trabajos estadísticos sobre el campesinado a veces no presentan los datos en términos de PEA, sino en términos de 'familias'. Por ejemplo la Encuesta de Trabajadores de Campo (ETC), realizada durante la Campaña de Alfabetización, utilizó este parámetro; igual que Zalkin [1989] en su reinterpretación de esos datos. Un tercer aspecto que dificulta el análisis, es que muchos trabajos sobre la población del campo vinculada a las actividades agropecuarias, están destinados a lograr una definición de clase. Los resultados son variados, porque existe confusión sobre qué es un campesino [CIERA 1989d: 11-14]. La ETC utiliza, por ejemplo, las relaciones de producción operacionalizadas mediante datos sobre la compra o venta de mano de obra [CIERA 1989i: 397-448]. Criterio de definición que también es usado por Zalkin [1989]. Otros estudios se basan en el tamaño de la finca como base de clasificación del campesinado, presentando los resultados sin embargo en términos de clase [FIDA,1980: ix, 28; FitzGerald, 1985b: 212]. Para el siguiente cálculo hemos optado por los datos presentados en la reinterpretación de la ETC, realizada por Zalkin. Esto nos parece oportuno, precisamente porque es una encuesta grande de más de 50 000 familias y la más reciente aplicada al sector en su totalidad. Contabiliza la mano de obra vendida por las familias campesinas y los trabajadores en la propia finca, remunerados y no-remunerados.³

Un cálculo para 1980

La población nacional en ese año se ha calculado en 2 771 008 personas, de las cuales 1,157,000 están vinculadas a la agricultura [FAO Anuario de Producción 1984]. La ETC se dirige a la población agropecuaria [Zalkin, 1989:587]. El cálculo de la PEA agropecuaria y el número total de trabajadores del campo es el objeto de este inciso, utilizando estas fuentes Zalkin define una familia de campesinos medios como aquel que vende o emplea muy poca mano de obra y dedica más de 15 días de trabajo familiar por miembro trabajador de la familia a la finca. La familia del campesino pobre no emplea mano de obra, pero cada miembro trabajador de la familia sí sale más de 15 días a trabajar fuera de su finca. El campesino rico no sale a trabajar pero emplea más de 15 días mano de obra. No obstante esta definición, Zalkin en su presentación se refiere a campesinos pobres, medios y ricos, aún cuando la clasificación no refleja una diferencia en ingreso o posesión de capital. Pues, no es evidente de antemano que los campesinos “pobres que emplean mano de obra”, los que son identificados en el cuadro 12 con '+/-', serian más pobres que Los llamados 'campesinos ricos inferiores' los que son identificados con '-'. Los primeros dedican un promedio de 657 días por familia a su finca, además de que trabajan 455 días fuera de la finca, contando para esto con 5.7 miembros trabajadores de una familia promedia de 7.3 personas. Utilizan además 400 días de mano de obra ajena. Los últimos dedican menos días de trabajo propio a la finca y adquieren solamente 113 días de mano de obra ajena, pero se clasifican como 'ricos' solamente por que no salen a trabajar fuera [Zalkin, 1989: 585].

Para analizar la objetividad de nuestro cálculo presentado en el cuadro 12, revisamos diferentes fuentes y las comparamos con el resultado de nuestro cálculo: primero, el número de familias. Un alto funcionario de la Reforma Agraria confirmó el dato del número de familias, al afirmar que “Nicaragua tenía al momento del triunfo aproximadamente 160 000 familias campesinas” [Gutiérrez, 1989:116].

Cuadro 12

Composición de la población agropecuaria (1980)

Categoría	% b/	Familias c/	% d/	Trab/ Fame/	Tasa de Empleo	PEA g/	Trab h/
Campesinos Pobres	27.7	43903	35.6	4.7	0.73	151558	206342
Campesinos Pobres+/-	6.2	9827	8.0	5.7	0.70	39015	56011
Campesinos Medios	27.2	43110	34.9	3.9	0.59	98553	168130
Campesinos Ricos-	10.9	17276	14.0	3.7	0.51	32910	63920
Campesinos Ricos+	5.9	9351	7.6	5.4	0.49	24774	50496
Cooperativistas CAS	1.3	2060		4.4	0.64	5784	9066
Marginales	5.8	9193		4.4	0.64	25805	40447
Obreros	15.2	24091		4.4	0.64	67627	106000
Total	100.0	158811	100.0	4.4	0.64	446026	700412

a/ Definición de Zalkin, 1989: 578-579, de acuerdo a participación en producción agropecuaria y compra o venta de mano de obra. Nótese que ‘marginales’ se refiere a familias que tienen una participación mínima, menos de 15 días por miembro trabajador de la familiar en la agricultura.

b/ Zalkin, 1989: 581.

c/ El total de familias se calcula dividiendo la población agropecuaria por 7.3 (miembros por familia, Ibid: 585). Este número es distribuido por las categorías de acuerdo a distribución porcentual de las familias de la primera columna.

d/ Distribución porcentual de familias campesinas, que son analizadas en el cuadro 4 de Zalkin, 1989: 585. Es decir, datos de este cuadro 4 correspondientes a las familias campesinas han sido utilizados para calcular las entradas correspondientes en las siguientes columnas de nuestro cuadro.

e/ Zalkin, 1989: 585. Para las tres últimas categorías hemos postulado el promedio de los trabajadores por familia en el resto de las categorías.

f) Calculado en base al mencionado cuadro 4 de Zalkin: trabajo familiar en la finca mas trabajo fuera de la finca (mano de obra vendida) dividida por 280 días, resulta en las años- hombre, o sea los años completos trabajados por los trabajadores de la familia. Este dato dividido por la cantidad de trabajadores por familia, nos da la tasa de empleo. En el caso de las categorías no consideradas en el cuadro 4 de Zalkin, hemos postulado el promedio de los campesinos, 0.ó4. Vale recordar la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a empleo se refiere, ya que la tasa de empleo en el caso de mujeres del campo es menor. Esto no implica que las mujeres trabajen menos, puesto que analizamos el trabajo agropecuario y trabajo asalarial fuera de la finca. No se toma en cuenta el trabajo de hogar, ni el trabajo por cuenta propia en el sector industrial y de servicios.

g/ La PEA agropecuaria se calcula, multiplicando las familias por el número de miembros trabajadores y la tasa de empleo.

h/ El número de trabajadores se calcula multiplicando el número de familias por categoría, por la cantidad de trabajadores por familia.

Fuente: Zalkin, 1989; FAO, Anuario de producción 1984.

Sin embargo, el número de familias campesinas propiamente dichas es menor que el número de explotaciones agrarias (véase cuadro 2). Esto podría explicarse por la tenencia de varias explotaciones por una familia especialmente en el caso de la ganadería trashumante. Pero influye también que, basándonos en la ETC, utilizamos un concepto de familia extendida o ampliada, que se constituye como unidad económica, o por Io menos como unidad familiar unilocalizada. Es una agrupación de casas de padres e hijos casados, con acceso a la finca propiedad del jefe de la familia y eventualmente a otras explotaciones de los hijos. Esta situación explica el número elevado de integrantes de la familia (7.3). Nos parece que utilizamos una definición de la familia tal vez particular, pero adecuada al contexto rural nicaragüense.

Segundo, el número de trabajadores y PEA. Observamos que se compara con el dato a que llegó la misión FIDA [FIDA, 1980:28, nota de pie 1/]. No obstante la PEA calculada por esa misión es inferior en unos 16 000 años-hombre, diferencia que se explica probablemente por la participación de los marginales en nuestro cálculo. Pues, esto corresponde a PEA no-agropecuaria en su mayor parte, o sea personas cuyos ingresos son obtenidos en la industria y los servicios rurales y sólo en una mínima parte en actividades primarias. Un cálculo del equipo de Pensamiento Propio, llegó a una PEA agropecuaria de 420 000. Este dato resultaría también de nuestro cálculo restando los 'marginales' de la PEA agropecuaria. En el cálculo del equipo de referencia se llega a una PEA total de 908 000 para 1980 [Harris, 1985:47-48]. Implica que la PEA agropecuaria es 46% del total, dato que también utilizamos en el cálculo del capítulo II.

Para el año 1980, en total contabilizamos, 553 966 campesinos (excluyendo marginales y obreros), trabajadores del campo con un total de 360 000 dependientes. Es decir, una masa de 920 000 personas que integran 126 000 familias campesinas propiamente dichas, una tercera parte de la población.

Este cálculo de acuerdo a los datos de la ETC y Zalkin excluye a los empresarios latifundistas. Hemos visto su predominancia en algunos rubros, pero su número es limitado. El arroz de riego es producido por un reducido grupo de solamente 60 productores privados. Una parte importante de la producción agropecuaria de exportación (carne, algodón, café) viene de fincas latifundistas, sin embargo la mayoría de los productores involucrados en esa producción trabaja en parcelas pequeñas. El 75% de los 6 000 algodoneros tiene una finca promedia de 11 Manzanas, ocupando la vasta mayoría fincas de 5 Manzanas. Sólo el 25% de los algodoneros tiene una finca mayor de 50 Mz. y ocupan 80% de total el área cultivada con algodón, en fincas con un promedio de 175 Mz., aunque el área de la gran mayoría de esos finqueros con más de 50 Mz., no supera a las 100 Mz [CONAL].

Al principio de la década de los ochenta, unos 2 300 ganaderos latifundistas controlan en conjunto 27% del hato y 31% de los pastos. El resto del hato y del área empastada corresponde a 120 000 ganaderos, medianos y pequeños productores, regados por el país [cf. FIDA, 1980: 251]. Por su parte, un grupo de 100 cafetaleros controla el 27% de la producción, correspondiendo el resto a 19 500 cafetaleros de las montañas de Matagalpa, Jinotega y las Segovias, y de la meseta de Carazo, principalmente [ibid: 252-253, CIERA. 1989d: 99]. Otras fuentes indican que el número de cafetaleros puede ser mayor hasta alcanzar los 27 000 [De Franco, 1986; 170; CIERA, 1989d: 99]. Datos del CIERA ilustran que el 87% de los productores de café tiene menos de 5 Mz [op.cit].

La gran mayoría de los 554 000 campesinos tiene su milpa y están vinculados a los rubros de alimentación nacional [CIERA, 1989d: 90]. Especialmente los campesinos más pequeños dedican más de la mitad de su tierra a granos básicos [Ibid: 114-115]. No quiere decir que al campesino tenemos que identificarlo únicamente como productor de granos o incluso de consumo interno [UNAG, 1982b]. Los campesinos producen además parte importante del algodón y. sobre todo, del café. La producción de ajonjolí que tuvo un incremento en los años ochenta es campesina. La participación campesina en la ganadería se da específicamente en la crianza (ganadería lechera).

En relación a la distribución regional del campesinado, observamos que en la región VI radica el 24% del campesinado y es así ahí donde hay la mayor cantidad de campesinos (126 375), cuya fuerza en general se concentra en el norte e interior del país [CIERA. 1989d: 66].

3 Características del movimiento campesino

Identificación cultural campesina

La introducción del café y posteriormente con la ampliación de la ganadería, el azúcar y el boom algodonero, se dio lugar a una clase latifundista, a la par de la marginación y desalojo del campesinado desplazado hacia el interior. Se gestiona en este proceso un antagonismo entre los latifundistas y el resto del campesinado. Entre estos últimos, en cambio, se ha forjado una identidad común por la experiencia colectiva de marginación. Es decir, la vivencia particular del pionero de la frontera agrícola que cambia sus percepciones y forja una identidad común, en base a la historia de desalojo y de raíces en una cultura campesina.⁴ Se hace extensiva a sectores acomodados del campesinado y estratos de la burguesía rural, a la par de los campesinos pobres, pequeños y medianos. Esta identidad caracteriza a la gran mayoría de los 554 000 trabajadores del campo del cálculo presentado en el inciso anterior. Todos finalmente son identificados con el término “chapiollo"⁵ [Baumeister, 1985:24-,1989:133,141-142]. Obviamente, existen grandes diferencias económicas entre estos campesinos, pero al mismo tiempo su identificación cultural, y tradiciones económicas y políticas los distinguen del latifundista.

Esa identidad a su vez es la base del movimiento campesino, las convicciones anti- oligárquicas, que se vienen gestando desde los tiempos de la resistencia indígena al colonizador español. La introducción de los cultivos de exportación y el concomitante desalojo de campesinos, la gesta de Sandino, del FSLN y los sindicatos de campesinos pobres organizados por Bernardino Díaz Ochoa forman referencias vivas. Observamos ideas y convicciones del campesinado que se centran en conceptos anti-oligárquicos en contra de la marginación y del desarrollo para unos. Ideas a favor de una democratización de la economía del campo, que sintetiza sus aspiraciones de libertad, progreso y el aumento del nivel de vida, por un lado, y su rechazo a la dominación externa por otro. Democratizar el campo significa “fortalecer y desarrollar la infraestructura, capacitación, asistencia técnica, abastecimiento técnico material, crédito justo y eficiente, servicios, acopio y precios de garantía para nuestros productores” [Daniel Núñez en Envío, 1989 (93): 38]. Su eje son sus intereses sentidos de tierra, crédito, precios y abastecimiento; que determinan las posibilidades de las mayorías para prosperar [CIERA. 1989f- 284-288; Ortega, 1990:122-124; Barricada, 14.03.1990].

Una capa de campesinos acomodados

Entre Los campesinos de la montaña se forma una capa de finqueros en ascenso, que con su arduo trabajo saben crear mejores condiciones de vida. Ilustrativo es el “finquero” de Matiguás, a quien se considera campesino con espíritu de superación, con conocimiento de la montaña y sus riquezas, la que sabe explotar con esfuerzo propio, su base para el progreso. Vive en la finca, trabaja a la par del mozo para tener una finca que puede dejar a sus hijos [CIERA. 1989d: 299-302]. Las relaciones de los pobres rurales con los latifundistas pueden ser antagónicas por una distancia cultural. Las relaciones con estos nuevos ricos se caracterizan por su amplitud de siendo ellas de carácter cultural, económico, social y político. Estos patrones son la clave del éxito para el pobre, pues le permite acceso a tierras y otros recursos que deben facilitar su capitalización y posterior ascenso. Para los pobres, esos ricos les refleja la imagen de su propio futuro [Cmdte.Luis Carrión en: Barricada 20.06.1990].

En Io económico, se dan los mismos mecanismos de extracción de ingreso que emplean los latifundistas, a favor de aquellos que se desempeñan como empleadores, repastadores, intermediarios y pulperos abastecedores de bienes de consumo y de uso campesino. En este contexto son comunes los préstamos usurarios, la venta de futuro y el comercio forzoso con los trabajadores.

Muy difundidos son los arreglos de mediería.⁶ El mecanismo es tan usual que no sólo se practica entre pudientes y pobres, sino también entre campesinos en general [CIERA, 1984:64,290]. Otra forma de tenencia precarista es el colonato, que se da en el caso en que el campesino obtiene tierra para vivir y/o sembrar dentro de la finca del terrateniente.⁷ Al vivir dentro del latifundio, el colono está en la obligación de realizar trabajos de cuido, ronda o aporte de forrajes.

Sin necesidad de analizar todas las manifestaciones de dependencia y explotación en el campo, es obvio que éstas se originarán en la diferenciación económica que en gran medida está determinada por la diferencia en acceso a tierra. En la frontera agrícola esas diferencias resultan de un proceso natural de subdivisión de fincas por herencia y venta por problemas económicos, asi como por acumulación en base al éxito casual y la ardua labor personal. Son profundizadas por mecanismos como los anteriormente descritos. Dadas la baja presión sobre la tierra y la existencia de una amplia frontera agrícola, las relaciones de dependencia no han alcanzado extremos de servidumbre, conocidos en otros países, al mismo tiempo que se observa la introducción temprana de mano de obra asalariada [Baumeister. 1985: 11]. Especialmente, esto se ha difundido en el Pacífico hasta conformar un importante proletariado rural.

La familia juega un papel importante entre los mecanismos de defensa del campesinado y en su lucha contra la marginación [CIERA, 1984: 286-288]. También las relaciones con el patrón se interpretan en términos familiares, alabando sus bondades, como expresión del mecanismo de reproducción de estas relaciones de explotación [CIERA, 1984:274]. El patrón es también el vínculo con el mundo fuera de la comarca. Determina la relación con el sistema político dominante, el somocismo, que puede ser de oposición o de conformación. En este último caso se establecen a través de él los lazos con el aparato represivo del sistema, la Guardia Nacional [CIERA, [1989d: 311-314]. Es decir, hablar del sistema social en términos de reciprocidad, de características familiares entre patrones y clientes tantas veces, es la historia del terrorismo de los pudientes para obtener tierra y cosechas, de presiones para desalojar campesinos de sus terrenos, usurpación de tierras ejidales o comunales y arrasamiento de viviendas. Por otra parte, las relaciones familiares como mecanismo para atenuar la marginación, tantas veces fueron causantes de mas miseria, irresponsabilidad paternal alcoholismo, hijos naturales excluidos de la herencia, contradicciones entre parientes, celos y envidia entre las familias.

El vacío organizativo

La historia de violencia implantada por la Guardia y acentuada a raíz del surgimiento de los grupos revolucionarios en el campo, así como el proceso de marginación económica provoca en escala modesta el surgimiento de movimientos y organizaciones campesinas de resistencia campesina [Gianotten et al., 1987: 21-42]. Los sindicatos de Bijague, Yaosca, El Carmen, Bocaycito y Quilito; organizados por el legendario Bernardino Díaz Ochoa, son los más famosos. Pues eran una forma de aglutinar a los campesinos en la defensa de sus intereses, sus reivindicaciones eran ”conseguir tierras y mejorar las condiciones de trabajo en las haciendas” [folleto sobre Bernardino Díaz Ochoa emitido por la UNAG el 3 de septiembre de 1987]; Io que da expresión a que los sindicatos son fundados por el campesinado marginado sin tierra. En 1965 Bernardino se integra al FSLN, vinculando la lucha campesina con la estrategia armada para el derrocamiento del somocismo. El desbaratamiento de la guerrilla en Pancasán en 1967, desata una persecución contra los sindicatos, en la cual muchos dirigentes fueron asesinados y el movimiento diezmado, como había ocurrido después del asesinato del General Sandino en 1934. Bernardino Díaz Ochoa es capturado por la Guardia en 1971 y por no denunciar a sus compañeros es asesinado el 3 de Septiembre de ese año en Yale.⁸

En los años setenta el movimiento campesino tiene una organización "muy incipiente” [Gianotten et al., 1987:28]. Se contabilizan en 1975 un total de 2 003 afiliados en 48 sindicatos, de los cuales una parte es de carácter obrero. Los sindicatos del interior están basados en las comarcas y presentan reivindicaciones campesinas; su lucha ha evolucionado desde la denuncia, vía el involucramiento de instituciones representativas, como los sindicatos, igiesia, organización de derechos humanos y el periódico La Prensa, hasta la protesta violenta, tomas de tierras y la vinculación a la lucha armada [Ibid: 28-29].

El Partido Socialista de Nicaragua y la Confederación General del Trabajo de la misma tendencia, prácticamente fueron los únicos que de manera sistemática impulsaban la organización campesina. Celebraron una Conferencia Nacional Campesina a mediados de los años sesenta con mas de 500 delegados del país entre estudiantes (45%), obreros (30%) y campesinos (25%). entre ellos Bernardino Díaz Ochoa [CIERA, 1989f. 73; entrevista con participante].

Las organizaciones más extendidas en el campo han sido las iglesias, sectas y denominaciones, tanto católicas como evangélicas. Para la organización Sandinista ha sido importante la corriente católica de los delegados de la Palabra y las comunidades de base [UNAG, 1995: 12, CIERA, 1989d: 251; CIERA, 1989f. 39, 47-48]. El cooperativismo agrario era un fenómeno nuevo que controlaba apenas 42 cooperativas del tipo RL, con un total de 9 270 miembros y era fuertemente dominado por los ricos Merlet y Maldidier [1987: 51]. La cooperativa prestaba servicios múltiples, crédito e insumos. Para su funcionamiento se auxiliaba en funcionarios profesionales contratados por la junta elegida por los socios [Ortega, 1989a: 1-2]. En resumidas cuentas, en el campo hubo un vacío organizativo, a pesar de que el campesinado ha tenido una historia de lucha y demuestra profundos sentimientos anti-oligárquicos [CIERA, 1989f. 284-288].

4 Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG)

Hacia la fundación de la Unag

Esa falta de expresión organizativa varía definitivamente a partir de la insurrección Sandinista. Pues en el vacío de poder de ese momento y ante la expectativa del derrocamiento de la dictadura, se organizaron las Asociaciones de la gran producción y su cúpula la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC). También la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), de tendencia Sandinista, que fue fundada en 1978, surge entre los obreros del Pacífico. El FSLN le encomienda la tarea de dirigirse a los obreros agrícolas y a los campesinos pobres por igual. Al triunfar el FSLN y conformarse el APP, la ATC aglutina a 50,595 obreros, 7,079 campesinos integrantes de las CAS y 629 integrantes de CCS. Con el auge crediticio, el número de cooperativistas crece a 73 854, Io que eleva la membresía de la ATC a 120 000 en 1980 [ATC; FIDA, 1980:97; Deere et al., 1985:81-83]. A principios de 1980 en Matagalpa se manifiesta la Cooperativa Central de Cafetaleros, organización gremial que aglutinaba a pequeños, medianos y grandes productores. La ATC consideró que la misma no representaba los intereses de los pequeños, además de rechazar la idea que manejaban los integrantes de que con ella “se podían defender del Estado, que según ellos estaba en contra de los pequeños productores" [Roberto Fley ⁹ en entrevista en El Machete de la ATC, febrero de 1990]. En otros rubros se producen similares proyectos de organización por grupos fuera del control Sandinista, utilizando crédito, suministro de insumos y propaganda antisandinista. Por Io tanto, la ATC proyectaba crear Ligas Nacionales de pequeños productores por rubro, como en el caso del café fue su propia cooperativa central 'Gregorio Montoya', para unir a todos los pequeños cafetaleros del país [lbid]. Sin embargo, la atención a sectores tan diferentes: obreros, campesinos sin tierra y productores pequeños e incluso medianos, resultó difícil para la ATC. En la misma dinámica de trabajo, los productores o campesinos se distanciaban más de los obreros. Los productores empezaron a optar por una organización propia [Entrevista a Marta Valle, Junio de 1989).

En noviembre de 1980 aumentó la tensión entre productores y obreros en Matagalpa, Io que es propia de esa época por la cosecha cafetalera que entonces se inicia, pero en ese año adquiere dimensiones mayores. Muere en un enfrentamiento con unidades de la Seguridad de Estado (DGSE), Jorge Salazar, el Vice-presidente del COSEP y Presidente de UPANIC. El Gobierno aseguró que Salazar transportaba armas y dirigía una conspiración contrarrevolucionaria. Efectivamente, el gremio opositor a Somoza se volvió cada vez más en contra del sandinismo. En el mismo mes de noviembre de 1980 resultó electo Ronald Reagan como Presidente de los Estados Unidos. Entonces, el sandinismo volvió la mirada hacia el campesinado en búsqueda de aliados para el proyecto revolucionario ante el inminente enfrentamiento con el 'Imperialismo'. Ese agudizamiento de la tensión sociopolítica influyó para que a finales de 1980, la Dirección Nacional del FSLN se convenciera definitivamente de la urgencia de crear una organización de productores separada de los obreros. Simultáneamente, se Ilevó a cabo un conjunto de medidas en contra de otras expresiones gremiales para “descabezar las organizaciones de la burguesía en el campo”, dirigidas sobre los “elementos más beligerantes de esas organizaciones así como sobre muchos de sus organismos de base, las cooperativas RL” [FSLN, 1985a: 10].

El 14 de diciembre de 1980 los pequeños y medianos productores reunidos en el teatro 'Perla' de Matagalpa, se retiran como sector de la Cooperativa de Cafetaleros. En Matagalpa se formaron entonces comisiones entre cuadros de la ATC que iban a pasar a la futura Organización campesina y colaboradores históricos de la guerrilla Sandinista, que organizaron las discusiones en las comarcas y municipios. En otras partes del país, la noticia de la radio sobre la iniciativa desencadenó una movilización a favor de una organización campesina, hasta en los rincones más alejados del país y se celebran Asambleas Regionales para encaminar las acciones hacia la creación de la UNAG. El proceso culmina el 25 y 26 de abril de 1981 con la fundación de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) [deere et al., 1985, Ruchwarger, 1985-, CIERA, 1989f, Entrevistas con fundadores de la UNAG].

La UNAG: Patria, Unidad y Producción

La Asamblea Constitutiva de la UNAG se realiza en el teatro Rubén Darío en Managua. Se reúnen tres mil productores para discutir y aprobar el Reglamento y el Plan de lucha de la UNAG. Narciso González, productor de Estelí y colaborador histórico del FSLN en el Norte, salió electo primer Presidente nacional. La UNAG se constituye como una organización "Nacional y amplia, patriótica e independiente del Gobierno" [UNAG, 1981: 2]. A la misma pueden afiliarse pequeños y medianos productores de todos los rubros y credos religiosos, sus hijos y cónyuges que están trabajando en la finca o cooperativa. La organización reconoce en el FSLN a la vanguardia y se define defensora de los valores del General Sandino [Ibid-. 2-.3]. Sus organismos a nivel de base son las CCS, CAS y Uniones de Productores de Base (UPB)¹⁰que a niveles superiores serán representados por sus delegados a la Asamblea, el Consejo o la junta Directiva, municipal, departamental o nacional.

Los objetivos de la UNAG se definen como proporcionar a los pequeños y medianos productores una forma de organización que garantiza la unidad de todos, a través de la cual se expresen sus necesidades y puedan participar en la solución de las mismas. Fortalecer la Revolución, levantar la economía, elevar el nivel de vida de los productores, desarrollar la unidad nacional con los demás sectores, trabajar en favor de la Paz y representar a la pequeña y mediana producción [lbid: 1-2].

Las reivindicaciones que levanta son las típicas de pequeños y medianos productores y se refieren al crédito, los precios, el suministro de insumos, abastecimiento de bienes de consumo y bienes de uso campesino, mejoramiento de caminos. También demandan participación en las comisiones gubernamentales que deciden sobre precios. Formulan además demandas de cara a los sindicatos de obreros, para garantizar el rendimiento de los obreros y la estabilidad en la finca [CIERA, 1988f. 140-141]. Las reivindicaciones planteadas en la Asamblea Constitutiva reúnen las mismas vertidas en las asambleas y reuniones previas y que, por Io tanto, "parten de un ejercicio democrático, de una consulta con la base social que pretende organizar” [lbid: 115]. Por otro lado, el CIERA subraya que las demandas representan aquellas de campesinos medios y ricos, 'en términos de clase, según la ETC" ¹¹ [ibid: 127]. Generalmente, se ha olvidado que fue solamente en términos del ETC. La UNAG organiza en esta visión a aquellos productores 'medianos' que la ATC no atendía, por querer aglutinar a los pobres con los obreros en una sola organización.

Entre los impulsores de la UNAG ha existido la esperanza que desde los intereses comunes se podría, eventualmente, superar el antagonismo entre medianos y pobres. Por Io tanto, ya en 1981 se produce el enfrentamiento entre UNAG y ATC sobre cual de las dos organizaciones debe organizar al campesinado pobre, dentro del marco de la Reforma Agraria. En un encuentro ATC-UNAG se define que la UNAG organizará a la pequeña y mediana producción cooperativizada y no cooperativizada. La ATC se debe confinar a los asalariados del campo organizados en sindicatos de las empresas estatales y privadas con actividades agropecuarias [Ibid: 118]. La Central Sandinista de Trabajadores (CST) por su parte organizaría a los obreros de la agroindustria.

En octubre de 1983 la UNAG plantea a nivel partidario que también tratará de afiliar a los productores influyentes [UNAG, 1986d: 9]. A través de una campaña de casi 200 asambleas con un total de 18 000 asistentes se hace sentir la fuerza de la UNAG en todo el país, para atraer a los productores en general [CIERA, 1989f. 133]. Esta nueva línea comúnmente es atribuida al tercer Presidente de la UNAG, Daniel Núñez Rodríguez [Luciak, 1990]. Sin duda es un representante e impulsor activo de la línea y fue efectivamente el 8 de julio de 1984 en la II Asamblea de la UNAG, donde Daniel es elegido por aclamación, que se aprueba que la UNAG amplíe su afiliación también a grandes productores. La nueva línea se expresa en la frase: 'La UNAG es una organización nacional de carácter amplio y pluralista que acoge a todos los productores agropecuarios, independientemente de su credo religioso, afiliación política y tamaño de sus propiedades" [UNAG, 1984b- 10]. Este proyecto de Unidad Nacional de los productores incluía solo a aquellos que “sientan en su corazón la vergüenza y el coraje de ser antiimperialistas” y que están convencidos de que la UNAG es la Organización que va a resolver los problemas de la producción [UNAG, 1984a: 22]. “Productores patrióticos”¹² es la caracterización dada para distinguirlos de otros grandes productores que mantuvieron su esperanza puesta en un retroceso a como era antes.

El cambio de 1984 también significó que la UNAG se decidió a mantener su presencia en todo el territorio, incluyendo las zonas de guerra. Hubiera sido posible limitarse a los productores de cooperativas y especialmente a las del Pacífico. Sin embargo, los promotores de la UNAG permanecen en las zonas más conflictivas, Io que solamente se puede explicar por sus profundas convicciones revolucionarias y apego a la causa campesina [Envío, 1989 (93):34-36; FSLN, 1986: 8].

Desde 1982 la UNAG tiene un planteamiento sobre el desarrollo integral de la economía, abarcando los tres sectores: la agricultura la industria y los servicios. Para esto impulsa un proyecto económico que potencia a las unidades existentes. El acceso a mercados vía el mejoramiento de la infraestructura comercial, caminos, transportar agilización de pagos, repuestos automotrices; condiciones macro-económicas que garantizan rentabilidad; asignación de recursos por parte del Estado y la entrega de tierra buena son vistos como elementos importantes para el éxito del proyecto económico. La tecnificación de la agricultura debe hacerse garantizando el pleno empleo. El abastecimiento, el procesamiento y la comercialización son servicios a la producción que los productores mismos pueden manejar y el establecimiento de esos servicios autogestionados, debe ser objeto de una capacitación, para la cual se pide los recursos del Estado. La unidad colectiva de producción es contemplada para productores en ascenso y como medio para tener acceso a la tecnificación. Pero, a pesar de estar convencidos, por Io menos inicialmente, de las ventajas de escala, la UNAG propugna el respeto a la voluntariedad y la flexibilización de las formas organizativas. La planificación productiva en la base debe constituirse en un proceso de capacitación en el cual Los campesinos elaboran los planes y reclama participación en la elaboración de planes, programas y proyectos nacionales para introducir su criterio respecto al desarrollo económico y social [UNAG, 1982b].

Afiliación y organización

La Organización cuenta en el primer año con una membresía de 45 498 productores, los que representan el 8% de los trabajadores campesinos. La afiliación aumenta en los años siguientes hasta alcanzar en 1985 los 106 179. En años siguientes crece aún más hasta llegar a los 125 000 en 1987, viviendo la UNAG en los años 1986-1987 una primera culminación de su influencia en el escenario nacional. En el cuadro 13, se desglosa la afiliación a la Organización en ese momento.¹³ Los afiliados de la UNAG en un 72% son productores individuales, aglutinados en CCS, Asociaciones, Comisiones o afiliados de manera individual. El 28% son productores en fincas de asignación colectiva, tipo CAS, CSM o CT. El 73% de los afiliados pertenecen a alguna forma cooperativa (CAS, CCS, CSM, CT), de los cuales el 60% es organizado en CCS. Cuando incluimos a aquellos miembros de las Tiendas Campesinas que están afiliados de manera individual a la UNAG, los cooperativistas de la UNAG suman más de 80% de la membresía.¹⁴

Cuadro 13

Afiliación de la UNAG por región y estructura de base (1987)

	Número de Miembros
Región	CAS	CCS	CSM	CT	Asoc.	Com.	Sub Total	Prod. Indiv.	Total
I	8070	11856	330	333	n.d	374	20963	2834	23797
II	4293	9789	396	1013	96		15587	3310	18897
III	2250	2272		800		265	5587	943	6530
IV	5364	5939		499	2207	460	14469	1947	16416
V	2559	927				395	3881	11491	15372
VI	4114	22251	1489		504		28358	7768	36126
ZEI	298	1586		202			2086	565	2651
ZEII	1082	1109		515			2706		2706
ZEIII	1092	398		255			1745	760	2505
Nac.	29122	56127	2215	3617	2807	1499	95382	29618	125000

Fuente: Unag Nacional, Sección de Organización

La membresía de la UNAG abarcaba en ese año 19% de los campesinos, o sea de todos los trabajadores pertenecientes a una familia campesina, pero su influencia, de acuerdo a nuestros cálculos, llegaba al 65% de la población campesina, que a esas alturas ya había crecido a más de un millón de personas. La influencia se expresa como porcentaje de la población campesina por regiones; ya que cada afiliado de la UNAG cuenta con un número de dependientes, dato que presentamos en la segunda columna del cuadro 14, Io que determina en combinación con el dato de la afiliación regional, la cantidad de personas en que la UNAG tiene influencia.

Inicialmente, el 51% de sus afiliados provenía de la región donde nació, Matagalpa y Jinotega. En esta región su influencia en la población campesina alcanzó el 63% al fundarse la UNAG. En el país en su totalidad calculamos una influencia de 26%, siendo hasta entonces la UNAG un proyecto de Pacífico e Interior, pero inexistente en el Atlántico. La base de la UNAG se amplía posteriormente, reclutando en 1987 al 60% de sus afiliados en las regiones del interior (I, V, VI), donde se concentra la población campesina. La influencia en Matagalpa y Jinotega sigue destacándose, siendo menor en la Región V de Boaco y Chontales.

Cuadro 14

Campesinos por región, distribución regional de la afiliación de la UNAG, grado de organización, e influencia de la UNAG en el campesinado.

	Campesinos %a	Población por Socio b	Distribución Afiliados %		Organización %c		Influencia %d
Región			1981	1987	1981	1987	1981	1987
I	16	4.5	18.1	19.0	9	23	25	63
II	14	5.4	11.0	15.1	6	21	21

PARTICIPACIÓN CAMPESINA EN EL

DESARROLLO ECONÓMICO

INDICE

CUADROS

ABREVIATURAS

PREFACIO

INTRODUCCION AL TEMA Y PRESENTACION DEL ESTUDIO

1 Introducción

2 Tema del estudio

Análisis de la lucha gremial de la UNAG

La ortodoxia socialista

La dinámica de los ochenta: nacionalización del proyecto

Reinterpretación de conceptos del socialismo

Condiciones básicas para la participación campesina

3 Método de investigación

4 Estructura del estudio

EL CAMPESINADO Y LA TRANSICION AL SOCIALISMO

Ortodoxia socialista, influencia y críticas

Campesinistas versus descampesinistas

La permanencia de los campesinos

3 Participación Campesina

4 Industrialización y acumulación

5 Colectivización

6 Planificación

7 Un socialismo no ortodoxo

HACIA LA ARTICULACION SOCIAL DE LA ECONOMÍA

1 Introducción

2 Aspectos del desarrollo económico y rural hasta 1979

3 El modelo de desarrollo desarticulado

Cuadro 1

4 Proyecto de transformación

5 La reforma agraria, otro paso para articular la economía

Cuadro 2.

Cuadro3

Cuadro 4

6 La cooperativización

Cuadro 5

7 Colectivización indirecta

Cuadro 6

8 Conclusión

SESGO HACIA EL ESTADO EN LA ACUMULACION

1 Introducción

2 Aspectos generales del desarrollo económico posterior a 1979

3 Inversiones

Introducción

4 Programa de crédito

Cuadro 7.

Cuadro 8.

Cuadro 9.

5 El giro en la atención estatal al sector campesino

Cuadro 10.

Cuadro 11.

6 Evaluación de la transformación iniciada por el Gobierno

7 Conclusión

CAMPESINADO Y ORGANIZACIÓN GREMIAL SANDINISTA

1 Introducción

2 Cuantificación del campesinado

Cuadro 12

3 Características del movimiento campesino

4 Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG)

Cuadro 13

Cuadro 14